La convocatoria está respaldada por las asociaciones Unión Progresista de Fiscales y 'Francisco de Vitoria', Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, no apoyando la misma la mayoritaria de jueces Asociación Profesional de la Magistratura y la conservadora Asociación de Fiscales.
La huelga se ha decidido tras mantener una reunión todas las asociaciones en Madrid para discutir las medidas a tomar tras mantener el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sus planes para modificar el Consejo General del Poder Judicial. Las asociaciones han discrepado además de las tasas judiciales impuestas, que unas rechazaban por excesivas y otros por su mera existencia.
Otro de los asuntos de discrepancia entre el mundo judicial y el Ministerio ha sido la privatización del Registro Civil, que pasará posiblemente a estar gestionado por los registradores.