La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que impuso penas de inhabilitación a seis acusados por el despliegue de la trama Púnica en León, entre ellos al expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón, actual alcalde del municipio leonés de Cuadros.
La Audiencia Nacional dictó el pasado mes de mayo la segunda sentencia del caso Púnica, que estalló hace más de 8 años, en la que absolvió a todos los acusados de los delitos que conllevaban pena de cárcel e impuso a seis de ellos condenas de entre cuatro y ocho años y medio de inhabilitación
Disconformes con la sentencia, las fiscales del caso han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo por infracción de ley al considerar, entre otros motivos, vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y por error de los magistrados que juzgaron el caso en la apreciación de la prueba, según el escrito al que ha tenido acceso EFE este martes.
También lo ha hecho la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que pide asimismo agravar las penas.
La mayoría de los acusados, a excepción del empresario y exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa, que fue absuelto, han anunciado asimismo recurso de casación en busca de una sentencia favorable del Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional impuso 8 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación a Martínez Barazón; al ex coordinador general de la Diputación y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez, mientras que al informático y presunto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro, le condenó a 4 años y 3 meses de inhabilitación.
El tribunal absolvió a todos los acusados de delitos como fraude, malversación, cohecho o falsificación, castigados con pena de prisión.
Esta rama del caso ha girado en torno a una serie de contratos, incluidos servicios de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Martínez Barazón, entre otros. La sentencia no dio por probado que dichos trabajos se hiciesen en su beneficio.
La Fiscalía cree que la Audiencia Nacional incurrió en un “error” dado que sí considera que se ha acreditado que se pagaron con fondos públicos servicios de “índole personal” realizados por la empresa Eico a la expresidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, asesinada en 2014, y después a su sucesor Marcos Martínez.
Cuestionan, por otra parte, las fiscales que la Audiencia Nacional dé por probado que hubo facturas que recogieron un concepto que no era real y que los trabajos facturados de publicidad no se efectuaron ni fueron objeto de contratación por parte de la Diputación de León, pero a su vez no considere que se incurrió en un delito de falsificación.
Sostienen, además, que la sentencia recoge “el concierto entre los acusados para la adjudicación de contratos convenidos a las empresas vinculadas” a los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa para explotar las pistas de esquí de San Isidro y el negocio de restauración del complejo.