Una representación de la Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de León ha hecho entrega en el registro de la Junta de más de 3.500 firmas de empleados públicos y ciudadanía reclamando la devolución de los denominados días 'moscosos', que eran “a cambio de pérdidas de salario escandalosas, acumuladas durante muchos años”, recogió el colectivo en un comunicado, en el que lamentó la pérdida de derechos que han sido “arrebatados” como consecuencia de “ese cajón de sastre que se llama crisis”.
El colectivo criticó que “nunca” se ha producido negociación de su sueldo, sino que siempre ha sido a través de la “imposición”, y con el fin de poder “acallar” las quejas se cambiaba “el dinero que no recibíamos por días”. En concreto, a los funcionarios se les hacía el trueque de seis días de libre disposición a cambio de una pérdida de casi el 35 por ciento del salario en los años en los que la economía “iba como un tiro”.
Los funcionarios reconocen haber demostrado que los días de libre disposición y también los de antigüedad, los llamados 'canosos' que se fueron ganando y que muchas empresas tiene para sus trabajadores, no costaban dinero a la Administración, al no ser sustituidos los trabajadores en esos días.
También se recordó que, en dos ocasiones, más de 3.500 firmas han pedido “infructuosamente” una entrevista con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aunque critican que Herrera no quisiera recibir “personalmente” a los representantes de los funcionarios de León y la provincia, algo que consideraron “doblemente indignante” al ser tanto el jefe “máximo” de los funcionarios de la comunidad y el presidente de todos los ciudadanos de Castilla y León.
Debido a la incomparecencia del presidente de la Junta, el colectivo presentó las 3.500 firmas en el registro, en lugar de hacerlo personalmente “como era nuestra intención”. Igualmente, se ha remitido una copia de las firmas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas solicitándole una entrevista que permita transmitir personalmente a la Junta de Personal los problemas “fundamentales” que se les plantean a los trabajadores.