El embudo de la autopista que une León con Asturias: un peaje 'ilegal', obras interminables y batalla política

Desde este 1 de julio las obras en el doble túnel del Negrón de la autopista AP-66 entre León y Campomanes (Asturias) provocarán que en pleno verano, y hasta noviembre, se circule entre las dos provincias por solo uno de los tubos. Todo por una millonaria inversión del Estado en la autopista cuya gestión está en manos privadas hasta el año 2050 sin que haya rebaja de los caros peajes que pagar por su paso.

La autopista asturleonesa, en manos de la sociedad Aucalsa, hoy controlada por el grupo Itínere en manos de una gestora de pensiones holandesa, está un día si y otro también en el ojo de la polémica, especialmente en el Principado de Asturias donde su eliminación como vía de pago genera unanimidad y no pocas controversias políticas. Y desde hace unos meses, jurídicas.

Conocida en Asturias como Autopista del Huerna, en León pocos se refieren a ella como León-Campomanes, la infraestructura que salva la cordillera cantábrica tendrá peaje hasta el año 2050. En el año 2000 el Gobierno de José María Aznar lo prorrogó 29 años y un día más, hasta el 2050, a cambio de unas rebajas de los precios.

En el año 2021 el exdiputado de Podemos Asturias Daniel Ripa denunció ante la Unión Europeo la prórroga del peaje del año 2001 tras una iniciativa similar de la AP9. En el 2024 la Comisión Europea inició el trámite para sancionar a España al considerar que la prórroga fue ilegal, ratificado al año siguiente con un contundente dictamen: la prórroga incumplió las normas europeas y es contraria a derecho por no hacerlo mediante un concurso público. El Gobierno de España ha dejado entonces que el asunto se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que será quien se pronuncie en ultimísima instancia sobre la ilegalidad de la prórroga (y sus consecuencias).

Pero la acción judicial no se ha terminado ahí. La sociedad asturiana, infinitamente más movilizada que la leonesa en este asunto, ha tomado la inciativa con la interposición de una acción de nulidad de pleno derecho de la ampliación del contrato, que deberá resolver el Consejo de Ministros antes de abrir la vía contenciosa-administrativa.

Por su parte el Gobierno de Asturias que preside el socialista Adrián Barbón ha llevado la supresión del peaje al Tribunal Supremo, muy presionado también por la opinión pública y publicada en la región cantábrica contra la continuidad de los pagos por atraversarla, y más ante la situación interminable de obras, tras solicitar una revisión de oficio de la ampliación del contrato que no ha sido contestada.

Obras que no acaban

Las nuevas obras del verano y hasta noviembre en el túnel del Negrón son, en realidad, la continuación de unas iniciadas hace un año de mejora de los túneles de la autopista que se han prorrogado hasta ahora. Pese a conllevar una millonaria inversión pública de 76,36 millones de euros, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esto no supondrá una rebaja de los peajes aunque el beneficiario de las obras es en primera instancia la empresa concesionaria, además de los usuarios que tendrán una mayor seguridad.

En el año 2023 el Gobierno aprobó esta inversión para adaptar los túneles a la normativa y repartió los costes de manera que “La Administración asume el coste de las obras, y el concesionario asume los costes de la redacción de los proyectos y de la conservación y explotación de las actuaciones desarrolladas”.

Será, por tanto, el segundo verano de obras de la conexión asturleonesa en uno de los momentos de mayor auge económico hacia ambos lados de la cordillera.

Además, siguen sin finalizar las obras del desprendimiento de parte de una ladera en el otoño del año 2024, que también dificultan la conexión desde hace casi dos años. Estas circunstancias de una autopista que no presta totalmente el servicio ha llevado a entidades como asociaciones de consumidores y de transportistas, de Asturias, a denunciar que la concesionaria ha logrado beneficios 'ilícitos' por 60 millones de euros. El propio Gobierno de Asturias ha presionado a la empresa para que justifique por qué cobra todo el paeje si no ofrece todo el servicio. En teoría en otoño, dos años después del argayo, se recuperará el tramo afectado.

Y ha sido la Fiscalía de León, al ser por donde mayor recorrido hay de la autopista, la que ha recibido el encargo del Supremo de dictaminar si existe vulneración de los derechos de los consumidores tras una denuncia de la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No! por los cobros completos del peaje. Los denunciantes se basan en una sentencia del Tribunal Supremo, relativa a la AP-9 gallega, que declaraba ilegal cobrar un peaje íntegro cuando las obras en la vía “incrementan sustancialmente el tiempo de viaje” o cuando el servicio no se presta en “condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez o seguridad”. La sentencia obligó a la concesionaria gallega a reembolsar los importes cobrados indebidamente.

El coste del trayecto completo se ha mantenido en 15,60 euros durante años y ha alcanzado su máximo histórico de 16,20 euros desde este año 2026, situando al Huerna entre los peajes de vía completa más caros del país

Tibia postura leonesa

En la provincia de León la existencia de la autopista no toma los tintes casi melodramáticos que suele rodear el asunto en la política y prensa asturiana. El Ayuntamiento de León reclamó en el otoño pasado la supresión del peaje en una declaración institucional suscrita por todos los grupos y en la Diputación el presidente socialista Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado también a favor de su eliminación.

La Junta de Castilla y León ha apoyado la supresión del peaje cada vez que su portavoz, el consejero de Economía y Hacienda Carlos Fernández Carriedo ha sido cuestionado sobre ello. Pero pasar a la acción jurídica como ha hecho el Gobierno de Asturias ante las últimos asuntos como obras interminables no ha sido otro paso. Su papel se ha limitado a respaldar iniciativas del gobirno asturiano u otras como la Declaración de Compostela de las patronales de Galicia, León y Asturias para suprimir los peajes de la AP9 y la AP66 bajo el foco de la posible ilegalidad en la prórroga de sus contratos.

Pese a todas las batallas políticas y jurídicas de momento la fecha de fin de la autopista sigue siendo la que figura en aquel decreto del año 2000: “Se establece como fecha final del plazo de la concesión de la autopista Campomanes-León el día 17 de octubre del año 2050”.