Las Cortes de Castilla y León exigen un operativo antiincendios público y todo el año, con abstención del PP
Las Cortes de Castilla y León han exigido este miércoles al Gobierno del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco que el operativo antiincendios sea público y durante todo el año. Lo han hecho a través de una Proposión No de Ley (PNL) presentada por el partido leonesista UPL que ha recibido el apoyo de todos los grupos salvo del PP, que se ha abstenido.
La iniciativa de 21 puntos, que fue enmendada por el PSOE para incluir a los montes comunales de Castilla y de León, así como por el PP para que las confederaciones hidrográficas participen en la protección de las aguas de las zonas quemadas, fue votada de una vez, pese a que fueron varias las peticiones para que se fragmentara. El texto salió adelante por una amplia mayoría gracias al sí de los socialistas, Vox, UPL-Soria Ya, así como del Grupo Mixto -Unidas Podemos, Por Ávila y Franciso Igea-.
En la presentación de la propuesta, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, defendió que la “soberbia”, la “mala gestión forestal”, una previsión “a la contra” del verano y no tener un operativo público, con salarios dignos y condiciones laborales adecuadas, han dejado un balance de 160.000 hectáreas “devastadas”, así como “dolor” y “sufrimiento” entre los ciudadanos. También reclamó renovar el plan Infocal para adaptarlo a las nuevas condiciones del clima.
Además, la ‘leonesista’ arremetió contra un consejero “ausente” de Medio Ambiente (Juan Carlos Suárez-Quiñones) y la no asunción de responsabilidades políticas. “Hacen de esta administración su cortijo y de la gestión forestal un negocio”, dijo al Partido Popular y lamentó el “hartazgo” de los ciudadanos porque denunció que lo prometido no está llegando.
La ‘popular’ Beatriz Coelho aseguró que algunas de las medidas propuestas ya se están aplicando y defendió que el principal objetivo ha sido “salvar vidas” ante unos incendios “nunca antes vistos”, “inatacables” e “inabordables”, ya que recordó fueron 350 fuegos en 21 días los que sufrió Castilla y León. Además, aseveró que mientras la Junta amplió el operativo, el Gobierno lo redujo. “Eso sí es vergonzante”, espetó al PSOE y reclamó la colaboración del Gobierno o la Diputación de León.
A este respecto, cabe recordar los múltiples cambios de opinión que han tenido los 'populares' este pasado mes de agosto y septiembre con respecto a si los efectivos de la Junta y del Gobierno eran suficientes o hacían falta más. La berciana Beatriz Coelho se olvidó de hacer referencia en su intervención que Castilla y León tardó ocho días en movilizar a efectivos que estaban de descanso y no envió a nadie a un puesto de mando que había solicitado al Ministerio, que la Comunidad acaparó más de la mitad de los recursos del Gobierno de España en la oleada de incendios forestales, que una empresa del operativo de la Junta buscaba en Infojobs personal sin experiencia más de diez días después del inicio de la oleada de incendios y que se dejaron de usar medios del Ejército “porque no los habían pedido”.
El socialista José Luis Vázquez suscribió la iniciativa de UPL, pero señaló que “de nada servirá”, como las 100 presentadas por su grupo, mientras siga en su cargo el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien lamentó que ovacionara ayer el PP. “Nunca compensarán el dolor, el dolor humano y las consecuencias trágicas de su negligente gestión”, dijo para reclamar operativo público, que trabaje durante todo el año y dotado de medios “suficientes”.
El procurador de Vox José Antonio Palomo planteó una enmienda programática y negó que los incendios de este verano se hayan producido por el cambio climático, sino por el “modelo verde” de PP y PSOE, ya que señaló que han convertido al monte en una “bomba de combustible”. “Una vez más llegan tarde”, dijo porque ahora plantean las medidas que ha defendido su partido frente a la “dictadura del papel” o la “burocracia asfixiante” que sufren los que viven del campo.
Enfundado en una chaqueta con los colores de la bandera de Palestina, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, apoyó la iniciativa por ser “imprescindible”, tras la “catástrofe” de este verano y recriminó al PP que se niegue a tener un operativo público, permanente, coordinado y “suficientemente” dotado de medios materiales.
El procurador no adscrito Francisco Igea avanzó su voto a favor para demostrar que existe otra política posible pese a los “aplausos” dados ayer al consejero Suárez-Quiñones. “Triunfó la soberbia”, dijo, pero abogó por construir una “alternativa” frente a quienes “no tienen ni moral, ni principios”.
Finalmente, Pedro Pascual, de Por Ávila, respaldó la propuesta y pidió la protección de los bomberos forestales para que tengan una mayor estabilidad laboral. En su opinión, las políticas aplicadas dejan unos resultados “nefastos” y pidió impulsar las actividades de prevención y movilizar los medios necesarios.
El sentir mayoritario de los grupos y que defendió UPL es que “no se vuelvan a repetir las tragedias de los veranos de 2022 y 2025 en la Región Leonesa”.
El texto de la PNL reclama medidas inmediatas para estabilizar los terrenos incendiados y evitar la erosión y la pérdida de fertilidad del suelo con la llegada de las lluvias y garantizar que las captaciones de agua no se vean contaminadas por las cenizas. También recordaron la necesidad de atender a la fauna silvestre y repartir comida por los montes y de aumentar las ayudas económicas para la recuperación de viviendas, infraestructuras y explotaciones agrarias. A ese respecto, UPL pidió que la Junta descarte el límite del 30 de septiembre en el suministro de forraje y lo mantenga “hasta que se regeneren los pastos o se recupere la economía de los ganaderos afectados”.
En cuanto al operativo, insistieron en ampliarlo a todo el año, con mejores condiciones laborales, más formación y reconocimiento profesional como bomberos forestales de los profesionales, así como avanzar hacia un modelo con mayor peso público. “No podemos seguir despidiendo a trabajadores clave fuera de la temporada alta mientras se descuida la prevención en los montes”, señalaron.
La PNL incluye además la reforma de la Ley de Montes de Castilla y León para atender la singularidad de los comunales en la Región Leonesa y reclama que se tenga en cuenta la superficie quemada en el reparto de subvenciones para contratación de personal municipal. UPL denunció el “agravio comparativo” que supone que provincias como Salamanca, con más de 12.000 hectáreas quemadas, reciban menos fondos y trabajadores que Ávila, con 7.500. En el caso de Zamora, con 48.000 hectáreas arrasadas, se asignaron cifras similares a las de Ávila, pese a la enorme diferencia en superficie afectada.
