Fue diputado nacional y senador por por Partido Popular y por la provincia de León numerosos años, siempre cabeza de cartel electoral. Alcanzó la Vicepresidencia Primera de la Cámara Alta, se instaló en la cúspide del poder institucional del país. Esperanza Aguirre le convirtió en consejero de Justicia e Interior de su Gobierno tras el 'tamayazo' que la aupó al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también fue vicepresidente segundo en su Ejecutivo.
Antes de Pablo Casado, fue responsable del PP nacional en el Exterior. Y ya con él, su protegido sobrino político, se alzó a miembro de la Dirección Nacional y jefe de la Oficina del Cargo Popular, que debía vigilar internamente que no cundiera la corrupción. Fue entonces cuando le cayó la imputación por delitos de corrupción en la Audiencia Nacional, por el caso 'Campus de la Justicia', el gasto de cerca de 355 millones de euros públicos para un complejo monstruoso de 16 edificios en la capital de España bajo diseño del reputado arquitecto Norman Foster, que pese al dinero gastado jamás se llegó a construir.
En la cúspide del mucho poder que Alfredo Prada llegó a acumular en Madrid, en su afán por ejecutar su gran proyecto para pasar a la posteridad, en los últimos estertores de la abundancia económica previa a la crisis de 2008, el político leonés tuvo que acelerar la composición de un equipo de total confianza. Es por eso que una de las claves fue rodearse de una 'corte' de leoneses, personas con las que tuvo años atrás vinculación en León o que por leonesas le confería un plus de la confianza, la discreción y la obediencia necesarias, a cambio de altos puestos muy bien remunerados o jugosos contratos.
Así se ha ido desvelando en el actual juicio contra él y cinco imputados más en la Audiencia Nacional por el agujero del 'Campus de la Justicia', iniciado esta semana, y en el que a él le pide el Fiscal Anticorrupción ocho años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. Seis les piden al resto de compañeros de banquillo: el comisario 'político' Andrés Gómez Gordo, director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009; Félix José García de Castro, letrado contratado; Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; y Rogelio Fernández-Quintas Arias, también abogado y vinculado con la provincia leonesa; y Alicio de las Heras, igualmente leonés y situado como director del área financiera de Campus.
Como testificó Lourdes Manovel, que libró de ser imputada, “todo el mundo era director”, apenas había trabajadores de rango medio o bajo. Y no fue la única que señaló al propio Prada, en persona, como “el único órgano de contratación” en aquellos años.
Tal y como ha relatado Manovel en el juicio, tras haberse conocido cuando ella era asesora de la Subdelegación del Gobierno en León, fue el propio Prada quien le ofreció en 2003 el puesto de secretaria general de la Vicepresidencia de Madrid, además de vocal del consejo de administración de Campus de la Justicia SA, que presidía en la cúspide el propio político.
Rogelio Fernández-Quintas ha sido uno de los vinculados a León que de momento han 'desfilado' como testigos por la Audiencia Nacional. Manovel, que declaró que “el consejo de administración no pedía fiscalizar ningún contrato” y que se rechazó la intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, sí identificó a este letrado como miembro del bufete al que 'Campus' pagaba y del que también era socio José Félix García de Castro, acusado como Prada, por participar activamente en las contrataciones pese a estar simplemente contratado, sin cargo alguno.
Pero si alguien de la total confianza de Prada sí tenía cargo, y además alto cargo, nada menos que director del Área Financiera entre 2005 y 2009, fue Alicio de las Heras Rodríguez, titulado por la Universidad de León, empleado de banca, golfista y padelista y vinculado al PP leonés y al propio político desde su juventud.
También fue a posteriori su asesor personal en el Congreso de los Diputados. De las Heras se sienta lejos de Prada para enfrentar su acusación de seis años de prisión por prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos.
También era leonés el testigo Alfredo Miguel Cabezas Ares, que se presentó ante el Tribunal de la Audiencia como doctor y exprofesor de Económicas en la Universidad de León, que conocía a Prada, dijo, precisamente de coincidir años atrás en la provincia. Él acabó siendo designado “director adjunto de Seguridad”, cargo que admitió que “me ofreció el propio presidente”, en referencia al político.
Ocupaba entonces “un despacho debajo del suyo” y “me ordenaba él”, recordó esta semana ante la jueza, poco antes de mostrársele documentación de la Udef que señalaba que “se le implicó en temas de espionaje” previos. Antes de acabar siendo directivo en el Campus de la Justicia, Cabezas había dirigido la Academia de Policía de Madrid y fue también “asesor de seguridad” de la Comunidad en la que Prada ya era mandatario.
La lista de contratados durante meses y años para el 'pelotazo de Campus' vinculados con León y de manera personal con el político era aún más amplia, ya que contaba con Carlos Torío Villar, que también trabajó en Campus como mínimo unos meses de 2008 en el puerto de una suerte de responsable de Protocolo. En la plantilla también figuraban dos hijos de los exministros del Partido Popular Pedro Morenés y Miguel Arias Cañete.
Mónica Rábago, otra testigo que ejerció de administrativa, para “la recepción y la atención telefónica”, negó ser de León o de Astorga, como le interrogó el fiscal.
Incluso hasta por una coincidencia, el letrado que ejerce la acusación del Gobierno regional madrileño es Diego García Paz, en su calidad de letrado Jefe del Servicio Jurídico de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid. Se trata de otro leonés, que fuera en su día presidente de la Casa de León en Madrid.
Otro nombre propio de León fue el de Javier Atienza González, entonces alto representante de la Editorial Everest, quebrada hace unos años, fue firmó un contrato de casi 40.000 euros para que la empresa leonesa distribuyera un libro que previamente había editado -en este caso, no aparece contrato alguno- sobre Norman Foster bajo el título 'Foster+Partners', el nombre de su estudio en Londres.
No fue a dedo, pero casi. Porque Atienza admitió esta semana algo que tachó de “insólito”: que las únicas tres ofertas de presupuesto eran para tres editoriales del Grupo Everest, que dirigían José Antonio López Martínez y su hija Irene López Varela: Editorial Everest, Aizkorri y La Gaviota, esta última, corroboró casi escandalizado, dedicada a libros infantiles, muchos bajo licencia de Disney.
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