El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el político leonés Alfredo Prada Presa ha desvelado hoy una maniobra que a juicio del Fiscal Anticorrupción, como antes del juez instructor, es una prueba de los gastos incontrolados y presuntos tratos de favor que el exvicepresidente y consejero de la Comunidad de Madrid, exdiputado y exsenador por León, protagonizó al frente del faraómico, multimillonario y fallido proyecto del Campus de la Justicia de la capital de España.
Se trata en concreto de un contrato que el leonés formalizó con la empresa Editorial Everest para la distribución de un libro sobre la figura del arquitecto Norman Foster, el cual también fue contratado por la sociedad Campus de la Justicia que Prada presidía como reputado arquitecto y que llegó a embolsarse 10,6 millones de euros, como en la sesión de hoy en el juicio también salió a relucir a pesar de no ejecutarse prácticamente ninguna de las obras que diseñó.
Respecto a ese contrato con Everest, un testigo, Javier Atienza González, que firmó junto a Alfredo Prada aquel contrato el 29 de febrero de 2008 en su calidad de representante de la empresa editorial, no dudó hoy ante la jueza del caso en tildar de “hecho insólito” el hecho de que la sociedad pública que el político encabezaba tan sólo recibiera tres ofertas o presupuestos para editar el libro titulado 'Foster+Partners' y que las tres fueran del mismo grupo empresarial: Editorial Everest y sus filiales Aizkorri y La Gaviota.
Más llamativo aún le resultó a Atienza que una de las tres fuera esta última, La Gaviota, porque certificó que “era una empresa que fundamentalmente publicaba libros infantiles y juveniles, muchas bajo licencia de Disney” que ostentaba entonces la compañía, quebrada tras no poco escándalo y desaparecida.
“No encuentro ninguna explicación”
“Me sorprende enormemente”; “nunca, absolutamente nunca se presentó más de una oferta del mismo grupo”; o “no le encuentro ninguna explicación”, fueron categóricas frases del testigo a preguntas del fiscal y de la acusación particular de la Comunidad de Madrid, que representa el letrado, también leonés, Diego García Paz. En otros momentos del interrogatorio, identificó a José Antonio López Martínez como dueño del grupo, y a su hija Irene López Varela como administradora, vinculando así sin duda a las tres únicas firmas ofertantes.
Por su parte, se limitó a añadir que “recibí instrucciones de la editorial” para firmar junto a Alfredo Prada el contrato, que lo fue de distribución de los más de 3.000 ejemplares del libro que ya estaba editado, aunque en la instrucción del caso se demostró que no hay contrato previo para la edición en sí, como reflejaba la instrucción del juez José de la Mata.
A pesar de todo, y como se pudo ver con documentos oficiales en el juicio, pocos meses después Everest reclamó el cobro de la factura por aquella presunta distribución del libro, por un importe de 38.958,95 euros.
La Fiscalía anticorrupción pide para Prada en este caso ocho años de prisión por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, así como seis años a las otras cinco personas que trabajaron en Ciudad de la Justicia: el comisario Andrés Gómez Gordo, director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009; Alicio de las Heras, director del área financiera; Félix José García de Castro, letrado contratado que ejerció como secretario de la mesa de contratación aun siendo asesor externo; Rogelio Fernández-Quintas Arias, otro abogado también vinculado con la provincia leonesa; Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; y Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico.
Dos acusados, en sendas empresas al unísono
A estos dos últimos señaló el arquitecto Miguel Ángel García como personas al mismo tiempo responsables del macroproyecto pilotado por Prada y como parte de la empresa Bovis, contratada por casi un millón de euros para una consultaría externa pero que supervisaba todos los proyectos del complejo, sus 16 edificios, aparcamientos o túneles subterráneos de 1,3 kilómetros, como también confirmó en calidad de testigo el entonces gerente de contratación de esta empresa Santiago Sánchez Ruiz.
Éste incluso señaló al propio Prada Presa como el firmante de las certificaciones de las pocas obras realizadas, a pesar de ser, admitió, algo “mecánico y técnico”. Ocurre después de que en el día de ayer se le señalara personalmente al entonces todopoderoso político como el artífice personal de todas las contrataciones. Cabe recordar que el gasto final ascendió a cerca de 355 millones de euros sin que la 'Ciudad de la Justicia' viera nunca la luz, dejando un recinto hoy prácticamente abandonado.
“Se hicieron cosas y muy bien hechas”, sí admitió Sánchez Ruiz a preguntas de las defensas, defendiendo además como razonables los 10,6 millones cobrados por un “proyecto completo y súpertrabajado” de Norman Foster, aunque también negando argumentos de los letrados de algún acusado de que fuera la crisis de 2008 parte justificativa del desastre final del proyecto.