El Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León, que comenzó a funcionar en 2005, ha desaparecido el pasado 31 de diciembre, después de que el Gobierno autonómico fuese incapaz de dar una solución a las retribuciones de los profesionales que lo integraban, según informa elDiariocyl.
A lo largo de sus 17 años de funcionamiento, los técnicos de epidemiología, médicos especialistas de Medicina Preventiva y Salud Pública, con años de formación específica y experiencia en la epidemiología de campo, han estado en las crisis sanitarias más importantes que ha sufrido Castilla y León, como las de la gripe aviar, meningitis, SARS, gripe A, ébola, listeria, y en los últimos dos años la pandemia de la covid-19.
La desaparición del sistema se produce en la que es ya la mayor ola de casos de coronavirus desde que empezó la pandemia, con la atención primaria colapsada y los hospitales suspendiendo intervenciones y consultas. A ello se suma la previsión de cada año de la epidemia de gripe que está por llegar. Alertas Epidemiológicas tiene entre sus funciones alertar a los profesionales sanitarios y a la población de los riesgos para la salud colectiva e instaurar las medidas necesarias de prevención y control. “Ni el equipo de la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, ni el recambio improvisado con nuevo consejero y nuevo equipo directivo, han hecho nada por evitar este fracaso, uno más, de esta Administración que debería estar velando por el interés general de los castellanos y leoneses”, lamentan los ya exintegrantes de Alertas.
Las reivindicaciones de los epidemiólogos, que comenzaron en 2009, se reducen a contar con una normativa adecuada y una regulación ajustada a derecho de sus retribuciones, algo que está avalado por un informe jurídico de la propia Consejería de Sanidad en 2020, no fueron atendidas a su debido tiempo por la Consejería “por su inacción y falta de liderazgo”. El informe 2489/2019, con fecha 3 de enero de 2020, concluyó que “la retribución que deben recibir por ese concepto los profesionales no puede encuadrarse en ningún caso dentro de las gratificaciones extraordinarias”, como se ha hecho desde que empezó a funcionar el servicio.
Así, según informó Sanidad a los profesionales, “las últimas iniciativas llevadas a cabo fueron desestimadas por las consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda, con argumentos que no solo demuestran la ignorancia de lo que se traen entre manos, sino también el desinterés, agravios comparativos y en algunos casos luchas internas entre socios de Gobierno”.
El Sistema sigue anunciado en el Portal de Salud, pero no hay nadie al otro lado del teléfono del 112 para que un médico de familia pueda comunicar una enfermedad de declaración urgente (compromiso con el Reglamento Sanitario Internacional y la regulación normativa española de vigilancia en Salud Pública) o que un médico de urgencias de un hospital consulte cómo actuar ante un caso de una sospecha de fiebre hemorrágica, por ejemplo.
Los profesionales que cesaron el 20 de septiembre de 2021, con efectos de 31 de diciembre pasado, no ven una solución fácil, ya que las alertas epidemiológicas deben ser atendidas por profesionales médicos especialistas, que son los únicos que tienen la formación y los conocimientos necesarios para hacer una valoración precisa del riesgo, tomar las medidas más adecuadas en cada situación y responder las consultas de los médicos y enfermeras del Servicio Público de Salud o de otros centros sanitarios de Castilla y León.