Colectivos ambientales y vecinales denunciarán el “faraónico” proyecto turístico de la Junta en el pantano de Riaño
La reciente autorización ambiental favorable otorgada por la Junta de Castilla y León al proyecto de nuevas infraestructuras turísticas en el entorno del embalse de Riaño ha provocado una reacción muy crítica de algunos de colectivos sociales y ambientales.
En concreto, el Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa (Gedemol) y la plataforma vecinal Stop Pasarela han amenazado hoy públicamente a la Consejería de Medio Ambiente que preside el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y a la Fundación Patrimonio Natural autonómica con iniciar acciones judiciales para intentar paralizar la iniciativa, que consideran un proyecto “faraónico” e insostenible.
Se trata de este proyecto aireado por ILEÓN y ya adjudicado por valor de 3,6 millones de euros para construir infraestructuras como un puente colgante de cerca de 250 metros sobre el embalse de Riaño o una ruta peatonal de seis kilómetros con miradores y hasta escaleras ancladas en la roca o un nuevo embarcadero, todo ello en uno de los espacios más protegidos medioambientalmente de la Montaña leonesa.
Los dos colectivos, a través de una nota de prensa, advierten de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada esta misma semana presenta “graves carencias técnicas y ambientales”, al tiempo que cuestionan tanto el procedimiento, así como el modelo turístico que se pretende implantar en la zona.
Toda la intervención se ubica dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y del espacio Red Natura 2000 Picos de Europa, ámbitos con las máximas figuras de protección ambiental en la provincia. A pesar de ello, la Junta concluye que el proyecto es compatible con la conservación si se aplican medidas preventivas y correctoras.
Sin embargo, los colectivos sostienen que la propia evaluación reconoce aspectos clave que no han sido analizados adecuadamente, como la capacidad de acogida de visitantes en una zona que ya soporta una elevada presión turística o el impacto paisajístico real de las estructuras previstas. A su juicio, la DIA vulnera el carácter preventivo del procedimiento al posponer a fases posteriores la justificación de algunas afecciones relevantes, cuando deberían haberse acreditado antes de emitir una resolución favorable.
Otro de los argumentos centrales es el supuesto conflicto de intereses institucional. El proyecto está promovido por una fundación pública dependiente de la propia Junta y al mismo tiempo también autorizado por la propia Administración autonómica, que además es la responsable de la gestión del espacio natural protegido donde se pretende actuar.
Las organizaciones también denuncian la falta de planificación en el Parque Regional, que carece de Plan Rector de Uso y Gestión pese a haber sido declarado hace más de 30 años, lo que según denuncian impide establecer con claridad la zonificación y los usos autorizables. En su opinión, esta situación evidencia una gestión “negligente” que contradice la finalidad de conservación de estos espacios. Por su parte, la defiende que el proyecto contribuirá a diversificar la oferta turística y que la evaluación ambiental descarta afecciones significativas sobre especies protegidas como el oso pardo o el urogallo. Una declaración ambiental que tendrá una vigencia de cuatro años, plazo en el que las dos empresas catalanas adjudicatarias de los trabajos deberán iniciar las obras para no perder su efecto.
Más allá del impacto ambiental, el debate se extiende al modelo socioeconómico de la comarca. Gedemol y Stop Pasarela consideran que presentar el proyecto como solución a los problemas del territorio es erróneo, ya que el aumento del turismo en los últimos años se ha producido sin grandes inversiones y ha generado efectos negativos, como la falta de vivienda disponible para residentes y trabajadores, debido también al auge del alquiler turístico.
También cuestionan la prioridad de destinar millones de euros a nuevas infraestructuras mientras persisten carencias en servicios básicos, tales como problemas de telecomunicaciones en pueblos de la zona meses después de los peores incendios forestales de la provincia y la propia zona, y recuerdan compromisos patrimoniales pendientes desde hace años que no se han ejecutado.
Por último, los colectivos consideran que la rapidez de la aprobación no es casual y malician que se acompasa con el calendario de las inminentes elecciones a la Junta del 15 de marzo de 2026, ssosteniendo que actuaciones de este tipo buscan eludir problemas estructurales que afectan a la vida diaria de los vecinos.