En un documento conjunto, CCOO y UGT han manifestado que la reforma de la negociación colectiva planteada por el Gobierno “mejora el margen de actuación del empresario en materias como el tiempo de trabajo y la movilidad funcional, y no avanza en la participación de los representantes de los trabajadores en estas decisiones de flexibilidad interna”.
Además, han denunciado que el Real Decreto-Ley 7/2011 de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, que entró en vigor el pasado 11 de junio y será convalidado mañana por el Congreso de los Diputados “incide en los aspectos más regresivos de la reforma laboral”.
“Todo ello constituye un desequilibrio más a favor del empresario en las relaciones laborales”, han sentenciado los sindicatos.
El Real Decreto Ley constituye un desequilibrio más a favor del empresario en las relaciones laborales
Para ambas organizaciones sindicales “las reformas legales operadas a espaldas de la voluntad de las organizaciones sindicales y empresariales están abocadas al fracaso, y sólo los acuerdos alcanzados entre estas organizaciones podrán dar efectividad a los objetivos dispuestos por los poderes públicos”.
UGT y CCOO consideran que “la apuesta que hace el Real Decreto Ley por la prevalencia aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en materias básicas como el salario, salvo pacto en contrario del convenio sectorial estatal o autonómico, posibilita que en el ámbito de empresa se pueda regular a la baja las condiciones de trabajo”.
Según los sindicatos esta acción “va a generar un grave quebranto para los trabajadores y trabajadoras y para la cohesión de las empresas del sector al facilitar que éstas compitan en debilitar las condiciones de trabajo y salarios de sus respectivos trabajadores”.
Denuncian también que se siga dando alas a los convenios “franja” porque este ámbito es un espacio de negociación que favorece intereses corporativos de grupos de trabajadores de una empresa en detrimento del interés general.
Ambos sindicatos rechazan el hecho de que “el Real Decreto Ley imponga a las partes un arbitraje vinculante que, de manera forzosa, deberá resolver las divergencias durante la negociación de los convenios cuando se haya superado el plazo máximo de negociación que establece”.
CCOO y UGT consideran que “la reforma emprendida hace una apuesta decidida por la flexibilidad interna de las empresas mejorando las expectativas empresariales a disponer de un mayor margen de actuación discrecional en materias como el tiempo de trabajo y la movilidad funcional”.
Por otra parte también han evidenciado que la reforma “no mejora la posición de los representantes de los trabajadores en cuanto a la participación en estas decisiones de flexibilidad interna, lo que constituye un desequilibrio más a favor del empresario en las relaciones laborales”.