El sindicato Comisiones Obreras denunció hoy que los centros penitenciarios de Castilla y León acumulan 253 plazas de funcionarios vacantes y que en algunas prisiones la situación es insostenible, especialmente en lo referente a seguridad y vigilancia interna.
El coordinador regional de prisiones de CCOO en Castilla y León, Teo Movilla, explicó hoy que la reducción del número de funcionarios acumulada en los últimos años y que a nivel nacional ha generado un bolsa de más de 2.600 plazas sin cubrir, está provocando un incremento de las agresiones, situación que en el futuro se acentuará aún más, según su opinión, como consecuencia del establecimiento de la prisión permanente revisable y de la reforma del código penal.
Movilla también denunció que esta falta de personal está provocando la apertura de expedientes disciplinarios dado que “muchas de las órdenes que recibimos son imposibles de cumplir y estamos sometidos a un acoso constante por parte de la administración”. En este sentido, María Victoria Gómez Blanco, que sustituirá a Movilla como responsable regional del sindicato, aseguró que en algunas cárceles, como en la de Burgos, “la situación es vergonzosa y la plantilla está por debajo del mínimo legal”.
A su vez, Movilla argumentó que mientras la falta de personal está poniendo en riesgo la seguridad de internos y funcionarios, “además de imposibilitar el mandato constitucional de la reinserción”, el Gobierno ha privatizado toda la vigilancia exterior de los centros tras una inversión de 48 millones de euros “en beneficio de sus empresas amigas”.
Además de la falta de personal, Movilla explicó que en las cárceles de Castilla y León se dan otros factores negativos como la alta edad de los funcionarios o la falta de mantenimiento de unas instalaciones “obsoletas”, y resaltó que en Topas se abrió un expedientes a tres funcionarios por un intento de fuga, cuando el único motivo fue una falta de concertinas en un determinado punto.
Por su parte, María Victoria Gómez también criticó que se están poniendo en marcha nuevos servicios como los centros de inserción o los grupos de seguridad y control, sin dotarlos de personal.
La población reclusa de la Comunidad ronda los 5.000 internos repartidos en nueve prisiones y seis centros de inserción social, en los que trabajan unos 2.300 funcionarios. Mansillas de las Mulas (León), Topas (Salamanca) y Dueñas (Palencia), son las cárceles más grandes con alrededor de un millar de presos cada una, mientras los centros penitenciarios de Valladolid, Segovia, Burgos, Ávila y Soria son de un tamaño menor. Además, los centros de inserción, los establecimientos donde muchos presos cumplen su última etapa en prisión antes de recobrar la libertad, están ubicados en Zamora, Salamanca, Valladolid, Burgos, Segovia y León.