La Consejería de Fomento y Medio Ambiente apuesta por “completar y conectar” las áreas urbanas existentes, favoreciendo la “reconversión” y “reutilización” de los inmuebles abandonados y las zonas degradadas, frente a los procesos de extensión discontinua o exterior de las ciudades. Para ello, ha iniciado una reforma del Reglamento de Urbanismo para impulsar la rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
El departamento de Antonio Silván tiene ya elaborado un borrador del decreto, aunque la cercanía de las elecciones impedirá previsiblemente su aprobación durante este mandato. El texto adaptará el Reglamento de Urbanismo, aprobado en 2004, justo en el periodo del 'boom inmobiliario', a la nueva Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
De esta forma, todas las revisiones o nuevos planeamientos urbanísticos tendrán que seguir las nuevas directrices, si bien Fomento dará dos años para que las reformas ya iniciadas se aprueben con los criterios anteriores. Superado este plazo, no se podrán crear núcleos de población, ni se ampliarán los existentes, si se compromete la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios de interés general. Por el contrario, la Consejería pretende dar protagonismo a las actuaciones de rehabilitación.
Esta nueva línea de trabajo, que se ha planteado como alternativa a la promoción de vivienda nueva, se llevará a cabo de forma preferente en espacios urbanos “vulnerables”, es decir, aquellos que se encuentren abandonadas o donde la población residente se encuentre envejecida, en paro o en riesgo de exclusión. De esta forma, el Reglamento dedicará un título completo a regular la rehabilitación, regeneración y renovación, que definirán los Planes Especiales de Reforma Interior.
Establece que las actuaciones de rehabilitación deben mejorar la eficiencia energética, las infraestructuras técnicas de informática, suprimir las barreras arquitectónicas y poner en valor el patrimonio urbanístico. Las obras de regeneración urbana darán prioridad a las intervenciones de rehabilitación, frente a la demolición o sustitución, y las que permitan mantener la población residente. Su planificación determinará la inversión que puede atraer y su repercusión en la financiación. También figuran las políticas de renovación de los equipamientos y dotaciones urbanísticas.
Crecimiento coordinado
Otro de los cambios sustanciales que verán la luz en 2015 es la compatibilidad de los planes generales de ordenación urbana con los desarrollos de los municipios limítrofes, así como con el conjunto del área funcional estable, que fija el modelo de ordenación del territorio. De hecho, los ayuntamientos tendrán que armonizar sus estrategias urbanísticas favoreciendo los crecimientos compactos.
También, el sistema de vías públicas favorecerá la implantación del transporte público y la construcción de aparcamientos disuasorias en la periferia urbana. Además, en el suelo urbanizable se crearán dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construibles, al menos la mitad de uso público. No obstante, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica y las subestaciones transformadoras respetarán una distancia mínima de diez metros hasta las edificaciones.
De la misma forma, los nuevos planeamientos tendrán que reservar terrenos para el emplazamiento de actividades industriales, logísticas y productivas y facilitar la eficiencia energética y la sustitución progresiva de los combustibles fósiles. También favorecerá la implantación de sistemas colectivos de calefacción y evaluarán la exposición de las áreas residenciales y de los equipamientos sanitarios, educativos y asistenciales a las fuentes de contaminación.
Los espacios libres públicos favorecerán la transición entre el medio urbano y rural y los terrenos con riesgo de inundación, con períodos de retorno de 100 años, solo podrán ser clasificados como suelo urbano cuando ya tuvieran dicha clasificación. El Reglamento también recoge los Planes Especiales de Regularización de los asentamientos irregulares.
Declaración responsable
Fomento permitirá la declaración responsable, en lugar de la tradicional licencia, para las obras de reforma de las construcciones existentes, la ejecución de canalizaciones de energía y telecomunicaciones o para los trabajos menores como la reparación de revestimientos, pavimentos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas o pinturas. También se aplicará a los cambios de uso, a los cerramientos, la instalaciones de carteles y a los trabajos previos a la construcción, como los sondeos o la limpieza de solares.
Inspecciones y sanciones
Por otra parte, el Reglamento prevé que todos los edificios de 20.000 habitantes tendrán que pasar la inspección técnica. La obligación se amplía a los que formen parte de las áreas funcionales estables. En los municipios intermedios, entre 5.000 y 20.000 habitantes, y los que dispongan de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tendrán que pasarla todos los inmuebles, excepto las viviendas unifamiliares. Además, transcurridos diez años de la primera, tendrán que someterse a un nuevo análisis.
Finalmente, el plazo de prescripción para las infracciones urbanísticas muy graves será de diez años; ocho años para las graves, y cuatro años para las leves.