No una ni dos sino muchas irregularidades se cometieron en la Diputación de León a través de los cuantiosos pagos que durante dos años y medio los presidentes Isabel Carrasco y su sucesor Marcos Martínez Barazón realizaron a la empresa Madiva, una de las dos de la trama Púnica del caso que se juzga en la Audiencia Nacional.
La lista de esas irregularidades fue detallada, y justificada, en la sesión de hoy por el jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado, quien en calidad de perito detalló a preguntas de la Fiscalía y de las defensas de los seis acusados, tres de ellos leoneses vinculados a la Diputación leonesa, qué pasos presuntamente ilegales y hasta corruptos se dieron hasta estallar la Operación Púnica en noviembre de 2014 con el encarcelamiento fulminante de Martínez.
Una de ellas fue la suma de importes pagados por la Diputación a las empresas de la trama del también acusado Alejandro de Pedro, que ascendieron a 90.185 euros sin IVA a Madiva (ILEÓN lo adelantó en exclusiva aquellos días) a lo largo de 30 meses ininterrumpidos, incluyendo no solo inserción de banners de publicidad en los diarios zombies de la red sino también un total de 19 informes de mejora de reputación persona a beneficio personal de Carrasco y Marcos Martínez, en su caso tres de ellos.
Las facturas, “mensuales e ininterrumpidas”, firmadas por Martínez y el interventor también imputado, Jesús 'Suso' López, según certificó el perito, ascendían a una media de 3.000 euros cada una y a su juicio, con la Ley de Contratos Públicos en la mano, tenían que haber sido objeto de un contrato con licitación pública.
“Justificaban la urgencia” en los pagos, “pero ¿durante 30 meses? Eso no es una causa imprevista” sino “un claro fraccionamiento de contrato”, zanjó. Añadiendo que tampoco cree legítimo que lo fidcalizara y firmara un trabajador eventual, como también era entonces el coordinador de Presidencia, Pedro Vicente Sánchez, igualmente en el banquillo de los acusados.
También tuvo claro el testigo, convocado por la Fiscalía, que “los informes de reputación online” de los dos presidentes “no se refieren a la Diputación” y por lo tanto “no se pueden contratar” desde la institución pública porque “la reputación de un presidente de la Diputación no es una necesidad pública”.
Otra de las irregularidades claras que detalló a preguntas de las fiscales fue la modificación de los pliegos para la explotación del bar El rebeco y el restaurante, cafetería y y Hostal Pico Agujas de la estación de esquí de San Isidro, propiedad de la Diputación, cambio que salió y recibió personalmente el presidente Marcos Martínez a través de su correo tras enviárselo él a las empresas de la trama. Ocurrió “a mitad de la tramitación”, dijo el experto, algo ya irregular, pero además “no se puede en ningún caso entregar a ninguno de los licitadores”.
Se habló de “manipulación” en ese cambio introducido, que llegó escrito en rojo, y que pasó a puntuar con un 20% mejoras de comunicación, publicidad y realización de eventos. En los dos primeros casos las empresas de la trama podían llevar más ventaja pero el perito detalló que dos de ellas “alguien las movió” para incluirlas fuera de plazo “y ni siquiera tenían que ver con la hostelería”.
No se han investigado más que los pagos a Madiva
En el turno de los defensores, el jefe de Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción fue asumiendo que él sólo ha analizado los contratos, las facturas y pagos, sin corresponderle comprobar si se prestaron o no los servicios, aunque sí valoró que “no se tiene que pagar” por que se publique una de prensa de la Diputación.
Al abogado del exinterventor, Juan Carlos Zatarain, le admitió que fue “posible” que con otros o todos los medios de comunicación como el “Diario de León, La Nueva Crónica o Leonoticias” se pudiera haber usado la misma dinámica irregular. Pero añadiendo que a él no le encomendaron revisarlo, advirtiendo el juez al letrado que “no vaya por ahí” porque “no estamos juzgando a los propietarios del resto de medios de comunicación”, protestó una de las fiscales.
En el último turno de este testigo, consideró “una trampa” que el presidente de la Diputación leonesa defendiera gestionar dinero pagado por una empresa, Ecoembes, a otra sociedad pública vinculada pero no igual a la Diputación, como es el consorcio Gersul. “No existe en la documentación” aquel procedimiento, afeó también el experto.