Más de 40 años de Coto Escolar en León en riesgo por un conflicto laboral que echa a familias y colegios para atrás
El Coto Escolar, un servicio educativo, medioambiental y sostenible que lleva más de 40 años haciendo las delicias de los pequeños leoneses, atraviesa una de sus peores crisis y un futuro bastante incierto que está echando para atrás a colegios y familias.
Así lo denuncia la oposición de Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León y lo ratifica la plantilla que se encarga de las muchas actividades en estas instalaciones municipales. Una situación cada vez más complicada a cuenta de un conflicto laboral, la aplicación de un reciente nuevo reglamento, varias sentencias judiciales, una mayoría de ellas favorables a los trabajadores, y el aparente incumplimiento de algunos acuerdos inicialmente alcanzados por parte del equipo de Gobierno.
Esta sucesión de situaciones que ha hecho que los empleados se enroquen ahora en no poder asumir las responsabilidad que, a causa de su actual categoría reconocida por el Consistorio, no les corresponden. Se trata de asuntos que hasta ahora se asumían tácitamente pero que son muy delicados, desde administrar medicamentos a los escolares a atender los comedores, responsabilizarse de intolerancias alimenticias o alergias, diseñar e impartir las unidades didácticas establecidas, arropar la atención a la diversidad o protagonizar actividades deportivas que conllevan algún riesgo.
El portavoz del Grupo Popular, David Fernández, se ha hecho eco de una situación que, les consta, están haciendo llegar “las consecuencias a los centros educativos”, que están echándose para atrás en las actividades ya programadas en el Coto Escolar. Así, por ejemplo, los niños y niñas no podrán, como hasta ahora, montar a caballo, utilizar el rocódromo “y otras propuestas que formaban parte de la programación habitual”. Incluso los profesores acompañantes, y no los monitores, tendrán que ser quienes atiendan la hora del comedor.
Fernández, que anuncia una moción para el Pleno de la próxima semana, exige una mejora de la gestión del equipo de Gobierno y que este cumpla un acuerdo que fue pactado en la Mesa de Negociación, con partidos y sindicatos, poco antes del verano, para “suspender el decreto del 5 de mayo, relativo al cese de las funciones de superior categoría, mantener el desempeño de dichas funciones y continuar abonando las diferencias salariales” hasta que se aplique un nuevo convenio colectivo que zanje la nueva categoría profesional y retribución de la plantilla.
El portavoz denuncia que “el Ayuntamiento no puede responder a una reivindicación laboral legítima limitándose a retirar funciones y dejando que las consecuencias de esa decisión recaigan sobre los trabajadores y los usuarios del servicio”, es decir, los menores de edad, fas familias y los colegios. A estos les hace recaer el Consistorio ahora, ate la situación de bloqueo que se vive, labores tan cruciales como las medicinas, alergias o atención del comedor, como se puede comprobar en los correos municipales enviados y que muchos centros no están dispuestos a asumir, dando marcha atrás en la participación escolar ya programada.