Penas de cárcel para los leoneses José Luis Martínez Parra y Ramón Blanco Balín en la pieza de 'Gürtel' de la visita del Papa a Valencia
La Audiencia Nacional condena a los cabecillas de la trama Gürtel que organizaron la visita del Papa a Valencia con penas de hasta 15 años de cárcel, entre lo que se encuentran los leoneses José Luis Martínez Parra y Ramón Blanco Balín.
El alto tribunal certifica las penas a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al grupo de Francisco Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en Valencia los días 7, 8 y 9 de julio del año 2006.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal han condenado en esta pieza del denominado “caso Gürtel” a 13 años y 7 meses de prisión al líder de la trama, Francisco Correa; a 15 años y 5 meses a su mano derecha Pablo Crespo; a 6 años y 9 meses a su colaborador Álvaro Pérez y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de Teconsa y empresario leonés José Luis Martínez Parra.
El resto de acusados han sido condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel -caso de Jacobo Gordon- a los tres años de Francisco Javier Arnuncio Perugio. En el caso del también leonés Ramón Blanco Balín la condena ha sido solo de 1 año y medio de prisión, porque confesó y pactó su pena con Fiscalía.
En cambio, la Sala ha decidido absolver a dos acusadas para las que la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación en el juicio, Noemí Márquez y Alexandra Andrea Benesovsky, mientras que otros dos procesados fallecieron, Juan Cotino y Luis Sabater Balaguer, por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal.
La Audiencia considera probado que hubo una adjudicación directa por parte del director general de RTVV a favor de la empresa interpuesta por la trama Gürtel, Teconsa, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 con clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado (3.205.375,11 euros).
El contrato se firmó por un precio excesivo a la elaboración formal del expediente administrativo, con la colaboración de los empleados públicos de RTVV, y se antedataron los trámites esenciales con el fin de dotar de apariencia de ilegalidad e incurriendo en el elaborado en sucesivas infracciones de la normativa administrativa.
