Un juzgado de León borra a un trabajador 31.747 euros de deuda y le deja su coche para poder seguir trabajando
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de León ha concedido la liberación total de las deudas acumuladas por un trabajador de la provincia leonesa, liberándole de 31.747,63 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. La resolución, firme y sin posibilidad de recurso, se dictó sin oposición de los acreedores y marca un precedente relevante en la aplicación de este mecanismo legal especialmente porque además le permite conservar su vehículo de trabajo.
El caso pone de manifiesto cómo la normativa no solo facilita a familias en situación de vulnerabilidad económica liberarse de deudas impagables, sino que también protege bienes esenciales para garantizar la estabilidad laboral y personal. En este caso concreto, el trabajador podrá conservar el vehículo que utiliza a diario para desplazarse a su empleo, a pesar de que el préstamo pendiente superaba el valor del coche. Esta medida resulta clave para asegurar la continuidad de sus ingresos y la subsistencia de su familia.
El afectado, que prefiere mantener el anonimato, atravesó en los últimos años un encadenamiento de dificultades: un cambio de empleo con reducción de salario, el cuidado económico de su madre enferma, un accidente laboral que disminuyó aún más sus ingresos y, más recientemente, el nacimiento de su primer hijo. Para afrontar estos gastos tuvo que recurrir a la financiación, lo que le llevó finalmente a ser insolvente.
Actualmente ha logrado estabilizarse con un trabajo que cubre las necesidades básicas de su familia, pero la acumulación de deudas impedía cualquier posibilidad de empezar de nuevo. La exoneración judicial abre ahora esa vía de recuperación.
“La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada para ofrecer una salida real a personas y familias que actúan de buena fe y no pueden hacer frente a sus deudas. Además de perdonar pasivos, protege herramientas imprescindibles para la vida laboral, como un coche necesario para trabajar”, explica Natalia Rodríguez Picallo, la abogada leonesa del bufete colaborador de Reclamaciones Economía Zero, que llevó el caso.
Con esta resolución, se refuerza el mensaje de que este mecanismo legal no solo permite cancelar deudas, sino que también prioriza la protección de los medios básicos de trabajo cuando resultan esenciales para mantener la estabilidad económica de quienes se acogen a él.
