La Audiencia Provincial aboca a un juicio con jurado a tres profesores de la Universidad de León acusados de malversación
La Audiencia Provincial de León ha dictado una resolución que aboca a tres profesores de la Escuela de Minas de la Universidad de León a un juicio con jurado por un presunto delito de malversación al rechazar la pretensión de los acusados de cierre de la causa, originada en una denuncia de la propia institución académica en el año 2023.
El tribunal rechaza el intento de anular la decisión judicial previa de llevar a un juicio con jurado a los tres profesores por el delito de malversación de caudales públicos, el principal que se les imputaba cuando se comenzó a investigar el caso. La Audiencia Provincial entiende ajustado a derecho que sea un jurado quién les juzgue, una circunstancia que se dio tras ser reclamada por la Universidad de León, que ejerce también la acusación particular. El Juzgado de Instrucción nº 5 de León había dictado el auto de procedimiento abreviado para llevarlos a un juicio oral normal, pero la institución académica recurrió que fuera por un jurado, que fue rectificado y aceptado por el propio Juzgado de Instrucción nº 5 de León. Los acusados habían solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa, que fue rechazado.
El caso se remonta al año 2023, cuando una auditoría encargada por la Universidad de León sobre la gestión de los llamados cursos de adaptación al grado en la Escuela de Minas desvelaron hechos presuntamente delictivos que fueron llevados a los tribunales. Estos cursos de adaptación al grado surgieron tras la extinción de los antiguos títulos españoles de diplomaturas y licenciaturas para adaptarse a los del Espacio Europeo de Educación Superior, en el conocido como ‘Proceso de Bolonia’. Mediante estos cursos, antiguos diplomados e ingenieros técnicos podían acceder a un título de grado mediante ‘cursos puente’ que en algunos casos aumentaban sus competencias profesionales.
La Escuela de Ingenieros de Minas de León se realizó la adaptación a los grados nuevos de las antiguas titulaciones de Minas y Topografía entre el 2012 y 2016 por los que pasaron casi 1.800 alumnos, seis veces más que los que convalidó la vecina Universidad de Oviedo, lo que supondría un manejo de fondos de más de tres millones de euros según la denuncia original.
Minas firmó un convenio con los colegios profesionales de Minas y de Topografía para la realización de los cursos, fijándose que la mitad de los ingresos obtenidos serían para la Universidad de León y el resto se lo quedaba el colegio para pagar gastos de los cursos y material para la Escuela, al no poder tener beneficios como colegio profesional. El convenio con Topografía era ligeramente distinto pero el método, exactamente el mismo. El proceso suponía abrir una cuenta corriente con firma mancomunada del colegio y de los responsables académicos, de cuya salida de fondos se origina la denuncia de malversación por varios miles de euros. Los acusados han negado en todo momento irregularidades y señalaron que el sistema fue idéntico al usado por otras universidades y otras titulaciones.
La Universidad de León consideró que los acusados “de forma aparentemente intencionada eligieron indebidamente un instrumento jurídico que les permitió utilizar sin control fondos públicos para aprovechar la 'oportunidad' que representaba la solución legal ofrecida a los ingenieros técnicos de cara a la obtención del Grado, adoptando a tal fin y de forma recurrente decisiones arbitrarias con el fin de favorecer la captación de alumnos, y por lo tanto la captación de fondos públicos con los que se lucraron, tanto ellos personalmente como su Departamento y Grupo de Investigación, así como terceras personas a través de familiares y entidades vinculadas”.
El procedimiento de la Universidad de León se dirigió inicialmente contra cuatro profesores que además ocupaban cargos de gestión de la Escuela de Minas, entre ellos su exdirector y exsecretario. En el procecimiento judicial se ha decretado el sobreseimiento provisional para uno de ellos.
La resolución de la Audiencia Provincial de León rechaza que el cambio de juicio oral normal a un procedimiento con jurado suponga un argumento para anular el proceso, sino que procede que el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, llamado Sección 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, siga el procedimiento adecuado previsto en la Ley del Tribunal del Jurado, llamando a las partes para que se pronuncien sobre este hecho. Posteriormente se decretaría el procedimiento, también susceptible de recurso, lo que puede alargar el procedimiento judicial.