La presunta malversación de fondos públicos, además de otros graves delitos, por parte de la antigua dirección de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad de León llevará al juzgado este 17 de octubre como investigados a cuatro profesores. Entre ellos se encuentran el exdirector de la Escuela, Jorge Blanes, y el secretario de la misma, Alberto González, que niegan los hechos y atribuyen la denuncia “a inquina personal y una lucha de poder”, además de otra profesora y un profesor asociado.
La gestión económica y administrativa de estos cursos ha quedado en cuestión tras una auditoría encargada por la Universidad de León la pasada primavera y que se elevó a la Fiscalía ante la comisión de hasta seis presuntos delitos por al menos cuatro personas que se encargaron de estos cursos, tal y como adelantó El Español. En ella se detallan presuntas irregularidades como serían los propios convenios, gastos supuestamente hinchados, falta de material supuestamente comprado además de otros asuntos presuntamente ilegales. Los imputados rechazan el informa y aseguran que todo el proceso “fue limpio y transparente” y aprobado por la Universidad de León.
Los presuntos hechos delictivos se remontan a la actividad desarrollada entre los años 2012 y 2016 en los llamados cursos de adaptación al grado, surgidos tras la extinción de los antiguos títulos españoles y adaptarse a los del Espacio Europeo de Educación Superior, en el conocido como ‘Proceso de Bolonia’. Mediante estos cursos, antiguos diplomados e ingenieros técnicos podían acceder a un título de grado mediante ‘cursos puente’ que en algunos casos aumentaban sus competencias profesionales. En el caso de la Escuela de Ingenieros de Minas de León se realizó la adaptación a los grados nuevos de las antiguas titulaciones de Minas y Topografía por los que pasaron casi 1.800 alumnos, seis veces más que los que convalidó la vecina Universidad de Oviedo, lo que supondría un manejo de fondos de más de 4 millones, cantidad que los acusados rebajan notablemente.
En la Escuela de Minas de León se firmó un convenio con los colegios profesionales de Minas y de Topografía para la realización de los cursos, fijándose que la mitad de los ingresos obtenidos serían para la Universidad de León y el resto se lo quedaba el colegio para pagar gastos de los cursos y material para la Escuela, al no poder tener beneficios como colegio profesional. El convenio con Topografía era ligeramente distinto pero el método, exactamente el mismo. El proceso suponía abrir una cuenta corriente con firma mancomunada del colegio y de los responsables académicos, de cuya salida de fondos se ponen en cuestión varios miles de euros en la auditoria de acusación. Según Jorge Blanes, de las cantidades recaudadas, que cifra en alrededor de 3 millones de euros, el 60% recayó en la Universidad de León y el resto se gastó en la gestión y otro tipo de recursos perfectamente legales.
En la auditoría encargada por la ULE, fundamento de la acusación, se señala que los presuntos implicados “de forma aparentemente intencionada eligieron indebidamente un instrumento jurídico que les permitió utilizar sin control fondos públicos para aprovechar la 'oportunidad' que representaba la solución legal ofrecida a los ingenieros técnicos de cara a la obtención del Grado, adoptando a tal fin y de forma recurrente decisiones arbitrarias con el fin de favorecer la captación de alumnos, y por lo tanto la captación de fondos públicos con los que se lucraron, tanto ellos personalmente como su Departamento y Grupo de Investigación, así como terceras personas a través de familiares y entidades vinculadas”.
Este informe fue elevado por la Fiscalía al Juzgado, que ha citado para este martes, 17 de octubre, a declarar como investigados, antigua figura de imputado, a cuatro profesores, además de al autor de la auditoría para que ratifique su contenido. Los denunciados sostienen que esta denuncia proviene de una “venganza” y “caza de brujas” de la dirección de la Escuela de Minas, considerando la auditoría como “muy tendenciosa”. En la auditoría, a la que ha tenido acceso este medio, se considera el sistema empleado como fraudulento y se cuestionan métodos de captación de alumnos y varios de los gastos pasados, presuntamente gastados en un material que el informe asegura que no constan en las instalaciones universitarias.
Para la matrícula de los cursos, que el informe explica que costaba el triple que en universidades vecinas como Oviedo, el colegio profesional abrió una cuenta corriente que gestionaba la dirección de la Escuela de Minas, un proceso que el informe apunta a irregular por quedar fuera del control público las tasas cobradas. Según fuentes de la Universidad de León, el proceso de Minas fue muy similar al realizado en otras titulaciones técnicas, pero en alguno de los casos no se ha podido determinar si existen irregularidades al no haber documentación sobre el proceso.
El exdirector de la Escuela de Minas hoy investigado, Jorge Blanes, asegura a este medio que la denuncia “es desafortunadísima” y recalca que el uso de colegios profesionales para los cursos de adaptación al grado fue aprobado en varias titulaciones por el Consejo de Gobierno de la Universidad de León. Rechaza todas las acusaciones sobre la gestión económica, de la que responsabiliza al colegio profesional, y cree que la auditoría es “una manipulación al Rectorado” para llevarle a denunciar ante la Fiscalía.
Sobre las acusaciones de contrataciones a familiares y empresas vinculadas, asegura que “lo desconoce” porque la parte económica la llevaba el Colegio de Minas de León, aunque sí reconoce haber tenido firma en la cuenta que gestionaba los fondos. Blanes señala que no se benefició en particular a su equipo de investigación, como acusa la denuncia, y que los fondos sobrantes se usaron en la mejora de equipos de laboratorios viejos y la dotación de nuevos, además de recuperar patrimonio como un helecho fosilizado gigante restaurado que se encuentra en la nueva Escuela de Minas. Sobre haber cobrado en exceso por la gestión del curso, defiende que el proceso “era brutal” y que el trabajo realizado para la adaptación les supuso jornadas extraordinarias. Según el informe, en gastos de gestión se desembolsaron “344.393 euros”, percibidos mayoritariamente por los cuatro imputados, “siendo la gran mayor parte de ellos no justificables”.
El exsecretario de la Escuela de Minas, Alberto González, asegura a este medio: “No hemos hecho nada”. Añade que tiene ganas de acudir al juzgado para declarar sobre las acusaciones, que cree que se fundamentan “en actuaciones que no eran responsabilidad nuestra”. “Nos sentimos víctimas”, señala, denunciando que la auditoría es “un informe de dudosa legalidad plagado de mentiras y falsedades” que achaca a una “venganza” de la dirección de la Escuela hasta junio de 2023. Reitera que la gestión económica dependía del colegio profesional: “Yo no vi ni una sola factura”.
González es además cargo público, al ser primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo. Su nombre saltó a la esfera pública en el famoso concejo de Villadangos de 2021 donde los vecinos trataron de impedir en una votación el cumplimiento de la ley de memoria histórica con unas exhumaciones de víctimas del franquismo. El concejal aseguró haber recibido asesoramiento del Ministerio de Presidencia, que le desmintió públicamente, mientras instigaba a votar ‘no’ a cumplir la ley, que provocó la intervención de la Junta de Castilla y León para parar esa ilegalidad. De su actual condición de investigado señala que ha informado al alcalde y que espera que este proceso pase pronto al estar “infundado”.
Entre las acusaciones de la auditoría se señala que con el sistema elegido “no solo permitieron eludir la fiscalización de importantes cantidades de dinero público procedente de las matrículas abonadas por el alumnado de la Universidad, sino también sortear las obligaciones legalmente establecidas para celebrar contratos con cargo a dichos fondos, facultado de facto la contratación de servicios y la adquisición de bienes por parte de personas sin competencias para ello, y prescindiendo de las más elementales garantías aparejadas a toda contratación pública”.
La auditoría encargada por la Universidad de León pide que a los investigados se les atribuyan delitos como malversación de fondos públicos agravada, prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, apropiación indebida y organización o grupo criminal, que la justicia dirimirá desde este martes con las primeras declaraciones sobre el caso.
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