Quejas vecinales desvelan falta de control y mantenimiento en el entorno de la muralla por el Ayuntamiento de León
El Procurador del Común de Castilla y León ha llamado la atención al Ayuntamiento de León por las deficiencias detectadas en la conservación y el entorno urbano de la muralla romana y medieval de la ciudad. Lo ha hecho a través de una resolución emitida tras una queja vecinal, en la que se denunciaba la falta de medidas suficientes para proteger y poner en valor este Bien de Interés Cultural (BIC) que goza de la máxima protección por su origen romano y su traza medieval.
La reclamación ciudadana que dio origen al expediente alertaba de la presencia de señales de tráfico, contenedores y otros elementos urbanos situados junto al monumento, además del estacionamiento habitual de vehículos en sus inmediaciones, algo ya destacado hace años por ILEÓN, entre otros desmanes de tráfico en el Casco Histórico. También se advertía de problemas de limpieza y mantenimiento, con pintadas, suciedad, malos olores y restos de deposiciones de animales en distintos puntos del recinto amurallado. Las situaciones no se han corregido en su inmensa mayoría durante años.
La resolución presta una especial atención a los entornos de la calle Puerta Moneda, acceso sur al Casco Histórico y además Camino de Santiago -también protegido como Patrimonio de la Humanidad-, y de la calle Las Cercas, que van desde San Francisco al Barrio Húmedo. Los denunciantes señalaban estos puntos como algunos de los tramos donde más se evidencian las carencias de conservación, cuidado y seguridad. De hecho hace escasas semanas un tramo tuvo que cortarse al tránsito peatonal por algunos desprendimientos. El 'defensor del pueblo' de Castilla y León comparte la necesidad con ellos de que cualquier actuación municipal tenga en cuenta la protección de la imagen del monumento y evite cualquier elemento que altere su contemplación.
Por ello, recomienda al Ayuntamiento que cualquier instalación de mobiliario urbano o señalización se realice minimizando su impacto visual sobre la muralla. Asimismo, reclama reforzar la vigilancia para prevenir actos vandálicos, muy particularmente roturas de la estructura de la muralla, o pintadas que se producen desde hace varios años con impunidad, así como problemas de insalubridad. Finalmente, insta a ejercer un control más estricto sobre el tráfico y el aparcamiento en las zonas próximas al monumento, ya que ahora mismo se produce a diario y sin sanción alguna.
Recientemente, el Ayuntamiento acometió tras una serie de actos vandálicos unas obras de reforma, especialmente de iluminación, en el amplio tramo de Las Cercas. Dos contratos, de 95.000 y 100.000 respectivamente, fueron ejecutados en 2025, también el tramo de la calle Prado de los Judíos, después de quejas no sólo vecinales sino incluso de partidos en el Ayuntamiento como Unión del Pueblo Leonés (UPL).
Ahora, el Procurador remarca que el Consistorio no puede escudarse en ninguna otra institución, como en alguna ocasión ha dirigido al Gobierno central, o a la Junta de Castilla y León, que es competente con carácter general en materia de patrimonio. La institución insiste en que las reclamaciones son competencias municipales plenas, materias como la limpieza, la gestión de residuos, el tráfico urbano o el alumbrado. Y que todos ellos deben orientarse también a preservar y destacar el valor patrimonial de la muralla leonesa, uno de los principales elementos históricos de la ciudad y, además, una de sus principales señas de identidad.
Tres conocerse la resolución del Procurador, a todo ello se sumó esta semana el Partido Popular (PP) en la oposición, que ampliaba el foco y sumaba a las críticas hacia el equipo de Gobierno del PSOE el estado del lienzo en el tramo de la calle Ramón y Cajal, con un “preocupante estado” por la proliferación de hierbajos y vegetación entre las piedras, amén de otros problemas de limpieza y mantenimiento básicos. La conservación de la muralla debe ser una prioridad permanente y no una actuación puntual cuando el problema ya es visible“, señalaba el portavoz popular, David Fernández.
En la actualidad, los trabajos que el Consistorio está realizando bajo el argumento de salvaguardar no tanto la muralla en Las Cercas y sus proximidades sino la mayor visibilidad de ellas consiste en la demolición de dos viejas viviendas de hechura antigua, de las pocas que quedan en pie en el barrio de Santa Ana. Y pronto habrá un derribo más, de modo que en poco tiempo habrán sido tres las casas demolidas. Las actuales sobre las que se trabaja son la situada en la calle las Cercas, número 2, haciendo esquina y colindante con el tramo de muralla, y el número 12 de la plaza del Caño de Santa Ana, con un coste primero de expropiaciones de cerca de 80.000 euros cada una y después en torno a otros 20.000 en cada caso para contratar a la empresa que las eche abajo.
