La Junta dice que permite cazar más fauna silvestre en zonas arrasadas por incendios porque dañan su regeneración

La presencia de animales silvestres en grandes zonas arrasadas por completo por los incendios forestales pone en jaque la restauración natural de esos hábitats. Esa es la lógica oficial de la Consejería de Medio Ambiente que inspira la reciente y polémica decisión de la Junta de permitir la caza deportiva en esos espacios arrasados no tras los cinco años de moratoria que impone su propio a Ley de Montes sino apenas siete meses después de que se extinguieran las llamas en la provincia de León. Buena parte de la cifra oficial autonómica de las 135.500 hectáreas arrasadas en los siniestros forestales del pasado verano, una cifra sin antecedente histórico, afectaron a hábitats protegidos, hasta el punto de impactar de lleno en 107 cotos de caza.

Sin embargo, hay que recordar que también la Junta ha adelantado a poco más de medio año, en vez de los cinco obligatorios, los aprovechamientos ganaderos, de modo que a los rebaños de animales domésticos sí se les permitirá regresar sin restricción alguna a esos mismos lugares quemados.

El contradictorio argumento oficial ha sido hoy expresado y defendido por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Sin referirse a los episodios de grandes incendios de 2025, que quemaron el 10% de toda la superficie forestal leonesa, tanto como la isla de Gran Canaria, el consejero argumentó que “en los últimos años ha habido una evolución al alza de los animales silvestres”, una “alta densidad” que provoca “un impacto”, un “efecto negativo sobre la restauración natural por causa de su alimentación”.

Es por eso que “para favorecer la restauración natural” de los montes quemados “se aconseja esta decisión” de volver a permitir la caza deportiva sin restricciones, incluso en mayor medida que en un año sin ninguna catástrofe natural similar.

Más caza en Riaño incluso que un año normal

Esta semana, de hecho, se conoció además que en la Reserva Regional de Caza de Riaño, gestionada directamente por la propia Junta de Castilla y León, y que según sus datos ardió en un 32% de su superficie total el pasado agosto por el incendio de Barniedo de la Reina, de 19.000 hectáreas, se han subastado un mayor número de permisos de caza que en el año anterior. En concreto, un 13% más, hasta alcanzar este año los 355 permisos cinegéticos, 163 para abatir rebecos, 86 para matar ciervos o 24 ara cabra montés, entre otros.

Pese a datos como estos, Fernández Carriedo afirmó hoy que “la caza es plenamente compatible con el mantenimiento de las especies” y de hecho favorece a “las especies vegetales que tenemos que defender”.

Informes técnicos 'fantasma'

Es un argumento que, tal y como explicó el propio portavoz hace ya dos semanas y reiteró la pasada, recogen detalladamente los “informes técnicos” de la Consejería de Medio Ambiente para justificar estas exenciones normativas, informes en los que “se acredita la compatibilidad”. Sin embargo, en dos semanas la Consejería que preside el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni la dirección general de su mano derecha, José Ángel Arranz, ha facilitado esos informes pese a las reiteradas peticiones de varios medios de comunicación. Tampoco hoy Carriedo ha mencionado el motivo de esa ocultación.

Por todo ello, se han multiplicado las críticas de varias organizaciones ecologistas, que anunciaron un recurso a estas decisiones e incluso acciones judiciales por superponer la recuperación de la caza a la de las especies que sufrieron los desastres de los históricos incendios en agosto de 2025.