La Junta ampara las expropiaciones del primero de los cinco macroparques solares troceados de Órbigo y Páramo

93.420 paneles como estos se prevén sólo en uno de los cinco parques casi idénticos en el Órbigo y el Páramo.

Carlos J. Domínguez

27 de marzo de 2024 09:35 h

Parece imparable el desarrollo de los cinco macroparques solares que el grupo Lamelas Viloria impulsa desde hace años entre las comarcas leonesas del Órbigo y el Páramo, casi todas ellas afectando o implantadas en el municipio de Villadangos del Páramo, y que su conjunto ocuparán un total de 453 hectáreas para generar una potencia de 250 megavatios con unos 140 millones de inversión prevista, instalando en total 757.500 paneles solares.

Se trata de un claro ejemplo de un único proyecto troceado en diferentes partes, con nombres distintos pero en muchos casos colindantes e impulsados por el mismo grupo empresarial del magnate minero Manuel Lamelas Viloria, para que los tramite la Junta de Castilla y León, al no superar ninguno de ellos los 50 Mw, ya que en caso se incrementarse esa potencia generadora hubiera sido el Ministerio quien se tendría que hacer cargo de toda la tramitación.

El más avanzado de ellos en tramitación aparece este miércoles, en víspera de un largo puente festivo, en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP). Se trata de La Llanada, que como se ha dicho bordea el límite para que sea Industria en León y no el Ministerio quien lo tramite, con una potencia de producción futura de 49,997 de kilovatios pico.

Tan avanzado está que lo que se abre ahora es una de las últimas tramitaciones, de la que depende que la compañía tenga todos los parabienes para poder expropiar un total de 83 grandes fincas de 127 propietarios diferentes, todas ellas agrícolas, que mayoritariamente pertenecen al municipio de Cimanes del Tejar, en la comarca del Órbigo, aunque la futura macroplanta afectaría también a Villadangos en su salida a la línea de evacuación del Nudo Vilecha, que llega hasta León capital y también apura sus últimos trámites.

Para poder expropiar, el proyecto de La Llanada, ya arropado por la Junta en todos los trámites previos, incluidos los ambientales, debe conseguir ahora autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública. Y como recoge el propio Boletín textualmente “la declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa”.

Llegan otros cuatro

Idénticos pasos han de dar también sus proyectos 'hermanos', de la misma compañía y en zonas próximas, entre el Órbigo y Villadangos del Páramo, llamados El Monte, Roteles, La Fenera y Valtarafón, todos ellos también de prácticamente la misma futura potencia generadora, extensión y número de paneles, que sólo en La Llanada se concretan en e 93.420 módulos fotovoltaicos para una inversión prevista de 23.490.414,30 euros.

Este último trámite se abre ahora a información pública, de modo que se pueden presentar alegaciones por un plazo de 20 días a partir de hoy, que se publica el anuncio. Todos los datos deberían estar disponibles en este enlace para su consulta durante este tiempo, aunque en ocasiones anteriores ha habido retrasos en su publicación formal.

Ya en fases anteriores, organizaciones como el sindicato agrario Asaja o Ecologistas en Acción, entre otros, presentaron alegaciones contra el desarrollo de los cinco macroparques fotovoltaicos troceados, a pesar de que la Junta de Castilla y León había garantizado de manera categórica que no permitiría estas maniobras de dividir en partes lo que fuera, claramente, un proyecto unitario y común. Pero el Gobierno autonómico se ha saltado ese compromiso y este es un ejemplo más.

Ataques de la Junta

De hecho, el sindicato agrario Asaja ha emitido hoy un comunicado en el que acusa al Gobierno autonómico, formado por PP y Vox, de haber “elegido aliados” y permitir “que las eléctricas echen a los agricultores de sus tierras”.

Asaja recuerda a la Junta que no existe el 'interés general' en el que se fundamenta la Ley de Expropiación, “ya que el territorio en el que van a asentar el negocio, el de Castilla y León, es excedentario en la producción de energía eléctrica, y que el lugar elegido no es el único posible, es sencillamente el que más le interesa al promotor desde el punto de vista económico”. 

El sindicato leonés augura que “agricultores y propietarios de tierras rústicas se van a sentir indefensos ante los poderosos que impunemente apisonan sus derechos”. Y concluye recordando al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “defender el campo es también ponerse de parte de los agricultores en situaciones como esta”.

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