Bierzo Aire Limpio denuncia ante la Fiscalía a la Junta por dejar quemar a Forestalia un año sin permisos esenciales
La ONG ecologista Bierzo Aire Limpio ha presentado sendas denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante el Presidente de la Junta de Castilla y León contra la empresa Forestalia, impulsada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta. El motivo es que considera que considera su “planta de incineración de biomasa en Cubillos del Sil (en la comarca del Bierzo) lleva más de un año a pleno rendimiento sin haber presentado la comunicación de inicio, equivalente a la licencia de actividad”. Por este motivo, solicitan la apertura de un expediente sancionador y la inmediata paralización de la actividad en la planta.
La ausencia de licencia fue notificada el pasado 23 de agosto por la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León mediante oficio remitido a Bierzo Aire Limpio, en el que el Jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, Jaime Fernández Orcajo, certifica que “hasta el día de la fecha no se ha recibido la comunicación de inicio de actividad de la planta de producción de energía eléctrica en Cubillos del Sil, titularidad de Fuerzas Energéticas del Sur de Europa I, SL”.
“Al no haber presentado la empresa la comunicación de inicio mediante la correspondiente declaración responsable, este Servicio no dispone de más información”, aseguraba la Junta de manera oficial.
Para Bierzo Aire Limpio, la comunicación de inicio es el “equivalente” al permiso de apertura, en base al artículo 38 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y “es imprescindible para el funcionamiento de la planta”. “Así se lo impone también la Autorización Ambiental Integrada” que vio la luz en el Boletín Oficial de Castilla y León (BoCyL) del 17 de abril de 2018.
“Para obtener la licencia de inicio, Forestalia debe aportar, entre otros documentos, la autorización de vertido del Ayuntamiento de Cubillos del Sil; el informe de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil sobre la puesta en marcha de las instalaciones de depuración; la autorización de captación de aguas; certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización ambiental; certificación emitida por un organismo de control ambiental; libros de registros de mediciones de emisiones de contaminantes atmosféricos; y acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la autorización ambiental y en concreto las referidas al cumplimiento de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental”, rememora la ONG berciana.
Sin embargo, insisten en que “a día de hoy Forestalia no dispone de ninguno de estos siete documentos, pese a lo cual lleva funcionando más de un año a pleno rendimiento, habiendo quemado más de 300.000 toneladas de biomasa, simulando públicamente que la empresa cuenta con todos los permisos, cuando no es así”.
Para ellos, se trata de algo que también certifica el Ministerio para la Transición Ecológica que, en oficio de 17 de junio de 2020, manifiestaba literalemente que “no consta a estos servicios técnicos que la empresa cuente con autorización de vertidos para las aguas industriales y pluviales del titular de las redes de saneamiento a las que se conecten, ni que el titular de las citadas redes cuente con autorización para la conexión de la red de aguas residuales del polígono industrial a la red general de colectores del saneamiento del Bierzo Bajo, así como de autorización de vertido de la red de aguas pluviales al dominio público hidráulico”.
políticamente, censuran que “los órganos de la Consejería de Medio Ambiente y Fomento” que dirige el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, “vienen permitiendo que la incineradora de Forestalia ejecute una actividad industrial contaminante con total naturalidad, sin que ninguna autoridad haya paralizado la actividad, por lo que Bierzo Aire Limpio ha puesto todos los hechos en conocimiento del Fiscal Especial de Medio Ambiente”.
Actividad “ilícita y peligrosa”
“La misma empresa y el Consejero de Fomento que la protege —sabedores de su situación ilegal— han anunciado varias veces públicamente el inicio de actividad a bombo y platillo en los medios, generando una política de hechos consumados, una apariencia de legalidad, ocultando que carece de los certificados y documentos para su inicio”, aseguran.
Por eso, tienen claro que “estamos ante un claro trato de favor constitutivo de prevaricación por omisión al permitir a una empresa controlada parcialmente por la propia consejería de Fomento funcionar sin los permisos legales”. De los hechos denunciados ante la Fiscalía, la ONG extrae que “se han podido cometer varios delitos ecológicos, contra la salud pública y contra la seguridad laboral por parte de los responsables de Forestalia, así como delitos de prevaricación por omisión por parte de los responsables de la Junta de Castilla y León”.
“Estamos ante una actividad, además de ilícita, peligrosa, como sabemos por los incendios ocurridos en fechas recientes, sobre los que consta denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ponferrada”, recuerdan.
Esa “actividad ilícita”, que se desarrolla “impunemente”, incluye incineración en fase de pruebas (con los correspondientes vertidos no autorizados); tráfico intenso de camiones (“a Forestalia ya llegan 50 camiones al día, ha insistido Quiñones”, ante los medios de comunicación el 12 de octubre de 2020); y la ingente cantidad de madera y astillas acumulada por Forestalia en el polígono de Cubillos, “ocupando ilegalmente” no solo varias parcelas anexas a la incineradora, sino un parking de camiones y varios kilómetros de vía pública. “Todo ello en flagrante delito, que no sería posible sin la complicidad de las autoridades públicas obligadas sin duda a intervenir”, afirman.
Finalmente, Aire Limpio solicita a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente que investigue los hechos, tomando declaración testifical a los funcionarios María Cebrián Amigo y Diego Fompedriña Roca, jefes del servicio de vertidos y del área de gestión medio ambiental de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil; y que que solicite al Seprona de la Guardia Civil la comprobación, así como que se decrete la suspensión de la actividad y la clausura de las instalaciones en tanto no cuenten con todas las autorizaciones legalmente exigibles“.