El celador de la Reserva de Caza de Ancares, Alberto Garcia, juzgado como presunto autor del incendio que arrasó 305 hectáreas de monte en la reserva de Los Ancares en 2011, ha sido declarado no culpable por el jurado popular tras su deliberación este jueves.
El jurado popular, formado por seis hombres y seis mujeres, ha deliberado la tarde de este jueves acerca de las acusaciones de incendio forestal y delito continuado de incendios que pesaba sobre el acusado. El jurado ha rechazado las pruebas presentadas por el Ministerio Fiscal y acusaciones particulares, formadas por la Fundación Oso Pardo y Ecologistas en Acción, concluyendo con la declaración de no culpabilidad del mismo. El punto fundamental ha sido el rechazo del jurado a la veracidad del testimonio de algunos de los testigos que han declarado en el juicio, que se ha desarrollado durante tres días en la Audiencia Provincial de León.
Veredicto.
En la lectura del fallo a cargo del portavoz del jurado, se explicó que la decisión se había tomado por unanimidad atendiendo al hecho de que una mínima mayoría había considerado que los testigos que dijeron ver al acusado desde el 'punto 2' no tienen “suficiente credibilidad” como para considerar culpable al celador de Medio Ambiente.
El magistrado dictó sentencia y declaró la libre absolución de Alberto García de los delitos de los que se le acusaba. De esa manera, quedaron sin efecto las medidas cautelares que se le habían impuesto, entre las que se encontraban el alejamiento de los montes públicos, el abandono de su puesto de trabajo y una fianza de unos 12.000 euros. Igualmente se confirmó que las costas serán de oficio.
Durante su declaración en la sesión del pasado lunes, el acusado insistió en su inocencia en respuesta al interrogatorio del fiscal y las acusaciones. “Yo no he hecho nada”, reiteró en su declaración. Alberto García negó la autoría de los hechos y las argumentaciones del fiscal sobre que él fuese la única persona localizada en el lugar donde se registraron los dos focos del fuego en la franja horaria en la que se inició.
La Fiscalía y la Junta pedían cinco años de prisión para el presunto autor del incendio de Ancares acusado de un delito de incendio forestal intencionado con la agravante del daño causado a una Reserva Natural. A la petición de cárcel se añadía una responsabilidad civil por daños, perjuicios y gastos durante los trabajos de extinción, que elevaba la cuantía de la indemnización que se le exigía a 295.000 euros, además de pagar una multa de 18 meses. Por su parte, la acusación particular emprendida por Ecologistas en Acción elevaba la petición de cárcel a los 18 años.
El incendio, declarado el 19 de octubre de 2011, afectó al municipio de Villafranca del Bierzo y a las entidades locales menores de Porcarizas, Villar de Acero y Campo del Agua, en los parajes de Valiña Grande y Ouru. La totalidad de la superficie quemada, unas 350 hectáreas, se encuentra incluida en las figuras de Espacios Protegidos Red Natura 2000, es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Sierra de los Ancares'y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 'Sierra de los Ancares'. El espacio natural 'Sierra de Ancares' también está incluido en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.
A la finalización del acto de lectura del veredicto del jurado, Alberto García se abrazó a los familiares que le acompañaban en la sala, antes de abandonar la Audiencia Provincial. El abogado de Ecologistas en Acción, Simón López Quero, expresó su respeto hacia la decisión del jurado, aunque aclaró que no era compartida “en absoluto”, por lo que aseguró que tendrá que analizarse en asamblea con otras asociaciones al tratarse de una noticia “muy triste” ante la que no descartó recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Por su parte, el abogado defensor del acusado, Enrique Beaumut, estimó que el jurado “ha hecho justicia” y expresó su convencimiento “desde el principio” de la inocencia de su defendido que “se ha visto ratificada por el jurado popular”. De esta manera, el abogado confirmó que Alberto García podrá reincorporarse a su puesto de trabajo, acercarse a montes públicos y se le devolverá la fianza depositaba. “No había pruebas, había sospechas y conjeturas”, concluyó.
Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que valorarán la fiscalías y las acusaciones particulares.
Extinción del incendio
En la extinción del incendio intervinieron un total de cinco técnicos, nueve agentes forestales, ocho cuadrillas terrestres, dos cuadrillas helitransportadas, una dotación de fuerzas del ejercito, dos autobombas, tres bulldozer y cinco helicópteros. El incendio quedó controlado a las 17,19 horas del día 20 de octubre de 2011 y extinguido a las 19,38 horas del día 21 de octubre de 2011. Por el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León se activó el nivel 2 de emergencias.
La valoración total de las pérdidas ocasionadas, estimación de impacto ambiental y gastos de extinción ascienden a 295.775,48 euros.