Vecinos de varios barrios del sur de León, como Puente Castro o La Lastra, entre otros, se manifestaron hoy frente a la sede del Ayuntamiento de la capital antes de entregar al Procurador del Común más de 2.000 firmas de rechazo a la planta de incineración de biomasa que la Junta se prevé construir como parte de un gran complejo de combustión y parque solar junto al cementerio municipal y el río Bernesga.
Las plantas son impulsadas por la sociedad pública Somacyl, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con todo el apoyo del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de León desde que se presentó por todo lo alto en 2022 con más de 70 millones de euros de inversión bajo el nombre de Red de Calor, que incluye otra planta de combustión de biogás y otra de producción de hidrógeno.
“Estas macroplantas pueden provocar olores, contaminación, gases tóxicos, sustancias nocivas e incluso tener filtraciones por las tuberías que van a poner y contaminar el agua. No entendemos cómo la zona sur está apaleada de manera constante por este ayuntamiento de León”, subrayó la portavoz del colectivo, Ruth Sanz, quien confirmó que llegarán a los tribunales si el proyecto sigue adelante.
Pendientes de una posible reunión con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos Suárez´-Quiñones, reprochan que el Ayuntamiento “se lave las manos” y deje toda la responsabilidad en manos de la Junta. Recuerdan que el actual alcalde, el socialista José Antonio Diez, en su día se opuso a otra de las tres ubicaciones previstas y apoyó a los vecinos que la rechazaron. Primero en el barrio de Eras de Renueva, luego en Cantamilanos y finalmente ya en el municipio vecino de Villaquilambre, todos ellos finalmente desechados por las protestas. “No entendemos que los partidos políticos de esta ciudad nos hayan dejado tirados a los vecinos de la zona sur”, censuran ahora.
“No se nos ha explicado qué beneficios va a traer esto para la población de León. No sabemos cuántos edificios se van a ver beneficiados. No sabemos si la subvención que van a cobrar se va a ver en intereses para la ciudad”, argumentó entre gritos y pancartas con lemas como ‘Renovables sí, pero no así’, ‘No queremos mierda’ o ‘La salud no se vende’.
Con un amplio calendario de movilizaciones previsto, aseguran que llegarán “hasta donde haya que llegar” en su intento de revertir la ubicación de una iniciativa declarada ya hace muchos meses como Proyecto Regional, y por lo tanto blindada por la Junta, a pesar de que se hayan presentado cerca de 300 alegaciones, rechazadas en su mayoría al haberse solventado ya favorablemente el impacto ambiental.