El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha sacado a licitación, a través de un proceso negociado y sin publicidad, la contratación de las obras del patio del colegio Teodoro Martínez Gadañón de San Andrés, a las que se destinarán cerca de 90.000 euros.
La actuación se centrará en la reparación del pavimento, que en la actualidad presenta importantes grietas y desniveles, a fin de evitar que los escolares sufran caídas o lesiones, teniendo en cuenta que es la zona que utilizan para la práctica de deporte y actividades de ocio.
La adecuación, en la medida de lo posible, de los centros educativos públicos del municipio es una prioridad para el equipo de Gobierno, que reservó partidas económicas para distintas actuaciones, entre las que también se incluyen la reposición del suelo del parvulario del Antonio Valbuena y la instalación de una visera en el Trepalio.
Con estas medidas, pretende contribuir a paliar las deficiencias que presentan las instalaciones de estos colegios, cuya titularidad recae en la Junta de Castilla y León, atendiendo así a las necesidades más urgentes, a la espera de la renovación integral que la alcaldesa ha reivindicado a la consejería de Educación en multitud de ocasiones.
De hecho, técnicos municipales ya elaboraron en los primeros meses de la legislatura una memora técnica que cifra en 670.000 euros las reformas necesarias tanto en el Teodoro Martínez Gadañón como en el Trepalio, cuyos edificios tienen, en algún caso, hasta medio siglo de antigüedad.
El Ayuntamiento aprovechará las vacaciones escolares para acometer las actuaciones previstas, de manera que puedan estar listas con el inicio del curso.
En el caso concreto del patio del Gadañón, se cuenta con un plazo de un mes para la ejecución de la obra una vez que se haya adjudicado el contrato.
Más inversiones
El Pleno celebrado ayer aprobó una transferencia de crédito de 723.000 euros en el Presupuesto de 2017 que, entre otras cosas, supondrá un aumento en el capítulo de inversiones.
En concreto, se verá incrementado en 350.000 euros que serán destinados a la implantación de la administración electrónica; una adaptación a la que obliga la ley que, además, repercutirá en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
Con este aumento, que ha sido posible por el ahorro que generan las nuevas condiciones de los créditos ICO, el capítulo de Inversiones del Presupuesto de 2017 se eleva desde los 614.000 hasta los 964.000 euros.