El Grupo Popular en la Diputación de León ha denunciado pagos en concepto de horas extras de más de 76.000 euros en el mes de diciembre a bomberos del Sepeis (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento), debido a la escasez de personal, lo que supone un “sobrecoste” equivalente a algo más del salario de dos bomberos durante un año.

Los populares, que acusan al equipo de gobierno de la institución provincial de “mala planificación”, destacan que ello supuso que 42 profesionales tuvieran que incrementar sus horas laborales por encima de las 37,5 horas semanales estipuladas, sumando, de una manera conjunta, un total de 3.077 horas acumuladas durante el último mes de año 2025.

Ello supone, según indican, que se realizaran en un solo mes casi dos veces la jornada anual de un bombero establecida en 1.642 horas al año, estando obligada la compensación económica, tal y como recoge el informe ratificado por el diputado de Protección Civil y Sepeis, Luis Alberto Arias, “hasta que no se produzca la incorporación efectiva de funcionarios para la cobertura ordinaria de los turnos de trabajo”, explicó.

El Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León prevé que los parques de Tipo 2, que son los que están actualmente en funcionamiento en la Diputación de León, han de estar dotados con 3 intervinientes como mínimo presenciales las 24 horas.

El informe del servicio correspondiente al mes de diciembre de 2025 aclara que el número de efectivos es en la actualidad de 58, número que resulta insuficiente para que, con la jornada actual de funcionarios del Sepeis, puedan realizar la cobertura de los 4 parques existentes con 3 efectivos los 365 días del año.

Se ha podido leer recientemente, en algunas publicaciones apócrifas, que la Junta de Castilla y León ha empezado a difundir que comienza a percibirse un malestar creciente entre la ciudadanía por la proliferación de integrantes de la cabaña ursina, es decir, del número de osos que se ha alcanzado, un éxito tras los denodados esfuerzos por recuperar la población de osos en la codillera Cantábrica, su último reducto. Al parecer, comienzan a alzarse voces teóricamente preocupadas por el incremento del número de osos en lugares como los Ancares, montes del Teleno o las posibles incursiones por tierras de Sanabria.

Traducido al cristiano, quiere decir que hay una preocupación entre la ciudadanía por la recuperación y expansión de esta especie, que ha costado no pocos esfuerzos recuperarla y, felizmente, en expandirse. Incluso parece traslucirse la conveniencia de su control y, porque no decirlo, la reducción del número de integrantes. Conviene señalar que tanto la población de osos, como la de linces o urogallos se considera en grave riesgo de extinción. El censo de oso y del lince parece estar en franca progresión, de estos últimos se han hecho sueltas en lugares tan apartados de sus hábitats relictos como pueden ser Aragón o Cerrato de Palencia, pasando por Ciudad Real.

Una de las singularidades del territorio leonés es que, dada la relativa proximidad del nuevo hábitat del lince en Palencia, lo que fácilmente permitiría incluso su implantación en León, podríamos contar en esta provincia con la representación faunística más vulnerable y por lo tanto con los últimos reductos que albergan especies emblemáticas: oso, lince, urogallo, rebeco, etcétera. También tenemos especies domésticas que sólo son nuestras, como el mal llamado mastín español, el carea, ahora denominado perro pastor leonés –la cuestión es siempre difuminar todo lo que suene a leonés– o la mantequera leonesa.

Viene todo este largo exordio para llamar la atención sobre un tema que inevitablemente acabar siendo motivo de polémica en León, cuando lo sea en el resto de la comunidad en la que hemos tenido a desgracia de haber caído. Inevitablemente el Partido Popular, que rige los destinos de Castilla y León desde tiempos inmemoriales –no se aplica aquí la monserga que se le aplicó a Andalucía cuando se censuraba que hubiera estado gobernada por el PSOE desde hacía treinta y siete años– se verá abocado a pactar con Vox porque de lo contrario ejercería un gobierno como si se tratase de un funambulista ebrio y ello tiene serios inconvenientes.

Enemigos reales, e irreales, de Vox

Una de tales contrapartidas es que Vox, con su particular política de alertar continuamente contra enemigos, reales algunos, irreales los más (emigrantes, menas, musulmanes, izquierdosos y un amplio surtido) propondrá como apoyo a ganaderos y cazadores la eliminación del lobo hasta límites que se decidirán así que se pueda aplicar dicha medida sin la oposición del gobierno central o el gobierno de la Comunidad Europea. Los populares se han sentido atraídos por el recurso simplón y vistoso de congraciarse con el campo y sobre todo con los ganaderos combatiendo a esta especie maldita. Así es que ahora, con viento de cola a favor, la tentación difícilmente va a ser postergada.

Sin embargo, hay razones de peso para rechazar categóricamente esta medida y vamos a tratar de exponer aquí algunas de ellas. En los frescos del panteón de San Isidoro aparecen recogidas figuras de pastores con sus perros, posiblemente mastines, que se empleaban para defender los rebaños del ataque de los lobos. No se precisa poseer una mente privilegiada para saber que los lobos han podido causar daños, pero nunca diezmaron la cabaña ovina y caprina. Téngase en cuenta la demografía de los tiempos medievales y la superior densidad de monte que permitirían a esta especie campar a sus anchas. Súmese la trashumancia y tenemos el escenario completo de los actores de este drama que nunca fue decisivo. 

Los daños ocasionados por las enfermedades son muy superiores a los que causa el lobo, aunque son menos magnificados y desdeñados porque no se ve sangre. Muchas personas que viven en zonas loberas saben que, si el lobo puede alimentarse de otro modo que no sea atacando a un rebaño bien protegido, –en la costa de Lugo se está haciendo incluso con asnos– prefiere no arriesgarse a encuentros poco recomendables con perros y cazadores. 

En resumen, el sector ovino y caprino tiene problemas mucho más serios que Canis lupus, como pueden ser el abandono del sector por muchos pastores, poca profesionalización, escasa ayuda al pastoreo y a la comercialización de sus productos, problemas sanitarios o escasa atención a la España rural donde pervive este modelo de ganadería intensiva. En el Órbigo viven de forma permanente muchos pastores procedentes de las montañas de Luna que ya mueven poco sus rebaños hacia los pastos tradicionales. La trashumancia ya casi es una reliquia del pasado.

Mentiras sobre los lobos

Y para terminar un regalo a los detractores de esta emblemática especie en forma de pequeñas píldoras que no admiten controversia. Se dice que el último ataque de un lobo a un humano fue hace, como mínimo, aproximadamente treinta años. No se recuerda la muerte de ninguna persona en España por el ataque de un lobo. Pasteur estudió la rabia en personas de Rusia atacadas por lobos que padecían la enfermedad y aún así habían sobrevivido al ataque en las estepas de aquel país. Los lobos, por su apariencia feroz, que la tienen, han sido retratados como la encarnación del mal y han dado origen a las supersticiones más variopintas como la del lobishome o la licantropía, amén de cuentos para asustar a los niños, lo cual puede tener algún sentido en la infancia, pero no parece de recibo en personas adultas.

Y ya sólo un apunte final. Los perros son los herederos de unos lobos que se fueron acercando hace miles de años a poblaciones nómadas de los antiguos humanos y se fueron adaptando a la convivencia atraídos por los restos de comida que recibían. El hombre domesticó al lobo y obtuvo infinidad de razas caninas que, como demostró Darwin, si pudieran cruzarse libremente y desapareciera toda selección, volvería a emerger la figura del lobo desde el mejor amigo del hombre, dicho sin eufemismo alguno. Muchos de quienes acabarán decretando la persecución del lobo tendrán perros en sus casas.

¿Firmarán la sentencia de muerte del ancestro de sus mascotas, sencillamente por haber conservado su condición primigenia? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

La provincia de León suma desde principios de este año un coto de caza menos. Y no es un coto cualquiera. No sólo es un amplio espacio en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna sino que llegó a mover mucho dinero por lo preciado de sus rebecos. También se sitúa en terrenos de monte público que fueron el mismo escenario de una maniobra ilegal para que se cediera por 40 años a una sociedad privada, un caso que acabó con la condena por un delito de corrupción del anterior alcalde del Partido Popular (PP) en el municipio de Sena de Luna, donde el coto se ubica.

El caso, muy enrevesado, ha tenido que llegar al más alto tribunal de la Comunidad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que confirmara íntegramente. Ahora ya de forma definitiva se produce la anulación del coto privado de caza LE-11336, desestimando los argumentos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y de la Comunidad de Propietarios de la finca rústica donde el coto, Puerto Cubil, se ubicaba.

Hace ya casi un año de la resolución judicial final, dado que la sentencia 616/2025 data de mayo de 2025, pero fue declarada firme el pasado 12 de noviembre de ese mismo año. El auto ratifica sin tocar una coma el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, el cual ya había anulado en junio de 2024 la resolución administrativa que permitió la creación del coto, santificada por la Junta, al considerar que no se ajustaba a derecho.

Incumplía el requisito del tamaño

El origen del litigio se remonta a 2021, cuando la Junta Vecinal de Robledo de Caldas recurrió la puesta en marcha de este coto privado de caza, promovido por la Comunidad de Propietarios de Puerto Cubil y que fue autorizado por Medio Ambiente. En aquella época el presidente pedáneo era al mismo tiempo el histórico alcalde, José Celestino García, a su vez también miembro del Club Deportivo de Caza El Negrón, al que se le pretendía entregar la gestión por 40 años de un coto en el mismo monte por espacio de 40 años.

Para poner en marcha este, Puerto Cubil, se declaró que disponía de una superficie declarada de 524,82 hectáreas. Pero según los tribunales no cumplía con uno de los requisitos esenciales establecidos por la Ley de Caza de Castilla y León: acreditar la titularidad de al menos 250 hectáreas.

El Juzgado primero y el TSJ después han considerado probado que la comunidad promotora no logró demostrar ni de cerca dicha superficie. La documentación aportada presentaba importantes contradicciones: mientras una escritura de 1899 situaba la extensión en unas 92 hectáreas, otros documentos posteriores hablaban de entre 113 y 200 hectáreas. No fue hasta un acta de 2019 cuando se elevó la cifra a más de 500 hectáreas, basándose únicamente en datos catastrales.

Y es aquí donde el Alto Tribunal recuerda que el Catastro tiene efectos fiscales y no sirve por sí solo para acreditar la propiedad o la superficie real de los terrenos a efectos civiles. También argumentó que no se justificó el incremento de extensión declarado.

Otro de los aspectos clave del fallo es la confirmación de la legitimación de la Junta Vecinal de Robledo de Caldas para recurrir la constitución del coto. El tribunal considera que la entidad local menor estaba directamente afectada, ya que los terrenos en disputa incidían tanto en su propio coto de caza, el LE-10715, como en el monte de utilidad pública número 155, de su titularidad.

Extinción del coto y terrenos vedados

La Junta de Castilla y León esperó todavía cerca de dos meses para ejecutar la sentencia que daba la razón a la Junta Vecinal, la cual estaba representada por el entonces procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, el abogado Ricardo Gavilanes, después elevado a portavoz popular en el Parlamento. No ha sido hasta el pasado 14 de enero de 2026 cuando el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez, dictó resolución ordenando la extinción del coto LE-11336, como la sentencia mandaba.

Como consecuencia, los terrenos han pasado a tener la consideración de vedados, lo que implica la prohibición total de la actividad cinegética en tanto no se produzca una nueva autorización. Además, el anterior titular del coto ha tenido que retirar toda la señalización existente en los plazos que marque la administración.

Un coto marcado por la polémica política y judicial

La anulación de este coto se suma a la intensa conflictividad judicial que rodea a la gestión cinegética en Robledo de Caldas, especialmente tras el caso que afectó directamente al exalcalde de Sena de Luna, José Celestino García (PP).

En mayo de 2024, el propio TSJ de Castilla y León ratificó la condena contra el regidor por un delito de prevaricación, imponiéndole nueve años de inhabilitación para cargo público. La sentencia confirmó que, en 2019, García se autoconcedió derechos de caza durante 40 años en su condición de presidente de la Junta Vecinal, beneficiando al Club Deportivo de Caza El Negrón, del que formaba parte.

Los tribunales consideraron probado que actuó “consciente y gravemente” contra la legalidad y en perjuicio de los vecinos, en una operación que el fiscal resumió como un “yo me lo guiso, yo me lo como”. Aquella decisión también fue anulada posteriormente por la vía contenciosa. Aunque el PP se resistió, finalmente la condena obligó al entonces alcalde a dimitir, cerrando una etapa de décadas al frente del Ayuntamiento, pero dejó abierto un escenario de litigios en torno a los aprovechamientos cinegéticos de la zona que ahora suma un nuevo capítulo con la desaparición definitiva del coto de Puerto Cubil.

Como lo he visto en diversos medios, y el debate es interesante, me sumo al Campeonato Nacional de Bolas de Cristal (CNBC), patrocinado por la bruja Averías, o por uno de esos canales televisivos que ocupan las horas de la basura.

Una vez que hayan pasado las elecciones andaluzas, donde lo previsible es que las izquierdas se metan una leche de campeonato, el presidente del Gobierno tendrá que elegir el momento para convocar las generales. Le queda un año y muy bien podría esperar ese plazo, para que los suyos acumulen panza y salarios, que de eso va en gran medida la cosa, pero si quiere ganar otra vez, y parece que ese es su deseo, su mejor baza es jugar con los plazos, los tiempos, y el sentir popular, que no parece muy favorable en estos momentos a la corriente conservadora.

Y si se trata de aprovechar los tiempos y los sentimientos, Pedro Sánchez no va a tener una ocasión mejor de pillar a contrapié a esos ceporros máximos que son Feijoó y Abascal, apoyando a Trump, poniéndose de perfil cada vez que se habla de aumentar el gasto militar y, en general, lamiendo botas extranjeras. Eso es algo que cabrea mucho a los españoles en general, y los cabrea de manera transversal, piensenlo que piensen los estrategas de Vox y el PP:

Pedro Sánchez no va a encontrar una causa mejor para que los suyos no se queden en casa, alimentando la abstención que acabaría con él, según el guión previsto. Si en cualquier debate electoral pregunta a los candidatos conservadores qué piensan hacer con el gasto militar, los verá esconderse en la cueva de un grillo, porque ni pueden decir que lo contendrán ni pueden decir que lo aumentarán. Y a medida que pasen los días y se comiencen a poner las cosas chungas, con posibles restricciones de la movilidad por falta de combustible, todo irá peor para esa derecha trumpista que no ha sabido leer a sus votantes. En mayo, si la cosa no se arregla por algún milagro, podemos estar cociéndonos ya en salsa trumpiana.

Es una simple cuestión de sociología: Abascal es prosionista, pero sus votantes no. Feijóo es trumpista, pero sus votantes no.

En estos momentos los dos partidos de la derecha son prisioneros de sus amos, o de sus patrocinadores, o de cómo carajo les queráis llamar. Pero prisioneros, al fin y al cabo.

La tentación de seguir un año más y que ahí se las den todas puede ser muy fuerte, pero el presidente del Gobierno ha demostrado que sabe arriesgar cuando hay que arriesgar. Sánchez tiene la ocasión de explotar esa cuña y lo creo lo bastante inteligente, o con el suficiente olfato para haber detectado esa brecha. Es su oportunidad. Es su ventana. Tiene que esperar a que pasen las elecciones andaluzas del día 17, y convocar elecciones generales acto seguido. Es la suya.

Apuesto por elecciones a primeros de julio.

Hagan juego.

El Ayuntamiento de Astorga ha dado a conocer un valioso escudo real de Amadeo I de Saboya, una pieza histórica que permaneció guardada durante más de siglo y medio sin que se conociera con exactitud su origen. El hallazgo, presentado por el actual alcalde del Partido Popular (PP), José Luis Nieto, junto al presidente del Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, Arsenio García Fuertes, que además fue su antecesor en el cargo, supone un “hito histórico” para la ciudad y un ejemplo excepcional del patrimonio heráldico español, han destacado en rueda de prensa.

El escudo, bordado artesanalmente sobre seda y tafetán, habría sido elaborado en Astorga entre diciembre de 1870 y enero de 1871, coincidiendo con la llegada al trono de Amadeo I. Tras la conveniente investigación histórica, se ha determinado que la pieza formó parte de la antigua bandera municipal, de color rojo, en la que compartía espacio con el escudo local de la Hoja de Roble. Tras la proclamación de la I República en febrero de 1873, fue descosido, conservando aún restos de la tela original en sus bordes.

Durante 153 años, el emblema permaneció custodiado en el conocido como ‘Cofre de las tres llaves’ del Ayuntamiento, junto al histórico Pendón de Clavijo. A diferencia de lo ocurrido en otros municipios españoles, donde símbolos monárquicos similares fueron destruidos, el escudo astorgano logró preservarse, lo que lo convierte en una rareza: apenas se conservan media docena de piezas similares en todo el país, destacó el regidor.

La obra presenta, además, peculiaridades que aumentan su interés. Los cuarteles de leones y castillos aparecen intercambiados, otorgando preeminencia al Reino de León sobre Castilla, y el escusón de la Casa de Saboya muestra los colores invertidos, fondo blanquecino con cruz roja, lo que a García Fuertes le sugiere una ejecución apresurada o con errores en su confección.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta recuperación es fruto de la colaboración con el Centro de Estudios Astorganos y permitirá acercar a vecinos y visitantes una parte poco conocida de la historia local. El escudo será expuesto próximamente, consolidándose como una pieza clave para entender el pasado institucional y simbólico de la bimilenaria ciudad.

El PSOE pondrá en marcha un plan de extensión de listas municipales, una vez que se constituyan las Cortes de Castilla y León, con el objetivo de aumentar su techo electoral en la comunidad.

Así lo ha anunciado este martes el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, tras la reunión de trabajo celebrada en León con representantes de la ejecutiva provincial y procuradores electos del PSOE de León, dentro de la ronda de encuentro provinciales que viene manteniendo tras las elecciones autonómicas

En comparecencia ante los medios de comunicación junto al secretario de Organización del PSOE de León, Daniel San José, De la Rosa ha destacado el trabajo de los socialistas de León que han llevado al PSOE a ser la primera fuerza política en la provincia con el 28,3% de los votos y ha apelado a seguir trabajando para aumentar el techo electoral en las elecciones municipales de 2027.

En esta línea, el responsable de Organización de los socialistas de Castilla y León ha trasladado un mensaje de optimismo y responsabilidad para trabajar de cara a incrementar ese techo electoral.

“El objetivo para el próximo año es ganar más alcaldías y concejalías, analizando municipio por municipio para ampliar su base electoral”, ha explicado.

De la Rosa ha trasladado que el PSOE va a trabajar a nivel autonómico “mano a mano” con cada una de las ejecutivas provinciales, grupos de diputados provinciales y en cada comarca con las agrupaciones locales para ir configurando las listas de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que como ha recordado, a diferencia de los municipios de más de 20.000 habitantes no tiene establecido procedimientos orgánicos, como las primarias, para configurar las candidaturas municipales.

El responsable socialista ha insistido que tienen que “seguir apostando” por los compañeros que necesitan un impulso en sus municipios, y por “encontrar a los mejores candidatos en cada municipio”.

Para De la Rosa, es vital incrementar el techo electoral en un escenario político en el que prácticamente las mayorías absolutas ya no existen, por lo que la “gobernabilidad de los ayuntamientos depende de la capacidad de llegar a acuerdos con otras formaciones”.

Acuerdos que, en el caso del PSOE, son más complicados, ya que el “voto útil hacia el PSOE” en las últimas elecciones es “obvio” con la desaparición de las formaciones a la izquierda del PSOE en la mayoría de las provincias de la Comunicad, un voto útil que también ha recogido el PP y que ha sido fundamental para mejorar sus resultados electorales, ha señalado De la Rosa.

Dudas en torno al pacto PP-Vox

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León ha mostrado este martes sus dudas con que PP y Vox puedan cerrar un acuerdo antes del próximo día 14 para la conformación de la Mesa de las Cortes, por lo que ha apuntado a que su grupo no “renuncia a nada para tener la mayor representatividad posible” en ese órgano de la Cámara.

En declaraciones a los medios en León, De la Rosa ha sostenido que es presumible que ambas formaciones puedan llegar a un firmar un acuerdo de legislatura, coalición o gobierno, pero “quizás no”.

Y ha recordado los problemas que están teniendo en las negociaciones para llegar acuerdos esos mismos partidos en Extremadura y Aragón y como se están dilatando en el tiempo.

Por lo que ha augurado que este posible acuerdo seguramente “tardará y, por lo tanto, nos mantendremos a la expectativa”.

El alcalde de Arganza, Javier Ovalle, de Coalición por El Bierzo, rompe el acuerdo de gobierno que mantenía con el Partido Popular y seguirá al frente del Ayuntamiento en minoría, tras comunicar la ruptura al concejal 'popular' Vicente Barrio.

El regidor ha evitado profundizar en los motivos de la decisión y se ha limitado a señalar a la agencia EFE que se ha debido a una “pérdida de confianza” en quien ejercía como teniente de alcalde, lo que ha precipitado el fin del pacto.

La nueva situación política abre una etapa de mayor complejidad en la gestión municipal, ya que el equipo de gobierno dependerá del respaldo puntual de otros grupos para sacar adelante los asuntos clave.

Entre ellos figuran los presupuestos municipales, actualmente prorrogados, o la gestión de los Fondos de Cooperación de la Diputación de León.

En este contexto, Ovalle confía en poder alcanzar acuerdos con el resto de formaciones representadas en el pleno, en un consistorio donde el equilibrio de fuerzas es ajustado.

Tras las últimas elecciones municipales, Coalición por El Bierzo y el PSOE obtuvieron tres concejales cada uno, mientras que el PP obtuvo un edil, cuyo apoyo permitió a Ovalle acceder a la Alcaldía mediante un pacto que ahora queda roto.

En un municipio como Arganza, con menos de 5.000 habitantes, no es obligatorio constituir junta de gobierno, por lo que la actividad municipal se articula principalmente a través de plenos trimestrales, donde deberán resolverse las decisiones más relevantes en esta nueva etapa sin mayoría estable. 

Coalición apoya al alcalde

El portavoz del partido Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, ha trasladado este martes su apoyo al alcalde de Arganza, Javier Ovalle, tras la ruptura del acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Según ha explicado Alonso, la decisión no ha sido repentina, sino fruto de un proceso de reflexión ante discrepancias en cuestiones clave para el municipio.

“El alcalde llevaba tiempo valorando un cambio por la pérdida de confianza en el PP en algunos aspectos relacionados con el desarrollo de Arganza”, ha referido.

Desde la formación bercianista consideran que esta nueva etapa en minoría es viable. “Sabemos lo que supone gobernar así, pero confiamos en que lo hará bien”, ha sostenido Iván Alonso.

En ese sentido, ha incidido en la necesidad de mantener el impulso en actuaciones relevantes, especialmente en materia de infraestructuras, citando vías como las de Cacabelos a Canedo, Magaz de Arriba o San Juan de la Mata, además de mejoras en telecomunicaciones.

Además, ha valorado el trabajo desarrollado por Ovalle en los últimos años, con logros como el mantenimiento de la escuela y la contención de la pérdida de población.

El Ayuntamiento de León tendrá que afrontar una vieja deuda de hace ocho años, un 'recado' envenenado que procede de la heredada de la última Corporación municipal del Partido Popular (PP). Supondrá un desembolso obligado por una sentencia judicial que superará los 100.000 euros, relacionada con el viejo proyecto de la primera fase de reforma del Parador Nacional de la capital leonesa, en León conocido como Hostal de San Marcos.

En concreto, el actual equipo de Gobierno que preside el alcalde socialista, José Antonio Diez, deberá devolver más de 100.000 euros, entre la cuantía principal, intereses y costas judiciales. El dinero tendrá que ser ingresad en la cuenta de la unión temporal de empresas (UTE) encargada de la reforma del Parador de San Marcos en el año 2018. Se trata de la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, la cual que corrigió el cálculo de varios impuestos municipales a aquella obra, en concreto en abril de hace ocho años. Aunque la resolución judicial fue dictada el 26 de septiembre de 2022, ha cobrado plena actualidad después de que la Junta de Gobierno Local acordara su ejecución en la sesión celebrada el pasado 6 de marzo: de este modo, la Corporación asume que ya no hay forma de pleitear más e impedir el pago.

El fallo de 2022 obliga al Consistorio a rehacer las liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la Tasa por Licencia Urbanística (TLU). El Alto Tribunal autonómico dio la vuelta a una decisión judicial previa, que desestimaba la reclamación de la UTE. Pero las dos empresas, ambas del grupo FCC -FCC Construcción y FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas-, consideraban que se inflaron indebidamente las bases imponibles sobre las que aplicar ambos tributos durante la tramitación de las obras del emblemático monumento leonés, después de años de incumplimientos y retrasos en esa reforma.

Como consecuencia, finalmente el TSJ reconoce a las compañías el derecho a recuperar exactamente 98.923,30 euros abonados en exceso al Ayuntamiento, una cantidad que supera con creces los 100.000 euros se suman los intereses legales de tantos años y las costas del proceso que formaron parte de la condena final.

El origen del litigio se remonta a las liquidaciones complementarias giradas por el Ayuntamiento en relación con la primera fase de las obras de reforma del Hostal de San Marcos. Aquellos trabajos habían sido prometidos en origen por el Gobierno central socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, iniciados con retraso por el popular de Mariano Rajoy y retomado después por otro socialista de Pedro Sánchez, pero en todo momento ejecutadas durante el mandato local del PP, siendo alcalde Antonio Silván y Agustín Rajoy, primo del presidente estatal, como el concejal de Hacienda y Régimen Interior que firmó los cobros mal calculados. La UTE recurrió dichos cálculos al considerar que se habían incluido conceptos improcedentes en la base imponible, elevando artificialmente la cuantía a pagar.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León inadmitió el recurso al entender que la UTE carecía de legitimación activa, al no ser el sujeto pasivo directo del impuesto, condición que consideraba que le correspondía a Paradores de Turismo de España como promotor de la obra, y no haber interpuesto recurso previo en su propio nombre. Sin embargo, el TSJ en un auto consultado por ILEÓN revocó este criterio y dio la razón a las empresas, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que reconoce legitimación a quienes asumen contractualmente el pago de los tributos o actúan como sustitutos del contribuyente al ejecutar la obra.

Más allá de la cuestión formal, el núcleo del conflicto residía en cómo se determinó la base imponible del impuesto de construcción y de la tasa urbanística. El tribunal establece que ambos tributos deben calcularse exclusivamente sobre el coste de ejecución material de la obra, excluyendo partidas como los gastos generales y el beneficio industrial, los honorarios profesionales -entre ellos los derivados del seguimiento arqueológico que obligatoriamente hubo que hacer -y que deparó algunas sorpresas- y los costes de seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos.

Asimismo, la sentencia determina que debía aplicarse la baja de adjudicación, que se cifró en 25,16% menos, incluso en las liquidaciones provisionales, al reflejar el coste real y efectivo de la obra. Como resultado de estas correcciones, la base imponible se reducía desde más de 17 millones de euros iniciales hasta exactamente 10.772.772,58 euros, lo que rebajaba de forma significativa la carga tributaria. De ahí entiende el Tribunal que surge el derecho a devolución de la mayo cifra pagada en su día.

A pesar de los ocho años transcurridos desde el inicio de aquella polémica y seis desde que se inaugurara aquella primera fase que transformó interiormente el monumento protegido de San Marcos, no sin una fuerte polémica por el gran cambio de su aspecto, todavía sigue pendiente la prometida segunda fase, que debería ampliar en gran medida el espacio de alojamiento y servicios del Parador de cinco estrellas, dado que a día de hoy no se alcazan ni las 50 habitaciones de las casi 300 que tenía antes de la primera fase. El actual Gobierno lanzó en marzo de 2023 la última promesa del diseño de la ampliación, con más habitaciones y espacios para eventos y bienestar, y se cumplen ahora tres años sin más noticias ni de inversión ni de plazos de ejecución.

El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas ha aprobado este lunes la moción de censura que ha culminado con la elección de la socialista Vicenta García como nueva alcaldesa del municipio, tras obtener el apoyo de los concejales del PSOE y de otros dos ediles de la oposición: un tránsfuga del PP, Pablo Pérez Rubio, y el edil leonesista Óscar Cívicos

El pleno extraordinario ha puesto fin al mandato del Partido Popular, que hasta ahora ostentaba la Alcaldía tras ganar las elecciones municipales con 5 concejales por 3 del PSOE y 1 de UPL. El PSOE toma ahora el poder con el apoyo de un concejal no adscrito tras abandonar el PP y el de un edil que se presentó en 2023 por UPL y que achaca al Ejecutivo municipal popular el no haber podido conformar grupo municipal por esas siglas (Cívicos también es pedáneo de Villómar). La hasta ahora regidora, Camino Lozano (PP), llegó a acusar en días pasados al PSOE de “robar la Alcaldía”.

La nueva regidora ha defendido que la moción responde a la necesidad de “recuperar la estabilidad institucional y los servicios públicos” después de “tres años de funcionamiento insostenible en el Ayuntamiento”, marcados —según ha dicho— por la “falta de diálogo y entendimiento”.

“Juntos vamos a trabajar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Mansilla se merece una estabilidad”, ha afirmado García en su intervención tras ser investida, insistiendo en que el municipio “necesita más impulso, más cuidado en su día a día y una gestión centrada en mejorar la vida de los vecinos y vecinas”.

La nueva alcaldesa ha explicado que sus prioridades pasan por “restablecer los servicios públicos deteriorados durante los últimos años” y “abrir vías de comunicación con todos los grupos municipales”, una relación que —según el PSOE— se encontraba “prácticamente suspendida” bajo el anterior equipo de gobierno del PP.

El Grupo Municipal Socialista había justificado la moción en el “bloqueo institucional y la parálisis” del Ayuntamiento, que, a su juicio, impedían llevar adelante proyectos básicos para el municipio. Con la nueva mayoría acordada, esperan “reorientar el rumbo del Consistorio” en lo que resta de mandato.

La sesión plenaria ha contado con la presencia de varios cargos orgánicos del PSOE, que han arropado a García y al resto de concejales socialistas. Entre ellos, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio; el secretario de Organización del PSOE de León, Daniel San José; el secretario de Política Municipal, Octavio González; el secretario de Relaciones Institucionales, José Pellitero; y el secretario de Grupos Municipales en la Oposición, Urbano Seco.

Con la moción aprobada y la nueva Alcaldía constituida, Mansilla de las Mulas abre una etapa política distinta a poco más de un año para que concluya el actual mandato municipal.

El Partido Popular respalda la gestión de Camino Lozano como alcaldesa de Mansilla de las Mulas y denuncia la “operación política del PSOE” al promover “con un tránsfuga y un concejal no adscrito que se presentó por UPL en 2023” una moción de censura que “va en contra de la voluntad de los ciudadanos, que han votado mayoritariamente al PP”. La moción se debatirá mañana lunes 30 de marzo.

“Una vez más, el PSOE ha mostrado su verdadera cara, su auténtico objetivo político al promover una moción de censura, justo un día después de las elecciones autonómicas donde los ciudadanos de Mansilla han demostrado su respaldo a las políticas del Partido Popular con más del 30% de los votos y un incremento de más de 5 puntos respecto a 2023”.

Los populares inciden que la gestión de Camino Lozano ha impulsado la actividad, las inversiones en el municipio, “como lo demuestran los más de 2 millones de euros que ha invertido la Junta”, a lo que se pueden añadir nuevos proyectos entre los que se prevén, incluso, la dotación de viviendas públicas para afrontar la necesidad de nuevos residentes en el municipio.

“Esta moción de censura no se promueve por la gestión, ni por el sentir de los ciudadanos contra el Gobierno de Camino Lozano. Es simplemente una muestra de un PSOE a la deriva que quiere conquistar los gobiernos municipales a costa de lo que sea”, remarcan desde el PP de León, al tiempo que consideran que “los ciudadanos de Mansilla tomarán buena nota y el próximo año, en las elecciones municipales, decidirán si prefieren un gobierno serio, con resultados contrastados como el que ha representado Camino Lozano o un gobierno donde priman intereses que nada que tienen que ver con Mansilla y sus ciudadanos”.

El PP de León considera que “ni los tiempos, a un año de las próximas elecciones, ni el momento, justo al día siguiente de las elecciones autonómicas donde el PP crece y el PSOE ha retrocedido, justifican una moción de censura que tendrá, seguramente, consecuencias negativas para sus promotores”.

“Esperemos”, prosiguen, que “esta decisión, que va en contra de lo que han manifestado en las elecciones municipales y autonómicas los ciudadanos, no suponga la paralización de los proyectos en marcha como vendetta contra el Partido Popular”.

Justificación de la censura por Óscar Cívicos, concejal de la UPL

Por su parte, el concejal leonesista –que asegura que no se le dejó formar grupo como la UPL por parte de la Corporación dirigida por Lozano– y alcalde pedáneo de Villómar, Oscar Cívicos, ha reiterado su compromiso con el desarrollo y bienestar de su pedanía y del conjunto del municipio, tras más de 15 años de dedicación a la política local.

“Durante este tiempo, Cívicos ha trabajado con distintos equipos de gobierno, manteniendo siempre como prioridad la mejora de los servicios e infraestructuras de Villómar. En este sentido, ha señalado la importancia de fortalecer la cooperación institucional para da respuesta ágil a las necesidades de los vecinos”, explica la Unión del Pueblo Leonés en una nota de prensa. 

“Mi objetivo siempre ha sido y sigue siendo trabajar por Villómar y por Mansilla, buscando soluciones y entendimiento en beneficio de todos”, ha destacado Cívicos.

En relación con la moción de censura en el ayuntamiento Cívicos ha subrayado que se trata de una iniciativa orientada a abrir una nueva etapa basada en el diálogo, la colaboración y la gestión eficaz. “El momento actual requiere responsabilidad y voluntad de entendimiento. Afrontamos esta nueva etapa con la intención de trabajar de forma constructiva por el conjunto del municipio”, ha señalado, para trasladar un mensaje de confianza a los vecinos, reafirmando su compromiso de seguir defendiendo los intereses de Villómar y contribuyendo al progreso de Mansilla de las Mulas.

Los españoles somos dados a caricaturizar. Tiene fácil explicación: de norte a sur y de este a oeste del territorio, las idiosincrasias son diversas. Al catalán se le identifica con la laboriosidad y seriedad, al gallego con la indecisión, al vasco con una fanfarronería simpática, al leonés con la parquedad oral del que concede gran valor a la palabra, y al andaluz con la jarana y los decorados de que se acompaña en forma de gracejo narrativo. Son clichés de salir al paso, pero orientativos en un esbozo de urgencia.

Los andaluces no calan como ejemplo de sensatez por el predominio de su frivolidad, de su visión de la vida como una sucesión ininterrumpida de chistes y chascarrillos que saben arrancar la carcajada a los demás. Sin embargo, este invierno felizmente dejado atrás, esta región española recibió el castigo de la crueldad refinada de las catástrofes técnicas y meteorológicas. En el haber de su balance, un accidente ferroviario con cuarenta y siete muertos y un encadenamiento de borrascas que provocó centenares de desalojos de hogares por inundaciones.

Andalucía ha sido un territorio agredido que, gracias a su intransferible filosofía, ha sabido llevar con una dignidad que es ejemplo para situaciones similares de pasado y futuro. Y a ello ha prestado un papel decisivo el buen ejercicio de la política cuando se trata de arrimar el hombro por el bien común, la ayuda sin militancias y el objetivo de paliar efectos dañinos sin conjeturas de réditos electorales.

Andalucía y Valencia

Con un año de diferencia, hemos asistido a dos ejemplos de gestión de catástrofes opuestos en resultados y consecuencias. No hay punto de comparación con la dana de Valencia, de octubre de 2024, y su demoledora estadística de 230 muertos. Esta es un modelo de ascensión terminológica de desgracia a apocalipsis. 

Tampoco resisten el careo las actitudes de poder. En el Levante español, desde el minuto uno se empezó por el final: la asunción de responsabilidades, servida en el microondas de las pasiones. Dos administraciones, la central y autonómica, de distinta sensibilidad política, echándose en cara, con todo el muestrario de descalificaciones, dejadeces de actuaciones puntualmente recogidas en la legislación. Y para rizar el rizo, un presidente de territorio desertando de sus obligaciones en pleno ojo del huracán, al instalar su cuartel general en un templo del buen beber y mejor comer.

La administración autonómica andaluza, del mismo partido que la valenciana, huyó del sectarismo partidista. Desde el palacio de San Telmo y desde la Moncloa, se planificó con vocación de servicio a la comunidad el exigido auxilio y consuelo a las víctimas. Las responsabilidades políticas, si las hubiera, no se han obviado, siguen su curso. Y es de esperar que se salden con conclusiones satisfactorias que ayuden a corregir y no a enmierdar.

La mala racha invernal de Andalucía ha calcado la tranquilidad ciudadana cuando percibe estar protegida por políticas de colaboración entre Gobierno y oposición, sobre todo en sucesos que tienen como resultado inmediato la adopción de remedios efectivos y rápidos, no apresurados, que es lo que viene a ser las más de las veces.   

El lenguaje partidista de los últimos años solo recorre la dirección de la descalificación al oponente con el único objetivo entre ceja y ceja de descabalgar y acceder al Gobierno, el que toque. No hay propuesta o debate parlamentario, en el que la opinión pública oiga hastiada la palabra dimisión acompañada de lexicografía de tugurio. 

Moreno Bonilla

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, es un dirigente claramente desmarcado de la táctica encanallada de su partido. Ha hecho de su labor de gobierno una acción sosegada, sin estridencias ni chirridos, como, por ejemplo, la de Madrid. En su primer gobierno, necesitó de las coaliciones, e instalado en el palacio de San Telmo, gobernó con la tranquilidad que le facilitó la mayoría absoluta en feudo genético del socialismo. Ha anunciado la cita con las urnas para el territorio el próximo 17 de mayo. Parte con la ventaja de que las encuestas le atribuyen el mejor resultado para el PP en las rondas electorales de los últimos meses. Una mayoría absoluta le libraría de las ataduras de Vox y seguir con el talante conciliador de su estrategia habitual. Válido se hace el dicho de más moscas se atrapan con miel que con hiel. 

El político andaluz tuvo que bregar en vísperas de los sucesos de Adamuz y de las borrascas con una crisis, la de los cribados del cáncer de mama, que fue un torpedo en la línea de flotación de su credibilidad. Actuó rápido, cortó las cabezas que hubo que cortar, y no se enzarzó en las confrontaciones estériles del y tú más. Aguantó el embate, y cuando tuvo ocasión de recuperar las bridas del corcel con la colaboración ofrecida por el Gobierno Central, llevó tranquilidad a una comunidad angustiada.

Juanma es el político de una derecha que toda sociedad democrática y madura acepta como un deseado contrapeso a izquierdas que hacen del progresismo un cajón de sastre con batiburrillo confuso de aciertos y disparates. El presidente andaluz es ahora un verso suelto en el PP (cuidado con el fuego supuestamente amigo), que, desde su cúspide y ciertos satélites parlamentarios, ve cómo el liderazgo conservador de estas siglas se pone en jaque siguiendo el mismo camino de amistades peligrosas que ha recorrido el PSOE. Si tiene que gobernar con Vox, arrendarle las ganancias será un acto de fe en toda regla. Nada más confuso para el votante que quien fue matriz ideológica de la derecha se convierta en sucursal.

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, aseguró que su formación está “ofendida por las gracietas” tanto del ministro de Transportes, Óscar Puente, como del secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, sobre la idiosincrasia de la Región Leonesa y ha asegurado que “de momento” se reunirán con el PP.

“De momento vamos a reunirnos con el PP. El PSOE ha intentado hablar con nosotros, pero estamos bastante ofendidos con las gracietas de Óscar Puente y de Carlos Martínez”, ha señalado Gallego en declaraciones a la Agencia EFE.

El ministro, especialmente en su etapa como alcalde de Valladolid, tuvo varios enfrentamientos tanto con la Unión del Pueblo Leonés como con el alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), por declaraciones que fueron identificadas como provocaciones hacia la identidad de la Región Leonesa.

Provocaciones de Óscar Puente

Puente, en diciembre de 2019, como regidor de Valladolid, se mostró crítico con la aprobación de la moción en favor de la autonomía leonesa en el Ayuntamiento de León, que calificaba de “aventura” que “no se había meditado”.

“Salamanca y Zamora, las dos provincias que debían acompañar en la aventura a León ya han dicho que no quieren ir en ese barco. Parece que la iniciativa no se ha meditado lo suficiente y trata de poner la venda sobre la herida sin haber pensado claramente en cuáles son las causas de que esa herida esté ahí”, aseguraba.

A su juicio, el hecho de plantear la moción que defendía que León saliese de la actual Comunidad Autónoma era una consecuencia de querer “culpar al de fuera” por no verse “capaces de arreglar su propia situación”.

“Cuando no tienen una solución a los problemas de su tierra buscan un culpable fuera que les sirva de justificación para su incapacidad de resolver los problemas que tiene su tierra. Esa es la explicación más razonable”, aseguró.

Críticas infundadas a los leoneses

Además, en junio de 2024, en una entrevista en Onda Cero, Puente aseguró que León necesitaba “políticos con mejores ideas” y el pasado noviembre, durante su participación en la Fiesta de la Rosa de Candeleda (Ávila) el ministro obvió a León en el nombre de la Comunidad Autónoma, lo que le valió las críticas de varios colectivos leonesistas.

En esa fiesta Puente recordó un verso de una canción del Nuevo Mester de Juglaría que reza “desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar” y añadió que “Castilla va a renunciar por fin a la mediocridad”.

“Hacer gracietas o el payaso constantemente no es propio de un ministro”, ha señalado Gallego.

Insulto a lo leonés de Carlos Martínez

Al mismo tiempo, Gallego ha mostrado su descontento con las declaraciones del candidato del PSOE Carlos Martínez durante estas elecciones, tanto por omitir la ‘y’ en el nombre de la Comunidad Autónoma, como por asegurar que “León era una Castilla dentro de la propia Castilla”.

Ya en precampaña la UPL criticó que el PSOE afirmase que “habría que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia” unas semanas antes de la intervención de Puente en Candeleda.

“O no entiende la birregionalidad de la Comunidad o se burla de la identidad de la Región Leonesa” afirmaron entonces desde la UPL.

Todas estas declaraciones, ha asegurado Gallego, “no le hacen gracia ni al partido, ni a los votantes”.

Reunión este jueves con Mañueco sin pedir puestos

La UPL, ha insistido, “no va a regalar votos, ni va a dar cheques en blanco, pero eso no significa que busquemos puestos. La Mesa de las Cortes es importante, pero no para un reparto de cargos sino para una toma de decisiones”, ha insistido.

La formación se reunirá este jueves con Alfonso Fernández Mañueco con la premisa de apoyar “lo que sea bueno para la Región Leonesa”.

Además, Gallego ha anticipado que aprovecharán la jornada del jueves para mantener contactos con Soria Ya, con quien trabajaron “a gusto” y con Por Ávila, para tratar de llegar a un acuerdo que desemboque en la creación de un grupo mixto “con el objetivo de que los tres podamos tener la mayor visibilidad”. 

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha detallado este martes ante los medios una sentencia judicial que considera ilegales dos bandos municipales del gobierno del alcalde José Antonio Díez (PSOE), de noviembre de 2024 y febrero de 2025, que permitieron el corte de tráfico en la peatonalizaciones de varias calles del centro de la ciudad (Gil y Carrasco, Alfonso V, San Agustín y Ramiro Valbuena).

Para Fernández esta sentencia, del juzgado Contencioso-Administrativo de León, ratifica la paralización cautelar que ya había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en junio de 2025 y que de nuevo “da un varapalo no sólo a la decisión del alcalde, sino también a una manera de actuar que ya viene siendo habitual en el señor Diez”.

El portavoz popular ha explicado que el juez declara los bandos de la Alcaldía como nulos de pleno derecho por ser un procedimiento totalmente diferente al que se debería haber utilizado, que sería la aprobación de una ordenanza en el Pleno.

La sentencia también recoge la omisión total de procedimiento administrativo, lo que genera una clara vulneración de derechos: tanto a los ciudadanos como a los concejales, “porque evita que podamos participar en la actividad política del Ayuntamiento de León a través del Pleno”, ha recalcado el edil. Para Fernández, la sentencia evidencia “una manera de actuar cesarista y despótica -de alcalde-, una actitud que se encuentra totalmente al margen de la ley y hoy tenemos un nuevo caso”.

“Estamos hablando de una cuestión básica, el respeto al ordenamiento jurídico. Y no será porque no tuvo advertencias, ya que cuando cerró estas calles, ahora ya ilegalmente a través de los bandos de Alcaldía, le alertamos públicamente desde el PP de que era ilegal pero no escuchó”, ha añadido el concejal. Posteriormente, el PP municipal presentó una queja ante el Procurador del Común, cuyo dictamen fue favorable a las tesis del principal grupo de la oposición.

Por todo ello, Fernández ha vuelto a comparar la forma de gestionar de Diez con la de Sánchez: “Lo mismo que el presidente del Gobierno gobierna a espaldas del Parlamento, de las Cortes, aprobando decretos, Diez utiliza los bandos para esquivar en este caso a los diferentes grupos políticos presentes en la Corporación”.

“Estamos por tanto ante un patrón, ya habitual, en el alcalde que a nosotros nos parece preocupante: la toma de decisiones de manera improvisada y con decisiones discrecionales”, ha concluido Fernández.

Al calor de los recientes comicios autonómicos, y dándole una vuelta al eslogan 'Aquí, certezas', no he podido evitar una pequeña reflexión, con todo el respeto y una pizca de ironía. 

Hace apenas seis meses regresé a mi tierra, León, concretamente a San Miguel del Camino (Valverde de la Virgen), donde debo decir que la acogida ha sido extraordinaria: como si lleváramos aquí toda la vida. 

Dicen que las comparaciones son odiosas, y probablemente lo sean, pero entre Asturias y León, primos hermanos, uno empieza a notar matices… especialmente en lo sanitario. 

Y es aquí donde el eslogan cobra un nuevo sentido. Quizá habría que afinarlo ligeramente: “Aquí, certezas… pocas”. 

Hablemos claro. La sanidad en Valverde de la Virgen funciona, sí, pero gracias al esfuerzo casi heroico de sus profesionales, que cada día sacan adelante el servicio con más imaginación que medios. McGyver, a su lado, sería residente de primer año. 

Mientras tanto, el municipio crece. De 7.300 habitantes en 2020 a cerca de 9.000 en la actualidad, y más de 11.000 tarjetas sanitarias si contamos desplazados. Todo un éxito demográfico… que, curiosamente, no viene acompañado del mismo entusiasmo en recursos sanitarios. 

Seguimos prácticamente igual que hace cinco años. O quizá no: ahora somos más, pero con lo mismo. 

Por comparar (aunque sean odiosas): Armunia, con cifras similares, dispone de pediatría y Punto de Atención Continuada (PAC) hasta las 22.00 horas. En Valverde, en cambio, hemos optado por una solución innovadora: no ponernos enfermos por la tarde ni en fin de semana.

Funciona regular. 

Nuestros niños deben desplazarse a Trobajo del Camino, donde los pediatras, además de atender a su población, hacen malabares para cubrir la nuestra. Confiemos en que tampoco enfermen ellos. 

Eso sí, se proyectan más viviendas, crece el polígono de Villadangos y se habla –con razón– de fijar población. Solo falta un pequeño detalle: dotar de servicios a esa población que queremos fijar. 

Porque fijar población sin sanidad es como invitar a cenar sin comida: la intención es buena, pero el resultado, mejorable. 

Así que, con todo el respeto institucional, quizá el eslogan podría ajustarse a la realidad: “Aquí, certezas… pocas”. Al menos en materia sanitaria. 

Atentamente, 

Marcos Reguera García 

Un vecino agradecido, pero también paciente.

El pleno del Ayuntamiento de Villablino aprobó el presupuesto municipal para el año 2026 que asciende a 6.304.202,83 euros. Tiene un incremento de 231.516,52 euros, sobre el del pasado año, que supone un 3,8%.

El acuerdo contó con el respaldo de diez votos, los seis del grupo socialista y los cuatro de la coalición de izquierdas Podemos-IU y la abstención de los tres integrantes del grupo popular.

El alcalde, Mario Rivas, agradeció el respaldo de la coalición de izquierdas entendiendo que con su posición favorece la creación de “un clima social adecuado para afrontar los restos de futuro”, máxime al comprender que es difícil asumir y apoyar unos presupuestos “que no has hecho, aunque hemos tratado de consensuarlos lo más posible”.

La portavoz de la coalición Podemos-IU, Silvia Mozo, argumentó su sentido del voto en que varias partidas se van a destinar a propuestas hechas por su grupo, entre las que nombró las destinadas a la adecuación del matadero municipal, el estudio para la construcción de un campo de fútbol de césped artificial, el incremento de las dotaciones a juntas vecinales o el apoyo al patsuezu.

Por su parte, el portavoz accidental del Grupo Popular, José Antonio Lamagrande, calificó el paquete presupuestario como “acertado”. Y defendió su posicionamiento en la disconformidad especial con la celebración del Festival de Exaltación del Fisuelo, al entender que se debería desvincular de Santa Bárbara para “sacarle un mayor rendimiento al gasto”.

Y recordó que gracias a su abstención se aprobaron los presupuestos del pasado año. No obstante, el alcalde defendió la celebración en esa fecha como una forma de potenciar la festividad minera y anunció la posibilidad de crear una semana cultural en torno a Santa Bárbara, propuesta que también tiene el visto bueno de la coalición de izquierdas.

Con todo ya definido, se enzarzaron unos turnos de réplicas y contrarréplicas los dos grupos de izquierdas, más de elogios y muestras de buena voluntad “una vez acabado el proceso electoral”, con una voluntad de gestos para buscar una “unidad de acción para hacer un frente común y exigir ante a las administraciones superiores”, explicó Guillermo Murias (Podemos-IU).

Las intervenciones llevaron a Lamagrande a afirmar que, en lugar de ser el día de San José, “más parece el día de San Valentín”, quizá recordando un poco lo agrio del debate presupuestario del pasado año; comentario que no fue del agrado de la portavoz de la coalición.

Las cuentas registran un notable incremento en el capítulo de inversiones, en parte gracias a la reducción de la deuda municipal, que, según explicó la socialista Mercedes Fisteus, en “este momento la deuda viva es de un 66,41%”, casi la mitad de la que dejó el último mandato de la también socialista Ana Luisa Durán, que superaba ya el límite permitido por el Ministerio de Hacienda.

Y un asunto al que ninguno de los grupos hizo mención es la anomalía económica estructural, que desde hace décadas supone para la entidad municipal el desmesurado capítulo de gastos de personal, que en este ejercicio asciende a un 57% del total.

El Partido Popular (PP) de Sahagún ha tenido que acudir a un mecanismo excepcional previsto en la normativa electoral para completar su equipo de Gobierno, al rechazar tomar posesión la totalidad de los miembros de la última lista electoral y haber transcurrido un año con un acta vacante.

Tras la dimisión de la concejala popular Soraya Bernal Carbajal hace prácticamente un año, la formación ha designado a Julia Carracedo Díez como nueva edil en el Consistorio. Esta incorporación se produce después de que, en insólita cascada, no se haya encontrado relevo ni entre los cinco candidatos que no obtuvieron acta en las elecciones de mayo de 2023 ni tampoco entre los tres suplentes de la lista. Ello ha obligado a la administración local a aplicar el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General e iniciar un farragoso proceso administrativo que ha culminado este fin de semana con la publicación en el Boletín Oficial del estado (BOE).

Este precepto legal permite que, ante la falta de posibles sustitutos con ganas de asumir el acta en la papeleta original, las vacantes sean cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad designado por el partido. La alcaldesa de la villa, Paula Conde, ha defendido la elección de una persona externa a la candidatura inicial argumentando que los anteriores integrantes de la lista viven fuera de Sahagún, estudian o tienen compromisos personales que parecen ser incompatibles con la dedicación plena al cargo. Con este paso, el Gobierno busca finalmente a alguien que pueda involucrarse al nivel que requiere la gestión municipal en este año.

La llegada de Carracedo permitirá recuperar la composición de once concejales y concejalas que el salón de plenos debe tener según el resultado de los comicios municipales de 2023. De este modo, el Grupo Popular mantiene sus seis representantes frente a los tres del PSOE y los dos de UPL, garantizando la estabilidad operativa de la administración municipal, aunque hasta ahora, habiendo empate, el voto de calidad de la alcaldesa lo rompía si era necesario.

La designación de una persona que no formaba parte de la oferta electoral de mayo de 2023 es un hecho poco frecuente en la vida política de la comarca, pero amparado plenamente por la Ley para evitar que el desinterés o imposibilidad de los suplentes bloquee la toma de decisiones. Con esta decisión, el Ayuntamiento de Sahagún cierra el proceso de relevo casi un año después de la salida de Bernal.

El voto de los leoneses residentes en el extranjero en las elecciones autonómicas del pasado 15M ha dado la victoria al PSOE, que se impone con claridad en este segmento electoral, mientras que Vox y UPL invierten sus posiciones de tercera y cuarta fuerza respecto a los resultados en la provincia.

Según el acta de escrutinio de la Junta Electoral Provincial de León, los socialistas obtuvieron 874 votos, situándose como la primera fuerza entre los electores ausentes. El Partido Popular se mantiene en segunda posición con 637 apoyos, a una distancia considerable.

La principal novedad se produce en la tercera y cuarta posición. Vox logra 433 votos y se sitúa como tercera fuerza, adelantando a Unión del Pueblo Leonés (UPL), que se queda en 195 votos y pasa a ocupar el cuarto puesto en el voto exterior.

Por detrás, Izquierda Unida–Sumar obtiene 60 votos, Podemos 61 y Ciudadanos 28, en un reparto muy fragmentado entre el resto de candidaturas. También aparecen formaciones minoritarias como el PACMA (27 votos), Coalición por El Bierzo (31) o el Partido Comunista de los Trabajadores de España (13). El partido de Alvise, Se Acabó la Fiesta, se quedó con 33.

La participación vuelve a ser muy reducida. De un censo de 53.364 electores leoneses en el extranjero, únicamente votaron 2.472 personas, lo que refleja las dificultades habituales del voto CERA. Además, se registraron 13 votos nulos y 26 en blanco.

Caso cerrado. La Fiscalía de Castilla y León ha archivado dos denuncias presentadas contra el presidente de la Junta de Castilla y León actualmente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios del pasado verano en León. El Ministerio Fiscal argumenta para adoptar esta decisión que no hay indicios suficientes de delito. La decisión se adopta pocos días después de las elecciones autonómicas, en las que llamó la atención que el Partido Popular (PP) fuera la fuerza más votada en la mayoría de los municipios plenamente afectados por aquellos siniestros de agosto de 2025.

La primera de las denuncias archivada corresponde a la presentada por un particular ante el incendio que afectó al paraje natural protegido de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y la otra es la presentada por el colectivo Bierzo Aire Limpio, que se refería a los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas leonesas de El Bierzo, Laciana, la Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna. Hay que recordar que el único cómputo oficial admitido por la Junta hasta ahora, publicada en boletín oficial en la polémica medida de volver a permitir la caza deportiva en terrenos quemados, cifró la suma afectada en 135.400 hectáreas sólo en la provincia, una cifra jamás conocida hasta ahora. También produjeron cuatro fallecidos.

La asociación conservacionista berciana apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica y las cabezas visibles de su Gobierno, del Partido Popular (PP).

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha explicado a la agencia Efe que el archivo de las dos denuncias se ha sustentado en que no se aprecia responsabilidad penal. Y aunque pudiera haber responsabilidad civil, sería muy difícil de precisar porque habría que evaluar el daño económico provocado, en qué medida podría haberse reducido y quién o quiénes podrían ser los responsables.

Tras una investigación compleja en la que se ha contado, entre otras pruebas, con informes del Seprona de la Guardia Civil, la propia Junta de Castilla y León y alcaldes de las zonas afectada, la Fiscalía ha concluido que el presidente en funciones de la Junta y su consejero no tienen ninguna responsabilidad en el origen de los incendios y no se puede determinar cuántos medios hubieran sido necesarios para reducir el daño y en qué medida se hubiera reducido. Tampoco se ha apreciado responsabilidad penal en la falta de medios, la valoración de los incendios o los posibles retrasos que se hubieran producido en su extinción.

Una tercera denuncia presentada por Podemos

Por otra parte, la Fiscalía también archivó otra denuncia, presentada por el partido político Podemos, en la que se denunciaba también la extensión del daño provocado por los incendios del pasado verano por la falta de medios. En este caso era una denuncia más amplia, de unos cuarenta folios, en la que se señalaban también las posibles responsabilidades por la falta de dotación de personal y algunas otras cuestiones relacionadas con esa falta de medios.

Sin embargo, Podemos ha decidido presentar la misma denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que a su vez ha solicitado el preceptivo informe de la Fiscalía antes de decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias o no la admite.

Tras conocerse el archivo de las denuncias, el consejero de Medio Ambiente, el exjuez Suárez-Quiñones, ha subrayado en declaraciones a los periodistas la total confianza en los órganos jurisdiccionales y ha indicado que la oleada de incendios fue “un suceso absolutamente imprevisible, extraordinario como nunca se había visto”. Un argumento en el que ha insistido desde los terribles sucesos de agosto del pasado año 2025.

También ha añadido que lo que hace falta es trabajar todas las administraciones para tener la mayor preparación posible si vuelve a suceder una situación catastrófica de esa naturaleza.

El Ayuntamiento de León ha aprobado una modificación de crédito de 9,37 millones de euros, justificando que son para obras y servicios urgentes, como casi 4 millones de asfaltado en calles de la ciudad, en un Pleno extraordinario marcado este viernes por la falta de presupuesto municipal y la fuerte confrontación política.

El crédito extra salió adelante con el apoyo del concejal tránsfuga Ildefonso del Fueyo, que rompió con Vox, bajo cuyas siglas se presentó. Su voto favorable a la iniciativa del equipo de gobierno socialista resultó determinante para conseguir aprobar la iniciativa del grupo del alcalde José Antonio Diez, el cual gobierna en minoría, y dado que la otra edil de Vox votó en contra y Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Leonés (UPL) se abstuvieron. Y es que todos coincidieron en los reparos de legalidad que ha observado el interventor municipal, por un lado -precisamente hoy estaba de vacaciones-, y la innecesaria celeridad cuando justo dentro de una semana se celebrará un Pleno que será el ordinario del mes.

La medida se presentaba como esencial para, a pesar de no contarse con un presupuesto para este año, que el PSOE no ha presentado porque UPL no estaba dispuesto a aprobar esta vez, se pudieran financiar actuaciones urgentes en la ciudad. Muy en especial destacaba la partida para el asfaltado de calles, con cerca de cuatro millones de euros, coincidiendo todos los grupos que su estado tras las lluvias es calamitoso con carácter general. También se incluía dinero para el mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas y otros edificios municipales.

El expediente, tramitado por la vía de urgencia, se sostiene sobre el uso del remanente de tesorería, pero ha estado rodeado de polémica por el informe de Intervención que advierte de posibles incumplimientos de la estabilidad presupuestaria al incorporar nuevos gastos sin garantizar los necesarios ingresos que los compensen. Una objeción que la oposición ha utilizado para cuestionar la legalidad y la gestión económica del equipo de gobierno, afeando que sea un modo de actuar habitual.

El concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, defendió la propuesta como imprescindible para evitar la paralización de servicios básicos y proyectos en marcha, restando importancia al reparo del funcionario y asegurando que el análisis definitivo deberá hacerse al cierre del ejercicio. También reprochó a los grupos de la oposición que hablen de irregularidades sin manejar todos los datos.

Desde el Grupo Popular, su portavoz David Fernández cargó con mucha dureza contra el alcalde y su equipo, a los que acusó de gobernar sin rumbo y de recurrir a la improvisación, especialmente en materia de obras. Tal fue su énfasis que el regidor le censuró su manera de “sobreactuar”, dijo. Por su parte, la única concejala que le queda a Vox , Blanca Herreros, rechazó la modificación por considerarla un “parche” y denunció falta de transparencia, insistiendo en que no respaldará iniciativas bajo sospecha.

Por su parte, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, optó por ponerse de lado esta vez y argumentó su abstención. Y es que defendiendo el interés de muchas de las inversiones incluidas para la ciudad en esta especie de 'decreto ómnibus', consideró preocupante el contenido del informe crítico de Intervención. Por su parte, el propio Del Fueyo, pese a facilitar la aprobación con su voto favorable determinante, también críticas al contexto político que rodea la decisión.

El 15 de agosto de 2025, con España de fiesta nacional, León cerró el día con siete incendios forestales de nivel 2 de peligrosidad, más de 3.000 personas desalojadas de sus domicilios y cuatro miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias) heridos en Odollo. La provincia estaba en medio de funerales: un par de días antes habían muerto dos voluntarios en el sur y tres días después falleció un operario al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo. El 15 de marzo de 2026, con el país en un carrusel electoral que no da tregua, Castilla y León acudió a las urnas siete meses después de aquel drama. Y el Partido Popular, responsable de la gestión de los fuegos en el Gobierno autonómico, sumó más votos que en 2022 en 14 de los 19 municipios leoneses más afectados (logró la victoria en 10 de ellos). ¿Hasta cuándo retrocede la memoria del votante? “Tiene memoria de pez”, contesta la socióloga Adelina Rodríguez. “A muy corto plazo”, responde el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano, que aporta otra clave: no sólo ha pasado algo más de medio año, sino dos estaciones. “Los incendios son un tema de conversación en verano, pero no en invierno”, expone.

Las consecuencias de los incendios forestales, que en la provincia de León se cobraron el pasado verano en torno a 100.000 hectáreas, no sólo parecen haberse evaporado a la hora de votar, incluso pese a hacerlo con arboledas ennegrecidas a las puertas del colegio electoral como este domingo en Carucedo, en el corazón de Las Médulas. La cuestión fue desapareciendo de las portadas informativas a partir del otoño. “Y los medios de comunicación deberían estar más al pie del cañón”, dice Adelina Rodríguez, profesora de Sociología en la Universidad de León, para hacer un paralelismo con la atención a las carencias sanitarias. “La gente se cansa de las movilizaciones y se resigna a hacerse un seguro privado. Y los medios tendrían que estar más encima de cuestiones que afectan al estado de bienestar”, sostiene para hacer, por el contrario, una diferenciación con los casos de corrupción, sí omnipresentes en las parrillas informativas. “Y seguramente penalizan más porque son muy mediáticos”, concluye.

Sin ocultar su sorpresa por los resultados en las zonas más afectadas por los incendios, Rodríguez cita medidas adoptadas por el PP que, a su entender, pudieron jugar a su favor en las urnas. “Lo primero fue amortizar al consejero”, dice en alusión al titular de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que pasó de encabezar la lista por León en 2022 a quedar fuera de la candidatura. “Y la ira se había focalizado en verano fundamentalmente el consejero”, añade. El segundo factor responde a la activación de las ayudas a los municipios y personas afectadas: “Más o menos han ido llegando; y seguramente más rápido que en otros casos sin elecciones a la vista”. Y sugiere un tercer argumento: el “discurso confuso en torno a quién tiene la competencias para echar culpas al Estado y quitarse de encima el problema”, algo que también se ha producido en otras catástrofes como la de la DANA de Valencia.

"Seguramente los casos de corrupción penalizan más porque son más mediáticos", expone la socióloga Adelina Rodríguez, mientras el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano cree que "se ha valorado lo que pasa en España que lo que pasa en León y en Castilla"

La gestión de esta circunstancia también puede condicionar la campaña de los partidos de la oposición, en ocasiones tendentes a modular los discursos para no generar efectos secundarios contrarios. “Y a veces se te acaba volviendo en contra porque la gente está deseando pasar página”, señala Adelina Rodríguez, que fue en 2011 candidata por Izquierda Unida a la Alcaldía de Ponferrada. “El PSOE ha enfocado la campaña más en la situación internacional y la guerra en Irán. Y ha tratado el tema de los incendios de manera muy superficial”, sostiene Alberto Zamorano, que matiza a quienes, como el presidente en funciones de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, han desacreditado las críticas por la gestión forestal acusando de aprovechar una “tragedia” para hacer política “a corto plazo”. “La tragedia es natural, pero la responsabilidad es política. Y por eso es legítimo pedir responsabilidades políticas”, sentencia. El PP sólo rompió la tendencia al alza de votos en los municipios de Almanza, Encinedo, La Bañeza y Páramo del Sil.

La situación no es nueva ni particular. En Muxía (A Coruña), zona cero del desastre ecológico motivado por la suelta de chapapote del petrolero Prestige en las costas gallegas en noviembre de 2022, el PP, que gobernaba la Xunta con Manuel Fraga al frente, revalidó su victoria en las elecciones municipales de mayo de 2003. Allí, eso sí, se daba una diferencia: la gestión era autonómica y la contienda, municipal. La cita sí coincidía en Castilla y León: las urnas suponían un examen directo a la gestión de la Junta. Y la victoria popular en municipios afectados por incendios trascendió a la provincia de León: también se dio una situación similar en Zamora, según refleja el portal digital Enfoque. Diario de Zamora.

Alrededor de la mitad del electorado tiene “más en cuenta cuestiones nacionales que regionales” a la hora de votar en unos comicios autonómicos, sostiene Zamorano, a la sazón presidente del Colectivo de Ciudadanos de la Región Leonesa. “Lo que más influye es el voto en clave nacional. Y se ha valorado más lo que pasa en España que lo que pasa en León y en Castilla. En la campaña de Vox ha tenido más protagonismo (su líder Santiago) Abascal que el candidato (el leonés Carlos Pollán)”, agrega este sociólogo y politólogo, que vincula las políticas de ayudas con el calendario electoral. “Las ayudas (de la Junta) al transporte público se activaron el año pasado”, dice sin obviar anuncios “en plena campaña” del PSOE, que se volcó apenas unos días antes de la cita con las urnas en vender el crédito liberado por el Gobierno de la nación para sufragar la adquisición de un nuevo horno de vidrio por la empresa Tvitec en Cubillos del Sil. “Las promesas que se han hecho responden a prácticas muy populistas”, abunda Adelina Rodríguez con el ejemplo de los anuncios del PP en cuanto a fondos para cambiar bañeras por platos de ducha y deducciones fiscales para usuarios de gimnasios, máxime cuando esta formación lleva ya casi 40 gobernando la comunidad.

Castilla y León ya es la autonomía española que acumula más tiempo gobernada por un mismo partido político. Y ese voto responde también a cuestiones estructurales de una comunidad que acusa un marcado envejecimiento demográfico. “El voto es más fijo a partir de los 65 años de edad. A más edad, menos probabilidades hay de cambio de voto”, señala Alberto Zamorano, tras recalcar que en el caso de varios municipios afectados por los fuegos “tienen un voto muy de derechas, que se ha mantenido”. “La comunidad es conservadora y bipartidista, fundamentalmente. El PP y el PSOE han salvado la situación”, afirma Adelina Rodríguez, que también detecta entre la población “un cierto hastío” con el bucle electoral encadenado en apenas unos meses con los comicios autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, a la espera de los de Andalucía y con el posible adelanto de los legislativos como recurrente telón de fondo. “Los partidos parece que están en permanente campaña electoral”, añade para concluir que, en esa atmósfera de continua tensión política nacional, “se diluyen los temas locales” como esa gestión de los incendios forestales que lo mismo movilizó en las calles a la población en agosto en contra de la Junta que no penalizó en las urnas al PP en marzo.