Las expropiaciones del mayor entramado eléctrico proyectado en la provincia de León para dar un sustento imprescindible a casi una veintena de macroparques eólicos y solares de la comarca de El Bierzo dan un paso decisivo. El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este martes la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar el denominado ‘Nudo Montearenas Sur’, de 400 kilovoltios (kV).

El anuncio activa formalmente el procedimiento de expropiación forzosa sobre una cifra final de 186 fincas en total repartidas en tres municipios, pero con una abrumadora concentración en el de Torre del Bierzo, donde se localizan 180 parcelas afectadas. Las siete restantes se reparten entre Castropodame (tres) y Brazuelo (otras tres), según el listado oficial que acompaña a la resolución.

Los propietarios y titulares de derechos han sido citados para comparecer en los primeros días de junio en dependencias municipales. En concreto, el Ayuntamiento de Torre del Bierzo acogerá las comparecencias los días 1 y 2 de junio, mientras que en Brazuelo y Castropodame -este último en las Escuelas Viejas de Matachana- tendrán lugar el 3 de junio. En estas reuniones se procederá al levantamiento de actas previas, paso imprescindible antes de la ocupación efectiva de los terrenos.

El anexo del anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, firmado por Fernando Bandera, detalla de forma pormenorizada cada finca, incluyendo superficie afectada, servidumbres previstas, ubicación de apoyos eléctricos y el horario concreto de citación, lo que evidencia el grado de avance administrativo del proyecto, el cual ya había sido hace meses 'blindado' por la Junta al declararlo como “de utilidad pública”. Una figura que garantiza que la compañía promotora pueda expropiar los terrenos.

El ‘Nudo Montearenas Sur’ constituye una de las mayores 'autopistas eléctricas' diseñadas en la provincia para dar salida a la producción de energías renovables. Promovido por la sociedad Comunes Montearenas SL, vinculada al grupo empresarial del empresario leonés Lamelas Viloria, el proyecto articula una red de evacuación de alta tensión, principalmente a 400 kV, con ramales también a 220 kV, de la que dependen cerca de una veintena de futuras instalaciones energéticas en diferente grado actual de desarrollo.

Entre ellas figuran parques eólicos proyectados en enclaves como Torre del Bierzo, Santa Colomba de Somoza o Villagatón, así como grandes plantas solares distribuidas por comarcas como La Valduerna, la Cepeda o el entorno de Benavides de Órbigo. En conjunto, se trata de millones de paneles solares y decenas de aerogeneradores cuya viabilidad depende de esta red de evacuación para verter la energía generada a las infraestructuras de Red Eléctrica de España (REE).

Una larga tramitación

El expediente administrativo arrastra una larga tramitación iniciada en 2020, con procedimientos inicialmente separados para las líneas de 400 y 220 kV que terminaron unificándose tras las declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas en 2023. La autorización administrativa previa y de construcción llegó en junio de 2024, paso previo a la solicitud de utilidad pública cursada meses después.

En ese proceso apenas se registraron alegaciones, de hecho, solo una, de la plataforma Bierzo Aire Limpio, que fue desestimada por la Administración autonómica al considerar que no se centraban en este trámite concreto sino en fases ya superadas, como la evaluación ambiental o la autorización del proyecto.

La Junta ha defendido reiteradamente la iniciativa en el marco de la transición energética, subrayando su papel para garantizar el suministro eléctrico, reducir la dependencia de combustibles fósiles y facilitar la integración de nuevas fuentes renovables. Además, el expediente recoge que el promotor ya habría alcanzado acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, lo que ha allanado parcialmente el camino hacia esta fase de expropiaciones.

En cuanto al protagonismo empresarial, la sociedad Comunes Montearenas SL que pilota ahora el Nudo Montearenas no deja de ser otro bandazo empresarial dentro del mismo Grupo Lamelas, ya que el megaproyecto nació de la mano de la empresa Erbienergía Inversiones SL pero ahora ha pasado a ser protagonizado por otras compañías del mismo conglomerado leonés, también Montearenas Este SL, la cual se denominaba previamente Parque Eólico Cabra SL.

El pueblo de Langre, en la comarca de El Bierzo, ha hablado. Los vecinos han sido casi una sola voz. Y la práctica totalidad de ellos han cerrado filas frente al inicio de un posible proyecto eólico en sus montes comunales, promovido por un grupo neozelandés y pese a sus jugosas promesas de futuro.

El concejo celebrado este sábado 18 de abril se saldó con un rechazo prácticamente unánime a la instalación de dos torres de medición, dotadas con anemómetros, por espacio de 18 meses, año y medio. Era el primer paso planteado por la compañía para evaluar la viabilidad de un parque de 11 grandes aerogeneradores en los montes públicos comunales.

La votación, realizada a mano alzada, no dejó lugar a dudas: ningún vecino apoyó la instalación de los equipos. A continuación, al preguntar por los votos en contra, la práctica totalidad de los asistentes levantó la mano en señal de rechazo, registrándose únicamente dos abstenciones.

La decisión llega dos semanas después del primer encuentro, celebrado el 4 de abril, cuando el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Barreiro (PSOE), convocó a los vecinos junto a representantes de una compañía interesada en el potencial eólico de la zona. En aquella sesión, marcada por la falta de detalles concretos y la petición de una autorización rápida, los asistentes optaron por aplazar cualquier decisión y solicitar más información.

Según lo trasladado entonces, la propuesta inicial consistía en instalar dos torres de medición en las zonas más elevadas del entorno de la localidad para analizar el recurso eólico. Ese estudio sería el paso previo a un eventual desarrollo de un parque con 11 molinos en suelo comunal. A cambio, la empresa planteaba unos ingresos anuales cercanos a los 55.000 euros, que se podría ir actualizando conforme al IPC, y compromisos de actuaciones en el pueblo que de momento eran bastante genéricos.

Detrás del planteamiento se encuentra Galileo, una plataforma internacional de energías renovables impulsada por el gestor de infraestructuras Morrison y respaldada por grandes inversores institucionales de Nueva Zelanda y Australia.

Con el resultado de este sábado, los vecinos de Langre cierran, al menos por ahora, la puerta a la fase inicial del proyecto y evidencian una posición de total ante este tipo de desarrollos en la comarca berciana, donde ya son varios los que han sido tumbados, pero no tanto por la oposición vecinal sino por condicionantes ambientales o falta de autorizaciones administrativas del Gobierno central. Todavía en el caso de Langre podría haber caminos para la compañía para mantener el proyecto en marcha y requerir su aprobación, por ejemplo con figuras que desembocaran en expropiación de los terrenos, previa declaración de interés público, pero la inicial y clara postura vecinal en contra no lo podrá nada fácil.

Langre, un pequeño pueblo del municipio berciano de Berlanga, se sostiene, y sus grietas le cuesta a las casas de sus vecinos, sobre un entramado de galerías de minas. A pocos metros de su letrero, empieza a crecer la vegetación entre los escombros del cielo abierto sin restaurar que durante años explotó el 'rey del carbón' Victorino Alonso. El sector bajó la persiana definitivamente en 2018 en la provincia de León, pero la comarca sigue en el punto de mira de proyectos que buscan explotar sus recursos para generar riqueza. La nueva oleada de proyectos energéticos, ahora renovables, llegó en sábado y en plena Semana Santa.

El 4 de abril, el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Barreiro, del PSOE, convocó un concejo al que llegó acompañado por dos hombres desconocidos y muy bien vestidos, que resultaron ser trabajadores de una empresa internacional interesada en el viento que sopla sobre sus montes comunales.

En una sesión con pocos datos, pero muchas prisas y promesas económicas sobre la mesa, pedían a los vecinos su autorización para instalar dos torres de medición durante 18 meses en las zonas más altas del entorno de la localidad. El objetivo, medir el recurso eólico y determinar si resultaría rentable desarrollar allí un parque eólico. Pero en El Bierzo hace tiempo que los vecinos han aprendido que casi ningún macroproyecto empieza llamándose así, y menos por parte de sus promotores.

La respuesta del pueblo fue prudente. Lejos de dar un sí inmediato, los asistentes al concejo optaron por pedir documentación detallada, meditar la información y aplazar la decisión. Quieren estudiar las condiciones, debatirlas con calma y, luego, “¡ya veremos!”, trasladan a este medio. Ese momento llegará este sábado 18 de abril, en una nueva reunión que se prevé clave para el futuro de la localidad.

Promesas económicas jugosas, entre incógnitas

Según lo trasladado, vagamente, a los vecinos, el proyecto que se plantea a medio plazo incluiría la instalación de 11 molinos, sobre terrenos comunales. A cambio, la empresa ofrece unos ingresos anuales de alrededor de 55.000 euros, actualizados conforme al IPC, además de compromisos genéricos de actuaciones en el pueblo, como desbroces o pequeñas mejoras sin concretar.

También se menciona la posibilidad de incluir una cláusulas de reversibilidad en los contratos, un elemento que suele utilizarse como garantía en este tipo de operaciones. Sin embargo, más allá de la oferta económica y la posibilidad de dar marcha atrás en cualquier momento, el resto de aspectos clave del proyecto son difusos.

No se ha presentado, por ahora, un estudio de impacto ambiental del entorno de Langre. Tampoco se han ofrecido garantías claras sobre la creación de empleo local, más allá de menciones genéricas habituales en este tipo de iniciativas. Y el propio proyecto, en su fase actual, se limita oficialmente a la instalación de dos torres de medición, paso previo a cualquier desarrollo posterior.

En otras palabras, la parte mejor definida de la propuesta es el dinero, tentador, que recibiría una junta vecinal con pocos vecinos, escasos recursos y muchas necesidades. La más relevante, su impacto real sobre el territorio, sigue siendo una incógnita.

Una empresa internacional, con interés en un pueblo diminuto

Detrás de esta primera toma de contacto está Galileo, una plataforma internacional de energías renovables creada en 2020 para desarrollar proyectos en distintos países europeos. La compañía está impulsada por el gestor de infraestructuras Morrison y cuenta con el respaldo financiero de grandes inversores institucionales de Nueva Zelanda y Australia, entre ellos el fondo soberano neozelandés, Infratil o la Commonwealth Superannuation Corporation.

Su modelo de negocio es global: identificar ubicaciones con potencial energético, desarrollar proyectos competitivos y operar dentro de grandes carteras de inversión en renovables. Según lo trasladado en el concejo, el de Langre, un pueblo con alrededor de 70 vecinos, podría ser su primer proyecto en España.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con la empresa para conocer con mayor detalle el alcance de la propuesta, sus previsiones de empleo, el modelo contractual o las compensaciones para el territorio, sin haber obtenido respuesta.

El Bierzo, otra vez en el mapa energético

El caso de Langre no es un hecho aislado, sino un episodio más dentro de un proceso más amplio que afecta a toda la comarca. Tras más de un siglo marcada por la explotación del carbón y la generación eléctrica en centrales térmicas, El Bierzo vuelve a situarse en el punto de mira de grandes operadores energéticos, esta vez bajo el paraguas de la transición hacia fuentes renovables.

El cambio de modelo, de combustibles fósiles a energía eólica, solar o hidráulica, no ha eliminado, sin embargo, las tensiones de fondo. La pregunta que atraviesa muchos de estos proyectos, como el de Langre, sigue siendo la misma: qué parte del valor generado se queda realmente en el territorio y qué parte se marcha fuera.

Durante décadas, la minería llegó a emplear a decenas de miles de personas en la comarca. Hoy, los grandes proyectos renovables manejan cifras de inversión millonarias y promesas de empleo durante su construcción, pero generan puestos de trabajo muy limitados una vez entran en funcionamiento. El contraste entre el volumen de negocio y el retorno local sigue siendo uno de los puntos más cuestionados.

La experiencia reciente en la provincia de León, y especialmente en El Bierzo y el Alto Sil, añade más elementos para estudiar con cautela el futuro de los montes de Langre. En los últimos años, varios proyectos eólicos de gran envergadura han sido tumbados o modificados de manera importante tras evaluar su impacto ambiental.

El caso más emblemático es el de la Sierra de Gistredo, donde tras más de dos décadas de lucha vecinal y ecologista, diferentes iniciativas eólicas han sido rechazadas por su impacto sobre un territorio de alto valor ambiental, hábitat de especies protegidas como el oso pardo o el urogallo cantábrico. Más recientemente, proyectos impulsados por grandes compañías energéticas también han caído por su afección a espacios sensibles o por la acumulación de impactos en una misma zona.

Otros casos, como el parque eólico de Trabadelo, se han caído debido a los muchos condicionantes e importantes recortes en su planteamiento inicial, como la eliminación de la mitad de los aerogeneradores previstos o la obligación de soterrar infraestructuras para reducir su impacto sobre la fauna y el paisaje. La empresa ha acabado desestimando el proyecto.

Estos antecedentes refuerzan una idea cada vez más presente en la comarca: no se trata de un rechazo genérico a las energías renovables, sino de cómo, dónde y para quién se desarrollan. En ese contexto, propuestas como la de Langre abren un debate que va más allá de un solo pueblo. Los 55.000 euros anuales ofrecidos por el gigante energético pueden suponer un ingreso relevante para una junta vecinal pequeña, pero plantean interrogantes cuando se comparan con el valor económico total que puede generar un parque eólico durante décadas de explotación.

Un territorio bajo presión energética constante

La insistencia de nuevas iniciativas energéticas en la zona refuerza la percepción de que El Bierzo sigue siendo un territorio especialmente atractivo para este tipo de inversiones. No solo por su recurso natural, sino también por la existencia de infraestructuras eléctricas heredadas del pasado industrial y por la disponibilidad de suelo en zonas gravemente afectadas por la despoblación.

Ejemplo de ello son otros proyectos recientes, o en estudio, vinculados a magnates mineros, como la polémica planta fotovoltaica proyectada sobre terrenos en disputa de la antigua mina a cielo abierto de la Gran Corta de Fabero que explotó Victorino Alonso, o iniciativas hidroeléctricas de gran escala del grupo Lamelas Viloria como la que acaba de vender a un grupo suizo en Navaleo, y otra en el entorno del río Cúa. En este último caso, ya en 2018 se tramitó una central depuradora reversible con cientos de megavatios de potencia en los términos de Berlanga del Bierzo, Fabero y Vega de Espinareda, destinada a aprovechar y tratar aguas de origen minero en una compleja infraestructura.

Aunque de naturaleza distinta, todos estos proyectos comparten un mismo trasfondo: la utilización intensiva de los recursos naturales de la comarca en un nuevo ciclo energético que afecta a muchos, pero está en manos de muy pocos.

El sábado, nueva decisión

Mientras tanto, en Langre, el proceso sigue en su fase más inicial. Este sábado 18 de abril, los vecinos volverán a reunirse en concejo para decidir si autorizan o no la instalación de las torres de medición.

La decisión no es menor. Aunque se trate solo de un estudio previo, marcará el inicio, o no, de un camino que otros pueblos de la comarca ya han recorrido antes: el de convertirse en pieza de un modelo energético que, con distintos nombres y discursos, lleva más de un siglo definiendo el futuro de El Bierzo.

Las entidades conformadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, la asociación Paisajes y Viñedos del Bierzo y la asociadión Bierzo Aire Limpio trabajan en una propuesta para impulsar la declaración del Bierzo Oeste como espacio protegido.

El objetivo consiste en preservar sus valores naturales, culturales y paisajísticos y garantizar un desarrollo sostenible acorde con la identidad de la comarca.

Esta iniciativa se ha dado a conocer tras la valoración del desistimiento del proyecto del parque eólico de Trabadelo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 8 de abril y aceptado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto contemplaba la instalación de 18 aerogeneradores de unos 200 metros de altura y una línea eléctrica de alta tensión de 26 kilómetros, con afección a distintas zonas de elevado valor ecológico y paisajístico del Bierzo.

Las entidades consideran que la retirada del proyecto supone un “paso importante” para la defensa del territorio, especialmente tras la movilización social registrada en octubre de 2022 contra los macroproyectos eólicos en la comarca.

A pesar de que la iniciativa llegó a contar con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, aunque muy condicionada hasta la mitad del proyecto original, los colectivos señalan que este desenlace respalda la validez de las alegaciones presentadas desde el territorio.

En este sentido, insisten en que “la defensa del Bierzo no es incompatible con la transición energética, pero exige planificación, proporcionalidad y respeto”.

Asimismo, advierten de que este tipo de proyectos pueden responder en ocasiones a dinámicas especulativas vinculadas al desarrollo de grandes infraestructuras energéticas, por lo que anuncian que mantendrán una labor de vigilancia ante posibles nuevas iniciativas en la comarca. 

“Como consecuencia de los condicionantes de eliminación de aerogeneradores y de soterramiento de la línea de evacuación, impuestos por la declaración de impacto ambiental, considera que el proyecto ha devenido económicamente inviable”. Con esta categórica frase se resume el fin de otro proyecto para ejecutar un macroparque eólico en la comarca de El Bierzo, en este caso el denominado Trabadelo, que proyectaba e impulsaba la multinacional Enel Green Power España.

Ha sido la compañía la que ha presentado formalmente ante el Ministerio el desistimiento del proyecto, el cual ha sido admitido y firmado por el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, suponiendo de facto el fin de más de seis años de trámites e intentos desde que se pusiera en marcha en el año 2020.

La compañía concibió en primera instancia la macroplanta para un total de 18 aerogeneradores y una potencia de 110 megavatios, suficiente para que no fuera la Junta de Castilla y León sino el estado quien tuviera que tramitarlo. El parque afectaba entre su instalación y la infraestructura de evacuación a un total de once municipios bercianos: Trabadelo, Barjas, Corullón, Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo, Cacabelos, Arganza, Cabañas Raras, Sancedo, Camponaraya y Ponferrada. En parte por tan amplia afección, fue por lo que se situó como uno de los proyectos que despertó en la zona un movimiento de oposición vecinal canalizado en la creación de la Plataforma Rural Sostenible.

Sin embargo, en el trámite ambiental, el Ministerio dictó la exclusión de hasta nueve aerogeneradores, obligando, tal y como advirtió la Junta de Castilla y León en sus informes, a que toda la línea de evacuación quede “completamente soterrada”, salvo que excepcionalmente “existan impedimentos” como fuertes pendientes “que hagan técnicamente inviable” esa operación o que la empresa justificara que comparte instalación con otras líneas aéreas ya existentes y por lo tanto sin causar nuevos daños. “En todo caso”, matiza, “la implantación de esos tramos de línea en aéreo deberá contar con la autorización expresa del órgano competente en medio ambiente de la Junta de Castilla y León, con anterioridad a la autorización sustantiva del proyecto”.

Además de los propios condicionantes de la administración, el proyecto demostró ser muy polémico al recibir un total de 1.381 alegaciones de parte de juntas vecinales, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), entidades locales de diversa índole y particulares.

En primera instancia, todavía en aquel año 2023, la empresa recalculó el diseño y tamaño de la infraestructura a instalar, anulando los nueve aerogeneradores vetados y ciñendo los restantes a un nuevo modelo de aerogenerador muy similar a los anteriores, de Siemens Gamesa, pero ahora “con una potencia unitaria de 7 MW, manteniendo el diámetro del rotor de 170 metros, la altura de buje de 115 metros y el resto de características dimensionales originales del anteproyecto”. Eso significaba que la potencia total bajaba hasta los 77 megavatios finalmente, es decir, “once aerogeneradores de 7 MW de potencia cada uno de ellos”. Así se ha publicado este martes 7 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León.

Pero finalmente, las cuentas no le salieron a la compañía promotora, que en abril de 2023 presentó su renuncia. Casi en esa misma fecha, Red Eléctrica de España (REE) comunicaba que “para la instalación parque eólico Trabadelo titularidad de Enel Green Power España SL, en LOMBA 220, se ha sido desistido del permiso de acceso y conexión”. No ha sido hasta marzo de este año que el Ministerio ha atendido a la solicitud formal de desistimiento, declarándose la devolución de la garantía depositada en su día. Así, el carpetazo al controvertido macroparque es definitivo, con el “archivo del expediente SGIISE/PEol-437” y es “firme a todos os efectos”, ya que no se ha recurrido en el plazo habilitado.

El 28 de abril de 2025 quedó marcado en el calendario energético de España y Portugal como el día en que el sistema eléctrico peninsular colapsó, dejando a millones de personas sin suministro. Tras casi un año de investigación, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) ha presentado este viernes su informe final.

La conclusión es clara: no hubo un único culpable, sino una “tormenta perfecta” de oscilaciones de frecuencia, deficiencias en el control de la tensión y una respuesta descoordinada de los generadores que desembocó en una desconexión en cascada.

El documento, elaborado por un panel de 49 expertos internacionales, subraya que el sistema entró en un punto de no retorno donde los mecanismos de defensa, aunque actuaron, fueron insuficientes. “El problema no son las energías renovables, sino el control de la tensión, independientemente del tipo de generación”, ha sentenciado Damián Cortinas, presidente del Consejo de Administración de ENTSO-E, durante la presentación de los resultados. Según los analistas, el sistema falló en algo que la ingeniería eléctrica domina desde hace décadas, pero que no se adaptó a la velocidad que exigía la situación.

Una cascada de errores técnicos

El informe identifica que el origen del caos técnico se cimentó en tres pilares. Primero, varios generadores convencionales (síncronos), que tienen la responsabilidad teórica de mantener la estabilidad de la tensión, no operaron según lo previsto. Segundo, la generación renovable funcionaba con un factor de potencia fijo, lo que limitaba su capacidad para ayudar a regular la tensión de forma flexible, según informa de su contenido la Agencia SINC. Por último, el Operador del Sistema (Red Eléctrica) se vio superado por la velocidad de los eventos: algunos dispositivos de compensación requerían activación manual, un proceso demasiado lento para una crisis que se desarrollaba en milisegundos.

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“El informe coincide con el elaborado por Red Eléctrica en junio de 2025 en que el apagón fue producido por un problema de tensión”, explica Manuel Alcázar Ortega, profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, al Science Media Centre (SMC) España. Para este experto, la clave reside en la “falta de efectividad del control de tensiones”, agravada por un ajuste inadecuado de las protecciones que saltaron prematuramente ante las sobretensiones.

El papel de las oscilaciones y la electrónica de potencia

Uno de los puntos más novedosos del análisis de ENTSO-E es la detección de dos episodios de oscilación previos al colapso: una forzada por inversores de potencia y otra natural entre diferentes áreas de la red. Aunque no se consideran la causa única, sí revelan una “debilidad dinámica” en un sistema cada vez más dependiente de la electrónica de potencia.

Los expertos señalan que muchos generadores no tenían correctamente ajustados los estabilizadores (PSS), herramientas críticas para amortiguar estos movimientos antes de que se vuelvan incontrolables.

La explicación se desplaza hacia la capacidad del sistema para sostenerse ante perturbaciones rápidas, más que hacia la inercia

Álvaro de la Puente — Universidad de León

Álvaro de la Puente Gil, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de León, destaca que el informe desplaza el foco de teorías simplistas hacia una interpretación sistémica. “La explicación se desplaza hacia la capacidad del sistema para sostenerse ante perturbaciones rápidas, más que hacia interpretaciones basadas exclusivamente en la inercia”, afirma el investigador al SMC, quien considera el documento como una oportunidad de aprendizaje para reforzar la resiliencia europea. Se puede leer la entrevista completa a Álvaro de la Puente con el Science Media Centre España aquí.

Agujeros en la normativa actual

El análisis forense también deja al descubierto lagunas regulatorias. El panel de expertos critica que el marco legal vigente en el momento del apagón no contemplaba penalizaciones por incumplimiento en el soporte de potencia reactiva, ni fijaba requisitos de velocidad en la respuesta.

En la práctica, esto significa que el sistema no incentivaba económicamente a las plantas para que ayudaran a mantener la tensión estable, una carencia estructural que el informe recomienda subsanar con urgencia.

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Además, el informe pone el foco en los pequeños generadores conectados a las redes de distribución (como el autoconsumo). Durante el incidente, muchos se desconectaron de forma súbita, lo que aumentó drásticamente la demanda neta que el resto del sistema tuvo que cubrir de golpe, acelerando el colapso final. Esta falta de visibilidad y control sobre los recursos distribuidos dificultó incluso las labores de reposición del servicio tras el apagón.

Recomendaciones para el futuro eléctrico

Para evitar que un evento de esta magnitud se repita, ENTSO-E propone reforzar la coordinación entre los transportistas y distribuidores de energía, así como mejorar la supervisión en tiempo real de todos los activos de la red. Miguel de Simón Martín, investigador del Instituto I4 de la Universidad de León, advierte al SMC de que este incidente es una manifestación de las “limitaciones estructurales” del diseño actual frente a la transición energética.

Deben revisarse los planes de contingencia para evitar alcanzar situaciones críticas

Miguel de Simón Martín — Universidad de León

“Deben revisarse los planes de contingencia para evitar alcanzar situaciones críticas”, concluye De Simón. Entre las medidas prácticas, el informe urge a revisar los procedimientos de operación (como el P.O. 7.4 en España) y a integrar obligatoriamente a las energías renovables en los servicios de regulación de tensión, asegurando que el sistema sea capaz de responder con la robustez necesaria ante un mix energético en constante transformación. Se puede leer una entrevista completa a Miguel de Simón en Science Media Centre aquí.

Referencia: ENTSO-E Expert Panel – 'Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025. ICS Investigation Expert Panel. Final Report. Management Summary' (2026) | El informe completo se puede leer aquí.

La Junta de Castilla y León ha sacado este miércoles a información pública el proyecto de lo que se denomina “repotenciación” del parque eólico ya existente de El Redondal, entre las comarcas leonesas de El Bierzo y Maragatería, con una inversión prevista de más de 34 millones de euros.

Se trata del actual parque eólico ejecutado entre los municipios leoneses de Castropodame, Torre del Bierzo, Molinaseca y Santa Colomba de Somoza, según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), que pone en marcha al mismo tiempo por un lado la concesión de la autorización para su reconstrucción y por otro para volver a otorgar la evaluación de impacto ambiental.

Y es que el cambio es de calado: se prevé la sustitución de los actuales 36 aerogeneradores existentes, de tecnología Gamesa y 850 kW de potencia por unidad, por solo siete nuevas máquinas, modelo Nordex N175, de un mayor tamaño y 4,37 MW de potencia unitaria. De este modo, según la documentación dada a conocer, se mantendría la potencia total instalada total en 30,6 megavatios.

La modificación reduce drásticamente las palas eólicas pero triplica su tamaño de rotor, ya que los que se retirarían son de 52 y 58 metros y los aerogeneradores Nordex N175 suman un rotor de 175 metros.

Un millonario fondo independiente detrás

El proyecto está promovido por Olivento SLU, del grupo Plenium Partners, un fondo inversor español independiente que se autodenomina líder en energías renovables, transición energética, economía circular e infraestructuras sociales, con más de 7.500 millones de euros de inversión en activos y empresas. También asegura disponer de una de las mayores carteras de activos renovables operativos de Europa, que combina energía solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y termosolar.

La Consejería de Industria, Comercio y Economía tramita el proyecto como una modificación sustancial conforme al Decreto 46/2022 de la Junta al superar los límites de incremento de dimensiones establecidos para modificaciones no sustanciales. Además, dado que el parque supera los umbrales incluidos en el Anexo I de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, argumenta que no se libra de someterse a evaluación ambiental ordinaria.

Según la documentación técnica incorporada al expediente, también se variará la evacuación de la energía, que se realizará mediante circuitos subterráneos de 20 kV hasta la subestación Torrecillas, de relación 30/220 kV.

El anuncio abre a partir de ahora un plazo de treinta días hábiles para consultar el proyecto y su estudio de impacto ambiental y presentar alegaciones ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León. La documentación puede examinarse tanto en la sede del servicio, situada en la avenida de los Peregrinos de la capital leonesa, como en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León.

El expediente fue firmado el 17 de febrero por el jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León y queda ahora pendiente de las aportaciones de las partes interesadas.

La Bibloteca Municipal de Astorga acogió este sábado 28 de febrero una Mesa redonda que agrupó a representantes de hasta nueve plataformas y asociaciones en defensa del territorio ante la amenaza de proyectos de distinta índole. Durante las charlas y presentaciones compartidas entre todas estas organizaciones han aparecido conflictos relacionados con los macroparques de fotovoltaicas y eólicas, así como la defensa de acuíferos, tratamientos de lodos y residuos o la defensa del Teleno frente al campo de tiro que llena de residuos peligrosos y explosivos dicha montaña.

El evento fue moderado por Ana Álvarez de la Asociación Corredor Ecológico Noroeste Ibérico. Las asociaicones y grupos medioambientales contaron porqué surgieron, qué han conseguido hasta la fecha, cuáles son sus principales luchas y acciones en la actualidad, así como bulos y mentiras a las que se enfrentan cada día.

Las plataformas participantes propusieron lo siguiente: Gestión Transparente y Eficaz de Residuos y Lodos No, se centró en la necesidad de ser una herramienta de denuncia contra los vertidos de residuos sin depurar al medio ambiente, posicionándose a favor de un servicio de recogida, reciclaje y tratamiento de residuos responsable y sostenible para las comarcas de Astorga. El Cervigal que nace en 2024 para unir a la sociedad civil (personas y asociaciones) en la defensa del patrimonio material e inmaterial de la Comarca del Órbigo. Alta Valduerna y Cepeda Viva, pusieron sobre la mesa, la problemática de los macroparques eólicos y de fotovoltaicas, y recordaron los distintos procesos judiciales y contenciosos que han tenido que llevar a cabo. 

Por su parte, la Portavoz de Alta Valduerna, comentó que a pesar de conseguir detener algunos macropoyectos, en la actualidad tienen abierto contenciosos para evitar otros con los que están amenazados sus pueblos. Amigos del valle del Eria y Protección del Valle del Jamuz fueron las encargadas de poner sobre la mesa la problemática del agua. La intervención de Teleno libre, se centró en presentar que su lucha viene desde los movimientos surgidos en 1981 contra el campo de tiro y que en la actualidad, basan su lucha en solicitar al Ministerio de Defensa que gestione medioambientalmente el vertedero de munición que generan las maniobras militares. No hay que olvidar que es el único campo de tiro discontinuo y es altamente peligroso para todos los pueblos que viven a los pies de esta montaña.

Por último, se llevó a cabo un coloquio abierto de más de una hora, donde se presentaron personas de otras plataformas, como la surgida en Vidanes contra una planta de Biogás o ARBAS, contra los planes de quemar nuestros bosques autóctonos para alimentar los diferentes proyectos de plantas de Biomasa que se ciernen sobre todo León.

Este pasado 22 de enero el Boletín Oficial del Estado publicaba la negativa del Gobierno de España a autorizar el proyecto eólico conformado por los parques 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo' en la sierra de Gistredo y el Alto Sil. Así caía el último gran proyecto energético que ha amenazado este territorio de la provincia leonesa que ha visto como se negaba, por diversas instancias y circunstancias, todos los proyectos eólicos propuestos en un territorio de alto valor ambiental, ahora reconocido en los boletines, pero que no tiene ningún grado de protección oficial.

La lucha de entidades vecinales y ecologistas han tumbado en este cuarto de siglo cuatro proyectos eólicos conformados por seis parques: Quintana, Acario y Tureno, Alto Sil-Bierzo y El Páramo-Ampliación El Páramo. Y todo empezó en el año 2000, cuando la empresa Promociones Energéticas del Bierzo, S.L -conformada a medias por el grupo minero Lamelas Viloria y la entonces Unión Fenosa- solicitaba la autorización del parque eólico Quintana, compuesto por 25 aerogeneradores entre los municipios de Toreno, Igüeña y Noceda del Bierzo. Entonces un pequeño grupo de vecinos y descendientes de la zona, con el apoyo de varias asociaciones ecologistas locales y estatales, comenzó una guerra administrativa y judicial en la que lo han ganado todo.

Aquel proyecto de parque eólico motivó la creación de una entidad local, Plataforma para la Defensa de Gistreo, que encabezó una revuelta contra este proyecto alertando de su alta afección a una zona de gran valor ambiental, además de denunciar un cúmulo de irregularidades e ilegalidades en el proceso de autorización. Denunciaban que esos proyectos acabarían con hábitats de las dos especies emblemáticas de la cordillera cantábrica, el oso pardo y el urogallo.

Quintana era en realidad un parte de un macroproyecto eólico alrededor del llamado 'Nudo Villameca', donde evacuaban la energía de una veintena de parques bajo sospechas de irregularidades en su aprobación denunciados por colectivos conservacionistas. De hecho varios de ellos siguen siendo anulados en los tribunales actualmente, como Peña del Gato que ya suma tres anulaciones judiciales.

Fueron años de lucha organizada por un pequeño grupo de personas con complicidades en silencio, amenazas variadas y una firme convicción de no permitir que las ilegalidades se impusieran. Entre las irregularidades destaca la firma de contratos de alquiler de terrenos públicos sin seguir el procedimiento administrativo, la concesión de licencias sin la aprobación del proyecto original, la mentira evidente del valor ambiental de la sierra en los informes preceptivos o los intentos de obstaculizar la personación en los expedientes municipales, entre otras.

El parque eólico Quintana fue finalmente autorizado por la Junta de Castilla y León en el año 2009, en un insólito proceso administrativo que duró nada menos que nueve años. En la autorización señalaron que el impacto en la zona era asumible pese a que la zona era de afectación de especies como el urogallo cantábrico, el oso pardo o formaba parte de un área importante para las aves (IBA), entre otras cuestiones que se desestimaron.

El fallecido consejero Tomás Villanueva, hoy señalado en el juicio por la corrupción eólica que acaba de finalizar, firmó un año después la desestimación del recurso de alzada presentado por la Plataforma para la Defensa de Gistreo y SEO/Birdlife. Y ambas entidades acordaron acudir a los tribunales para parar aquel proyecto. Este proceso fue parte de otros que denunciaron el troceamiento irregular de los proyectos eólicos de principios de los 2000 en las comarcas de Bierzo, Cepeda y Omaña, vulnerando las leyes, en unos procesos que entidades como la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica, URZ o SEO acabaron ganando casi de forma total en los juzgados.

En fase judicial las irregularidades sobre el parque eólico Quintana no dejaron de crecer. La Junta de Castilla y León llegó a afirmar ante los tribunales que había perdido el proyecto original presentado por la empresa en el año 2000, y pretendió colar otro proyecto del 2007 que nadie había visto ni revisado más que la propia Junta y la empresa como el final. Pero los denunciantes no habían perdido sus alegaciones y en el año 2014 el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que el proceso de autorización era nulo por vicios administrativos. Empresa, Junta y hasta el alcalde de Igüeña, Alider Presa, anunciaron que habría recurso al Tribunal Supremo pero este nunca llegó y la sentencia inicial se hizo firme. La sierra de Gistredo estaba salvada por primera vez. Pero la tranquilidad solo duraría hasta el 2021.

El intento de Capital Energy, a espaldas de todo el mundo

En el año 2021 la empresa Capital Energy anunció otro macroproyecto eólico en la Sierra de Gistredo, casi calcando el proyecto de Quintana en los municipios de Igüeña, Noceda del Bierzo, Toreno y Cubillos del Sil (incluyendo la red eléctrica de evacuación). Incluyó Toreno pese a que con el proyecto Quintana el municipio modificó su ordenamiento urbanístico prohibiendo los parques eólicos en su territorio alegando su elevado impacto ambiental. Eran solo uno, en realidad dos parques, del macroproyecto de renovables que la compañía Capital Energy en la provincia de León y en especial en El Bierzo, proyectando macroparques solares y eólicos y una polémica central hidroeléctrica reversible en el río Cabrera.

Pero el nuevo proyecto renovable se realizó a espaldas de tanto los ciudadanos como las instituciones que ya por entonces comenzaban a conocer los planes de una filial de la petrolera Repsol de promover tres parques eólicos en la sierra berciana y el Alto Sil, expandiendo los planes eólicos a los municipios de Páramo y Palacios del Sil. El primero de los proyectos se presentó en marzo de 2023 y generó un gran movimiento de rechazo ciudadano, así como una fuerte controversia política entre alcaldes de los municipios afectados.

En octubre del 2023 el Ministerio de Transición Ecológica tumbada las pretensiones de Capital Energy por la caducidad de sus autorizaciones administrativas de red y se anulaban así los dos primeros proyectos eólicos de la década.

Repsol lanza sus propuestas

El grupo energético intentó aprobar uno de sus otros proyectos de parques eólicos en la Sierra de Gistredo y Alto Sil por un atajo legal aprobado por el Gobierno de España para facilitar la implantación de renovables en España, pero el ministerio lo rechazó en previsión del alto impacto que tendrían. Entonces optó por seguir la vía ordinaria y plantear de forma conjunta la aprobación de los parques eólicos 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', que incluían una gigantesca autopista eléctrica de 16,176 km, con 47 apoyos que atravesarían toda la Sierra de Gistredo desde El Bierzo hasta el Alto Sil, cortando en dos en una zona sin casi intervención humana ya que los valles están despoblados y cuentan con un alto valor ambiental.

El grupo Repsol lanzó a la vez que sus proyectos promesas económicas a los ayuntamientos a espaldas de los ciudadanos a cambio del apoyo a los parques eólicos. La alcaldesa de Páramo del Sil rechazó sus pretensiones eólicas y los alcaldes de Noceda, Igüeña y Bembibre llegaron a salir en defensa del proyecto en rueda de prensa. La alcaldesa de Bembibre se acabó descolgando y la petrolera llegó a insinuar que empujaría a favor del emblemático proyecto del tren del Ponfeblino si se aprobaban los parques, que fue considerado un chantaje por varias organizaciones ecologistas. Incluso el Consorcio del Ponfeblino aprobó la propuesta con el único voto en contra del municipio de Páramo del Sil y el apoyo del resto encabezados por el Ayuntamiento de Villablino. La propia Junta de Castilla y León rechazó este intento de la petrolera de condicionar inversiones a conseguir las autorizaciones de sus parques.

Mientras tanto la oposición vecinal y asociativa a los parques fue engordando, hasta sumar cientos de alegaciones contra todos los proyectos eólicos mediante la acción ciudadana contemporánea, un grupo de whatsapp que acumuló más de 200 miembros. Pocos saben que ese grupo se creó en realidad ya en el año 2020 por seis personas ya preocupadas por los nuevo planes eólicos de la Sierra de Gistredo y el Alto Sil para coordinar acciones. Ciudadanos anónimos, algunas juntas vecinales y otras entidades ecologistas como Bierzo Aire Limpio plantaron batalla anunciando que si se aprobaban de nuevo los proyectos eólicos volverían a ir a los tribunales.

Tras meses de tensión, el Gobierno finalmente tomaba una decisión en febrero del 2025, rechazar, como adelantó en exclusiva ILEÓN, el primero de los parques eólicos planteados por la petrolera, 'Alto Sil-Bierzo'. Lo hacía con una declaración de impacto ambiental negativa que no dejaba muchas dudas. Según Repsol su proyecto no tenia “ningún efecto especialmente severo sobre ningún factor ambiental”, pero tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Junta de Castilla y León resaltaron en sus informes los valores ambientales de la zona y su cercanía a zonas protegidas y hábitat de las especies como el oso pardo y el urogallo.

Tal y como era de prever los proyectos pendientes de parques eólicos, 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', acabaron esta semana con el mismo destino, una declaración de impacto ambiental negativa por su alto impacto ambiental. Nadie esperaba ya otra cosa. Ahora el Boletín Oficial del Estado es quien, con estas resoluciones, pone en valor los valores de este territorio, uno de los mejor conservados del área cantábrica pese a que parte de su territorio fue pasto de los salvajes incendios del pasado verano en la provincia de León.

Las organizaciones conservacionistas señalan la figura legal de Parque Natural como una posible herramienta de gestión que permita una mejor conservación, toda vez que las declaraciones ambientales negativas de los proyectos eólicos hacen poco probable que se vuelvan a plantear proyectos de estas dimensiones a corto plazo.

De momento, la Junta de Castilla y León no parece haber considerado la posibilidad de que este espacio sea digno ni necesite una figura de protección ambiental a pesar de sus altos valores, que ahora sí reconoce de manera la administración autonómica en sus informes de rechazo a los proyectos eólicos. Cuestionado sobre esta posibilidad esta misma semana, el portavoz Carlos Fernández Carriedo, se limitó, tras conocerse el último rechazo, a echar balones fuera y no concretar ninguna opción. Tan sólo dijo que “cualquier nueva regulación sobre el espacios protegidos tiene un procedimiento y una serie de informes técnicos”, pero nada comentó sobre si la Junta estaría dispuesta a ponerlos en marcha.

*Antonio Vega es director de ILEÓN y miembro fundador de la Plataforma para la Defensa de Gistreo

Un importante paso adelante para la ejecución de la mayor autopista de red energética para más de 15 macroparques de comarcas leonesas como Maragatería, Valduerna, Cepeda o El Bierzo, el llamado Nudo Montearenas, en su ramal sur, ha recibido hoy un impulso prácticamente definitivo por parte de la Junta de Castilla y León.

La Consejería de Economía y Hacienda ha declarado formalmente de utilidad pública el proyecto de infraestructuras comunes de evacuación eléctrica del Nudo Montearenas, imprescindible para que se puedan desarrollar varias plantas fotovoltaicas y eólicas ubicadas en el centro y el oeste de la provincia de León. Un proyecto que impulsa desde hace años el Grupo Lamelas, del veterano empresario leonés Lamelas Viloria.

La resolución se publica con retraso, ya que fue firmada el pasado 19 de diciembre de 2025 por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León pero no se ha publicado hasta este jueves 22 de enero, más de un mes después, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), afectando a infraestructuras de 400 y 220 kilovoltios (kV), promovidas por la sociedad Comunes Montearenas SL. Se trata de otro bandazo empresarial dentro del mismo grupo, ya que el megaproyecto nació de la mano de la empresa Erbienergía Inversiones SL pero ahora ha pasado a ser protagonizado por otras compañías del mismo grupo, también Montearenas Este SL, la cual se denominaba previamente Parque Eólico Cabra SL.

El proyecto completo se desarrollará en los términos municipales de Quintana y Congosto, Destriana, Castrillo de la Valduerna, Santiago Millas, Val de San Lorenzo, Santa Colomba de Somoza, Astorga, Brazuelo, Torre del Bierzo, Castropodame, Molinaseca y Congosto, en una de las zonas con mayor concentración de iniciativas de energías renovables de la provincia.

Sin embargo, este trámite se ciñe sólo a fincas que la compañía necesita en tres municipios, todos ellos bercianos: Torre del Bierzo, donde se detallan 196 parcelas; Castropodame con cuatro más; y Brazuelo, en la Cepeda, con tres. Del listado de hace apenas medio año han desaparecido ahora los terrenos que involucraban a los municipios de Congosto y Molinaseca.

La declaración de utilidad pública lleva implícita de expropiar el suelo necesario para ejecutar la obra, ocupando todos los bienes y derechos afectados, incluidos terrenos de titularidad privada y, en su caso, bienes de dominio público, a los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa, según recoge expresamente la resolución administrativa publicada en el Boletín oficial.

Sin embargo, su afección es aún mayor, porque el documento recoge que la Junta ha constatado que el promotor ya ha alcanzado acuerdos con más del 50% de los particulares titulares de las parcelas, a mayores.

Macroparques de media provincia

Tal y como en su día se indicó en ciertos trámites ante la Junta, de esta 'autopista' eléctrica de Montearenas Sur de 400 kV dependen, porque a ella se engancharían cuando se ejecuten, los parques eólicos de Santa Cruz (Torre del Bierzo), Veldedo (Torre, Santa Colomba de Somoza y Brazuelo), Ucedo (Villagatón) y Porqueros (Villagatón y Magaz de Cepeda).

También las macroplantas fotovoltaicas de Valduerna IV y Castrillo I (ambos en los municipios Destriana, Castrillo de la Valduerna y Villamontán de la Valduerna), Bierzo y Bierzo 3 (en Benavides de Órbigo) y Antracita, Hulla, Villameca, Villarmeriel y Quintana (los cinco en el mismo municipio de Quintana del Castillo en la comarca de la Cepeda y en las puertas de El Bierzo). A mayores, del Nudo Montearenas 220 kv dependerían también cuatro plantas solares diseñadas y en trámite en el municipio de Quintana y Congosto: El Chano, La Raposa, Los Barros y Arcatierra.

Entre todos, suman millones de placas solares y decenas de palas eólicas repartidas por numerosas comarcas de León para generar una ingente cantidad de energía que, a través de esta infraestructura eléctrica, tuviera salida hacia las líneas de Red Eléctrica de España (REE).

Larga historia

El expediente administrativo se remonta al año 2020, cuando se iniciaron por separado los trámites para las infraestructuras de evacuación del nudo Montearenas Sur a 400 kV y a 220 kV. Ambas tramitaciones fueron finalmente unificadas tras las modificaciones introducidas por las declaraciones de impacto ambiental, avaladas por la Consejería de Medio Ambiente en octubre de 2023, convencida de que no afectaría sensiblemente al amplio territorio afectado.

La Junta concedió la autorización administrativa previa y de construcción del conjunto de instalaciones en junio de 2024, tras lo cual el promotor solicitó formalmente la declaración de utilidad pública en noviembre de ese mismo año.

Alegaciones: Sólo Bierzo Aire Limpio... y rechazadas

En el plazo de alegaciones solo se registró un escrito, presentado por la Plataforma Bierzo Aire Limpio, que cuestionó, entre otros aspectos, la tramitación del expediente, la base legal de la declaración de utilidad pública y la afección a suelo rústico, montes de utilidad pública y bienes comunales.

La resolución desestima ahora una por una esas alegaciones al considerar que no se refieren específicamente al trámite de declaración de utilidad pública, sino a cuestiones ya analizadas en fases previas del procedimiento, como la autorización administrativa o la evaluación ambiental. Asimismo, el Servicio Territorial argumenta que la utilidad pública de las instalaciones de producción y transporte de energía eléctrica está reconocida “ex lege” en la Ley estatal del Sector Eléctrico, en la medida en que contribuyen a garantizar el suministro eléctrico, la seguridad del sistema y el funcionamiento de los sectores productivos.

La Junta justifica la declaración de utilidad pública en el actual contexto de transición energética y crisis climática, destacando la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y de la energía importada. Por eso, se aferra a que las infraestructuras del Nudo Montearenas son clave para canalizar la producción renovable de una amplia zona del territorio leonés hacia la red de transporte eléctrico, posibilitando la integración efectiva de nuevas plantas eólicas y solares ya autorizadas.

Contra esta última resolución cabe interponer todavía recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, antes de poder hacerle frente en los tribunales de Justicia a través de algún contencioso.

Los cuatro trabajadores acusados de provocar disturbios durante las protestas contra el ERE planteado en 2021 por la empresa LM Wind Power en Ponferrada han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y han aceptado una condena de un año de cárcel, lo que evita la celebración del juicio previsto en la Audiencia Provincial de León. La pena, al ser inferior a dos años y carecer de antecedentes, no implicará su ingreso en prisión.

El acuerdo rebaja de forma significativa la petición inicial del Ministerio Fiscal, que solicitaba hasta cuatro años de cárcel por delitos de desórdenes públicos y daños, además de multas económicas e indemnizaciones que, junto a intereses, podían superar los 30.000 euros. Finalmente, los acusados han asumido el pago de los daños ocasionados y una pena que pone fin a un proceso judicial abierto desde hace más de tres años.

Los hechos se remontan a la noche del 10 de agosto de 2021, en pleno conflicto laboral por el anuncio de un ERE que afectaba a 393 trabajadores de la planta berciana de fabricación de palas eólicas. Tras una reunión entre empresa y sindicatos celebrada en un restaurante de Ponferrada, se convocó una concentración de protesta a través de redes sociales que reunió a cerca de 200 personas.

Según la acusación, durante esa protesta se produjeron altercados con lanzamiento de objetos, quema de contenedores, daños en el establecimiento y en varios vehículos estacionados en las inmediaciones, así como cortes de suministros y el uso de material pirotécnico. Varios agentes de policía resultaron heridos, aunque la investigación no logró identificar de forma individual a los autores de esas agresiones, motivo por el que se descartaron los delitos de atentado y lesiones a la autoridad.

La conformidad alcanzada ahora pone fin al procedimiento sin necesidad de vista oral y cierra uno de los episodios judiciales derivados del conflicto laboral de LM Wind Power, uno de los más tensos vividos en El Bierzo en los últimos años y que marcó un punto de inflexión en la industria eólica de la comarca.

El Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP) ha publicado este jueves 23 de octubre la resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de en León que declara la utilidad pública que facilitará la expropiación de casi una treintena de terrenos necesarios para poner en marcha un parque eólico llamado Ucedo en la comarca leonesa de la Cepeda.

Se trata de un amplio parque que desplegaría cuatro aerogeneradores de grandes dimensiones para generar una potencia total instalada de 25 megavatios en una comarca, la cual ya está 'cosida' por el impulso de otras muchas macroinstalaciones de generación energética renovable, tanto solar como otras eólicas.

En este caso, se trata del impulso y la promoción de la sociedad Parque Eólico Ucedo SL, que se desarrollará dentro de los términos municipales de Brazuelo y de Villagatón. Esta declaración supone un paso decisivo hacia la ejecución del complejo energético ya que de este modo se allana el camino para que se consigan hacer, vía expropiación, con hasta 29 fincas necesarias para su construcción y que hasta ahora no tenían, por distintos motivos.

Y es que la declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, aplicándose el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. En total, 29 parcelas se verán afectadas por el proceso de expropiación o por la imposición de servidumbres, según detalla el anexo de la resolución de la Junta de Castilla y León.

Las afecciones previstas suponen una ocupación total de más de 9.000 metros cuadrados (9.177,14), distribuidos entre 4.419,10 de ocupación en pleno dominio, 3.756,23 más para ejecutar una zanja de media tensión y algo más de 1.000 bajo la figura de superficie permanente de paso.

Los terrenos pertenecen tanto a propietarios particulares como a entes públicos, incluyendo una parcela del Ministerio de Transportes y otra de la Junta Vecinal de Rodrigatos de la Obispalía, una localidad cercana.

El procedimiento administrativo arrancó con la solicitud de declaración de utilidad pública presentada por el promotor el 16 de septiembre de 2024, tras haber obtenido las autorizaciones administrativas previas y de construcción. Durante 2025 se notificó a los propietarios con los que no se alcanzó acuerdo y se abrió un periodo de información pública en mayo,. Ahora se da a conocer que nadie presentó nuevas alegaciones ni informes adicionales.

La resolución, firmada en León el pasado 15 de octubre de 2025 por el jefe del Servicio Territorial en León, Fernando Bandera, todavía deja abierta la vía administrativa para quien no esté de acuerdo con la decisión y su proceso, de modo que las personas o entidades interesadas disponen de un mes para interponer recurso de alzada ante el director general de Energía y Minas de la Junta.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa presentada para construir la planta eólica 'Oencia', una instalación que con sus infraestructuras de evacuación abarcaría una superficie que se extendería por los términos municipales de Oencia, Barjas, Corullón, Sobrado y Carucedo, en la provincia de León, y Rubiá, en la comarca orensana de Valdeorras. Lo hace a través de una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en la edición de este jueves del BOE (Boletín Oficial del Estado).

Cefiro Holdco 3 es la empresa promotora de este parque eólico que contaría con una potencia instalada de 217 megavatios y una infraestructura de evacuación con línea mixta (aérea y subterránea) Su solicitud data de diciembre de 2022, momento en el que comienza una tramitación en la que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formuló en febrero de 2025 una declaración de impacto ambiental desfavorable. “Dicho proyecto podría generar impactos negativos significativos sobre el medio ambiente para los que las medidas propuestas no presentan garantía suficiente de su adecuada prevención, corrección o compensación”, reza la publicación del BOE.

El proyecto, para el que se llegó a solicitar una autorización administrativa por la vía rápida y hasta obtuvo permisos de acceso y conexión a la red de transporte mediante la emisión de varios informes, ha sido finalmente desestimado por la declaración de impacto ambiental desfavorable.

Contra esta resolución de Transición Ecológica, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse todavía recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir de este viernes. Transcurrido ese plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Un estudio publicado en la revista 'The Journal of Environmental Management' alerta de que más de medio centenar de aerogeneradores proyectados en el noroeste español (concretamente, en varias zonas de la provincia de León) han sido autorizados o están en proceso de aprobación para ubicarse en zonas con capacidad de carga negativa, es decir, ambientalmente inadecuadas para albergar grandes instalaciones de energía eólica.

La investigación a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, liderada por Rodrigo Arévalo González, Victoria Ferrero y Estrella Alfaro Saiz —pertenecientes al Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León (ULE)— propone una innovadora herramienta de apoyo a la decisión basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y análisis multicriterio espacial.

El objetivo es evaluar de forma rigurosa la idoneidad del territorio para la instalación de parques eólicos, integrando criterios ambientales, sociales y técnicos.

Cuatro comarcas leonesas

El estudio se centra en cuatro comarcas de la provincia de León —Los Ancares, El Bierzo, La Cabrera y La Cepeda— y analiza 34 variables de aptitud y 21 de impacto, como la velocidad del viento, la biodiversidad, la presencia de hábitats protegidos, el patrimonio cultural o la proximidad a infraestructuras.

A partir de esta información, se han generado mapas de capacidad de carga absoluta y relativa que permiten identificar las zonas más adecuadas —y las más sensibles— para la implantación de aerogeneradores.

Los resultados son contundentes: el 87,5 % del territorio analizado presenta una capacidad de carga excluyente, lo que significa que no debería albergar instalaciones eólicas por su alto valor ambiental o por los riesgos que implicaría.

Solo el 0,09% del área total combina un potencial energético óptimo con una capacidad de carga máxima, lo que evidencia la necesidad de una planificación más cuidadosa y sostenible.

Además, el estudio compara sus resultados con las zonificaciones propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Castilla y León, concluyendo que ambas son insuficientemente restrictivas. De hecho, el modelo desarrollado por los investigadores excluye dos tercios del área que las administraciones consideran apta para proyectos eólicos.

La herramienta propuesta no solo permite identificar las zonas más adecuadas para la producción de energía renovable, sino que también ofrece un marco replicable para otras regiones que enfrentan conflictos similares entre desarrollo energético y conservación ambiental.

Un enfoque que conlleva un cambio de paradigma

“Este enfoque cambia el paradigma: ya no se trata solo de producir energía, sino de hacerlo respetando los valores naturales y la calidad de vida en las zonas rurales”, subrayan los investigadores.

El estudio también pone de relieve la necesidad de mejorar los procedimientos de evaluación ambiental. En tres plantas eólicas ya autorizadas —Trabadelo, Santa Cruz y Veldedo— se han proyectado aerogeneradores en zonas excluyentes, lo que cuestiona la fiabilidad de los estudios de impacto realizados.

Los autores abogan por la creación de un manual nacional de buenas prácticas que incluya criterios mínimos como censos robustos de especies amenazadas.

La investigación ha contado con la colaboración del Fondo Legal para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, que ha facilitado información sobre la ubicación de los parques eólicos proyectados. Los autores agradecen también el trabajo de quienes, desde el anonimato, defienden una transición energética justa y respetuosa con el medio ambiente.

La Junta de Castilla y León ha publicado en su Boletín Oficial (Bocyl) la modificación de un parque eólico que se ubicará en los términos municipales de Brazuelo, Torre del Bierzo y Santa Colomba de Somoza. Bajo el nombre 'Santa Cruz', este proyecto preveía la instalación de 10 aerogeneradores que, según este último cambio, se convertirán en 6.

Este proyecto comenzó su tramitación en el año 2021 con el nombre de la sociedad Parque Eólico Santa Cruz SL, vinculada al grupo del empresario minero Manuel Lamelas Viloria, pero con Pedro García Merayo como representante.

A pesar de haber nacido con una propuesta de 10 aerogeneradores, hoy se reducen a 6; aunque no reduce la capacidad de 35 megavatios (MW). Esta modificación de la Autorización Administrativa de Construcción fue solicitada el 4 de marzo de 2024 y ahora la Junta la concede estos cambios.

Los nuevos modelos que aumentarán la potencia serán un número más bajo pero, sin embargo, serán más grandes. En concreto, el primer proyecto contaba con la instalación de 10 máquinas con un diámetro de rotor de 137 metros, que ahora aumenta a 158 metros. Sin embargo, la altura se reduce de 110 metros (original) a 96 metros.

Por otro lado, esta modificación también implica un cambio en las ubicaciones de tres de los 6 aerogeneradores.

La Junta acuerda abre el proceso de alegaciones a la solicitud de declaración de utilidad pública que permitirá activar el proceso de expropiación de terrenos para ejecutar el Nudo Montearenas Sur, una autopista eléctrica de redes de conexión de macroparques energéticos, según publica en su edición de este viernes el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León). La instalación sometida ahora a la declaración de utilidad pública, denominada como Fase 1, abarca a los téminos municipales de Brazuelo, Castropodame, Congosto, Molinaseca y Torre del Bierzo.

La citada Fase 1 abarca desde la Subestación Eléctrica Transformadora Colectora Veldedo hasta la Subestación Eléctrica Transformadora Montearenas. La primera dispondrá de cuatro líneas subterráneas procedentes de la generación de otros tantos parques eólicos (Santa Cruz, Veldedo, Ucedo y Porquero) y de otros tantos transformadores, al tiempo que contará con tres posiciones de línea de entrada de tres instalaciones fotovoltaicas (Destriana, Requejo y Villamejil). Además, una línea aérea servirá de interconexión eléctrica y de evacuación de energía.

Se trata de una parte del conjunto total del Nudo Montearenas Sur, un complejo de infraestructuras de evacuación de energía que atraviesa una docena de municipios para interconectar cerca de una veintena de macroplantas fotovoltaicas y eólicas. Promovido por el Grupo Lamelas Viloria a través de su empresa Erbienergía Inversiones SL, el proyecto global pasaría por los municipios de Quintana y Congosto, Destriana, Castrillo de la Valduerna, Santiago Millas, Val de San Lorenzo, Santa Colomba de Somoza, Astorga, Brazuelo, Torre del Bierzo, Castropodame, Molinaseca y Congosto.

El trámite de declaración de información pública implica la necesidad de acometer expropiaciones de terrenos, algo que se hace público para habilitar un plazo de treinta días para la presentación de posibles alegaciones y observaciones. La documentación alusiva está publicada en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León (www.energía.jcyl.es) y en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta en León, situada en la Avenida Peregrinos sin número, entre las 9.00 y las 14.00 horas.

Son más de 200 las parcelas afectadas por el proceso de expropiaciones. Hasta 24 de ellas pertececen a Uminsa (Unión Minera del Norte, empresa que formó en su día parte del conglomerado de compañías del polémico Victorino Alonso). Otras tres son de la Junta Vecinal de San Andrés de las Puentes, localidad inscrita en el municipio de Torre del Bierzo. El resto, con algunas que figuran como de propietario “desconocido”, están a nombre de particulares con apellidos tan de la zona como Viloria, Silván, Torre o De la Torre.

El Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León pidió hoy una moratoria para proyectos de energía renovable que estén en procedimiento administrativo hasta que se apruebe un mapa de afección medioambiental y de usos del suelo por parte de la Junta. Lo hacen porque consideran las plantas solares y eólicas en trámite “una proliferación masiva y sin control” de este tipo de instalaciones en casos, por ejemplo, de terrenos de uso agrícola.

Así lo ha defendido el portavoz del grupo, David Hierro, en la presentación de la proposición de ley de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de los núcleos rurales de Castilla y León, registrada esta mañana, cuya intención es que se debata antes de que finalice la legislatura, dentro de pocos meses.

Vox propone ahora matices y cambios en una normativa que, vía decreto-ley, se aprobó en junio del año 2022, es decir, cuando su grupo formaba parte del Gobierno autonómico en coalición con el Partido Popular. Hasta el punto estaban en el Ejecutivo que puso en marcha esta norma que ahora exigen que no se aplique que, de hecho, era de Vox la Consejería de Agricultura y Ganadería, cuyo titular fue Gerardo Dueñas, hasta que el líder autonómico y vicepresidente, Juan García-Gallardo, siguiendo instrucciones nacionales del partido de Santiago Abascal, anunció la ruptura del pacto con el PP.

Sin tener en cuenta estos precedentes, ahora Hierro expone que su grupo reivindica el mix energético y “no renuncia” a ningún tipo de energía en Castilla y León, que se posiciona como líder nacional en renovables. Pero se aferró al argumento de que se produce una “proliferación sin control” de paneles fotovoltaicos en los términos municipales rurales, que, “lejos de ligar al territorio” a sus habitantes, como dice el PP, les obliga “a irse”.

Para justificar su cambio de postura entre ahora y cuando gobernaba y se aprobó el actual marco normativo, el actual portavoz defiende que son “insuficientes” los criterios para la autorización de proyectos de energías renovables por parte de la Junta, y esto supone, dicen ahora, “un ataque” al medio rural por parte de las empresas que deja en una “indefensión” a los municipios.

Según recoge la exposición de motivos de la iniciativa, la generación de energía renovable en Castilla y León alcanzó el 42% de cobertura sobre el consumo final y una potencia de 14.513 megavatios, “duplicando el porcentaje de 2020”. “Cualquier nueva solicitud no obedece a una necesidad y, además, de afectar más intensamente a los valores agrarios y paisajísticos de nuestro entorno rural con una expansión excesiva, puede perjudicar la diversificación del mix energético”.

Unos 250 proyectos se verían afectados

La iniciativa de Vox para su regulación por ley es “muy sencilla” ya que consta de tres artículos, como detalló el viceportavoz del grupo, Carlos Menéndez, durante la rueda de prensa. En concreto en su artículo 1 se declara la suspensión de los procedimientos administrativos de reconocimiento de utilidad pública conforme a la ley del sector eléctrico donde tiene competencia la Junta.

En concreto, la Comunidad tiene competencia en la autorización de instalaciones de menos de 50 megavatios, que serían los sujetos a la moratoria, en este momento estarían en curso unos 250, indicó Carlos Menéndez a preguntas de los periodistas.

Además, en el artículo 2, señala que quedan excluidas de esta proposición de ley las instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica. Por último, recoge que la suspensión aprobada en esta ley no será de aplicación a procedimientos de reconocimiento de utilidad pública iniciados, es decir, siempre que hayan superado algún trámite como la información pública.

En una disposición transitoria, recoge que estas medidas mantendrán su vigencia en tanto no se elabore un mapa de afección medioambiental y usos del suelo por la Junta de Castilla y León, que no debe superar el plazo de un año. Finalmente, concluye que, por todo ello, “resulta oportuna” la aplicación de una moratoria a la autorización y declaración de utilidad pública de estas instalaciones, hasta que “se planifique y cconsensúeuna transición ordenada, eficiente y respetuosa con todos los valores ambientales y sociales”.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Delegación de la Junta en León abre un período de alegaiones a la solicitud de declaración de utilidad pública del proyecto de parque eólico Ucedo, ubicado en la Cepeda, entre los términos municipales de Brazuelo y Villagatón, según lo dispuesto este martes en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia).

La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afectados de alrededor de una treintena de propietarios para la instalación de un parque que desplegaría cuatro aerogeneradores para una potencia total instalada de 25 megavatios.

A partir de este miércoles se abre un plazo de 30 días para formular posibles alegaciones a esta solicitud de declaración de utilidad pública para este parque eólico.

La documentación se encuentra publicada en el portal de Energía y Minería de Castilla y León (www.energia.jcyl.es) y en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta en León, ubicadas en la Avenida de Peregrinos. 

El Boletín Oficial de la Provincia recoge en su edición de este lunes, 5 de mayo, la solicitud de autorización administrativa de un parque eólico en la comarca de la Cepeda, en los municipios de Quintana del Castillo, Valdesamario y Villagatón. Se trata de una infraestructura que hibrida con un macroparque solar ya autorizado, Aquarii Solar, al compartir instalaciones, y que ocupará cerca de 200 hectáreas.

El proyecto de parque eólico contará con una potencia instalada de 70 MW, compuesto por diez aerogeneradores que se ubicarán en terrenos de Quintana del Castillo. La inversión total del proyecto asciende a 50.147.919,88 euros y está promovido por el grupo Solaria.

El parque eólico se localiza en una ubicación calificada como Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales, uno de los principales riesgos del proyecto. De hecho, incluso uno de los aerogeneradores se ubica sobre superficies donde se han producido incendios anteriormente y otro se localiza sobre terrenos con frondosas naturales procedentes de incendios, según la documentación del proyecto. Por ello, entre otras medidas como instalar pararrayos en los aerogeneradores, el parque eólico deberá contar con un Plan de Autoprotección ante emergencias por el Riesgo de Incendios Forestales.

El proyecto se encuentra sujeto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, conforme a la legislación vigente. Los ciudadanos disponen de un plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para presentar alegaciones o consultas.

El expediente está disponible en la página web de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, apartado “Proyectos, Campañas e Información”, epígrafe para los “Procedimientos de Información Pública”, así como presencialmente en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León, sita en avenida de Asturias, número 4, 24008, León, y formularse en el referido plazo cualesquiera alegaciones se consideren oportunas a las instalaciones proyectadas, a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado o por cualquier otro de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La consulta presencial requerirá solicitar cita previa llamando al teléfono 987 96 90.

La Asociación Cabrera Despierta presentará, junto a otros 39 colectivos, alegaciones a los parques eólicos 'Bierzo Wind I' y 'Bierzo Wind II' Encinedo y la línea de alta tensión ‘Carballeda-Encinedo’, que ahora se tramitarán de forma conjunta para instalar ocho aerogeneradores de 200 metros de altura en el corazón de la comarca de Cabrera, los cuales “pondrán en jaque” el futuro de ese territorio, según advirtieron. 

Detallaron que contarían también con una línea de evacuación de 29 kilómetros, 79 torres de ata tensión de 40 metros de altura, dos subestaciones de trasformación y decenas de pistas de acceso. En el caso de la línea de alta tensión, serán 31 kilómetros con 130 torretas de apoyo. 

Cabrera Despierta denunció que pretenden convertir “las montañas de La Cabrera en un macropolígono energético” y para evitarlo ponen a disposición de todos los que lo deseen modelos de alegaciones. El plazo de presentación finaliza el 12 de mayo. “La transición energética es ineludible y que las energías renovables son esenciales para llevarla a cabo , pero que no puede ser a cualquier precio, ni en cualquier lugar, llevándose por delante hábitats naturales cuya conservación es imprescindible para la lucha contra la emergencia climática”, afirmaron.

Además, el colectivo hizo un llamamiento a todos los ayuntamientos de Cabrera, el Consejo Comarcal del Bierzo y la Diputación de León para que se sumen a esta lucha: “La realidad de otros lugares demuestra que los proyectos eólicos no generan empleo estable para la población local y tampoco frenan la despoblación, sino todo lo contrario”.

Es por ello por lo que aseguraron que la lucha contra la despoblación de Cabrera y su desarrollo socioeconómico “sólo se entiende con alternativas económicas sostenibles, basadas en la conservación, la promoción y el desarrollo de la gran riqueza natural, arqueológica y cultural de la comarca”, apostillaron.