¿Es bueno de por sí un proyecto de una central hidroeléctrica reversible? Mientras la población rural se resiste a obras de este tipo, como ha ocurrido en La Cabrera, en una provincia como León que ha sufrido grandes traumas por la construcción de pantanos –yen la actualidad está produciéndose una fuerte oposición en la Montaña Central por la planteada en una zona de alto valor paisajístico como Valdepiélago–, la Universidad de León acoge un congreso sobre este tipo de instalaciones energéticas, poniendo el foco en la necesidad de valorar geológicamente la construcción de las mismas.

La Escuela de Ingeniería de Minas acogió este miércoles INNOVAMIN’26, una jornada técnica que reúne por primera vez en la Universidad de León a profesionales, investigadores, empresas y representantes de las administraciones para analizar los principales retos que plantea el desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles y las oportunidades que pueden abrirse en torno a ellas.

La dimensión técnica de estos proyectos requiere, además, abordar de forma precisa las características del terreno sobre el que se desarrollan. Así lo destacó el coordinador del Instituto Geológico y Minero de España en León, Augusto Rodríguez que remarcó el papel de la geología en la selección y caracterización de los emplazamientos, así como en la evaluación de las condiciones hidrogeológicas y la identificación de posibles riesgos geológicos y geomorfológicos.

En este sentido, señaló que construcción de centrales hidroeléctricas reversibles implica la ejecución de grandes infraestructuras subterráneas, con galerías, pozos y cavernas, además de presas y embalses, lo que hace necesario conocer con detalle las características litológicas y estructurales del terreno y su comportamiento.

Una jornada en la que además se abordó la necesidad de coordinación entre los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de estas infraestructuras. El catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y organizador de INNOVAMIN’26, Carlos López Jimeno, incidió en la importancia de articular la colaboración entre las diferentes administraciones y organismos implicados, especialmente en proyectos cuya dimensión energética y territorial supera el ámbito de una única comunidad autónoma.

“Queremos generar conocimiento, abrir líneas de investigación y establecer nuevas vías de colaboración con empresas, instituciones y profesionales del sector, aprovechando para ello el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo docente e investigador”, destacó la rectora Nuria González, que subrayó la intención de la Escuela de acercarse a nuevos retos y explorar todo lo que puede aportar la “Universidad a un ámbito llamado a adquirir una importancia creciente”.

El viceconsejero de Medio Ambiente, a favor

Durante la inauguración, el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, situó el desarrollo del almacenamiento energético entre los grandes retos asociados a la expansión de las energías renovables y destacó el potencial de Castilla y León para avanzar en este ámbito. “Nuestra Comunidad cuenta con una importante capacidad de generación fotovoltaica, eólica e hidráulica, además de unas condiciones orográficas y unos recursos hidráulicos que pueden favorecer el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles”.

Llorente destacó también la confluencia de capacidades que puede jugar a favor de estos proyectos, desde el conocimiento acumulado en torno a la minería y la ingeniería hasta la experiencia en materia hidráulica y energética y el talento generado por las universidades. En este contexto, situó a León como un territorio con condiciones especialmente adecuadas para abordar nuevas iniciativas vinculadas al almacenamiento y señaló que este desarrollo puede generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en el marco de la transición energética.

El viceconsejero apuntó, no obstante, que el despliegue de estas infraestructuras requiere avanzar de forma coordinada en distintos ámbitos, entre ellos los aspectos tecnológicos, la tramitación administrativa, las necesidades de inversión y financiación y la planificación energética, especialmente en relación con el desarrollo de la red eléctrica, mostrando el apoyo de la Junta al desarrollo de nuevas centrales.

Necesidades energéticas

La expansión de las energías renovables está haciendo cada vez más necesario disponer de sistemas capaces de almacenar energía a gran escala y gestionar de forma flexible su producción y su demanda. Las centrales hidroeléctricas reversibles se presentan como una de las alternativas con mayor potencial para avanzar en el almacenamiento energético.

Un ámbito que abre nuevas oportunidades para la ingeniería, la geología y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y que la Universidad de León, a través de su Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, quiere empezar a explorar desde el conocimiento y la investigación, aprovechando la capacidad de León en sectores vinculados a la energía, la ingeniería, la minería y los recursos hidráulicos.

El Congreso INNOVAMIN’26 ha sido organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Geológico y Minero de España, en colaboración las Escuelas de Ingeniería de Minas de las universidades de León y Politécnica de Madrid y EURECA-PRO, reuniendo a especialistas de los ámbitos de la ingeniería, la geología, la energía, la geotecnia y el agua para poner en común experiencias y conocimiento sobre las centrales hidroeléctricas reversibles. 

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la absolución de los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en un escape de grisú el 28 de octubre de 2013. La Sala desestima el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirieron las familias de las víctimas, que reclamaban anular la sentencia absolutoria y repetir el juicio ante un juez distinto. La resolución, dictada esta misma semana y a la que ha tenido acceso ILEÓN, confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de León y declara de oficio las costas.

La decisión llega cuando están a punto de cumplirse 13 años del accidente en el que murieron seis trabajadores y otros ocho resultaron heridos. El escape se produjo sobre las 13.24 horas en un taller de la séptima planta del ala Este del Macizo séptimo del Pozo Emilio del Valle, en Tabliza, en la zona de Santa Lucía de Gordón. La emisión brusca y masiva de metano superó el 5% de grisú y redujo inmediatamente el oxígeno hasta el 1%, provocando la muerte de los seis trabajadores que se encontraban en el taller.

La Fiscalía sostenía en su recurso que la sentencia de primera instancia había valorado de forma irracional las pruebas y había dado una credibilidad excesiva a los acusados y a los peritos de las defensas frente a los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. Señalaba, entre otras cuestiones, posibles deficiencias en la autorización de la explotación, la ventilación, el contacto con los minados superiores, la existencia de una bóveda, un supuesto error topográfico y la estructura de prevención de riesgos de la empresa. Las acusaciones defendían que esas circunstancias podían haber contribuido al accidente y reclamaban que se celebrase un nuevo juicio.

La Audiencia, sin embargo, considera que la sentencia de primera instancia sí explica de manera razonada por qué da mayor valor a unas pruebas que a otras y que las discrepancias planteadas por Fiscalía no permiten hablar de una valoración arbitraria o manifiestamente irracional. La Sala recuerda además una limitación fundamental de una segunda instancia frente a una sentencia absolutoria: el tribunal que juzgó el caso tuvo contacto directo con los testigos, acusados y peritos durante los casi dos meses de juicio, mientras que los magistrados de la apelación no tuvieron esa misma inmediación. Por ello, no basta con proponer una interpretación diferente de las declaraciones para anular la absolución.

Un fenómeno que la Audiencia considera imprevisible

Uno de los puntos centrales de la resolución es la causa del escape de grisú. La Audiencia asume la conclusión de la sentencia recurrida de que se produjo un desprendimiento instantáneo de gas procedente de la zona del postaller que fue extraordinario e imprevisible, tanto por el momento en que ocurrió como por su magnitud y sus consecuencias.

La sentencia considera que la Hullera Vasco-Leonesa había aplicado las medidas de prevención previstas para una explotación de estas características. La mina estaba catalogada como de tercera categoría por sus concentraciones de metano y, por tanto, existía riesgo de fenómenos dinámicos, pero la Sala recoge que se habían utilizado los métodos disponibles para reducir ese riesgo y que no se ha acreditado qué otra medida concreta, diferente de las que ya se aplicaban, habría evitado el accidente. Ese elemento resulta determinante para la absolución, ya que no basta con acreditar que existía un riesgo, sino que debe demostrarse una infracción de las obligaciones de seguridad y su relación causal con el resultado.

La Sala da por buena también la conclusión de que la ventilación del taller era conforme a la normativa y que los electroventiladores estaban correctamente situados. La sentencia de primera instancia había rechazado que una prolongación del funcionamiento de los ventiladores después del escape hubiese salvado a los trabajadores, ya que la cantidad de metano liberada habría sido muy superior al volumen de aire aportado. También considera acreditado que cambiar la ubicación de los ventiladores no habría evitado las consecuencias del accidente.

El contacto con los minados superiores, otro punto clave

Otro de los argumentos de la Fiscalía era que no se había producido el contacto necesario con las labores superiores para permitir la salida del gas. La Audiencia vuelve a rechazar esta interpretación. Según la resolución, existen documentos y testimonios que apuntan a que el contacto con la planta superior, concretamente con el culatón de la sexta, ya se había producido antes del accidente.

La Sala destaca que por esa zona salió también gas hacia la sexta planta y que el propio perito judicial admitió durante el juicio que se había producido contacto con la planta superior, aunque fuera pequeño. Los magistrados consideran además significativo que las concentraciones de metano hubieran descendido durante los días anteriores al accidente, algo compatible con la comunicación entre ambas plantas y la migración del gas hacia arriba.

La Audiencia tampoco aprecia el supuesto error topográfico que planteaba la acusación. La resolución considera que lo que pudo existir fue una diferencia en la representación cartográfica, pero no se acreditó que la explotación se hubiera ejecutado físicamente en un lugar incorrecto. En minería subterránea, explica la sentencia, la galería sigue la capa de carbón y la representación topográfica se va actualizando conforme avanza la explotación.

La bóveda no demuestra por sí sola una situación de riesgo

La existencia de una bóveda en la zona de explotación también había sido utilizada por Fiscalía como indicio de que la actividad debería haberse detenido. La Audiencia considera que la existencia de esa bóveda era normal en esa fase de la explotación y que no se ha acreditado que se continuase con el sutiraje vulnerando las limitaciones de seguridad.

La resolución distingue entre la bóveda del postaller, propia del sistema de explotación, y la que pudiera aparecer sobre el propio taller. Y señala que cuando se detectó una bóveda sobre el taller los días 14, 22 y 24 de octubre no se realizó sutiraje en esas zonas.

Tampoco ve acreditada una falta de prevención

La Audiencia considera igualmente que la sentencia recurrida examinó de forma suficiente la estructura preventiva de la empresa, los planes de labores, el sistema de seguridad y las evaluaciones de riesgos. La Fiscalía cuestionaba que la empresa hubiera evaluado adecuadamente el riesgo de una invasión masiva e intempestiva de metano.

Pero para la Sala el problema vuelve a ser que no se ha identificado una medida de seguridad concreta que fuera exigible y cuya aplicación hubiera evitado el accidente. La sentencia de primera instancia consideró acreditado que la empresa había empleado los métodos de prevención dirigidos a los riesgos conocidos y que no se había demostrado la existencia de otra medida capaz de impedir el siniestro.

La Audiencia también entra en las declaraciones de los trabajadores que la Fiscalía consideraba relevantes. La sentencia de primera instancia había detectado contradicciones entre algunas declaraciones realizadas inmediatamente después del accidente y las efectuadas posteriormente durante la instrucción y el juicio, así como afirmaciones que aparecieron de forma tardía. Para la Sala, esa valoración de la prueba personal corresponde especialmente al juez que presenció directamente el juicio y no puede ser sustituida en apelación simplemente porque la acusación proponga otra interpretación.

Fiscalía y las familias querían volver a empezar

La resolución supone el rechazo de la petición de Fiscalía de anular tanto la sentencia como el juicio oral y celebrar un nuevo juicio ante un magistrado distinto. El Ministerio Público había invocado la doctrina constitucional que permite anular una sentencia absolutoria cuando su motivación es arbitraria o manifiestamente irrazonable, pero la Audiencia concluye que esas circunstancias no se dan en este caso.

El tribunal considera que la sentencia de primera instancia podrá ser discutida o que pueden existir interpretaciones diferentes sobre determinadas pruebas, pero no aprecia el error manifiesto, la falta de racionalidad en la motivación ni la omisión de pruebas relevantes que permitirían anular una absolución. En palabras de la propia resolución, lo que existe es una valoración de la prueba diferente a la que propone el recurrente, pero no una valoración irracional.

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de Fiscalía, al que se habían adherido las acusaciones particulares, y confirma la absolución de los 16 acusados entre los que se encuentran tres miembros de la familia Del Valle. La resolución declara además de oficio las costas del recurso.

Aunque la vía de apelación sí ha terminado, no necesariamente el proceso judicial. La propia sentencia informa a las partes de que contra ella todavía pueden interponer recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo. Un hecho que las familias no descartan, aunque valoran que “es pronto para decir nada”.

La segunda absolución a los Del Valle que se conoce este mes

La resolución sobre el accidente minero llega además después de que este mismo mes de septiembre la Audiencia Provincial de León haya dictado otra absolución relacionada con la antigua Hullera Vasco-Leonesa, en este caso la de los empresarios Antonio y Arturo Del Valle y otros responsables de empresas vinculadas a la compañía por un presunto fraude de 2,1 millones de euros en las ayudas al carbón. En aquel procedimiento, la Sala no llegó a entrar a valorar si existió o no el fraude que sostenían Fiscalía y Abogacía del Estado porque consideró ilícitas las entradas y registros de la Agencia Tributaria que habían dado origen a buena parte de la investigación.

La Audiencia extendió esa nulidad al resto de pruebas obtenidas a partir de aquellos registros, aplicando la doctrina del 'fruto del árbol envenenado', y concluyó que, una vez excluida esa documentación, no quedaban elementos suficientes para acreditar el delito fiscal ni la falsedad documental. Ficalía, en este caso, pedía 12 años de cárcel para ellos.

El Proyecto Toral, la iniciativa de explotación minera de zinc, plomo y plata que la compañía canadiense Denarius Metals impulsa en El Bierzo, amplía su área de investigación con unas 800 nuevas hectáreas y extiende sus derechos mineros unos siete kilómetros hacia el noroeste, ha anunciado la sociedad. La ampliación, denominada Toral Oeste, incorpora además la histórica mina Antonina, en el término municipal de Sobrado, cerca de Toral de los Vados. La compañía ha recibido de la Junta de Castilla y León una opción preferencial para adquirir hasta 28 nuevas cuadrículas mineras contiguas al proyecto.

Con esta ampliación, la superficie de las propiedades de Denarius Metals en el Distrito Minero de León alcanzaría unas 3.700 hectáreas, una vez completados los trámites administrativos correspondientes. El nuevo ámbito permitirá a la compañía investigar si la mineralización conocida en Toral continúa hacia el oeste a lo largo de la estructura geológica del yacimiento. La empresa prevé incorporar esta extensión y la zona de Antonina a su programa de exploración previsto para 2027.

Uno de los elementos destacados de la ampliación es la recuperación del interés por la mina Antonina, una antigua explotación de zinc y plomo situada en Sobrado. Según la compañía, fue inaugurada en 1935 y cerrada en 1983, y las leyes del mineral registradas históricamente serían similares a las identificadas en el Proyecto Toral. Denarius Metals plantea que el acceso a las antiguas galerías de Antonina podría permitir alcanzar inicialmente mineralización que continúa en profundidad y convertirse posteriormente en una posible vía alternativa para acceder a las zonas más profundas del yacimiento de Toral.

La ampliación llega acompañada de la primera estimación de recursos minerales del Proyecto Toral. La compañía calcula que estos recursos contienen aproximadamente 590.000 toneladas de zinc, 409.000 toneladas de plomo y 9,7 millones de onzas de plata.

La empresa está pendiente de la resolución de las autorizaciones para la mina subterránea presentadas a la Junta de Castilla y León a finales del año 2023, con una previsión de explotación de 18 años, una extracción estimada de 700.000 toneladas de mineral al año y una inversión de 186 millones de euros. Según la empresa se generarán más de 350 empleos directos y 1.400 indirectos.

El proyecto de la nueva mina contempla galerías de 6 kilómetros y trabajar las 24 horas del día, con tres turnos, y una estimación de una o dos voladuras diarias para la obtención del material. La explotación se realizará mediante la construcción de un pozo vertical, así como una planta de proceso mediante flotación para obtener los concentrados, en circuito cerrado. El estéril obtenido se prevé utilizarlo para el relleno de las cámaras y la restauración o relleno de huecos de canteras próximas a la zona, como la cantera ilegal del Grupo Martínez Núñez explotada durante décadas y próxima a Las Médulas.

El Museo de la Siderurgia y la Minería (MSM) de Castilla y León, con sede en Sabero, acoge este miércoles, 30 de septiembre, a las 18.00 horas una nueva cita de su ciclo Encuentro con mineros, dedicado en esta ocasión a los sondistas. La cita se enmarca en su programa MSM Formación. Los interesados en acudir a la actividad, moderada por el periodista de La Nueva Crónica Fulgencio Fernández, pueden realizar la inscripción, de carácter gratuito y con plazas limitadas, en el propio museo o en el teléfono 987 718 357.

La labor de los sondistas resultaba fundamental para conocer qué se encontraba bajo el terreno y determinar las posibilidades de explotación de un yacimiento. Varios exmineros que desempeñaron este oficio compartirán sus recuerdos, experiencias y conocimientos sobre una profesión que, pese a su enorme importancia para la actividad minera, es menos conocida por el público general.

El trabajo de los sondistas estaba estrechamente ligado a una de las primeras necesidades de cualquier explotación minera: saber dónde estaba el mineral y conocer las características del subsuelo antes de emprender o ampliar una explotación. Para ello, realizaban perforaciones que permitían obtener información sobre la composición y estructura del terreno, localizar capas de carbón y determinar su espesor, profundidad y continuidad.

A través de las muestras obtenidas en las perforaciones y de la información proporcionada por los sondeos, estos trabajadores contribuían a conocer el yacimiento y a orientar las decisiones posteriores de la explotación. Su trabajo requería precisión, experiencia y un profundo conocimiento del terreno, además de desarrollarse en unas condiciones que podían resultar especialmente exigentes.

Con estos encuentros, el Museo de Sabero quiere dar a conocer la historia de la minería y de las empresas que la hicieron posible con el testimonio de los trabajadores y otras personas vinculadas con el sector que relatan sus experiencias en primera persona.

Santibáñez de Montes volvió a tener actividad este domingo, aunque durante unas horas y con un objetivo muy especial: recuperar las huellas de un pueblo minero que quedó abandonado a finales de la década de los 60 del pasado siglo. Cuarenta socios de la asociación Promonumenta participaron en una nueva facendera por el patrimonio, acompañados por vecinos de Torre del Bierzo, Santa Marina de Torre, Montealegre y Brañuelas, además de algunas personas vinculadas al propio Santibáñez de Montes.

La jornada comenzó en León, desde donde los participantes se desplazaron en autobús hasta Montealegre. Allí, cuatro todoterrenos cedidos por voluntarios de la zona permitieron completar el recorrido hasta Santibáñez de Montes y transportar las herramientas y aperos necesarios para los trabajos de recuperación.

Una vez en el antiguo pueblo, los voluntarios se repartieron en varios equipos. Uno de ellos centró su trabajo en el entorno de la iglesia y el cementerio, cubiertos por una abundante vegetación que dificultaba incluso reconocer algunos de sus elementos. Otro grupo actuó en los antiguos molinos hidráulicos situados en las afueras, mientras que el resto se ocupó de despejar las principales calles del núcleo.

La retirada de la vegetación permitió recuperar parcialmente la estructura del antiguo pueblo y volver a identificar espacios y recorridos que el abandono había ido ocultando. La actuación no pretende reconstruir Santibáñez de Montes, sino evitar que el paso del tiempo y la vegetación terminen por borrar las evidencias materiales de la vida que tuvo este enclave minero.

Tras finalizar los trabajos de la mañana, los participantes regresaron a Montealegre, donde el Ayuntamiento de Torre del Bierzo ofreció una comida como muestra de agradecimiento por la labor voluntaria desarrollada por Promonumenta.

La jornada cntinuaría continuó por la tarde con una visita cultural a San Facundo. Allí, los integrantes de la asociación pudieron conocer el pueblo, su entorno y su iglesia acompañados por el alcalde pedáneo, completando así una jornada dedicada tanto al trabajo directo sobre el patrimonio como al conocimiento de otros enclaves de la zona.

Usar datos de satélite, confrontados con los obtenidos por sistemas de vuelo autónomo, para vigilar los posibles movimientos de tierra inesperados o inadvertidos en zonas mineras. Esto es lo que ha desarrollado una investigación, del Instituto Geológico Minero de España y que ha dado a conocer en la revista Engineering Geology. Una técnica mixta y dual que abre nuevas posibilidades para detectar la evolución de desplazamientos potencialmente peligrosos, especialmente en áreas donde los satélites pierden el detalle de la deformación.

Según ha detallado el investigador del Laboratorio InSAR del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Juan López-Vinielles, este trabajo combinado permite analizar las inestabilidades “con mayor detalle, reconstruirlas en tres dimensiones y evaluar la fiabilidad de las mediciones obtenidas por satélite”.

El principal valor de esta nueva estrategia reside en su capacidad para facilitar la toma de decisiones preventivas en entornos inestables y su aplicación no se limita a antiguas explotaciones mineras, sino que servirá para monitorizar cualquier proceso de deformación natural de características similares.

Los satélites radar han medido tradicionalmente con precisión milimétrica los desplazamientos del terreno mediante la técnica InSAR, capaz de abarcar grandes extensiones de forma constante, pero su fiabilidad cae cuando la tierra se mueve de forma abrupta o muy desigual en distancias cortas, ha explicado.

Para sortear estas limitaciones, los científicos han integrado imágenes captadas por drones y procesadas con técnicas avanzadas de fotogrametría digital, lo que aporta información complementaria clave para reconstruir las componentes horizontales y la vertical, logrando mapear el movimiento tridimensional completo del talud.

El Feixolín como laboratorio

La metodología se ha puesto a prueba en la escombrera restaurada de la explotación de carbón de El Feixolín, en León, donde el equipo monitorizó un deslizamiento lento de grandes dimensiones entre octubre de 2018 y septiembre de 2020 cruzando 237 imágenes de un satélite europeo con datos de cuatro campañas de vuelo de drones.

Los resultados evidencian la eficacia del modelo híbrido puesto que se detectaron desplazamientos tridimensionales acumulados de hasta 3,16 metros.

Este dato resultó ser casi idéntico a los 3,23 metros medidos directamente sobre el terreno con sistemas de posicionamiento GPS de alta precisión, una magnitud real muy superior a los 1,22 metros que el satélite InSAR había logrado cuantificar por sí solo en esos mismos puntos. 

Referencia: López-Vinielles, J., Herrera, G., et al —  'Post-processing UAV-based SfM data using digital image correlation: a complementary approach to InSAR for 3D slope monitoring in mining areas prone to phase aliasing' ~  Revista Engineering Geology (2026) | DOI: 10.1016/j.enggeo.2026.109045.

León capital, que pudo tener un teatro modernista en San Marcelo, espera anhelante la reapertura del Emperador, a cuya fachada se arrimaban curiosos para alzar la vista y comprobar si se veía algo bajo las faldas de Kelly LeBrock en el cartel de La mujer de rojo. Ponferrada, que era la Ciudad del Dólar cuando Juanito Valderrama parió la letra de El emigrante tras actuar en el Edesa, tiene hoy un filón, cultural pero también con repercusiones económicas, en el Bergidum. Las efemérides (el Emperador cumple 75 años de su apertura y el Bergidum 30 de su reapertura) marcan el congreso Teatros y cines en León y provincia, donde también se analizan hasta este jueves cuestiones como la paradoja de que los cines fueran al mismo tiempo arma de evasión y de control en las cuencas mineras o la importancia tanto de grandes transatlánticos como la ELDE (Empresa Leonesa de Empresarios) como de pequeños emprendedores en el rural.

La cita, que subraya la importancia de edificios que van mucho más allá de los muros y los ladrillos ahora que en Ponferrada ir al cine pasa inexcusablemente por acudir a un centro comercial, es el resultado de un esfuerzo colectivo capitaneado por sus coordinadores. Son el profesor de Historia Contemporánea de la UNED Francisco Balado Insunza y el director de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, Jorge Martínez Montero, que ha coronado el trabajo con una obra monumental: el libro Teatros y cines leoneses.

¿Qué impacto social tuvo en León la llegada del teatro? ¿Fue comparable al que tuvo después del cine? ¿Y cómo convivieron ambos a principios del siglo XX?

Jorge Martínez: Las producciones teatrales ya tienen importancia en la ciudad de León en los siglos XVII y XVIII. Con la invención del cinematógrafo, empiezan a tener un menor calado. Ahí el público experimenta un cambio. ¿Por qué? Porque ya la gente tiene un espacio concreto donde sociabilizar. Es una manera de abrir las ventanas al mundo: el cine implica nuevas miradas, nuevos paisajes y una cierta reflexión. A partir de los años diez del siglo XX, cuando se construye el Teatro Alfageme, es cuando empieza a pugnar lo teatral con lo cinematográfico. Y a partir de grandes estrenos cinematográficos como el de Quo Vadis, empieza a tomar mucha más fuerza lo cinematográfico. El coste de traer a las compañías teatrales era muy elevado hasta el punto de que se dejaban, ex profeso, para festividades concretas. El resto del año era inviable tener una programación estable.

A partir de los años diez del siglo XX, cuando se construye el Teatro Alfageme, es cuando empieza a pugnar lo teatral con lo cinematográfico en León. Y a partir de grandes estrenos cinematográficos como el de 'Quo Vadis', empieza a tomar mucha más fuerza lo cinematográfico

Jorge Martínez — Coordinador del Congreso Teatros y cines en León y provincia

Se ha puesto sobre la mesa del congreso que la provincia tuvo en torno a 200 cines y teatros. ¿Hablamos de recintos físicos, al margen de las proyecciones ambulantes?

Francisco Balado: Hablamos de cines y teatros, pero no todos a la vez, sino a veces en el rango cronológico que va desde la llegada del cine hasta el declive del cine. Pero sí, hubo cerca de 200 recintos físicos.

J.M: A veces conviven en el mismo espacio diferentes cines; en la propia localidad, o incluso en el mismo solar: se construye uno, se derriba y se levanta otro con el paso del tiempo.

¿Y cómo podemos ilustrar la importancia que tuvieron las proyecciones ambulantes?

J.M.: El cinematógrafo surgió con los Lumière en 1895. A la ciudad de León llegó cinco años más tarde. Y empiezan a realizarse esas primeras proyecciones al aire libre con esas barracas en la plaza de San Marcelo. Hay numerosos cinematógrafos que llegan aquí para realizar esas proyecciones. Los agustinos también tuvieron peso. El Recreo Industrial fue uno de los primeros lugares donde se realizaron esas proyecciones y donde adquirieron un cinematógrafo, un Lumière, Tuvieron muchísimo éxito.

¿Y en el medio rural?

J.M: Ahí llegaron mucho más tarde.

F.B: Hay muchos casos. Pero parte de esa memoria se nos ha perdido. Convivieron los físicos con los ambulantes, porque hay cine ambulante incluso hasta en los años sesenta. Pero no tenemos fuentes a las que poder acceder más que testimonios de gente que ya no se nos ha ido. Yo cito a Damián Tascón, que era un hombre muy emprendedor. En Piedrafita de Babia, donde hubo un cine físico, los mineros salían de la mina y Damián les proyectaba películas en una especie de cobertizo. Y además de proyectar la película, les ofrecía refrescos... Este tipo de cine ad hoc, para colectivos, también es un cine ambulante. Pero, sobre todo, había gente que se dedicaba a ir por los pueblos, como ha contado en el congreso Chema Sarmiento. Yo tengo localizados a varios, pero a través de referencias muy difusas. Había un tal Contreras, que iba por los pueblos del Alto Bierzo. Y cuenta Melchor Moreno que les daba dinero si lo promocionaban. Tenían que decir: “Que viene Contreras y su cine”.

Hay un apartado del congreso dedicado a las cuencas mineras, donde el cine era un elemento de evasión del trabajo, pero también de control por parte de los empresarios o del régimen franquista. ¿Cómo convivía una cosa con la otra?

F.B: Convivía de una manera muy sorprendente. Después de la Guerra Civil, hay un boom de la minería. Y España es una dictadura. El control social está por definición en un sistema autoritario, sobre todo al principio. Cualquier forma de expresión externa tiene que someterse primero a una censura; segundo, a una propaganda, a través del NO-DO, que se emite en todos los cines antes de la película; y tercero, las películas fomentan los valores que el régimen quiere. Pero eso se va matizando con el tiempo. Y al final llegan películas como Gilda. Y no censuraron la raja de la falda de Rita Hayworth. El control total es muy difícil. Pero hay otros controles. Está el de la Iglesia: las parroquias, sobre todo en los pueblos, los utilizan para la catequesis, para adoctrinar; se proyectan películas que tienen que ver con todo ese componente. Y tenemos empresas mineras, que tienen la misma filosofía proteccionista que el Estado. Y también llevan a cabo ese control social: y a los operarios y a sus familias les proporcionan desde el economato hasta la vivienda, y también el ocio, que está dirigido. Y utilizan espacios, como hace la Hullera Vasco-Leonesa, para sus propios programas formativos. Y hay fotos del cine de Ciñera con celebraciones como el día del trabajador. Pero todo eso convivía con la cuestión emocional que tiene el cine, y su capacidad de llevarte a sitios que no vas a conocer nunca. Y eso sin desdeñar el resto de cines del resto del mundo rural, que fueron también muy importantes.

¿Hasta qué punto el Edesa fue en Ponferrada causa, consecuencia o las dos cosas del trasvase de actividad social, económica y cultural del casco antiguo a la Puebla?

F.B.: El Bergidum empieza como cine y luego se convierte en teatro. Y se baja hacia la Puebla, hacia el ensanche, hacia la expansión con los años cincuenta. Y no sólo fue importante el Edesa: nacen también el Adriano o el Morán. Incluso en un barrio como Flores del Sil nace el Cine Sil, que tenía un aforo de 1.400 personas. No duró mucho, pero era algo impresionante.

J.M.: Era el Emperador berciano.

San Miguel de las Dueñas, donde en 1953 comienza Coto Wagner y Coto Vivaldi con el hierro, pasa de 600 habitantes a más de 2.000 en cinco años. Y hay en el plazo entre 1956 y1959 cuatro proyectos de cines. Sólo hubo al final un cine, pero hasta tres grupos de emprendedores, uno de ellos el alcalde, vieron ahí un negocio

Francisco Balado — Coordinador del congreso Teatros y cines en León y provincia

¿Qué particularidades tenían las empresas y los empresarios del sector?

J.M.: Hablamos de personas que tenían un auténtico monopolio en la época, que además formaban unas estructuras empresariales que aglutinaban linajes familiares, como ocurría en otros sectores de la sociedad leonesa. Y eso les permitió ir poco a poco arrendando y comprando espacios teatrales y escénicos. Y cuando surgía un nuevo espacio cinematográfico o teatral que supusiera una posible amenaza para su control, lanzaban rápidamente una opa para intentar hacer que ese que ese espacio estuviera bajo su control o que estuviera controlado.

F.B.: Y había pequeños emprendedores. Había empresas familiares, muy pequeñas, sobre todo en los pueblos. Veían el negocio, pero muy circunscrito a ese pueblo. Y también había quieros y no puedos: gente que tenía un solar y solicitaba un proyecto, incluso una simple memoria, a los arquitectos. Un ejemplo claro es San Miguel de las Dueñas, donde en 1953 comienza Coto Wagner y Coto Vivaldi con el hierro. Y San Miguel pasa de 600 habitantes a más de 2.000 en cinco años. Tiene estación de tren. Y hay en el plazo entre 1956 y1959 cuatro proyectos de cines. Sólo hubo al final un cine, pero hasta tres grupos de emprendedores, uno de ellos el alcalde, que vieron ahí un negocio.

El teatro y el cine, en la contemporaneidad y sobre todo en el siglo XX, es un elemento absolutamente indisociable de la evolución social de cualquier lugar. Hay otras provincias en que la evolución puede ser más anodina. Aquí, la propia importancia que tiene la industria minera en la provincia hace que eso se expanda en diferentes ámbitos

Francisco Balado — Coordinador del congreso Teatros y cines en León y provincia

¿Y a ese fulgor lo va matando la reconversión económica, la tecnología, la televisión?

F.B.: La entrada del consumo de televisión en los hogares es lo primero que afecta al cine en los años sesenta y principios de los setenta. Luego afecta, ya en los años setenta, la propia crisis, aquí en esta provincia con repercusiones en la minería y la industria en general. Y a finales de los años setenta y principios de los ochenta llegó el vídeo, que fue matando al cine poco a poco. Los cines pequeños en los pueblos son los primeros que desaparecen, lógicamente. En 1985 ya prácticamente no queda ninguno de aquellos cines, salvo los emblemáticos que todavía hoy funcionan: Cistierna, Villablino y poco más.

J.M.: Y esos sobreviven fundamentalmente por el cine infantil. Porque los grandes estrenos, a golpe de clic en una plataforma, los ves en tu domicilio. Y ya no vas a no ser que sea una experiencia sensorial de un 3D, de unas gafas de realidad virtual, experiencias inmersivas, que es lo que actualmente busca el espectador en el ámbito cultural. Si no, están en declive, absolutamente.

F.B.: Al investigar todo esto te das cuenta de cómo el teatro y el cine, en la contemporaneidad y sobre todo en el siglo XX, es un elemento absolutamente indisociable de la evolución social de cualquier lugar. No sé si del mundo. Y en León es especialmente significativo por la propia configuración y el devenir de la provincia. Hay otras provincias en que la evolución puede ser más anodina. Aquí, la propia importancia que tiene la industria minera en la provincia hace que eso se expanda en diferentes ámbitos.

El congreso ha analizado edificios pensados por y para el cine y el teatro. Y hoy en Ponferrada, y por extensión en todo El Bierzo, para ver una película en el cine hay que ir a un centro comercial. ¿Cómo cambia eso la perspectiva?

J.M.: Es la sociedad de consumo en la que nos encontramos. Estamos en un momento en el que, por mucho que uno quiera, irremediablemente tienes que entrar a esos espacios, consumir y tenerlo todo a mano. Es como la inmediatez en el acceso a la información. Estamos en una sociedad en la que necesitamos el consumo y la inmediatez.

El Emperador no es un mero edificio, sino que está imbricado en las emociones, en la intrahistoria, en la imaginación y la idiosincrasia de los leoneses. Cuando un edificio trasciende y provoca la identificación de las personas, va mucho más allá de una mera declaración y de una mera protección

Jorge Martínez — Coordinador del congreso Teatros y cines en León y provincia

¿Qué está suponiendo el Teatro Bergidum para Ponferrada y qué tendría que suponer la anhelada recuperación del Teatro Emperador para León?

F.B.: Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Bergidum es el auténtico motor cultural de la ciudad. Eso no tiene discusión de ningún tipo. Gracias al Bergidum, Ponferrada tiene una actividad cultural ya no sólo teatral, sino todo lo que alrededor del Bergidum se hace. Y eso demuestra cómo una actividad cultural, en este caso el teatro, puede ser un motor económico; y hacer de una ciudad que no tenía hace 30 años, ni de lejos, una mínima actividad cultural, pues un lugar al que la gente acude, entre otras cosas por su actividad cultural.

J.M.: El Emperador supuso, hace 75 años, un revulsivo para la ciudad. Significó la gran apertura cultural para la ciudad, constituyó la joya de la corona de la ELDE (Empresa Leonesa de Espectáculos) y, a día de hoy, supone el gran reto cultural que tiene esta ciudad. Lo tiene; y, además, debe cerrar ese episodio pendiente porque la sociedad lo demanda. El Emperador no es un mero edificio, sino que está imbricado en las emociones, en la intrahistoria, en la imaginación y la idiosincrasia de los leoneses. Cuando un edificio trasciende y provoca la identificación de las personas, va mucho más allá de una mera declaración y de una mera protección. Y esa tarea pendiente va a hacer que nos reencontremos con el espacio, con la cultura y que la sociedad leonesa se sienta mucho más realizada volviendo a visitar, a disfrutar y a recordar las vivencias que tuvo en un espacio como ese. Como hemos perdido el Principal y el Alfajame, el único testigo que nos queda es el Emperador. Si no somos capaces de mantenerlo, conservarlo, restaurarlo y ponerlo en valor y darle una función, no estaremos cumpliendo con esa misión que tenemos, que es la de legar a nuestras generaciones futuras el patrimonio en su estado más óptimo. Todas las autoridades coinciden en que ahora está dando pasos de gigante, pero también es cierto que estamos en un periodo de finalización de legislatura y desconocemos qué va a ocurrir a partir del mes de mayo del año 2027. Y va para largo. Pero es un primer paso para que se haya reactivado. ¿Hay voluntad? Sí, y hasta el momento no había voluntad política. Pero se han dado cuenta de que este edificio es mucho más que un edificio.

Ponferrada acoge este miércoles la primera sesión del programa formativo de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón, una iniciativa que reúne a cinco territorios con tradición minera para buscar nuevas oportunidades económicas a través de su patrimonio. León, Teruel, Córdoba, As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas forman parte de esta red, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Transición Justa y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).

La formación está dirigida a gestores locales y pretende proporcionarles herramientas para diseñar, promocionar y comercializar actividades turísticas relacionadas con la historia minera e industrial de cada territorio. El objetivo es aprovechar un patrimonio común para diversificar la economía de las antiguas cuencas mineras, reforzar la colaboración entre ellas y generar nuevas oportunidades vinculadas al turismo.

La primera jornada, que se celebra en la sede de Ciuden en Ponferrada, estará centrada en la construcción de un relato común y en la conexión del patrimonio del carbón con otros recursos como el paisaje, la cultura, la gastronomía o el turismo activo. El programa también abordará cuestiones como la comercialización de los productos turísticos, la sostenibilidad y la accesibilidad.

La iniciativa llega después de varios meses de trabajo y del primer encuentro de los integrantes de la red, celebrado en diciembre de 2025 en la sede del Instituto para la Transición Justa. El proyecto permanece abierto a la incorporación de nuevos territorios y busca crear una estructura estable de cooperación entre zonas que comparten un pasado ligado a la minería del carbón.

Las acciones formativas se adaptarán a las características de cada zona. En Asturias se trabajará en la transformación de los recursos mineros en productos y experiencias turísticas y en la colaboración entre municipios, equipamientos y empresas. En As Pontes, el foco estará en relacionar la historia del carbón y la energía con el paisaje y las nuevas oportunidades turísticas, mientras que en Córdoba se abordará la puesta en valor del patrimonio minero-industrial del Valle del Guadiato.

En Teruel, la formación se centrará en la profesionalización de los agentes, la transmisión de la memoria minera, la gestión de los recursos y la creación de productos turísticos relacionados con las cuencas. En el caso leonés, la primera sesión de este programa se convierte así en un punto de encuentro para compartir experiencias con otros territorios que afrontan el mismo reto: convertir el legado de la minería en una oportunidad turística y económica para el futuro.

Las familias de los seis mineros que murieron en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa siguen pendientes de una respuesta judicial. La Audiencia Provincial de León tiene ya sobre la mesa los recursos contra la sentencia que absolvió a los 16 acusados por el accidente, entre ellos tres miembros de la familia Del Valle, y debe decidir ahora si confirma el fallo o estima las peticiones de las acusaciones. La Fiscalía fue la primera en exigir que se repitiera el juicio y las acusaciones particulares se han adherido a su recurso, según ha podido conocer este medio. El trámite de apelación ya ha concluido y los autos están en manos de los magistrados de la Audiencia.

Han pasado casi 13 años desde el 28 de octubre de 2013, cuando un escape de grisú en el Grupo Tabliza de Llombera, en La Pola de Gordón, acabó con la vida de Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, José Luis Arias, Roberto Álvarez y Orlando González y dejó heridos a otros ocho trabajadores de distinta gravedad. Desde entonces, sus familias no han hecho otra cosa que esperar. Primero la investigación, después a un juicio que se celebró a la segunda, a una sentencia que llegó más de una década después de la tragedia y dos años y medio después de que se terminase el juicio, absolviendo a todos los acusados, y ahora un recurso.

La causa vuelve a estar pendiente de los tribunales. La Fiscalía considera que la sentencia hizo una valoración incorrecta de las pruebas y pidió a la Audiencia Provincial que la anule, también el juicio, y que el caso vuelva a juzgarse otra vez de nuevo. Las acusaciones se han adherido a ese recurso y exigen que se depuren las responsabilidades por un accidente que siguen pensando que se podía haber evitado.

El Ministerio Público sostiene que la sentencia llevó a cabo una valoración “irracional” de los informes técnicos y los testimonios a lo largo de los casi dos meses de maratonianas sesiones judiciales, y cuestiona que se diera mayor credibilidad a las pruebas aportadas por las defensas que a los informes de los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. La Fiscalía entiende que el procedimiento no debía limitarse a determinar la causa inmediata del escape de gas, sino también a establecer si la tragedia podía haberse evitado con unas medidas de seguridad más adecuadas.

En su recurso, el Ministerio Público puso el foco en cuestiones como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa por la presencia de grisú. También cuestionó que determinados trabajos se hubieran iniciado sin contar, según su interpretación, con todas las autorizaciones exigidas por la autoridad minera y recordó la obligación de los responsables de la explotación de garantizar la seguridad de los trabajadores.

La Audiencia Provincial tendrá ahora que decidir si mantiene la absolución o estima los recursos. No existe un plazo concreto para resolver, por lo que las familias tendrán que seguir esperando sin saber cuándo llegará la decisión. Según ha explicado a ILEÓN uno de los abogados de las acusaciones, ya se han presentado las adhesiones de las acusaciones y las impugnaciones de las defensas y el procedimiento está pendiente de la resolución de la Audiencia.

Los Del Valle acaban de ser absueltos también de un fraude fiscal de 2,1 millones de euros relacionado con las ayudas al carbón de la Hullera Vasco-Leonesa. La Audiencia Provincial de León anuló las entradas y registros de la Agencia Tributaria por considerarlos ilícitos y extendió esa nulidad a todas las pruebas obtenidas en esas actuaciones, al aplicar la doctrina del 'fruto del árbol envenenado'. La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel para Antonio y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Vasco, al considerar probado que, junto a otros directivos y responsables de empresas subcontratadas, habían hecho pasar carbón de cielo abierto por carbón de interior para acceder a unas ayudas cinco veces superiores. El tribunal concluyó que, una vez excluidas esas pruebas, no quedaban elementos suficientes para acreditar el fraude ni para desvirtuar la presunción de inocencia.

Una causa que acumula más de una década

La espera judicial en este caso está siendo especialmente larga. El accidente ocurrió en 2013 y el juicio no comenzó hasta febrero de 2023, después de que algunos de los acusados se acordaran el primer día del juicio, la primera vez que se señaló en 2021, de que tenían seguros de responsabilidad civil que podían responder por ellos en caso de condena. El caso juzgó a 16 acusados y, durante dos meses de sesiones, escuchó a 80 testigos y peritos.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de León tardó en llegar más de dos años y medio después de la finalización del juicio. La resolución fue dictada por la magistrada María Argentina Álvarez Rodríguez, titular de ese juzgado, que había permanecido de baja durante buena parte de la espera y se reincorporó en octubre de 2025 con un refuerzo acordado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León para ayudar a sacar adelante las sentencias pendientes.

Entre los acusados figuraban tres miembros de la familia Del Valle, antigua propietaria de la Hullera Vasco-Leonesa, además de responsables de la compañía, ingenieros, mandos intermedios y vigilantes. Las defensas sostuvieron durante el juicio que el accidente había sido fortuito, imprevisible y no evitable y reclamaron la libre absolución de sus representados.

Seis nombres detrás de una causa que sigue abierta

Mientras la Audiencia decide, las familias continúan esperando casi 13 años después de perder a sus seres queridos. Carlos Pérez, de Las Ventas de Albares, estaba casado y tenía dos hijos. Manuel Moure, de Ciñera de Gordón, tenía 39 años y acababa de ser padre de una niña pocas semanas antes de morir.

Antonio Blanco, de Robles de la Valcueva, tenía 42 años, estaba casado y tenía una hija y esperaba poder prejubilarse. Roberto Álvarez, de Fontanos, era el más joven de los seis, con 35 años, y dejó dos hijos pequeños.

Orlando González, vecino de La Pola de Gordón y natural de Paradilla, llevaba más de una década trabajando en la minería. José Luis Arias, natural de Pola de Lena (Asturias), estaba casado y tenía dos hijos y era el único de los seis fallecidos que no era leonés. El próximo 28 de octubre se cumplirán 13 años del accidente en el que perdieron la vida en el tajo.

Finalmente no se celebrará juicio contra quien fuera el alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación hace 20 años de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por el empresario minero Victorino Alonso. Las partes han llegado a un acuerdo económico que evita la posible pena de prisión para Benéitez, quien ha devuelto íntegramente el dinero atribuído al delito de malversación.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación.

El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.

Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo por Izquierda Unida tras un acuerdo multilateral entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.

Este lunes 21 de septiembre estaba fechada en la Audiencia Provincial de León la primera sesión del juicio contra el exalcalde de Cabrillanes ante un Tribunal del Jurado, las siguientes se celebrarían el martes 22 y jueves 24 de septiembre. Sin embargo, ni siquiera se ha llegado a celebrar esta primera sesión tras un acuerdo con Fiscalía que solicitaba para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta. Finalmente, el acuerdo consta de una inhabilitación y una multa, aunque se desconocen los detalles concretos de la cantidad y duración de las mismas.

Como atenuante, la Fiscalía puede haber tenido en cuenta dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial acumula una duración de dos décadas. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio.

La Justicia absuelve otra vez a los empresarios mineros Del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa y a los directivos de las empresas del Grupo Peal, acusados de un fraude millonario por ayudas al carbón. La Audiencia Provincial de León anula las entradas y registros de la Agencia Tributaria por considerarlas ilícitas y, por ende, todas las demás pruebas que derivaban de esas actuaciones, por lo que concluye que no queda evidencia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. La sentencia, dictada el pasado 2 de julio y a la que ha tenido acceso ahora ILEÓN, absuelve a todos los acusados y a las sociedades implicadas de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El procedimiento juzgaba una presunta trama desarrollada entre 2011 y 2013 para hacer pasar carbón de explotaciones a cielo abierto por carbón de interior, que tenía una subvención pública cinco veces mayor. Fiscalía sostuvo durante el juicio que existía un sistema organizado y pactado entre la Hullera Vasco-Leonesa y Transportes Peal y Restauraciones Mineras para alterar las cifras de producción, sobrefacturar determinados trabajos e infravalorar el carbón con el objetivo de reducir las cuotas de IVA. La acusación pública cifró el supuesto fraude en 2.114.376,26 euros: 734.981,28 euros en 2011, 510.463,37 en 2012 y 868.931,61 en 2013. Para los dos empresarios de la familia Del Valle, Antonio y Arturo, y el que fuera director general de la Hullera, Mario Calvo Herce, la Fiscalía llegó a solicitar 12 años de prisión para cada uno, mientras que para los responsables de Transportes Peal reclamó siete años y medio. La Abogacía del Estado formuló peticiones incluso superiores en algunos de los delitos.

La sentencia, sin embargo, no entra siquiera a determinar si existió o no el fraude descrito por las acusaciones porque considera que la forma en que se obtuvo una parte esencial de la prueba estuvo fuera de la ley. La Audiencia recuerda que el Tribunal Supremo ya había declarado nulo el auto de 30 de mayo de 2016 que autorizó la entrada y registro en distintas instalaciones de la Hullera Vasco-Leonesa. Aquella resolución judicial no había realizado, según el tribunal leonés, un verdadero juicio de necesidad y proporcionalidad, sino que había asumido los argumentos de la Administración. La consecuencia fue la nulidad de las actuaciones por vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la tutela judicial efectiva.

Pero la Audiencia va más allá de aquella primera nulidad. También revisa el registro efectuado en las instalaciones de Transportes Peal y concluye que tampoco en este caso quedó justificado de manera suficiente que la entrada fuese necesaria y proporcionada. A ello añade un problema específico con el Centro de Proceso de Datos de La Robla: las instalaciones no pertenecían a la Hullera Vasco-Leonesa sino a una filial, CITSA, y el representante de la administración concursal que permitió la entrada no tenía capacidad para prestar un consentimiento válido en nombre de la sociedad titular.

La resolución aplica así la doctrina conocida como 'fruto del árbol envenenado'. La exclusión no se limita a los documentos que fueron directamente incautados durante los registros, sino que se extiende también al resto de pruebas que depende de esos registros. Los propios inspectores de Hacienda reconocieron durante el juicio que sus informes sobre la supuesta mecánica defraudatoria y los cálculos de las cuotas tributarias se elaboraron esencialmente a partir de la documentación obtenida en aquellos registros. Uno de los inspectores manifestó que, sin la documentación intervenida en Transportes Peal y en el centro de datos de La Robla, no podía mantener sus conclusiones sobre el fraude.

Con todas esas pruebas fuera del procedimiento, la Audiencia analiza qué queda para sostener la acusación y concluye que no es suficiente. Los técnicos y peritos que declararon en el juicio no acreditaron la existencia de una estructura fraudulenta destinada a falsear la producción o generar facturación ficticia. Además, varios expertos vinculados al ámbito minero señalaron que el método técnicamente fiable para determinar los movimientos de estéril y la producción era la medición topográfica, frente al simple recuento de camiones utilizado como referencia en parte de los cálculos acusatorios. La sentencia también recoge informes periciales que cuestionaron la metodología utilizada por Hacienda para calcular las cuotas supuestamente defraudadas y otro que no apreciaba una sobrefacturación significativa.

El tribunal concluye que, una vez eliminadas las pruebas, no existe una base válida que permita determinar la deuda tributaria ni acreditar que se superase el umbral necesario para que existiera delito fiscal. Tampoco considera probado que la Hullera Vasco-Leonesa y las empresas contratistas mantuvieran una doble contabilidad, que alterasen conscientemente la producción real, que se facturasen servicios inexistentes o que hubiese una infravaloración sistemática del carbón de cielo abierto acompañada de una sobrefacturación del estéril.

La sentencia termina absolviendo a Antonio y Arturo Del Valle, Mario Calvo Herce, José Manuel Alonso y Francisco Javier Luengo, así como a Hullera Vasco-Leonesa, Transportes Peal y Restauraciones Mineras, y declara las costas de oficio. Uno de los acusados, cuya capacidad procesal había quedado afectada, ya había sido apartado del procedimiento por fallecimiento.

La absolución se conoce ahora, varios meses después de un juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de León en mayo con muchas trabas a los periodistas, negando incluso al principio la Fiscal Jefe de León, Isabel Morán González, que llevaba el caso de forma personal, que se pudieran conocer la solicitud de cárcel hasta la finalización del mismo y tras quejas de los profesionales de la información. Este medio solicitó desde hace meses la sentencia a la Fiscalía y TSJ, la última la semana pasada, sin que haya sido remitida como es habitual pese a haber sido notificada en el mes de julio.

Fiscalía y Abogacía del Estado mantuvieron hasta el final que existió una operación concertada para hacer pasar carbón de exterior por carbón de interior y reclamaron penas de prisión de hasta 12 años para los principales responsables. Los acusados, por su parte, negaron la trama y sus defensas sostuvieron desde el inicio que las pruebas habían sido obtenidas ilícitamente.

Y esta resolución adquiere especial relevancia por el otro procedimiento que sigue abierto contra la familia Del Valle, la absolución por el fraude de carbón se produce mientras continúa pendiente el recurso de Fiscalía contra la sentencia que absolvió a los acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en octubre de 2013. Son dos procedimientos distintos, pero ambos coinciden en absolver a los empresarios de su gestión empresarial.

El primer juicio de la temporada en la Audiencia Provincial de León tratará de resolver una historia de hace veinte años y en la que aparece uno de los nombres más conocidos de la minería leonesa: Victorino Alonso, el ‘rey del carbón’. Pero no será el empresario minero quien se siente en el banquillo, sino quien fuera alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por Alonso.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación. El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.

La Fiscalía considera que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y acusa a Benéitez en calidad de autor. En su escrito, presentado en 2017, solicita para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, aunque aprecia como circunstancia atenuante las dilaciones indebidas acumuladas durante la tramitación del procedimiento que suman ya dos décadas.

El juicio está señalado para el lunes 21 y martes 22 y jueves 24 de septiembre, ante un Tribunal del Jurado, después de una investigación judicial que se ha prolongado sobremanera. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio. El exalcalde siempre ha defendido que los 36.000 euros tuvieron un destino municipal y los vinculó a unas obras, pero su versión no ha evitado que finalmente responda por ello en la sala de justicia.

Un pago de la empresa de Victorino Alonso

El dinero que está en el centro del procedimiento salía de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la compañía quebrada que compró y explotó hasta su extinción el empresario minero Victorino Alonso. El pago estaba relacionado con Nueva Julia, una explotación a cielo abierto que acabaría convirtiéndose en uno de los principales episodios judiciales de la trayectoria empresarial del conocido como ‘rey del carbón'.

Alonso fue condenado por la explotación ilegal de Nueva Julia por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El Tribunal Supremo confirmó una pena de cuatro años de prisión para él y una responsabilidad civil superior a 24 millones de euros por los daños ocasionados, una condena que terminó llevando al empresario a prisión en 2023. Posteriormente obtuvo el tercer grado y, este 2026, la libertad condicional por su edad.

La causa por la que ahora se juzga al que fuera alcalde de Cabrillanes es, por tanto, distinta de la condena medioambiental de Alonso, aunque ambas tienen como escenario la misma explotación minera y parten de acontecimientos ocurridos en aquellos años de actividad de Nueva Julia.

Una historia que empezó hace 20 años

El caso llega al juicio casi veinte años después de los hechos investigados. Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo tras un acuerdo entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.

La defensa del exregidor sostuvo durante la instrucción que el dinero se había destinado a unas obras de construcción de muros de escollera y hormigón en el municipio. Sin embargo, las resoluciones judiciales que permitieron continuar con el procedimiento cuestionaron la existencia de documentación municipal que acreditase tanto el encargo como la fiscalización de aquellas obras y señalaron que las cantidades facturadas no permitían justificar el destino del dinero.

Ahora será el Tribunal del Jurado el que tendrá que determinar qué ocurrió con aquellos 36.000 euros. Fiscalía ve malversación y pide para el acusado 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, con el atenuante de dilaciones indebidas de dos décadas.

El salón de actos del Edificio de Usos Múltiples Casa del Cura de Santa Marina de Torre (Torre del Bierzo) estrena este viernes, 18 de septiembre, la exposición fotográfica Medio siglo entre nosotros, que aborda a través de una treintena de instantáneas la integración cultural de la comunidad portuguesa que llegó a la localidad para trabajar en las minas de carbón. La muestra será permanente.

La iniciativa, que se ha completado con la grabación de testimonios de los propios protagonistas de aquella migración en la década de los setenta, se enmarca en un proyecto impulsado por la Asociación de Jubilados de Santa Marina de Torre para “hacer memoria de la historia reciente” del pueblo.

Así, las actividades comenzaron ya el pasado mes de julio con la visita en La Térmica Cultural de Ponferrada a la exposición Vientos del pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974-1977), sobre el papel de los movimientos sociales en el final de las dictaduras en Portugal y España.

Ahora, el estreno de la exposición es fruto de la recopilación de numeroso material fotográfico, parte del cual se podrá ver en la exposición. La iniciativa concluirá el mismo viernes 18 con la celebración de una comida de confraternizaçao, que tendrá lugar a las 14.15 horas en la nave del Avernaleo.

La Universidad de León (ULE) reunirá el próximo 30 de septiembre en la Escuela de Minas a expertos y profesionales de referencia en torno a uno de los grandes retos asociados al desarrollo de las energías renovables, el del almacenamiento de energía a gran escala, en el marco de INNOVAMIN’26.

Esta jornada técnica, organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Geológico y Minero de España y las Escuelas de Ingeniería Minera de la Universidad de León y la Universidad Politécnica de Madrid, analizará los desafíos que plantea el diseño y ejecución de centrales hidroeléctricas reversibles, desde la obra subterránea y la geotecnia hasta la gestión del agua y su integración territorial y ambiental.

El encuentro tendrá como escenario el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar y contará con la participación de técnicos y profesionales de empresas constructoras, mineras e ingenierías, así como de administraciones públicas y entidades vinculadas a la energía, la obra subterránea, la geotecnia y el agua.

Se trata de una iniciativa que pretende reforzar el papel de la Escuela de Minas de la ULE como espacio de conocimiento y especialización en ámbitos estratégicos vinculados a la ingeniería, la energía y las infraestructuras, favoreciendo el intercambio de experiencias entre el ámbito académico y el sector profesional.

Durante la jornada se abordarán algunos de los principales retos asociados al desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles, una de las tecnologías más maduras para el almacenamiento de energía a gran escala y una pieza estratégica para acompañar el crecimiento de las energías renovables y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Su desarrollo plantea importantes desafíos técnicos, constructivos y ambientales, relacionados con las excavaciones subterráneas, la obra civil, la geotecnia, la gestión del agua y la integración territorial y ambiental.

En este sentido, INNOVAMIN’26 pondrá el foco en cuestiones como el diseño de cavernas y la excavación de pozos y túneles, el control de vibraciones, los riesgos geológicos o el bombeo hidráulico, junto con aspectos relacionados con la tramitación administrativa y la financiación de proyectos de I+D+i.

El programa incluirá además la presentación de experiencias concretas de construcción y operación, como la ejecución de San Esteban II, así como soluciones innovadoras aplicadas a la excavación mecanizada de túneles y pozos y a este tipo de infraestructuras.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la presentación de la Guía de Diseño y Ejecución de Centrales Hidroeléctricas Reversibles una publicación de más de 300 páginas dirigida a profesionales, empresas y entidades vinculadas al sector energético y de las infraestructuras que reúne conocimiento y criterios técnicos sobre una tipología de infraestructura que requiere la participación coordinada de diferentes ámbitos de especialización.

La presentación correrá a cargo de Carlos López Jimeno, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de un programa que contará con la participación de expertos del IGME, empresas constructoras, ingenierías y compañías especializadas en obra subterránea y energía.

La jornada comenzará a las 9.00 horas y contará con la inauguración de la rectora de la ULE, Nuria González y la consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María González Corral.

El Museo Alto Bierzo, en la Casa de las Culturas de Bembibre, inaugura este jueves, 10 de septiembre, una exposición de filatelia minera basada en la colección de sellos perteneciente a Salvador González Solís. La muestra se abre a las 19.30 horas en la sala de exposiciones temporales, ubicada en la tercera planta del complejo.

Salvador González Solís, ingeniero técnico de Minas y experto en explosivos en la empresa Maxam, es un apasionado de todo lo relacionado con el trabajo y la cultura minera y a lo largo de los últimos años ha conformado una interesante y variada colección de sellos de esta temática.

El Ayuntamiento de Bembibre, la Asociación Mineralógica Aragonito Azul, Maxam, el Museo Alto Bierzo, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, y la Junta de Castilla y León colaboran en el desarrollo de esta iniciativa.

Además, la exposición se encuadra en la programación de las fiestas del Cristo de Bembibre, que comenzarán oficialmente este viernes, día 11, con el pregón, que correrá a cargo de la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la Universidad de Cantabria, Rebeca Saavedra Arias.

“¡Bonita: si me das algo hoy, ya no te pido más hasta la Encina!”. El 8 de septiembre es un punto de referencia en Ponferrada, incluso para mendigar unas monedas por los bares del centro, como hacía Petra. “Después de la Encina, el invierno encima”, cantaba el refranero antes de que el cambio climático haya adelantado a principios de agosto esta última vendimia en la Denominación de Origen Bierzo. La realidad, en este caso socioeconómica, también obliga a poner en cuarentena otro mantra que suena a pasado: el de los políticos aprovechando la festividad local, coincidente con el Día del Bierzo, para alabar el carácter “reivindicativo y emprendedor” de una comarca que llega a esta fecha ya sin minas de carbón ni centrales térmicas buscando una nueva identidad. “Las viejas ideas no han marchado y lo nuevo no termina de llegar”, considera el cofundador y presidente de la asociación cultural El Filandón Berciano, Bruno Bodelón, que regresó a su tierra tras titularse en Ciencias Políticas y ahora estudia Derecho por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

La Encina era punto de inflexión de niño para Bodelón, el momento de estirar las vacaciones escolares antes de volver a las aulas. Con 31 años de edad, se junta con Diego Carrera (30) y Jaime Romo (29), colaboradores de El Filandón Berciano, en la previa del Ponferradina-Lugo de este pasado viernes. Los tres, que se criaron en Ponferrada y han vuelto tras formarse en el exterior, reflexionan al ponerle el termómetro a la ciudad y a la comarca, que funcionan en buena medida como vasos comunicantes. “Ponferrada sigue siendo como el embudo de la gente de los pueblos del Bierzo”, determina Bruno Bodelón para dibujar un escenario de cierta indefinición: “Si quieres ver brotes verdes, los puedes ver. Si quieres verlo todo negativo, también. Lo que no ves es que haya una iniciativa emprendedora por parte de las instituciones para apostar verdaderamente por algo”. “Ponferrada maquilla lo que pasa en El Bierzo en general”, precisa Carrera, ingeniero de Caminos que volvió gracias al teletrabajo tras 12 años fuera de la comarca. “Para mí, sí estamos en un estado crítico”, tercia Romo, que estudió INEF, ejerce a distancia como entrenador personal y se recorre a pie y en bici los cuatro puntos cardinales de la comarca: “Y en 20 años va a haber muchos pueblos que van a ser pueblos fantasma”.

El Bierzo carburó económicamente durante un siglo fundamentalmente al compás de la extracción del carbón y su traslado y consumo en las térmicas. Las últimas minas cerraron en 2018 y las centrales lo hicieron en 2020. Lo mineroenergético quedó en el pasado y las administraciones hablan del presente en términos como Transición Justa y resiliencia, vocablo ante el que Bruno Bodelón tuerce el gesto. “Es una palabra que nos han intentado colar desde la Administración General del Estado y desde la autonómica para decirnos algo así como: vale, sabemos que habéis tenido un shock económico, pero ahora toca resistir porque va a llegar algo cojonudo”. A la espera de proyectos salvavidas que llevan años quedándose en el aire, Bodelón apuesta por buscar la identidad perdida sobre las huellas del propio territorio al hablar de una orografía que define su composición y del “cruce de caminos y de culturas” que han marcado su desarrollo.

Diego Carrera aboga por tomarse con cautela las alusiones al potencial natural al sostener que las administraciones las usan como un “trampantojo” que se traduce otra vez en sensaciones contrapuestas: “Te hemos desindustrializado del todo, pero valora en qué sitio más bonito vives y qué montañas tienes alrededor. Pero trabajo cada vez hay menos. Y eso tan bonito que tenemos alrededor, el año pasado casi se nos quema entero. Yo creo que juegan con nosotros con esa identidad o esas cuestiones que nos identifican”, señala un año después de que la comarca llegara al Día del Bierzo todavía chamuscada por los devastadores incendios forestales de la campaña de 2005. La dualidad Ponferrada-Bierzo asoma otra vez en el análisis. “El enfado duró literalmente diez días”, sostiene Jaime Romo al considerar que las reivindicaciones cesaron cuando el humo ya no era visible desde la plaza de Lazúrtegui aunque el fuego siguiera devorando hectáreas en la periferia.

La otrora alabada fuerza reivindicativa de la sociedad berciana también ha quedado en entredicho. Las multitudinarias manifestaciones por la minería del carbón apenas han tenido término de comparación en los últimos años con la capacidad movilizadora de OncoBierzo, la asociación de pacientes y familiares que reivindica mejores servicios oncológicos y sanitarios en la comarca. Bruno Bodelón entiende que sí permanece una “brasa encendida” en forma de “militancia latente”. “No estamos ni apagados ni dormidos, sino que estamos como desilusionados y desorganizados”, apunta sin obviar que hay que adaptar las respuestas a las nuevas realidades: “El problema de que fuera a cerrar una mina sí era tangible en el día a día, pero quizás el problema de la despoblación, de los incendios o de la falta de oportunidades es que es algo que va deteriorándonos más que haciéndonos actuar tan rápido”. Diego Carrera asiente y ahonda al referir el encadenado del fin del carbón con el desmantelamiento de grandes factorías o la sangría demográfica rural: “Hay muchos frentes abiertos (...) y a la gente le duran las energías para protestar lo justo”.

El Día del Bierzo siempre ha conjugado lo reivindicativo con lo lúdico. Los ayuntamientos se suceden por orden ortográfico para hacer la ofrenda a la Virgen de la Encina, patrona de la comarca, a la que regalan sus bondades y piden por sus necesidades. El protagonismo será este año para Borrenes, que toma el relevo de Berlanga del Bierzo. “Pero se cuenta muy poco con los sentires de las personas”, afea Bodelón al echar en falta que, sin ir más lejos, el pasado año se hiciera “más hincapié” en el drama de los incendios forestales: “Faltó ser un poco más sentimentales y hacer partícipe a la gente que estuvo en primera línea, aparte de los bomberos forestales. Sí falta esa conexión con la realidad del momento. Y sobra quizás esa parte de discurso político, del blablablá, y vamos a hacer...”.

El problema de que fuera a cerrar una mina sí era tangible en el día a día, pero quizás el problema de la despoblación, de los incendios o de la falta de oportunidades es que algo que va deteriorándonos más que haciéndonos actuar tan rápido

Bruno Bodelón — Presidente de la asociación El Filandón Berciano

El 8 de septiembre, ese punto de inflexión desde tantos puntos de vista, es al mismo tiempo la fiesta de Ponferrada y el Día del Bierzo. El Consejo Comarcal lideró hace años la iniciativa para que el resto de ayuntamientos renunciaran a uno de sus festivos locales en favor de la Encina. El éxito resultó modesto. “Yo creo que muchos pueblos no lo asumen porque ya tienen sus propios días, que son herencia de muchos años, aunque sí se sientan identificados con el Día del Bierzo”, opina Romo. “Yo echo en falta que haya más protagonismo de los pueblos”, aporta Carrera, en desacuerdo con “importar tradiciones castellanas” como la de las peñas. “Yo creo que habría que contar con los agentes culturales que están durante todo el año trabajando”, señala Bodelón sin dejar de sugerir la descentralización de alguna actividad o la elección de otras fechas como la de la proclamación de la provincia del Bierzo (16 de octubre) o de los Tiradores del Bierzo en torno a la Batalla de Cacabelos (3 de enero).

Hay estandartes que también se activan a la vuelta del verano como la Deportiva Ponferradina, que incluso ejerció como “parapeto emocional” cuando las derivadas de la crisis económica de 2008 se hicieron más patentes en la comarca. “Los peores años desde el punto de vista económico fueron los mejores de la Deportiva”, señala Bruno Bodelón mientras Jaime Romo relativiza el impacto: “Pero el fútbol no te da de comer. Sí es verdad que te llevas una alegría, pero si al día siguiente no tienes dónde trabajar, al final todo pasa a un segundo plano”. En lo que sí que coinciden es en destacar cómo el Estadio El Toralín ha hecho muchas veces en caja de resonancia de reivindicaciones que han ido desde la reconversión minera hasta la mejora de los servicios sanitarios.

Más allá de lo deportivo, la Ponferradina se ha convertido en un factor social. “Al final es un punto de encuentro”, dice Diego Carrera en la terraza del bar Impacto de Ponferrada en la previa del partido. Los amigos, enfundados en camisetas y bufandas, van reuniéndose. Y hacen recuento de antiguos compañeros de clase, aquellos con los que se reencontraban el 10 de septiembre en las aulas tras haber apurado las vacaciones en el recinto ferial. “Y uno de ellos es mi profe de baile tradicional”, subraya Bruno Bodelón, quien hace ver la importancia de los amigos, la cultura y el ocio para acabar asentando población. “Poder estar con tu familia es la leche”, añade quien hace años decidió retornar: “Vine principalmente para no volver cada poco en un Alsa y ver cómo ese tejido social que yo conocí en la juventud se iba deshaciendo”.

Antes de un Ponferradina-Lugo que terminó en empate, los tres jóvenes reflexionan sobre la sensación de derrota que podría estar evitando más retornos entre quienes se fueron convencidos de que el éxito residía precisamente en marchar sin contrapesar factores como la mayor calidad de vida que en una gran ciudad. Y acaban poniendo palabras a una impresión entienden que compartida por muchos de sus colegas y que le da la vuelta a la premisa que asociaba el triunfo a hacer las maletas: “Estoy ganando porque estoy volviendo”.

Los alcaldes de distintos territorios españoles afectados por el cierre de actividades mineras y energéticas han reclamado este viernes, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Red de Municipios en Transición Justa de la FEMP celebrada en Igüeña, la creación de un fondo presupuestario estatal estable para afrontar su futuro.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Ibias (Asturias) y presidenta de la Red, Gemma Álvarez, quien ha defendido la necesidad de mantener el compromiso de las administraciones con unos territorios que, según recordó, durante décadas sostuvieron el desarrollo energético del país.

“Estos municipios no tienen la capacidad tractora de otros”, ha señalado Álvarez, quien ha advertido de que necesitan el respaldo económico de las administraciones para compensar la posible disminución de los fondos procedentes de Europa.

En este sentido, ha recordado que “hay municipios con cero euros de inversión y es una deuda que tiene el Estado y las comunidades autónomas con ellos”, porque fueron “el sostén del país durante muchos años”.

Durante el encuentro los representantes individuales han aprobado una declaración institucional en la que la Red reclama que la transición energética se traduzca en reindustrialización, empleo y nuevas oportunidades para las comarcas afectadas por el cierre de explotaciones mineras, centrales térmicas e instalaciones energéticas.

Álvarez ha explicado que la situación de estos territorios ya ha sido trasladada a las instituciones europeas y ha avanzado que volverán a plantearla a finales de este mes en Alemania, con el objetivo de reclamar “una transición real en todos los municipios”.

El documento también pide que las empresas promotoras de proyectos industriales y energéticos cumplan sus compromisos de empleo, inversión, desarrollo industrial y retorno social, así como incentivos específicos para favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Entre las medidas propuestas figura también que el Instituto para la Transición Justa elabore un informe anual de evaluación sobre el grado de ejecución de las inversiones, el empleo generado y el impacto económico de las intervenciones en cada territorio.

La Red defiende que sus municipios no reclaman un trato de favor, sino “el reconocimiento al esfuerzo realizado durante décadas y el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos”.

La declaración resume su reivindicación en una idea: “La descarbonización debe ir acompañada de reindustrialización”.

A finales de este mes de agosto la Dirección General de la Fundación Santa Bárbara ha puesto en marcha por fin la recuperación de un símbolo del pasado minero de las cuencas mineras leonesas, bercianas y lacianiegas.

Se trata del proyecto para la restauración, el traslado y el montaje del antiguo castillete minero del Pozo Viloria-Pincias, que se encuentra desmontado en la Escuela Laboral del Bierzo, para su viaje e instalación en la Escuela Laboral de Laciana.

Ese contrato ha recaído ya en una empresa, Alfestal SL, que se encargará de los servicios de ingeniería y redacción de la documentación técnica que sirvan de base para la licitación de la restauración, el traslado y montaje del viejo y hoy maltrecho castillete, que se encuentra desmontado desde hace años en El Bierzo.

El castillete está formado por una estructura metálica construida de celosía, con dos pisos para las dos poleas, y de dimensiones aproximadas 3 x 3 x 16 metros. En la actualidad se encuentra desmontado y sin pintar.

El proyecto técnico de ejecución deberá definir y justificar las actuaciones relativas a la restauración en sí de la estructura, lo cual incluye el análisis estructural, la adaptación de los soportes de las poleas y la definición del tratamiento superficial y pintura de la estructura metálica.

También se incluye el diseño de las cimentaciones y fosos en la escuela de Laciana, es decir, el cálculo de la cimentación para el castillete, el diseño de una excavación para la simulación de pozo, el diseño del foso de ubicación y la bancada para la máquina de extracción, así como la definición de un sistema de drenaje por gravedad para ambos fosos.

Finalmente se recoge el montaje y elementos complementarios. Esto implica la definición de la distancia entre el castillete y el foso de la máquina, la restauración y pintura de la máquina de extracción, el diseño de la barandilla de seguridad perimetral, el diseño de la fijación del cable de extracción para simular la existencia de una jaula colgada, y la especificación de un sistema de iluminación exterior del castillete.

Este proyecto técnico tiene un plazo de entrega de sesenta días, es decir, dos meses, a contar desde la formalización de la adjudicación, que finaliza el 23 de octubre. Y es uno de los pasos que desde la Fundación Santa Bárbara, de la Junta de Castilla y León, se está dando para completar el proyecto 'La Mina en Vivo', con el fin de adaptar para uso turístico las instalaciones de la mina de la Escuela Laboral de Laciana, ubicadas en Caboalles de Arriba.

Teniendo en cuenta que en las instalaciones de Laciana no hay pozo vertical, la instalación del castillete minero y la máquina de extracción es solo con fines expositivos, por lo que no es necesario su correcto funcionamiento. Se busca así dar un mayor realce y visibilidad al proyecto de explotación turística de las instalaciones, que en la actualidad se están adecuando.

Así, el revivido castillete se convertirá en imagen del proyecto 'La Mina en Vivo', representativo como es de la importancia de otros pozos de la cuenca de Laciana como son el Pozo María y el Pozo Calderón.

El PSOE de León quiere que la cultura minera sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial en Castilla y León. Los procuradores socialistas leoneses han anunciado este jueves que llevarán una Proposición No de Ley (PNL) a la Comisión de Cultura de las Cortes para instar a la Junta a iniciar los trámites para proteger los conocimientos, tradiciones, lenguaje, memoria y valores nacidos alrededor de las cuencas mineras. La iniciativa llega apenas unos días después de que el Gobierno del Principado de Asturias hiciera públicos los avances de un proceso prácticamente paralelo para reconocer como BIC la cultura minera asturiana.

La diferencia es que Asturias lleva ya recorrido parte del camino que ahora reclaman los socialistas leoneses. El Gobierno del Principado informó este lunes de que la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte trabaja en la declaración y que ya dispone de un estudio técnico e histórico que servirá de base para incoar el expediente de protección. El documento ha sido elaborado en el marco de la Cátedra de la Cultura Minera, creada en 2025 junto a la Universidad de Oviedo a partir de una propuesta del sindicato SOMA-FITAG-UGT y con la colaboración del Museo de la Minería y de la Industria (MUMI) y Hunosa.

La iniciativa anunciada este jueves desde León plantea un recorrido muy similar. La PNL, que defenderá el procurador socialista y alcalde de Villablino, Mario Rivas, reclama precisamente que la Junta ponga en marcha los trabajos técnicos, históricos, antropológicos y jurídicos necesarios para documentar este patrimonio y, una vez concluidos, incoe el expediente para su declaración como BIC. Los socialistas quieren que en el procedimiento participen ayuntamientos, asociaciones, sindicatos, museos, expertos y las propias comunidades mineras.

“La minería no ha sido solo una actividad económica, sino una forma de vida sustentada en valores de solidaridad, compañerismo y ayuda mutua que no podemos permitir que caigan en el olvido”, defiende Rivas. El procurador considera urgente “proteger, reconocer y poner en valor una identidad colectiva que ha marcado a fuego la historia, la economía y las vidas de miles de familias en nuestras cuencas mineras”.

El paralelismo entre las dos iniciativas alcanza también a aquello que se pretende proteger. La propuesta leonesa quiere que el futuro expediente incluya los conocimientos tradicionales de los oficios mineros, el lenguaje y vocabulario propio, la memoria oral, las celebraciones, las tradiciones familiares, las canciones y otras expresiones culturales de las cuencas. Los socialistas reclaman dar un papel especialmente relevante a los antiguos trabajadores y habitantes de estos territorios como depositarios de una memoria que corre el riesgo de desaparecer.

Es una preocupación muy similar a la que sustenta el expediente asturiano. El estudio impulsado por el Principado no se limita a los conocimientos relacionados directamente con la extracción de carbón, sino que aborda las formas de convivencia surgidas alrededor del movimiento obrero, el lenguaje minero, la música, los rituales, la memoria del trabajo y valores como el compañerismo, la fraternidad y la solidaridad. Entre las manifestaciones concretas estudiadas están la festividad de Santa Bárbara, los concursos de entibadores, el Coro Minero de Turón o la Brigada Central de Salvamento Minero.

El PSOE leonés pide además crear un programa específico de salvaguarda, conservación, investigación y divulgación que permita recopilar testimonios orales, fotografías, archivos, documentos, grabaciones, música y tradiciones. La intención es implicar en ese trabajo a la Junta, las entidades locales, universidades y asociaciones.

De patrimonio a herramienta contra la despoblación

Los socialistas pretenden que la eventual declaración vaya más allá de conservar la memoria de un sector prácticamente desaparecido de buena parte de las antiguas cuencas leonesas. Su PNL plantea aprovechar la protección como BIC para reforzar la investigación y la educación, pero también para desarrollar el aprovechamiento turístico sostenible del patrimonio minero y contribuir a revitalizar social y económicamente estas comarcas.

“Proteger la cultura minera es un deber moral con quienes lo dieron todo en la mina, pero también es una oportunidad real para dinamizar social y económicamente nuestras comarcas, generando oportunidades y fijando población a través de nuestra historia e identidad”, sostiene Rivas.

Asturias ha dado incluso un paso más allá de su propio expediente autonómico. El Principado anunció el lunes su respaldo formal a la candidatura internacional promovida por Polonia, Austria y Luxemburgo para que las celebraciones de Santa Bárbara y las tradiciones de los mineros entren en 2026 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La festividad de la patrona de los mineros es precisamente una de las tradiciones que el estudio asturiano considera fundamentales para preservar una cultura que continúa viva pese al progresivo declive de la actividad extractiva.

En León, de momento, el primer paso será parlamentario. La PNL anunciada por los procuradores socialistas tendrá que ser registrada y debatida en la Comisión de Cultura de las Cortes, donde reclamarán a la Junta que emprenda un camino que, al otro lado de la Cordillera Cantábrica, el Gobierno asturiano ya ha comenzado a recorrer.

Una nueva cantera de caliza a cielo abierto denominada ‘La Carlota’ da sus primeros pasos administrativos en el municipio leonés de Boñar. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha sometido a información pública el estudio de impacto ambiental de una explotación que se plantea con un horizonte inicial de 20 años, una extracción estimada de 20.000 toneladas brutas de piedra al año y reservas que, según los cálculos de la propia promotora, permitirían mantener la actividad durante un periodo “muy superior” a esas dos décadas.

El proyecto, promovido por Calizas Inmibo SL, se pretende desarrollar sobre cinco parcelas que suman 45.776 metros cuadrados, 4,57 hectáreas, pertenecientes a Industrias Mineras de Boñar SL, sociedad que cede los terrenos a la primera para su explotación minera.

La cantera estará ubicada entre, y cerca de, varios pequeños núcleos del municipio: concretamente, a unos 250 metros de Llama de Colle, a 600 metros de Veneros y a 1,4 kilómetros de Grandoso. También está próxima al agua. El arroyo de Cabanillas discurre a “algo más de 120 metros” de la zona proyectada; el río Colle está “a unos 530 metros”, mientras que el arroyo de El Río queda “a unos 640 metros”. El estudio sostiene que ni los pueblos ni las masas de agua se verán afectadas.

La explotación, además, estará a seis kilómetros del espacio protegido Picos de Europa en Castilla y León y el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. No obstante, la documentación asegura que la superficie de ‘La Carlota’ no está incluida en LIC, ZEPA, ZEC, Red Natura 2000 ni planes de protección de especies.

Una cantera en suelo donde las normas de Boñar prohíben la actividad extractiva

La clasificación urbanística constituye una de las particularidades del expediente. Toda la superficie está catalogada por las Normas Urbanísticas Municipales de Boñar como Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (SR/PA). Y las propias normas locales son explícitas: entre los usos prohibidos incluyen “especialmente los extractivos de todo tipo”.

El proyecto reconoce expresamente esa circunstancia: “En este tipo de suelos, la actividad extractiva es un uso prohibido”. Pero inmediatamente introduce la vía jurídica con la que pretende salvar esa incompatibilidad. Según sostiene la documentación, una modificación posterior del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León convirtió determinados usos anteriormente prohibidos en “usos excepcionales autorizables”, incluyendo las actividades extractivas de rocas y minerales, explotaciones a cielo abierto y sus instalaciones asociadas. La promotora interpreta, por tanto, que la cantera puede someterse a autorización.

Un millón de metros cúbicos de reservas

Los cálculos incluidos en el proyecto estiman en aproximadamente un millón de metros cúbicos el volumen bruto explotable de calizas. El ritmo previsto es de 20.000 toneladas brutas anuales, equivalentes a unos 8.000 metros cúbicos. Con un aprovechamiento calculado en el 80%, la producción comercial neta quedaría en torno a 16.000 toneladas o 6.400 metros cúbicos anuales. Para los primeros 20 años se calcula así una extracción total de alrededor de 160.000 metros cúbicos, muy por debajo de las reservas estimadas.

De ahí que el proyecto sostenga que existirían “reservas suficientes” para mantener la extracción al ritmo previsto durante mucho más de 20 años, aunque la planificación administrativa y el diseño del proyecto se han realizado tomando esas dos décadas como referencia. La propia documentación reconoce además que la previsión del avance de la explotación año a año es “incierta”.

La caliza, identificada en la documentación como ‘Piedra de Boñar’, se arrancaría principalmente mediante medios mecánicos y se comercializaría en diferentes tamaños para construcción e infraestructuras. El proyecto no contempla actualmente el empleo de explosivos, aunque el plan de restauración deja abierta también esa posibilidad futura si llegara a obtenerse el correspondiente permiso.

Sin escombrera permanente, en principio

Otro de los puntos llamativos de los documentos afecta a los residuos de la explotación. El estudio ambiental recalca en mayúsculas que “NO SE PLANTEA LA CREACIÓN DE ESCOMBRERAS” ni depósitos permanentes de estériles, argumentando que alrededor del 80% de la piedra será aprovechable.

Eso no significa que no vaya a almacenarse material sobrante. La tierra vegetal retirada se acumulará en pilas de hasta dos metros para reutilizarla posteriormente, mientras que las calizas alteradas se emplearán en pistas y otras infraestructuras. El resto de material sin salida comercial podrá quedar acumulado en “depósitos temporales”, preferentemente dentro de zonas ya explotadas, hasta su utilización en la restauración.

Y el propio proyecto deja abierta una tercera posibilidad: “Si fuera necesaria la construcción de alguna escombrera permanente, se presentará el oportuno proyecto” ante los órganos competentes. El plan de restauración llega incluso a describir cómo deberán construirse esos depósitos temporales.

Sin planta fija, pero con machaqueo móvil

Algo similar sucede con las instalaciones. La memoria señala que las características de la piedra hacen innecesaria una planta de tratamiento fija, pero contempla que “en casos puntuales” puedan instalarse equipos móviles de machaqueo y clasificación para convertir parte del material en áridos destinados a la construcción.

También prevé instalaciones auxiliares mediante contenedores o construcciones prefabricadas móviles, entre ellas un almacén de recambios y herramientas que funcionaría como pequeño taller y módulos destinados a oficinas, servicios y vestuarios de los trabajadores. El suministro eléctrico se realizaría inicialmente mediante grupos electrógenos.

La actividad requeriría, según la memoria, entre cinco y ocho operarios, además de retroexcavadora hidráulica, pala cargadora, camiones dúmper, equipos de corte y serrado de piedra y otra maquinaria auxiliar.

Restaurar cuatro hectáreas al terminar

Una vez agotada la explotación, el proyecto incorpora un plan de restauración para remodelar el terreno. Se plantea rellenar parcialmente los huecos con materiales inertes, suavizar y estabilizar los taludes, extender de nuevo tierra vegetal y recuperar una cubierta herbácea mediante siembra e hidrosiembra. Los materiales almacenados en los depósitos temporales se utilizarían precisamente para esta fase.

Posteriormente se acometería la revegetación con especies autóctonas. Entre las elegidas figuran encina (Quercus rotundifolia), chopo negro (Populus nigra), brezo arbóreo (Erica arborea) y escoba (Cytisus scoparius). El documento plantea una distribución aproximada de 2,5 por 2,5 metros entre ejemplares, mientras que el presupuesto contempla 800 plantas por hectárea en cuatro hectáreas, además de plantaciones específicas de frondosas en otras superficies.

El coste presupuestado para ejecutar la restauración asciende a 67.133,61 euros, IVA incluido, lo que el documento cifra en unos 16.785 euros por hectárea.

En el plano económico, la memoria de explotación defiende la rentabilidad de ‘La Carlota’ y concluye que la viabilidad del proyecto está garantizada, apoyándose tanto en el volumen de reservas como en la previsión de comercialización de la piedra. La estimación de la promotora sitúa el beneficio anual previsto en el entorno de los 93.000 euros, una vez computados los costes de explotación.

Un mes para consultar el expediente completo y presentar alegaciones

La tramitación ambiental que ahora sale a información pública será, en cualquier caso, uno de los pasos previos necesarios antes de que la cantera pueda comenzar a funcionar. A ello se suman las autorizaciones mineras, ambientales y urbanísticas correspondientes, incluida precisamente la que deberá resolver la posibilidad de implantar una explotación extractiva sobre unos terrenos que las normas municipales de Boñar siguen clasificando como suelo rústico de protección agropecuaria y en los que expresamente consideran prohibidas las actividades extractivas.

El proyecto queda ahora sometido a información pública durante 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio este miércoles 26 de agosto en el Bocyl, periodo durante el que podrán presentarse las alegaciones y observaciones que se consideren pertinentes. El expediente completo —proyecto de explotación, estudio de impacto ambiental y plan de restauración— puede consultarse en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, en la avenida Peregrinos, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas y previa cita, así como a través de la web de Energía y Minería de la Junta de Castilla y León. Su trámite será mediante Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.