¿Qué sensaciones se palpaban a la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975? “Había euforia, pero también cautela”, responde desde Lillo del Bierzo (Fabero) Lucita Prieto Vidal. No había pasado todavía un año del deceso del dictador cuando el arrojo pudo a cualquier otra consideración. “¡Pégame a mí si te atreves!”, le espetó a un guardia civil cuando encabezaba embarazada, con otra mujer también encinta, una marcha camino de la bocamina del pozo Marrón, donde casi un centenar de mineros, entre ellos su marido, llevaban días encerrados. “¡Me puse farruca!”, exclama ahora que se cumplen 50 años de aquellos días de 1976 en que lo que sucedía en las calles marcaba en cierta medida lo que se decidía en los despachos en el proceso de Transición a la democracia en España.

Las sensaciones en aquel momento de incertidumbre tenían un innegable componente generacional. “Los jóvenes, los que no habíamos vivido ni la Guerra ni la posguerra, teníamos ilusión. Los que tenían más edad tenían ilusión, pero también miedo. Decían: 'igual se vuelve a liar”, distingue desde Fabero José Antonio López Míster, que reconoce que aquel día de revueltas ante el encierro en el Pozo Marrón pasó “miedo” cuando se produjo una ráfaga de disparos de metralleta al aire. Había también entonces un componente sectorial. “La minería fue siempre una punta de lanza” en materia de conflictividad sociolaboral, subraya este antiguo sindicalista de Comisiones Obreras. Los mineros llevaban años de ventaja a otros trabajadores cuando en 1976 se desató la mayor oleada de huelgas en la historia reciente de España.

De hecho, la minería tenía dos ventajas de partida cuando se emprendió la lucha para que, después de que el dictador hubiese muerto en la cama, el franquismo pereciera en la calle. “Era en la provincia de León el sector más numeroso. Y también era el más organizado”, señala el historiador berciano Alejandro Martínez al aludir a las estructuras surgidas durante la huelgona de 1962 para crear comisiones de obreros que derivarían en las Comisiones Obreras, todavía ilegales en 1976 pero ya con un gran nivel de penetración en diferentes sectores. “Y es la movilización obrera la que hace descarrilar la posibilidad de un franquismo sin Franco”, sentencia Martínez, autor del libro Conquistar el pan y la libertad. Historia de las Comisiones Obreras en Laciana y El Bierzo (1962-1982).

La provincia, tan grande como diversa, viajaba a diferentes ritmos, en general por detrás otras más industrializadas donde la oleada huelguística (“la galerna” en expresión del entonces ministro de Exteriores, José María de Areilza) comenzó ya a finales del propio 1975 hasta propiciar un invierno caliente de protestas en el país. Y el carácter de los leoneses era “frío”. Lo dice, precisamente en un informe sobre la conflictividad laboral en ese año, el propio Gobierno Civil de León. “Quizá”, reza el documento, “a que predomina en la provincia, la población de tipo rural, por lo general más serena y conservadora, no se ha presentado en el año 1976 la actividad subversiva en alto grado de actuación, a lo que contribuye sin duda alguna el carácter apático y frío del leonés medio y no haber existido por otra parte líderes políticos o agitadores de talla, ni entre seglares ni entre clérigos”. León ya había sido elegida por su teórica condición de ciudad tranquila en 1970 como sede de un Congreso de la Abogacía, catalogado luego como el de la “ruptura” por los planteamientos tan avanzados realizados por los letrados en aquella España del tardofranquismo.

Los jóvenes, los que no habíamos vivido ni la Guerra ni la posguerra, teníamos ilusión. Los que tenían más edad tenían ilusión, pero también miedo

José Antonio López ‘Míster’ — Sindicalista de Comisiones Obreras en 1976

Leonés del barrio de la Sal y trabajador de Renfe en Valladolid, Javier Fernández ya estaba implicado en el mundo sindical antes de ser elegido secretario general de CCOO en Castilla la Vieja. Aun reconociendo que en 1976 Valladolid iba por delante en la movilización sociolaboral por el peso vinculado a la industria automovilística, León podría situarse “en el medio” en esta materia entre las provincias de la actual comunidad autónoma. “Como Burgos”, equipara este antiguo dirigente de Comisiones al referirse a aquel año en que el Gobierno tuvo que militarizar Renfe y en que una de las demandas más recurrentes fue “por la libertad sindical”.

“Había mucha ilusión por sacar al país de donde estaba metido. Fue muy emocionante”, subraya Elena Durán, berciana que vivió en León entre 1974 y 1986 en aquel contexto de movilizaciones. Las reuniones clandestinas eran, con Franco todavía vivo, en un bar en Puente Castro. “Teníamos mucha envidia por lo que había pasado en Portugal”, admite en referencia a la Revolución de los Claveles que logró en abril de 1974 derrocar en las calles a la dictadura lusa. “Yo me implico porque hacen falta manos en UGT”, cuenta para relatar el paso por distintas sedes improvisadas y provisionales en calles como Juan de Malinas, Lancia y Alfonso V en un trabajo entonces volcado en prestar a los trabajadores asesoramiento legal y formalizar afiliaciones. “Fue como una avalancha”, resume.

“Hubo que hacerse sindicalista a la puta fuerza”, sentencia, minutos antes de mostrar a la cámara su carné de afiliación a la UGT en 1977, Miguel Ángel Cueto, que trabajaba entonces en la Azucarera Santa Elvira de León. “Era eso o morirte de hambre trabajando”, añade al referir jornadas de trabajo de “12 horas sin descanso” y con temperaturas insoportables. Y recuerda que en los documentos laborales de la época había una coletilla que suponía una potencial barrera ante cualquier reivindicación de los trabajadores: “Si la empresa lo cree conveniente”. Lo laboral, en un contexto de grandes dificultades económicas derivadas todavía de la crisis del petróleo de 1973, daría paso después a lo político. Quizá porque eran inseparables.

¿Cómo vivieron aquel año 1976 las empresas? “Tanto empresas como trabajadores atravesaban una situación económica muy complicada, marcada por el incremento de los costes empresariales, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y una gran incertidumbre política”, contesta el letrado y entonces vicesecretario de ordenación económica defendiendo los intereses empresariales en el Sindicato Vertical, Roberto Suárez, para quien, más allá de la oleada de huelgas, el año 1976 es “un momento de profundas transformaciones en el que empezaban a quedar atrás las antiguas estructuras de una etapa histórica y se abría paso un modelo diferente de relaciones laborales”.

Militante entonces del PTE (Partido del Trabajo de España), situado “a la izquierda” del PCE (Partido Comunista de España), Quinidio Benjamín Martínez distingue tres tipos de empresas y empresarios en el ecosistema de 1976 en León: “hijos adoptivos del régimen” instalados en las azucareras, los altos hornos o las minas; grandes constructoras con estructura nacional que llegaban a la provincia “con pies de plomo” ante un escenario de conflictividad; y pequeñas y medianas empresas que “estaban totalmente desnortadas” ante un nuevo contexto, una revolución sociolaboral que sí se fue abriendo camino con el paso de los meses en el escenario leonés.

Estaba entrando entonces en escena gente joven que ya estaba mucho más politizada viniendo desde la universidad

David Martínez — Historiador

Más allá de la propia especificidad del sector minero y al margen de la tardanza en desatarse la conflictividad sociolaboral en comparación con otras zonas de España, León encontró un banderín de enganche en la huelga de la construcción, que afectó a más de 5.700 trabajadores durante 35 días hasta solventarse ya en el mes de octubre. Uno de sus principales valores, con imágenes icónicas como la de obreros encaramados a las verjas de la Catedral de León, fue el de hacer visibles las protestas en pleno centro de la capital leonesa, donde apenas llegaban los ecos de los encierros en los tajos mineros. Así lo subraya el historiador David Martínez, autor de la tesis doctoral Construyendo la democracia, Tardofranquismo, Transición política y la cuestión autonómica en la provincia de León (1962-1984), donde también recalca la diversificación de la conflictividad con la entrada en escena de otros sectores como la sanidad o la educación mientras que la movilización del campo todavía se retrasó hasta 1977. “Estaba entrando”, dice Martínez, “gente joven que ya estaba mucho más politizada viniendo desde la universidad”.

Anselmo Carbajal, que todavía no se había instalado en 1976 en la provincia de León, trabajaba en un colegio religioso en Galicia cuando el 20 de noviembre de 1975 murió Franco. “La mitad de la plantilla lloraba y la mitad lo celebraba”, evoca. Leonardo Enríquez Mastache, que en diciembre de 1973 se encontraba en Moratalaz (Madrid) y tuvo que viajar en tren a Ponferrada la noche del día en que ETA hizo volar por los aires al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, en pleno Proceso 1001 contra sindicalistas de Comisiones Obreras, ya había participado en 1976 en asambleas que se hacían en el Puente Boeza y Campo (en los alrededores de la ciudad de Ponferrada) para poder escapar de los grises por fincas aledañas cuando el 23 de febrero de 1981 se vio con un hijo de ocho meses y militando en el PCE y en CCOO. Y Paulino Bejega, asturiano que trabajaba en la construcción y llegó después a Laciana previo paso por Galicia para acumular empleos (también en la minería del carbón), se recuerda en 1976 teniendo que “comer algún papel en la cárcel”. “Yo nací socialista y ugetista”, dice quien heredó el nombre de un tío fusilado.

“Si algo se sacó fue a base de lucha”, cuenta Lucita Prieto Vidal, que trabajó en lavaderos de minas hasta que se casó y que también había mamado en casa un espíritu antifranquista: su padre había estado preso en el campo de trabajos forzados de Fabero. “Con Franco vivo, funcionaba más el boca a boca o tirar pasquines. Miedo tenías, pero te atrevías. Éramos de izquierdas; y aquí el poder lo tenía la derecha”, señala sin esconder que, muerto el dictador, quedaron rescoldos. “No pensábamos entonces que iba a quedar la semilla que quedó, y que todavía queda”, apunta para aportar otra perspectiva de aquel ambiente opresivo: “Y eran peores los alcahuetes que había en los pueblos, y que se chivaban”.

El caso es que el año 1976 iba a marcar el rumbo de la España sin Franco. “El movimiento sindical aguantó las grandes embestidas del régimen. Y el franquismo murió en la calle”, señala Quinidio Benjamín Martínez, que estuvo especialmente implicado en la huelga de la construcción en León. Para entonces, la movilización en la calle ya había sido clave en la caída del Gobierno de Carlos Arias Navarro. 'El año en que tumbamos un Gobierno pero no pudimos con el régimen' se titula el capítulo dedicado a 1976 del libro sobre la historia de CCOO en El Bierzo y Laciana entre 1962 y 1982 de Alejandro Martínez, quien se remite como resumen a dos expresiones célebres: la ruptura no fue “limpia”, sino “astillada”, del entonces líder de Comisiones Marcelino Camacho; y la Transición como “una correlación de debilidades” entre Gobierno y oposición, del escritor Manuel Vázquez Montalbán.

“Sin la presión laboral, España no habría cambiado como cambió. A raíz de lo laboral, vino lo político”, sostiene Leonardo Enríquez Mastache, que trabajaba en el sector de materiales de la construcción en Almacenes López Bodelón de Ponferrada. “Eran las dos cosas al mismo tiempo. La democracia no vino porque lo dijera nadie, sino por lo que sucedió en la calle”, abunda el sindicalista minero Míster. “Es evidente que la conflictividad social contribuyó a generar un clima en el que las reformas resultaban cada vez más necesarias y difíciles de aplazar”, concede el letrado Roberto Suárez, que sería secretario general de la Fele (Federación Leonesa de Empresarios) entre su fundación ya en 1977 y 2004.

La movilización sociolaboral aceleró las reformas en un año partido por la mitad en lo político: hasta junio con Arias Navarro al frente y sacudidas como los sucesos de Vitoria, donde la carga policial acabó en una tragedia a la que se reaccionó con más presión en las calles; y desde julio con el nuevo Gobierno de Adolfo Suárez, que impulsó la Ley para la reforma política, el instrumento que permitió sustituir una cámara de representantes heredera del franquismo por un Congreso de los Diputados y un Senado compuestos tras las elecciones legislativas de 1977, las primeras libres y democráticas en España desde 1936.

Es evidente que la conflictividad social contribuyó a generar un clima en el que las reformas resultaban cada vez más necesarias y difíciles de aplazar

Roberto Suárez — Representante del Sindicato Vertical en 1976 y cofundador de la Fele en 1977

La segunda parte del año ya sí es caliente en la provincia de León, que se suma a la huelga general del 12 de noviembre, menos de un año después de la muerte de Franco y curiosamente apenas un día después en el calendario de la convocada en este 2026, ahora con la reivindicación de acceso a una vivienda digna en la diana. Hace 50 años, como otra constatación de cómo lo laboral estaba imbricado con lo político, la convocatoria tenía una motivación explícita: la oposición a un decreto-ley que impondría la congelación salarial y permitía algunos tipos de despidos. Pero en el fondo también subyacía la batalla por la ruptura frente a la Ley para la reforma política, aprobada el 18 de noviembre por las Cortes todavía franquistas y refrendada el 15 de diciembre en un referéndum que dejó apoyos significativamente más bajos en Ponferrada (70,92%) y Villablino (70,7%) que en el conjunto del país (94,17% de apoyo) con la oposición sindical y política abogando por la abstención.

La huelga general llega a la provincia de León todavía con los rescoldos de lo sucedido unos días antes en el Pozo Marrón de Lillo del Bierzo, que obligó a terciar incluso al dirigente de Comisiones Obreras Benjamín Rubio para propiciar el final del encierro. Y deja varias lecturas. “Hace un tiempo pensaba que sí había una diferenciación entre las huelgas laborales y las huelgas políticas. Hoy pienso que no”, considera el historiador David Martínez. Las fuerzas sindicales están allanando el camino. “Los sindicatos ya están pensando en la legalidad y en ganar afiliados. Mientras que, por ejemplo, la minería, a través de Comisiones, ya tenía más controlada a la gente”, aporta el también historiador Tomás Sarmiento. Y van arañando, progresivamente, espacios de libertad. Javier Fernández ilustra cómo durante todo el año fueron logrando pequeñas victorias en gestos aparentemente inocentes como prolongar la hora del bocadillo para hacer patentes sus protestas. El dirigente de CCOO notó ya cierta permisividad policial durante la campaña y la jornada de huelga general del 12N.

“Escasa respuesta” tituló el 13 de noviembre a cinco columnas Diario de León, que habla de “total normalidad ciudadana en León”, si bien sí reconoce una “especial incidencia de la huelga en el sector minero”. Los paros siempre dejan guerras de cifras, pero se estima que en la provincia de León se sumaron entre 11.000 y 20.000 trabajadores, según recoge Alejandro Martínez en su libro Conquistar el pan y la libertad. En la misma portada de ese día 13 Diario de León informa en una esquina: “Desde ayer está en marcha la Federación Empresarial Leonesa”.

“La creación de la Federación Leonesa de Empresarios fue el resultado de un proceso que empezamos a impulsar en 1976, cuando ya éramos conscientes de que el sistema de representación empresarial existente tenía que evolucionar hacia un modelo de organizaciones libres e independientes”, señala el cofundador de la Fele Roberto Suárez, quien recuerda el momento histórico como “un proceso de aprendizaje para todos”. “Había”, agrega, “que establecer nuevas reglas, desarrollar una cultura de la negociación y asumir que los conflictos laborales formaban parte de las relaciones entre empresarios y trabajadores, pero que debíamos encontrar mecanismos para resolverlos mediante el diálogo y el acuerdo”.

Los sindicatos son todavía ilegales, pero ya no se esconden. “Hablábamos de ello abiertamente”, constata desde Fabero Míster, que vuelve a apelar a una cuestión generacional al abordar las relaciones de entonces entre trabajadores y patronos. “Se pasó del ordeno y mando a tener que negociar”, dice al describir escenas de operarios de mayor edad frente a los empresarios “asintiendo y con la boina en la mano” que recuerdan a secuencias de la novela de Miguel Delibes Los santos inocentes. “A la mitad de los empresarios no los conocíamos”, señala desde Lillo Lucita Prieto Vidal al referir protestas laborales por el trato dispensado por algunos capataces. “Yo no tuve problemas con los jefes; los problemas eran con los encargados”, aporta desde Ponferrada Leonardo Enríquez Mastache.

No nos dijimos a nosotros mismos que la democracia había que seguir mimándola todos los días

Quinidio Benjamín Fernández — Miembro en 1976 del Partido del Trabajo de España

La mirada a 1976, que en León se cerró todavía con una huelga del metal en diciembre que respaldaron 3.000 obreros de 300 empresas, deja finalmente lecturas retrospectivas marcadas por un halo de desencanto en entrevistas para este reportaje realizadas antes de la movilización desatada tras el desahucio de Maricarmen Abascal y la convocatoria de una huelga general con la vivienda en el eje de las reivindicaciones para este próximo 11 de noviembre. “No nos dijimos a nosotros mismos que la democracia había que seguir mimándola todos los días”, lamenta Quinidio Benjamín Martínez, para quien aquella “efervescencia” derivó primero en “conformismo” y luego en “pasotismo”, unido al establecimiento de una “sociedad de consumo” que “se paga” en las economías familiares con “una esclavitud de deuda permanente”. Martínez, que ya entonces apuntaba como una de las asignaturas pendientes la de la exigencia de garantías a la proclama constitucional del derecho a una vivienda digna, señala otros pecados como el de saltar la línea roja de negociar convenios de más de un año de duración: “Cuando empezaron a firmarse convenios por dos años, dijimos: 'Esto es la muerte de la negociación colectiva”.

Anselmo Carbajal mira también hacia dentro de las organizaciones sindicales para fijar otro punto de inflexión. “Hubo una persona en este país que fue (el expresidente del Gobierno José María) Aznar, que, al darle la formación a los sindicatos, los compró. Los que trabajábamos en esto (dice sobre la función sindical) lo hacíamos de forma voluntaria y gratuita. En cuanto se dieron liberaciones y formación a algunos sindicatos, se quitó mucha conflictividad. Y en este momento hemos involucionado”, opina Carbajal sin obviar tampoco el papel actual de los gigantes tecnológicos en el control de la información a través de los algoritmos y las redes sociales hasta condicionar el voto de los jóvenes. “Y eso”, concluye, “es un cáncer que nos va a matar”.

“Han conseguido anular a los sindicatos. La clase trabajadora es hoy muy individualista”, coincide Elena Durán, mientras Lucita Prieto Vidal se queda “pasmada” cuando constata el grado de apoyo a Vox entre los jóvenes. “No puedo con eso”, dice para apelar a la responsabilidad de las familias. Cincuenta años después de hacerse sindicalista “a la puta fuerza” por las condiciones del momento, Miguel Ángel Cueto lamenta cómo ahora los sindicatos “están desprestigiados cuando hacen una función extraordinaria”. “Si no los hubiera”, concluye tras hablar de aquel momento en que eran todavía clandestinos, “habría que inventarlos”.

La provincia de León no ha salido bien parada del reparto de la última convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), de ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo en zonas de Transición Justa, es decir, en antiguas comarcas mineras de carbón o donde se hayan cerrado centrales térmicas de ese mineral o centrales nucleares.

En concreto, el Instituto en su última convocatoria de ayudas ha adjudicado un total de 22,3 millones de euros en concepto de ayudas a de 35 proyectos empresariales. Se detalla que movilizarán cerca de 93 millones de inversión y se comprometen a crear 435 puestos de trabajo en zonas de transición justa, manteniéndose un mínimo de tres años.

Pero de esas cifras, la provincia León, incluyendo la comarca de El Bierzo, se queda con poco menos que migajas. Y es que tan sólo ha conseguido captar dos proyectos, lo que supone que apenas serán el 3,2% del cómputo total nacional. Se trata de la puesta en marcha de sendos hoteles, uno en Vega de Espinareda y otro en Boñar, en la Montaña Central de León, por un importe de ayudas total de menos de un millón entre las dos, 818.612,79 euros.

Los dos proyectos que han tenido éxito final en el reparto dado hoy a conocer han en Vega de Espinareda el presentado por la empresa Belegy Hotels SL, que prevé crear un establecimiento hotelero “de lujo” en un entorno natural, con una inversión subvencionable de 2,46 millones de euros, siendo la ayuda de 671.016 euros, dado que contempla la creación de 16 puestos de trabajo.

Por su parte, Hotel Rural Villa de Boñar SL recibirá una ayuda propuesta de 147.596 euros para poner en marcha un hotel rural en el municipio, con una inversión subvencionable de 586.266 euros y la previsión de generar tres empleos. En conjunto, ambos proyectos suman más de 3 millones de euros de inversión y contemplan la creación de 19 puestos de trabajo.

Comparativa cercana

Por comparación, en la vecina provincia y autonomía de Asturias se han propuesto un total de 10 proyectos subvencionables y la cantidad de 6.893.572,56 en total entre todos ellos. En Palencia, por su parte, aparecen cuatro proyectos con algo más de dos millones de euros propuestos para su concesión.

Las ayudas estatales buscan favorecer la diversificación de la economía local, atraer inversiones y generar oportunidades de empleo en territorios que afrontan procesos de transformación económica. Las empresas beneficiarias deberán crear los puestos de trabajo comprometidos y mantenerlos durante un periodo mínimo de tres años.

Los proyectos seleccionados abarcan distintas actividades industriales y productivas, desde la transformación de recursos forestales y la industria agroalimentaria hasta el reciclaje y la economía circular, contribuyendo a diversificar el tejido empresarial de las zonas de transición justa.

La plaza de acceso al Museo de la Siderurgia y la Minería (MSM) de Castilla y León, con sede en Sabero, acoge hasta el 31 de enero de 2027 la exposición Mineras: Femenino plural, de la fotógrafa Cristina Velasco.

Esta exposición consta de una selección de las fotografías que la autora ha realizado durante el último año a distintas mujeres de la zona de Laciana, Babia, Alto Sil y Degaña; una acción con la que se quiere visibilizar y reivindicar la presencia de la mujer en la sociedad minera de esas comarcas.

Este recorrido gráfico en blanco y negro construye una mirada intergeneracional con la que se congela la memoria de la zona y se reflejan las transformaciones sociales vividas por las últimas generaciones, recogiendo el legado de la minería y mostrando que, una vez cerrado el ciclo histórico de su actividad, el presente se vive con una mayor presencia de la mujer en la sociedad.

Niñas, madres, apicultoras, maestras, cocineras, modistas, artesanas, panaderas, sanitarias, ganaderas, músicas, camareras o amas de casa posan ante la cámara en su cotidianeidad y cuyas edades van desde la niñez a algunas centenarias.

La exposición, promovida por el Club Xeitu con la colaboración del Ministerio de Cultura, el MSM de Castilla y León, AMA Asturies y la Fundación Sierra Pambley, es una selección de las 100 fotografías que componen el proyecto Mineras: Femenino plural y que se recogen en el libro del mismo título que acaba de publicarse.

El libro cuenta, además, con los textos escritos por varias mujeres de distintas edades para recorrer el último siglo: Carmen Moreira, Paula Barba, Marta Fuertes, Isabel Menaza y Maruja Suárez.

El proyecto Mineras: Femenino plural fue uno de los 32 beneficiarios de una subvención del Ministerio de Cultura, en una convocatoria en concurrencia competitiva para la promoción de la fotografía, entre los 152 que se presentaron en toda España.

Cristina Velasco es una fotoperiodista leonesa, orientada al documentalismo, la prensa y la visibilización social, que trabaja de forma independiente para medios digitales y ha ejercido como fotoperiodista en La Nueva España. También gestiona un taller artesanal de serigrafía llamado La Olvidería.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha abierto el proceso de audiencia e información pública para modificar el Real Decreto 975/2009, que regula la gestión de los residuos de las industrias extractivas y la restauración de los terrenos afectados por la minería. La reforma pretende adaptar la normativa a los nuevos criterios ambientales y mejorar la seguridad de las instalaciones mineras, además de impulsar la recuperación de espacios abandonados.

La propuesta cobra especial relevancia en territorios como la provincia de León, que cuenta con numerosas antiguas explotaciones de carbón y espacios vinculados a esta actividad. Entre las medidas previstas figura la elaboración de un inventario nacional de pozos o cielos abiertos mineros abandonados para identificar emplazamientos que puedan recuperarse y destinarse a nuevos usos.

El proyecto forma parte del Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 y responde también a las nuevas exigencias europeas en materia de restauración de la naturaleza y gestión de residuos. El plazo para presentar alegaciones estará abierto desde el 27 de octubre hasta el 4 de diciembre de 2026.

De recuperar terrenos a restaurar ecosistemas

Uno de los principales cambios consiste en superar el enfoque tradicional de la restauración minera, centrado en devolver los terrenos a usos agrícolas o forestales. La nueva normativa incorpora objetivos específicos de recuperación de la biodiversidad, protección de la geodiversidad, conectividad ecológica y adaptación al cambio climático.

Las empresas deberán aplicar medidas basadas en las mejores técnicas disponibles para recuperar hábitats naturales, favorecer a las especies polinizadoras y reducir la fragmentación del paisaje. También se reconoce el valor de los servicios ecosistémicos generados por estas actuaciones y se contemplan posibles usos recreativos, deportivos, culturales, industriales, ambientales o energéticos para los terrenos restaurados.

Más garantías económicas y controles de seguridad

La reforma pretende reforzar las garantías financieras que deben aportar las empresas mineras para asegurar que disponen de recursos suficientes para completar las actuaciones de restauración. Para ello, establece una metodología común de cálculo para todo el territorio nacional, basada en el modelo técnico elaborado por el propio ministerio en 2021.

Las garantías deberán revisarse periódicamente, en función de las distintas fases de los proyectos y, como máximo, cada cinco años. El objetivo es ajustar las cantidades exigidas al coste real de los trabajos pendientes y evitar que la protección ambiental dependa de estimaciones desactualizadas.

El texto también endurece los requisitos técnicos de las instalaciones de residuos mineros. Entre otras medidas, contempla mayores exigencias de estabilidad geotécnica y análisis avanzados de los riesgos sísmicos, las inundaciones y los movimientos del terreno. Estas condiciones deberán tenerse en cuenta durante la vida útil de balsas, presas y escombreras, así como después de su cierre.

Además, se busca mejorar la coordinación entre las administraciones mineras y ambientales, especialmente en los procedimientos relacionados con el cese de la actividad, la caducidad de los derechos mineros y la liberación de las garantías económicas.

Un inventario de las minas abandonadas

La propuesta incluye la elaboración de un inventario nacional de huecos mineros abandonados para identificar espacios susceptibles de recuperación y estudiar posibles usos ambientales, energéticos, industriales o recreativos. Esta iniciativa puede resultar especialmente relevante para las antiguas cuencas carboníferas de León, donde el cierre de explotaciones ha dejado un importante legado de terrenos alterados y escombreras.

El proyecto también plantea un marco específico para los pasivos ambientales de la minería histórica, con el objetivo de aclarar las responsabilidades relacionadas con la seguridad y la restauración. A ello se sumará un manual estatal de restauración ecológica que establecerá criterios comunes para orientar las intervenciones.

La modificación del decreto se encuentra todavía en fase de consulta pública. Por tanto, la propuesta no concreta qué explotaciones de León se incorporarían al futuro inventario ni qué actuaciones podrían desarrollarse en cada emplazamiento. Las personas y entidades interesadas podrán presentar sus observaciones hasta el 4 de diciembre a través de la página de participación pública del Miteco, pinchando aquí, o del correo electrónico bzn-sgminas@miteco.es, indicando en el asunto «AeIP mod RD 975».

Dice el historiador berciano Alejandro Martínez que “la historia no se repite, pero rima”. Afanado en escarbar en las raíces del movimiento obrero en El Bierzo y Laciana, ha logrado enlazar dos versos aparentemente sueltos, los que inopinadamente conectan las cuencas mineras del Cúa y del Sil con la Puerta del Sol de Madrid. Con casi un siglo de diferencia, ambos escenarios tienen un denominador común: las reivindicaciones por una vivienda digna. Son ahora tan fuertes que incluso han provocado una convocatoria de huelga general y un adelanto electoral a través de una representación sindical que encuentra de algún modo antecedentes en organizaciones que, al menos en Fabero y Matarrosa del Sil, lograron evitar desahucios y contener precios en los convulsos años treinta del siglo XX.

El carbón mudó la piel de muchos pueblos bercianos y lacianiegos, zonas tradicionalmente agropecuarias en las que la extensión de la minería conforma una clase obrera en tiempos de lucha por las libertades. El sector carbonero crece por otra concatenación de factores: aprovecha la escasez de mineral en el mercado durante la Primera Guerra Mundial para despegar a lomos de la puesta en marcha del ferrocarril Ponferrada-Villablino. La llegada de mano de obra foránea desborda la capacidad de las cuencas para ofrecer vivienda. En Fabero, según testimonió el filósofo Eloy Terrón, no quedó un pajar sin alquilar. En Matarrosa del Sil, completa el propio Alejandro Martínez, “las cuadras se dividían con sacos” para maximizar el aprovechamiento del suelo. “Y ante la necesidad de vivienda, hay quien abusa”, expone el historiador. El pasado rima con el presente.

La necesidad de alojamiento tensiona las costuras físicas de pueblos que se alimentan de un sector económico que, aun con algunas crisis y fluctuaciones en los años veinte, mantiene por entonces “una gráfica ascendente” de evolución. Su crecimiento coincide con otro: el de los movimientos de representación sindical que se van extendiendo por el territorio y ganan fuerza con la proclamación de la Segunda República en abril de 1931. El Sindicato Minero Castellano (SMC), vinculado a la Unión General de Trabajadores (UGT), se asienta todavía en 1930 en Fabero, donde luego se implanta el SUM (Sindicato Único Minero), ligado en este caso a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Fabero se convierte entonces en la única cuenca minera anarcosindicalista de España.

El SUM “fue mucho más que un sindicato”, escribe Martínez en Nuestra Historia, El Bierzo y Laciana, espacio de difusión de episodios como este a través de un blog en internet y de una cuenta en Facebook. El sindicato está detrás de iniciativas que van más allá de lo estrictamente laboral como las de promover una cooperativa de consumo, un grupo de teatro o una escuela racionalista. Con ese escenario como telón de fondo, Fabero estrena Asociación de Inquilinos liderada por Gregorio Rueda en 1935, mismo año en que se adscribe a la federación estatal de un movimiento que tuvo singular fuerza en zonas de tradición anarcosindicalista como Barcelona.

“Los problemas de la vivienda obrera fueron constantes en las comarcas mineras durante el siglo XX, especialmente coincidiendo con las fechas de auge que vivió el sector. En Fabero ni el paternalismo empresarial ni el Estado resolvieron el problema en los años 30. Fue el movimiento obrero quien de forma organizada dio respuesta colectiva a un problema que era social, no familiar, ni individual”, escribe Alejandro Martínez. La respuesta se articula en forma de medidas para contener los precios y para evitar desahucios.

“Abaratamiento e higienización de la vivienda” son los fines declarados por la Liga de Inquilinos de Matarrosa del Sil (Toreno), fundada incluso antes, en el año 1933, y presidida por Francisco Gómez. Con más dificultades para seguir el rastro de esta entidad, Martínez no ha logrado constatar vínculos entre las organizaciones de Fabero y Matarrosa. El final de ambas resulta, en cualquier caso, abrupto tras el golpe militar de julio de 1936, la consiguiente Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

La historia volvió a rimar con la actualidad sobre todo con la conformación, a partir de la crisis económica de 2008, de estructuras como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios. Y en las reivindicaciones presentes ha tomado fuerza la Liga de Inquilinas, surgida en 2017 y especialmente reivindicativa contra el desalojo de la vecina madrileña Maricarmen Abascal, un episodio que desató un movimiento que ha derivado en movilizaciones como la acampada en la Puerta del Sol, amén de otras repercusiones sociales y políticas como la huelga general del 11 de noviembre y el adelanto de las elecciones legislativas al día 29 del mismo mes.

Con las minas de carbón bercianas y lacianiegas cerradas desde 2018 por el fin de las ayudas a la producción, las cuencas viven ahora un escenario diametralmente opuesto: el resultante de un progresivo vaciamiento demográfico que contrasta con los años en que Fabero triplicó su población o Ponferrada, adonde llegaba el mineral para su consumo en las centrales térmicas, se convirtió en la posguerra en la ciudad de sus características que experimentó un mayor crecimiento de población. Sus necesidades de alojamiento llegaron a considerarse a la altura de 1960 “sin límite”, en expresión de la Obra Sindical y el Instituto de la Vivienda. Por las cuencas ya había pasado (y dejado poso) la huelgona de 1962 cuando en 1968 las reivindicaciones juveniles al Gobierno Civil pasaban en Matarrosa del Sil, el mismo pueblo berciano que en 1933 creó una Liga de Inquilinos, por cuestiones como la vivienda, entre otras.

La reconversión ya acechaba en la década de los ochenta, cuando todavía se vendían y compraban casas “bastante caras” en las cuencas mineras, constata Martínez. El sector comenzó luego un progresivo declinar que ha ido paralelo a la sangría demográfica hasta dejar bloques de viviendas desproporcionados para la realidad actual como los de Tremor de Arriba (Igüeña). ¿Podrían ser hoy esas viviendas vacías una alternativa al problema que se suscita principalmente en las ciudades? “No hay un gran fenómeno” de retorno al rural, considera el historiador, que reduce el aprovechamiento de esos inmuebles fundamentalmente a “segundas residencias”.

El mundo es ahora global. Y los que se aprovechan de la necesidad actual de vivienda son fondos buitre “que buscan un beneficio rápido”. “Y la oferta de vivienda pública es bastante reducida”, abunda Alejandro Martínez tras escarbar en la historia para encontrar entre el carbón vestigios de sindicatos de inquilinos protagonistas en la actualidad de 2026.

La Diputación de León ha resuelto la convocatoria de ayudas de 2026 para financiar obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial vinculado a la minería del carbón, por la que se conceden un total de 121.124 euros a seis ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes. Todo ello, teniendo en cuenta que el importe de la subvención se reduce en casi 20.000 euros respecto a la misma convocatoria del año pasado, a la que se sumaron ocho ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia.

Las subvenciones han sido aprobadas por la Junta de Gobierno de la institución provincial y se distribuirán entre los ayuntamientos de Peranzanes, Villablino, Sabero, Igüeña, Villagatón y Bembibre, ha informado este martes la Diputación de León en un comunicado.

La convocatoria, que se abrió el pasado mes de junio y se resuelve en octubre, había establecido como objeto la realización de obras de recuperación de edificios e instalaciones singulares del patrimonio industrial de la minería del carbón, así como la adecuación de su entorno y la señalización de rutas y senderos vinculados a estos elementos. Mientras que en el momento de su primera publicación la Diputación destinaba una cuantía de 140.000 euros, finalmente ha destinado más de 120.000 euros.

En concreto, Peranzanes recibirá 17.279,96 euros para la recuperación y puesta en valor de la estación tensora de Guímara; Villablino, 26.717,50 euros para la restauración y limpieza de la segunda entrada de la mina El Carbachal–San Miguel, en Laciana; y Sabero, 23.511,40 euros para la restauración del castillete del Pozo La Herrera II.

Por su parte, Igüeña obtendrá 17.279,96 euros para la recreación de antiguos cargaderos de carbón y la adecuación del entorno de Quintana de Fuseros; Villagatón, 19.236,60 euros para el acondicionamiento de un vagón minero para vivienda de tránsito social; y Bembibre, 17.099,20 euros para la adecuación del entorno de la mina de Santa Marina de Torre, en su tercera fase.

Entre los objetivos recogidos en las bases figuraba la mejora de los espacios ocupados por la industria extractiva del carbón, con el propósito de potenciar la riqueza turística de la zona y favorecer el asentamiento poblacional en el medio rural.

Entre los proyectos subvencionables se incluían obras de restauración de edificios e instalaciones relacionadas con la extracción, transporte y aprovechamiento del carbón, así como actuaciones destinadas a mejorar su conservación y funcionalidad.

La Junta de Castilla y León pone en marcha el procedimiento para declarar la caducidad de los derechos mineros que todavía figuran a nombre de las empresas Alto Bierzo, S.A. y Minas del Bierzo Alto, S.L., dos sociedades ya extinguidas vinculadas al antiguo entramado empresarial del Grupo Viloria. Las concesiones afectan a terrenos de nueve municipios bercianos.

Los anuncios publicados este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) corresponden a sendos expedientes y afectan a derechos mineros para extraer carbón en Igüeña, Torre del Bierzo, Villagatón, Folgoso de la Ribera, Castropodame, Noceda del Bierzo, Toreno, Páramo del Sil y Bembibre.

La Junta todavía no ha declarado caducas las concesiones. Lo que acaba de abrir es el trámite de audiencia previo al inicio formal de los procedimientos. Durante los próximos 15 días, las personas o entidades que consideren que tienen algún derecho o interés relacionado con estas concesiones podrán presentar alegaciones, documentación o las justificaciones que estimen oportunas.

Uno de los expedientes afecta a Alto Bierzo, S.A., una de las empresas históricas de la minería berciana y vinculada al Grupo Lamelas Viloria. El segundo corresponde a Minas del Bierzo Alto, S.L., sociedad que tomó el relevo de parte de la actividad tras el proceso concursal de Alto Bierzo. En ambos casos, la Junta pretende ahora declarar caducos los derechos mineros que siguen apareciendo administrativamente a nombre de sociedades que ya han desaparecido.

Más de una década después del final de las empresas

Alto Bierzo atravesó un procedimiento concursal que terminó en 2015 con la adjudicación de sus unidades productivas al empresario José Simón Ramos Campazas, a través de Minas Bierzo Alto S.L., después de varios intentos de venta.

Aquella operación se produjo en plena crisis del sector carbonero y estuvo acompañada de una fuerte incertidumbre sobre el futuro de las explotaciones y de sus trabajadores. Aunque las empresas fueron desapareciendo y la actividad minera entró en su fase final, parte de los derechos asociados a aquellas sociedades han continuado figurando en los registros administrativos.

Es precisamente esa situación la que la Junta pretende ahora corregir. Los dos expedientes buscan poner fin a unas concesiones que permanecen vinculadas formalmente a Alto Bierzo y Minas del Bierzo Alto, pese a que ambas sociedades están extinguidas.

Los anuncios no detallan en esta fase cuántas concesiones concretas están afectadas ni la superficie total de los terrenos incluidos en ellas. El trámite abierto ahora permitirá presentar alegaciones durante 15 días antes de que la Administración avance en la tramitación formal de la caducidad.

Una minera canadiense amplía la búsqueda de oro y otros metales en Cármenes y Villamanín. La Junta de Castilla y León somete a información pública el plan de restauración vinculado a la que es ya la tercera prórroga extraordinaria del permiso de investigación ‘Cármenes 15.107’, que afecta a terrenos de ambos municipios leoneses.

El permiso, promovido por la filial andaluza con sede social en Sevilla Minera Águila SLU, contempla la investigación de oro y otros metales básicos en una superficie de 17 cuadrículas mineras. La sociedad está vinculada al grupo canadiense Pan Global Resources, que lleva varios años realizando trabajos de exploración en esta zona de la montaña leonesa.

El nuevo anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) no supone todavía una autorización para explotar una mina. Lo que hace ahora la Junta es abrir un periodo de 30 días hábiles de información pública para que puedan presentarse alegaciones y observaciones al plan de restauración asociado a esta nueva prórroga del permiso de investigación. La documentación puede consultarse en la Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León y a través de la página web de la Administración autonómica.

El trámite llega después de que la compañía haya comunicado resultados de interés en sus trabajos de exploración en el denominado Proyecto Cármenes. Pan Global anunció en octubre del año pasado el inicio de una segunda fase de sondeos después de detectar concentraciones de oro en el objetivo conocido como Providencia.

En esa primera fase, la empresa informó de un tramo de 46 metros con 1,08 gramos de oro por tonelada y otro de 34 metros con 3,01 gramos por tonelada. Los nuevos trabajos pretendían comprobar hasta dónde se extiende la mineralización y estudiar también la posible presencia de cobre, níquel y cobalto.

El Proyecto Cármenes abarca en conjunto más de 5.600 hectáreas y comprende cinco permisos de investigación. Dentro de esta zona se encuentran las antiguas minas Profunda y Providencia, que estuvieron en funcionamiento hasta la década de 1930 y estuvieron relacionadas con la extracción de cobre y cobalto con níquel.

La presencia de Pan Global en la zona se remonta a 2024. Ese año, la Junta concedió a Minera Águila, filial del grupo canadiense, un permiso de investigación denominado ‘Santa Jennifer I’ para buscar distintos minerales metálicos en Cármenes, entre ellos oro, plata, cobre, bismuto, molibdeno, plomo, antimonio, estaño, wolframio y zinc.

¿Es bueno de por sí un proyecto de una central hidroeléctrica reversible? Mientras la población rural se resiste a obras de este tipo, como ha ocurrido en La Cabrera, en una provincia como León que ha sufrido grandes traumas por la construcción de pantanos –yen la actualidad está produciéndose una fuerte oposición en la Montaña Central por la planteada en una zona de alto valor paisajístico como Valdepiélago–, la Universidad de León acoge un congreso sobre este tipo de instalaciones energéticas, poniendo el foco en la necesidad de valorar geológicamente la construcción de las mismas.

La Escuela de Ingeniería de Minas acogió este miércoles INNOVAMIN’26, una jornada técnica que reúne por primera vez en la Universidad de León a profesionales, investigadores, empresas y representantes de las administraciones para analizar los principales retos que plantea el desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles y las oportunidades que pueden abrirse en torno a ellas.

La dimensión técnica de estos proyectos requiere, además, abordar de forma precisa las características del terreno sobre el que se desarrollan. Así lo destacó el coordinador del Instituto Geológico y Minero de España en León, Augusto Rodríguez que remarcó el papel de la geología en la selección y caracterización de los emplazamientos, así como en la evaluación de las condiciones hidrogeológicas y la identificación de posibles riesgos geológicos y geomorfológicos.

En este sentido, señaló que construcción de centrales hidroeléctricas reversibles implica la ejecución de grandes infraestructuras subterráneas, con galerías, pozos y cavernas, además de presas y embalses, lo que hace necesario conocer con detalle las características litológicas y estructurales del terreno y su comportamiento.

Una jornada en la que además se abordó la necesidad de coordinación entre los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de estas infraestructuras. El catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y organizador de INNOVAMIN’26, Carlos López Jimeno, incidió en la importancia de articular la colaboración entre las diferentes administraciones y organismos implicados, especialmente en proyectos cuya dimensión energética y territorial supera el ámbito de una única comunidad autónoma.

“Queremos generar conocimiento, abrir líneas de investigación y establecer nuevas vías de colaboración con empresas, instituciones y profesionales del sector, aprovechando para ello el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo docente e investigador”, destacó la rectora Nuria González, que subrayó la intención de la Escuela de acercarse a nuevos retos y explorar todo lo que puede aportar la “Universidad a un ámbito llamado a adquirir una importancia creciente”.

El viceconsejero de Medio Ambiente, a favor

Durante la inauguración, el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, situó el desarrollo del almacenamiento energético entre los grandes retos asociados a la expansión de las energías renovables y destacó el potencial de Castilla y León para avanzar en este ámbito. “Nuestra Comunidad cuenta con una importante capacidad de generación fotovoltaica, eólica e hidráulica, además de unas condiciones orográficas y unos recursos hidráulicos que pueden favorecer el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles”.

Llorente destacó también la confluencia de capacidades que puede jugar a favor de estos proyectos, desde el conocimiento acumulado en torno a la minería y la ingeniería hasta la experiencia en materia hidráulica y energética y el talento generado por las universidades. En este contexto, situó a León como un territorio con condiciones especialmente adecuadas para abordar nuevas iniciativas vinculadas al almacenamiento y señaló que este desarrollo puede generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en el marco de la transición energética.

El viceconsejero apuntó, no obstante, que el despliegue de estas infraestructuras requiere avanzar de forma coordinada en distintos ámbitos, entre ellos los aspectos tecnológicos, la tramitación administrativa, las necesidades de inversión y financiación y la planificación energética, especialmente en relación con el desarrollo de la red eléctrica, mostrando el apoyo de la Junta al desarrollo de nuevas centrales.

Necesidades energéticas

La expansión de las energías renovables está haciendo cada vez más necesario disponer de sistemas capaces de almacenar energía a gran escala y gestionar de forma flexible su producción y su demanda. Las centrales hidroeléctricas reversibles se presentan como una de las alternativas con mayor potencial para avanzar en el almacenamiento energético.

Un ámbito que abre nuevas oportunidades para la ingeniería, la geología y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y que la Universidad de León, a través de su Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, quiere empezar a explorar desde el conocimiento y la investigación, aprovechando la capacidad de León en sectores vinculados a la energía, la ingeniería, la minería y los recursos hidráulicos.

El Congreso INNOVAMIN’26 ha sido organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Geológico y Minero de España, en colaboración las Escuelas de Ingeniería de Minas de las universidades de León y Politécnica de Madrid y EURECA-PRO, reuniendo a especialistas de los ámbitos de la ingeniería, la geología, la energía, la geotecnia y el agua para poner en común experiencias y conocimiento sobre las centrales hidroeléctricas reversibles. 

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la absolución de los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en un escape de grisú el 28 de octubre de 2013. La Sala desestima el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirieron las familias de las víctimas, que reclamaban anular la sentencia absolutoria y repetir el juicio ante un juez distinto. La resolución, dictada esta misma semana y a la que ha tenido acceso ILEÓN, confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de León y declara de oficio las costas.

La decisión llega cuando están a punto de cumplirse 13 años del accidente en el que murieron seis trabajadores y otros ocho resultaron heridos. El escape se produjo sobre las 13.24 horas en un taller de la séptima planta del ala Este del Macizo séptimo del Pozo Emilio del Valle, en Tabliza, en la zona de Santa Lucía de Gordón. La emisión brusca y masiva de metano superó el 5% de grisú y redujo inmediatamente el oxígeno hasta el 1%, provocando la muerte de los seis trabajadores que se encontraban en el taller.

La Fiscalía sostenía en su recurso que la sentencia de primera instancia había valorado de forma irracional las pruebas y había dado una credibilidad excesiva a los acusados y a los peritos de las defensas frente a los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. Señalaba, entre otras cuestiones, posibles deficiencias en la autorización de la explotación, la ventilación, el contacto con los minados superiores, la existencia de una bóveda, un supuesto error topográfico y la estructura de prevención de riesgos de la empresa. Las acusaciones defendían que esas circunstancias podían haber contribuido al accidente y reclamaban que se celebrase un nuevo juicio.

La Audiencia, sin embargo, considera que la sentencia de primera instancia sí explica de manera razonada por qué da mayor valor a unas pruebas que a otras y que las discrepancias planteadas por Fiscalía no permiten hablar de una valoración arbitraria o manifiestamente irracional. La Sala recuerda además una limitación fundamental de una segunda instancia frente a una sentencia absolutoria: el tribunal que juzgó el caso tuvo contacto directo con los testigos, acusados y peritos durante los casi dos meses de juicio, mientras que los magistrados de la apelación no tuvieron esa misma inmediación. Por ello, no basta con proponer una interpretación diferente de las declaraciones para anular la absolución.

Un fenómeno que la Audiencia considera imprevisible

Uno de los puntos centrales de la resolución es la causa del escape de grisú. La Audiencia asume la conclusión de la sentencia recurrida de que se produjo un desprendimiento instantáneo de gas procedente de la zona del postaller que fue extraordinario e imprevisible, tanto por el momento en que ocurrió como por su magnitud y sus consecuencias.

La sentencia considera que la Hullera Vasco-Leonesa había aplicado las medidas de prevención previstas para una explotación de estas características. La mina estaba catalogada como de tercera categoría por sus concentraciones de metano y, por tanto, existía riesgo de fenómenos dinámicos, pero la Sala recoge que se habían utilizado los métodos disponibles para reducir ese riesgo y que no se ha acreditado qué otra medida concreta, diferente de las que ya se aplicaban, habría evitado el accidente. Ese elemento resulta determinante para la absolución, ya que no basta con acreditar que existía un riesgo, sino que debe demostrarse una infracción de las obligaciones de seguridad y su relación causal con el resultado.

La Sala da por buena también la conclusión de que la ventilación del taller era conforme a la normativa y que los electroventiladores estaban correctamente situados. La sentencia de primera instancia había rechazado que una prolongación del funcionamiento de los ventiladores después del escape hubiese salvado a los trabajadores, ya que la cantidad de metano liberada habría sido muy superior al volumen de aire aportado. También considera acreditado que cambiar la ubicación de los ventiladores no habría evitado las consecuencias del accidente.

El contacto con los minados superiores, otro punto clave

Otro de los argumentos de la Fiscalía era que no se había producido el contacto necesario con las labores superiores para permitir la salida del gas. La Audiencia vuelve a rechazar esta interpretación. Según la resolución, existen documentos y testimonios que apuntan a que el contacto con la planta superior, concretamente con el culatón de la sexta, ya se había producido antes del accidente.

La Sala destaca que por esa zona salió también gas hacia la sexta planta y que el propio perito judicial admitió durante el juicio que se había producido contacto con la planta superior, aunque fuera pequeño. Los magistrados consideran además significativo que las concentraciones de metano hubieran descendido durante los días anteriores al accidente, algo compatible con la comunicación entre ambas plantas y la migración del gas hacia arriba.

La Audiencia tampoco aprecia el supuesto error topográfico que planteaba la acusación. La resolución considera que lo que pudo existir fue una diferencia en la representación cartográfica, pero no se acreditó que la explotación se hubiera ejecutado físicamente en un lugar incorrecto. En minería subterránea, explica la sentencia, la galería sigue la capa de carbón y la representación topográfica se va actualizando conforme avanza la explotación.

La bóveda no demuestra por sí sola una situación de riesgo

La existencia de una bóveda en la zona de explotación también había sido utilizada por Fiscalía como indicio de que la actividad debería haberse detenido. La Audiencia considera que la existencia de esa bóveda era normal en esa fase de la explotación y que no se ha acreditado que se continuase con el sutiraje vulnerando las limitaciones de seguridad.

La resolución distingue entre la bóveda del postaller, propia del sistema de explotación, y la que pudiera aparecer sobre el propio taller. Y señala que cuando se detectó una bóveda sobre el taller los días 14, 22 y 24 de octubre no se realizó sutiraje en esas zonas.

Tampoco ve acreditada una falta de prevención

La Audiencia considera igualmente que la sentencia recurrida examinó de forma suficiente la estructura preventiva de la empresa, los planes de labores, el sistema de seguridad y las evaluaciones de riesgos. La Fiscalía cuestionaba que la empresa hubiera evaluado adecuadamente el riesgo de una invasión masiva e intempestiva de metano.

Pero para la Sala el problema vuelve a ser que no se ha identificado una medida de seguridad concreta que fuera exigible y cuya aplicación hubiera evitado el accidente. La sentencia de primera instancia consideró acreditado que la empresa había empleado los métodos de prevención dirigidos a los riesgos conocidos y que no se había demostrado la existencia de otra medida capaz de impedir el siniestro.

La Audiencia también entra en las declaraciones de los trabajadores que la Fiscalía consideraba relevantes. La sentencia de primera instancia había detectado contradicciones entre algunas declaraciones realizadas inmediatamente después del accidente y las efectuadas posteriormente durante la instrucción y el juicio, así como afirmaciones que aparecieron de forma tardía. Para la Sala, esa valoración de la prueba personal corresponde especialmente al juez que presenció directamente el juicio y no puede ser sustituida en apelación simplemente porque la acusación proponga otra interpretación.

Fiscalía y las familias querían volver a empezar

La resolución supone el rechazo de la petición de Fiscalía de anular tanto la sentencia como el juicio oral y celebrar un nuevo juicio ante un magistrado distinto. El Ministerio Público había invocado la doctrina constitucional que permite anular una sentencia absolutoria cuando su motivación es arbitraria o manifiestamente irrazonable, pero la Audiencia concluye que esas circunstancias no se dan en este caso.

El tribunal considera que la sentencia de primera instancia podrá ser discutida o que pueden existir interpretaciones diferentes sobre determinadas pruebas, pero no aprecia el error manifiesto, la falta de racionalidad en la motivación ni la omisión de pruebas relevantes que permitirían anular una absolución. En palabras de la propia resolución, lo que existe es una valoración de la prueba diferente a la que propone el recurrente, pero no una valoración irracional.

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de Fiscalía, al que se habían adherido las acusaciones particulares, y confirma la absolución de los 16 acusados entre los que se encuentran tres miembros de la familia Del Valle. La resolución declara además de oficio las costas del recurso.

Aunque la vía de apelación sí ha terminado, no necesariamente el proceso judicial. La propia sentencia informa a las partes de que contra ella todavía pueden interponer recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo. Un hecho que las familias no descartan, aunque valoran que “es pronto para decir nada”.

La segunda absolución a los Del Valle que se conoce este mes

La resolución sobre el accidente minero llega además después de que este mismo mes de septiembre la Audiencia Provincial de León haya dictado otra absolución relacionada con la antigua Hullera Vasco-Leonesa, en este caso la de los empresarios Antonio y Arturo Del Valle y otros responsables de empresas vinculadas a la compañía por un presunto fraude de 2,1 millones de euros en las ayudas al carbón. En aquel procedimiento, la Sala no llegó a entrar a valorar si existió o no el fraude que sostenían Fiscalía y Abogacía del Estado porque consideró ilícitas las entradas y registros de la Agencia Tributaria que habían dado origen a buena parte de la investigación.

La Audiencia extendió esa nulidad al resto de pruebas obtenidas a partir de aquellos registros, aplicando la doctrina del 'fruto del árbol envenenado', y concluyó que, una vez excluida esa documentación, no quedaban elementos suficientes para acreditar el delito fiscal ni la falsedad documental. Ficalía, en este caso, pedía 12 años de cárcel para ellos.

El Proyecto Toral, la iniciativa de explotación minera de zinc, plomo y plata que la compañía canadiense Denarius Metals impulsa en El Bierzo, amplía su área de investigación con unas 800 nuevas hectáreas y extiende sus derechos mineros unos siete kilómetros hacia el noroeste, ha anunciado la sociedad. La ampliación, denominada Toral Oeste, incorpora además la histórica mina Antonina, en el término municipal de Sobrado, cerca de Toral de los Vados. La compañía ha recibido de la Junta de Castilla y León una opción preferencial para adquirir hasta 28 nuevas cuadrículas mineras contiguas al proyecto.

Con esta ampliación, la superficie de las propiedades de Denarius Metals en el Distrito Minero de León alcanzaría unas 3.700 hectáreas, una vez completados los trámites administrativos correspondientes. El nuevo ámbito permitirá a la compañía investigar si la mineralización conocida en Toral continúa hacia el oeste a lo largo de la estructura geológica del yacimiento. La empresa prevé incorporar esta extensión y la zona de Antonina a su programa de exploración previsto para 2027.

Uno de los elementos destacados de la ampliación es la recuperación del interés por la mina Antonina, una antigua explotación de zinc y plomo situada en Sobrado. Según la compañía, fue inaugurada en 1935 y cerrada en 1983, y las leyes del mineral registradas históricamente serían similares a las identificadas en el Proyecto Toral. Denarius Metals plantea que el acceso a las antiguas galerías de Antonina podría permitir alcanzar inicialmente mineralización que continúa en profundidad y convertirse posteriormente en una posible vía alternativa para acceder a las zonas más profundas del yacimiento de Toral.

La ampliación llega acompañada de la primera estimación de recursos minerales del Proyecto Toral. La compañía calcula que estos recursos contienen aproximadamente 590.000 toneladas de zinc, 409.000 toneladas de plomo y 9,7 millones de onzas de plata.

La empresa está pendiente de la resolución de las autorizaciones para la mina subterránea presentadas a la Junta de Castilla y León a finales del año 2023, con una previsión de explotación de 18 años, una extracción estimada de 700.000 toneladas de mineral al año y una inversión de 186 millones de euros. Según la empresa se generarán más de 350 empleos directos y 1.400 indirectos.

El proyecto de la nueva mina contempla galerías de 6 kilómetros y trabajar las 24 horas del día, con tres turnos, y una estimación de una o dos voladuras diarias para la obtención del material. La explotación se realizará mediante la construcción de un pozo vertical, así como una planta de proceso mediante flotación para obtener los concentrados, en circuito cerrado. El estéril obtenido se prevé utilizarlo para el relleno de las cámaras y la restauración o relleno de huecos de canteras próximas a la zona, como la cantera ilegal del Grupo Martínez Núñez explotada durante décadas y próxima a Las Médulas.

El Museo de la Siderurgia y la Minería (MSM) de Castilla y León, con sede en Sabero, acoge este miércoles, 30 de septiembre, a las 18.00 horas una nueva cita de su ciclo Encuentro con mineros, dedicado en esta ocasión a los sondistas. La cita se enmarca en su programa MSM Formación. Los interesados en acudir a la actividad, moderada por el periodista de La Nueva Crónica Fulgencio Fernández, pueden realizar la inscripción, de carácter gratuito y con plazas limitadas, en el propio museo o en el teléfono 987 718 357.

La labor de los sondistas resultaba fundamental para conocer qué se encontraba bajo el terreno y determinar las posibilidades de explotación de un yacimiento. Varios exmineros que desempeñaron este oficio compartirán sus recuerdos, experiencias y conocimientos sobre una profesión que, pese a su enorme importancia para la actividad minera, es menos conocida por el público general.

El trabajo de los sondistas estaba estrechamente ligado a una de las primeras necesidades de cualquier explotación minera: saber dónde estaba el mineral y conocer las características del subsuelo antes de emprender o ampliar una explotación. Para ello, realizaban perforaciones que permitían obtener información sobre la composición y estructura del terreno, localizar capas de carbón y determinar su espesor, profundidad y continuidad.

A través de las muestras obtenidas en las perforaciones y de la información proporcionada por los sondeos, estos trabajadores contribuían a conocer el yacimiento y a orientar las decisiones posteriores de la explotación. Su trabajo requería precisión, experiencia y un profundo conocimiento del terreno, además de desarrollarse en unas condiciones que podían resultar especialmente exigentes.

Con estos encuentros, el Museo de Sabero quiere dar a conocer la historia de la minería y de las empresas que la hicieron posible con el testimonio de los trabajadores y otras personas vinculadas con el sector que relatan sus experiencias en primera persona.

Santibáñez de Montes volvió a tener actividad este domingo, aunque durante unas horas y con un objetivo muy especial: recuperar las huellas de un pueblo minero que quedó abandonado a finales de la década de los 60 del pasado siglo. Cuarenta socios de la asociación Promonumenta participaron en una nueva facendera por el patrimonio, acompañados por vecinos de Torre del Bierzo, Santa Marina de Torre, Montealegre y Brañuelas, además de algunas personas vinculadas al propio Santibáñez de Montes.

La jornada comenzó en León, desde donde los participantes se desplazaron en autobús hasta Montealegre. Allí, cuatro todoterrenos cedidos por voluntarios de la zona permitieron completar el recorrido hasta Santibáñez de Montes y transportar las herramientas y aperos necesarios para los trabajos de recuperación.

Una vez en el antiguo pueblo, los voluntarios se repartieron en varios equipos. Uno de ellos centró su trabajo en el entorno de la iglesia y el cementerio, cubiertos por una abundante vegetación que dificultaba incluso reconocer algunos de sus elementos. Otro grupo actuó en los antiguos molinos hidráulicos situados en las afueras, mientras que el resto se ocupó de despejar las principales calles del núcleo.

La retirada de la vegetación permitió recuperar parcialmente la estructura del antiguo pueblo y volver a identificar espacios y recorridos que el abandono había ido ocultando. La actuación no pretende reconstruir Santibáñez de Montes, sino evitar que el paso del tiempo y la vegetación terminen por borrar las evidencias materiales de la vida que tuvo este enclave minero.

Tras finalizar los trabajos de la mañana, los participantes regresaron a Montealegre, donde el Ayuntamiento de Torre del Bierzo ofreció una comida como muestra de agradecimiento por la labor voluntaria desarrollada por Promonumenta.

La jornada cntinuaría continuó por la tarde con una visita cultural a San Facundo. Allí, los integrantes de la asociación pudieron conocer el pueblo, su entorno y su iglesia acompañados por el alcalde pedáneo, completando así una jornada dedicada tanto al trabajo directo sobre el patrimonio como al conocimiento de otros enclaves de la zona.

Usar datos de satélite, confrontados con los obtenidos por sistemas de vuelo autónomo, para vigilar los posibles movimientos de tierra inesperados o inadvertidos en zonas mineras. Esto es lo que ha desarrollado una investigación, del Instituto Geológico Minero de España y que ha dado a conocer en la revista Engineering Geology. Una técnica mixta y dual que abre nuevas posibilidades para detectar la evolución de desplazamientos potencialmente peligrosos, especialmente en áreas donde los satélites pierden el detalle de la deformación.

Según ha detallado el investigador del Laboratorio InSAR del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Juan López-Vinielles, este trabajo combinado permite analizar las inestabilidades “con mayor detalle, reconstruirlas en tres dimensiones y evaluar la fiabilidad de las mediciones obtenidas por satélite”.

El principal valor de esta nueva estrategia reside en su capacidad para facilitar la toma de decisiones preventivas en entornos inestables y su aplicación no se limita a antiguas explotaciones mineras, sino que servirá para monitorizar cualquier proceso de deformación natural de características similares.

Los satélites radar han medido tradicionalmente con precisión milimétrica los desplazamientos del terreno mediante la técnica InSAR, capaz de abarcar grandes extensiones de forma constante, pero su fiabilidad cae cuando la tierra se mueve de forma abrupta o muy desigual en distancias cortas, ha explicado.

Para sortear estas limitaciones, los científicos han integrado imágenes captadas por drones y procesadas con técnicas avanzadas de fotogrametría digital, lo que aporta información complementaria clave para reconstruir las componentes horizontales y la vertical, logrando mapear el movimiento tridimensional completo del talud.

El Feixolín como laboratorio

La metodología se ha puesto a prueba en la escombrera restaurada de la explotación de carbón de El Feixolín, en León, donde el equipo monitorizó un deslizamiento lento de grandes dimensiones entre octubre de 2018 y septiembre de 2020 cruzando 237 imágenes de un satélite europeo con datos de cuatro campañas de vuelo de drones.

Los resultados evidencian la eficacia del modelo híbrido puesto que se detectaron desplazamientos tridimensionales acumulados de hasta 3,16 metros.

Este dato resultó ser casi idéntico a los 3,23 metros medidos directamente sobre el terreno con sistemas de posicionamiento GPS de alta precisión, una magnitud real muy superior a los 1,22 metros que el satélite InSAR había logrado cuantificar por sí solo en esos mismos puntos. 

Referencia: López-Vinielles, J., Herrera, G., et al —  'Post-processing UAV-based SfM data using digital image correlation: a complementary approach to InSAR for 3D slope monitoring in mining areas prone to phase aliasing' ~  Revista Engineering Geology (2026) | DOI: 10.1016/j.enggeo.2026.109045.

León capital, que pudo tener un teatro modernista en San Marcelo, espera anhelante la reapertura del Emperador, a cuya fachada se arrimaban curiosos para alzar la vista y comprobar si se veía algo bajo las faldas de Kelly LeBrock en el cartel de La mujer de rojo. Ponferrada, que era la Ciudad del Dólar cuando Juanito Valderrama parió la letra de El emigrante tras actuar en el Edesa, tiene hoy un filón, cultural pero también con repercusiones económicas, en el Bergidum. Las efemérides (el Emperador cumple 75 años de su apertura y el Bergidum 30 de su reapertura) marcan el congreso Teatros y cines en León y provincia, donde también se analizan hasta este jueves cuestiones como la paradoja de que los cines fueran al mismo tiempo arma de evasión y de control en las cuencas mineras o la importancia tanto de grandes transatlánticos como la ELDE (Empresa Leonesa de Empresarios) como de pequeños emprendedores en el rural.

La cita, que subraya la importancia de edificios que van mucho más allá de los muros y los ladrillos ahora que en Ponferrada ir al cine pasa inexcusablemente por acudir a un centro comercial, es el resultado de un esfuerzo colectivo capitaneado por sus coordinadores. Son el profesor de Historia Contemporánea de la UNED Francisco Balado Insunza y el director de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, Jorge Martínez Montero, que ha coronado el trabajo con una obra monumental: el libro Teatros y cines leoneses.

¿Qué impacto social tuvo en León la llegada del teatro? ¿Fue comparable al que tuvo después del cine? ¿Y cómo convivieron ambos a principios del siglo XX?

Jorge Martínez: Las producciones teatrales ya tienen importancia en la ciudad de León en los siglos XVII y XVIII. Con la invención del cinematógrafo, empiezan a tener un menor calado. Ahí el público experimenta un cambio. ¿Por qué? Porque ya la gente tiene un espacio concreto donde sociabilizar. Es una manera de abrir las ventanas al mundo: el cine implica nuevas miradas, nuevos paisajes y una cierta reflexión. A partir de los años diez del siglo XX, cuando se construye el Teatro Alfageme, es cuando empieza a pugnar lo teatral con lo cinematográfico. Y a partir de grandes estrenos cinematográficos como el de Quo Vadis, empieza a tomar mucha más fuerza lo cinematográfico. El coste de traer a las compañías teatrales era muy elevado hasta el punto de que se dejaban, ex profeso, para festividades concretas. El resto del año era inviable tener una programación estable.

A partir de los años diez del siglo XX, cuando se construye el Teatro Alfageme, es cuando empieza a pugnar lo teatral con lo cinematográfico en León. Y a partir de grandes estrenos cinematográficos como el de 'Quo Vadis', empieza a tomar mucha más fuerza lo cinematográfico

Jorge Martínez — Coordinador del Congreso Teatros y cines en León y provincia

Se ha puesto sobre la mesa del congreso que la provincia tuvo en torno a 200 cines y teatros. ¿Hablamos de recintos físicos, al margen de las proyecciones ambulantes?

Francisco Balado: Hablamos de cines y teatros, pero no todos a la vez, sino a veces en el rango cronológico que va desde la llegada del cine hasta el declive del cine. Pero sí, hubo cerca de 200 recintos físicos.

J.M: A veces conviven en el mismo espacio diferentes cines; en la propia localidad, o incluso en el mismo solar: se construye uno, se derriba y se levanta otro con el paso del tiempo.

¿Y cómo podemos ilustrar la importancia que tuvieron las proyecciones ambulantes?

J.M.: El cinematógrafo surgió con los Lumière en 1895. A la ciudad de León llegó cinco años más tarde. Y empiezan a realizarse esas primeras proyecciones al aire libre con esas barracas en la plaza de San Marcelo. Hay numerosos cinematógrafos que llegan aquí para realizar esas proyecciones. Los agustinos también tuvieron peso. El Recreo Industrial fue uno de los primeros lugares donde se realizaron esas proyecciones y donde adquirieron un cinematógrafo, un Lumière, Tuvieron muchísimo éxito.

¿Y en el medio rural?

J.M: Ahí llegaron mucho más tarde.

F.B: Hay muchos casos. Pero parte de esa memoria se nos ha perdido. Convivieron los físicos con los ambulantes, porque hay cine ambulante incluso hasta en los años sesenta. Pero no tenemos fuentes a las que poder acceder más que testimonios de gente que ya no se nos ha ido. Yo cito a Damián Tascón, que era un hombre muy emprendedor. En Piedrafita de Babia, donde hubo un cine físico, los mineros salían de la mina y Damián les proyectaba películas en una especie de cobertizo. Y además de proyectar la película, les ofrecía refrescos... Este tipo de cine ad hoc, para colectivos, también es un cine ambulante. Pero, sobre todo, había gente que se dedicaba a ir por los pueblos, como ha contado en el congreso Chema Sarmiento. Yo tengo localizados a varios, pero a través de referencias muy difusas. Había un tal Contreras, que iba por los pueblos del Alto Bierzo. Y cuenta Melchor Moreno que les daba dinero si lo promocionaban. Tenían que decir: “Que viene Contreras y su cine”.

Hay un apartado del congreso dedicado a las cuencas mineras, donde el cine era un elemento de evasión del trabajo, pero también de control por parte de los empresarios o del régimen franquista. ¿Cómo convivía una cosa con la otra?

F.B: Convivía de una manera muy sorprendente. Después de la Guerra Civil, hay un boom de la minería. Y España es una dictadura. El control social está por definición en un sistema autoritario, sobre todo al principio. Cualquier forma de expresión externa tiene que someterse primero a una censura; segundo, a una propaganda, a través del NO-DO, que se emite en todos los cines antes de la película; y tercero, las películas fomentan los valores que el régimen quiere. Pero eso se va matizando con el tiempo. Y al final llegan películas como Gilda. Y no censuraron la raja de la falda de Rita Hayworth. El control total es muy difícil. Pero hay otros controles. Está el de la Iglesia: las parroquias, sobre todo en los pueblos, los utilizan para la catequesis, para adoctrinar; se proyectan películas que tienen que ver con todo ese componente. Y tenemos empresas mineras, que tienen la misma filosofía proteccionista que el Estado. Y también llevan a cabo ese control social: y a los operarios y a sus familias les proporcionan desde el economato hasta la vivienda, y también el ocio, que está dirigido. Y utilizan espacios, como hace la Hullera Vasco-Leonesa, para sus propios programas formativos. Y hay fotos del cine de Ciñera con celebraciones como el día del trabajador. Pero todo eso convivía con la cuestión emocional que tiene el cine, y su capacidad de llevarte a sitios que no vas a conocer nunca. Y eso sin desdeñar el resto de cines del resto del mundo rural, que fueron también muy importantes.

¿Hasta qué punto el Edesa fue en Ponferrada causa, consecuencia o las dos cosas del trasvase de actividad social, económica y cultural del casco antiguo a la Puebla?

F.B.: El Bergidum empieza como cine y luego se convierte en teatro. Y se baja hacia la Puebla, hacia el ensanche, hacia la expansión con los años cincuenta. Y no sólo fue importante el Edesa: nacen también el Adriano o el Morán. Incluso en un barrio como Flores del Sil nace el Cine Sil, que tenía un aforo de 1.400 personas. No duró mucho, pero era algo impresionante.

J.M.: Era el Emperador berciano.

San Miguel de las Dueñas, donde en 1953 comienza Coto Wagner y Coto Vivaldi con el hierro, pasa de 600 habitantes a más de 2.000 en cinco años. Y hay en el plazo entre 1956 y1959 cuatro proyectos de cines. Sólo hubo al final un cine, pero hasta tres grupos de emprendedores, uno de ellos el alcalde, vieron ahí un negocio

Francisco Balado — Coordinador del congreso Teatros y cines en León y provincia

¿Qué particularidades tenían las empresas y los empresarios del sector?

J.M.: Hablamos de personas que tenían un auténtico monopolio en la época, que además formaban unas estructuras empresariales que aglutinaban linajes familiares, como ocurría en otros sectores de la sociedad leonesa. Y eso les permitió ir poco a poco arrendando y comprando espacios teatrales y escénicos. Y cuando surgía un nuevo espacio cinematográfico o teatral que supusiera una posible amenaza para su control, lanzaban rápidamente una opa para intentar hacer que ese que ese espacio estuviera bajo su control o que estuviera controlado.

F.B.: Y había pequeños emprendedores. Había empresas familiares, muy pequeñas, sobre todo en los pueblos. Veían el negocio, pero muy circunscrito a ese pueblo. Y también había quieros y no puedos: gente que tenía un solar y solicitaba un proyecto, incluso una simple memoria, a los arquitectos. Un ejemplo claro es San Miguel de las Dueñas, donde en 1953 comienza Coto Wagner y Coto Vivaldi con el hierro. Y San Miguel pasa de 600 habitantes a más de 2.000 en cinco años. Tiene estación de tren. Y hay en el plazo entre 1956 y1959 cuatro proyectos de cines. Sólo hubo al final un cine, pero hasta tres grupos de emprendedores, uno de ellos el alcalde, que vieron ahí un negocio.

El teatro y el cine, en la contemporaneidad y sobre todo en el siglo XX, es un elemento absolutamente indisociable de la evolución social de cualquier lugar. Hay otras provincias en que la evolución puede ser más anodina. Aquí, la propia importancia que tiene la industria minera en la provincia hace que eso se expanda en diferentes ámbitos

Francisco Balado — Coordinador del congreso Teatros y cines en León y provincia

¿Y a ese fulgor lo va matando la reconversión económica, la tecnología, la televisión?

F.B.: La entrada del consumo de televisión en los hogares es lo primero que afecta al cine en los años sesenta y principios de los setenta. Luego afecta, ya en los años setenta, la propia crisis, aquí en esta provincia con repercusiones en la minería y la industria en general. Y a finales de los años setenta y principios de los ochenta llegó el vídeo, que fue matando al cine poco a poco. Los cines pequeños en los pueblos son los primeros que desaparecen, lógicamente. En 1985 ya prácticamente no queda ninguno de aquellos cines, salvo los emblemáticos que todavía hoy funcionan: Cistierna, Villablino y poco más.

J.M.: Y esos sobreviven fundamentalmente por el cine infantil. Porque los grandes estrenos, a golpe de clic en una plataforma, los ves en tu domicilio. Y ya no vas a no ser que sea una experiencia sensorial de un 3D, de unas gafas de realidad virtual, experiencias inmersivas, que es lo que actualmente busca el espectador en el ámbito cultural. Si no, están en declive, absolutamente.

F.B.: Al investigar todo esto te das cuenta de cómo el teatro y el cine, en la contemporaneidad y sobre todo en el siglo XX, es un elemento absolutamente indisociable de la evolución social de cualquier lugar. No sé si del mundo. Y en León es especialmente significativo por la propia configuración y el devenir de la provincia. Hay otras provincias en que la evolución puede ser más anodina. Aquí, la propia importancia que tiene la industria minera en la provincia hace que eso se expanda en diferentes ámbitos.

El congreso ha analizado edificios pensados por y para el cine y el teatro. Y hoy en Ponferrada, y por extensión en todo El Bierzo, para ver una película en el cine hay que ir a un centro comercial. ¿Cómo cambia eso la perspectiva?

J.M.: Es la sociedad de consumo en la que nos encontramos. Estamos en un momento en el que, por mucho que uno quiera, irremediablemente tienes que entrar a esos espacios, consumir y tenerlo todo a mano. Es como la inmediatez en el acceso a la información. Estamos en una sociedad en la que necesitamos el consumo y la inmediatez.

El Emperador no es un mero edificio, sino que está imbricado en las emociones, en la intrahistoria, en la imaginación y la idiosincrasia de los leoneses. Cuando un edificio trasciende y provoca la identificación de las personas, va mucho más allá de una mera declaración y de una mera protección

Jorge Martínez — Coordinador del congreso Teatros y cines en León y provincia

¿Qué está suponiendo el Teatro Bergidum para Ponferrada y qué tendría que suponer la anhelada recuperación del Teatro Emperador para León?

F.B.: Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Bergidum es el auténtico motor cultural de la ciudad. Eso no tiene discusión de ningún tipo. Gracias al Bergidum, Ponferrada tiene una actividad cultural ya no sólo teatral, sino todo lo que alrededor del Bergidum se hace. Y eso demuestra cómo una actividad cultural, en este caso el teatro, puede ser un motor económico; y hacer de una ciudad que no tenía hace 30 años, ni de lejos, una mínima actividad cultural, pues un lugar al que la gente acude, entre otras cosas por su actividad cultural.

J.M.: El Emperador supuso, hace 75 años, un revulsivo para la ciudad. Significó la gran apertura cultural para la ciudad, constituyó la joya de la corona de la ELDE (Empresa Leonesa de Espectáculos) y, a día de hoy, supone el gran reto cultural que tiene esta ciudad. Lo tiene; y, además, debe cerrar ese episodio pendiente porque la sociedad lo demanda. El Emperador no es un mero edificio, sino que está imbricado en las emociones, en la intrahistoria, en la imaginación y la idiosincrasia de los leoneses. Cuando un edificio trasciende y provoca la identificación de las personas, va mucho más allá de una mera declaración y de una mera protección. Y esa tarea pendiente va a hacer que nos reencontremos con el espacio, con la cultura y que la sociedad leonesa se sienta mucho más realizada volviendo a visitar, a disfrutar y a recordar las vivencias que tuvo en un espacio como ese. Como hemos perdido el Principal y el Alfajame, el único testigo que nos queda es el Emperador. Si no somos capaces de mantenerlo, conservarlo, restaurarlo y ponerlo en valor y darle una función, no estaremos cumpliendo con esa misión que tenemos, que es la de legar a nuestras generaciones futuras el patrimonio en su estado más óptimo. Todas las autoridades coinciden en que ahora está dando pasos de gigante, pero también es cierto que estamos en un periodo de finalización de legislatura y desconocemos qué va a ocurrir a partir del mes de mayo del año 2027. Y va para largo. Pero es un primer paso para que se haya reactivado. ¿Hay voluntad? Sí, y hasta el momento no había voluntad política. Pero se han dado cuenta de que este edificio es mucho más que un edificio.

Ponferrada acoge este miércoles la primera sesión del programa formativo de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón, una iniciativa que reúne a cinco territorios con tradición minera para buscar nuevas oportunidades económicas a través de su patrimonio. León, Teruel, Córdoba, As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas forman parte de esta red, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Transición Justa y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).

La formación está dirigida a gestores locales y pretende proporcionarles herramientas para diseñar, promocionar y comercializar actividades turísticas relacionadas con la historia minera e industrial de cada territorio. El objetivo es aprovechar un patrimonio común para diversificar la economía de las antiguas cuencas mineras, reforzar la colaboración entre ellas y generar nuevas oportunidades vinculadas al turismo.

La primera jornada, que se celebra en la sede de Ciuden en Ponferrada, estará centrada en la construcción de un relato común y en la conexión del patrimonio del carbón con otros recursos como el paisaje, la cultura, la gastronomía o el turismo activo. El programa también abordará cuestiones como la comercialización de los productos turísticos, la sostenibilidad y la accesibilidad.

La iniciativa llega después de varios meses de trabajo y del primer encuentro de los integrantes de la red, celebrado en diciembre de 2025 en la sede del Instituto para la Transición Justa. El proyecto permanece abierto a la incorporación de nuevos territorios y busca crear una estructura estable de cooperación entre zonas que comparten un pasado ligado a la minería del carbón.

Las acciones formativas se adaptarán a las características de cada zona. En Asturias se trabajará en la transformación de los recursos mineros en productos y experiencias turísticas y en la colaboración entre municipios, equipamientos y empresas. En As Pontes, el foco estará en relacionar la historia del carbón y la energía con el paisaje y las nuevas oportunidades turísticas, mientras que en Córdoba se abordará la puesta en valor del patrimonio minero-industrial del Valle del Guadiato.

En Teruel, la formación se centrará en la profesionalización de los agentes, la transmisión de la memoria minera, la gestión de los recursos y la creación de productos turísticos relacionados con las cuencas. En el caso leonés, la primera sesión de este programa se convierte así en un punto de encuentro para compartir experiencias con otros territorios que afrontan el mismo reto: convertir el legado de la minería en una oportunidad turística y económica para el futuro.

Las familias de los seis mineros que murieron en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa siguen pendientes de una respuesta judicial. La Audiencia Provincial de León tiene ya sobre la mesa los recursos contra la sentencia que absolvió a los 16 acusados por el accidente, entre ellos tres miembros de la familia Del Valle, y debe decidir ahora si confirma el fallo o estima las peticiones de las acusaciones. La Fiscalía fue la primera en exigir que se repitiera el juicio y las acusaciones particulares se han adherido a su recurso, según ha podido conocer este medio. El trámite de apelación ya ha concluido y los autos están en manos de los magistrados de la Audiencia.

Han pasado casi 13 años desde el 28 de octubre de 2013, cuando un escape de grisú en el Grupo Tabliza de Llombera, en La Pola de Gordón, acabó con la vida de Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, José Luis Arias, Roberto Álvarez y Orlando González y dejó heridos a otros ocho trabajadores de distinta gravedad. Desde entonces, sus familias no han hecho otra cosa que esperar. Primero la investigación, después a un juicio que se celebró a la segunda, a una sentencia que llegó más de una década después de la tragedia y dos años y medio después de que se terminase el juicio, absolviendo a todos los acusados, y ahora un recurso.

La causa vuelve a estar pendiente de los tribunales. La Fiscalía considera que la sentencia hizo una valoración incorrecta de las pruebas y pidió a la Audiencia Provincial que la anule, también el juicio, y que el caso vuelva a juzgarse otra vez de nuevo. Las acusaciones se han adherido a ese recurso y exigen que se depuren las responsabilidades por un accidente que siguen pensando que se podía haber evitado.

El Ministerio Público sostiene que la sentencia llevó a cabo una valoración “irracional” de los informes técnicos y los testimonios a lo largo de los casi dos meses de maratonianas sesiones judiciales, y cuestiona que se diera mayor credibilidad a las pruebas aportadas por las defensas que a los informes de los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. La Fiscalía entiende que el procedimiento no debía limitarse a determinar la causa inmediata del escape de gas, sino también a establecer si la tragedia podía haberse evitado con unas medidas de seguridad más adecuadas.

En su recurso, el Ministerio Público puso el foco en cuestiones como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa por la presencia de grisú. También cuestionó que determinados trabajos se hubieran iniciado sin contar, según su interpretación, con todas las autorizaciones exigidas por la autoridad minera y recordó la obligación de los responsables de la explotación de garantizar la seguridad de los trabajadores.

La Audiencia Provincial tendrá ahora que decidir si mantiene la absolución o estima los recursos. No existe un plazo concreto para resolver, por lo que las familias tendrán que seguir esperando sin saber cuándo llegará la decisión. Según ha explicado a ILEÓN uno de los abogados de las acusaciones, ya se han presentado las adhesiones de las acusaciones y las impugnaciones de las defensas y el procedimiento está pendiente de la resolución de la Audiencia.

Los Del Valle acaban de ser absueltos también de un fraude fiscal de 2,1 millones de euros relacionado con las ayudas al carbón de la Hullera Vasco-Leonesa. La Audiencia Provincial de León anuló las entradas y registros de la Agencia Tributaria por considerarlos ilícitos y extendió esa nulidad a todas las pruebas obtenidas en esas actuaciones, al aplicar la doctrina del 'fruto del árbol envenenado'. La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel para Antonio y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Vasco, al considerar probado que, junto a otros directivos y responsables de empresas subcontratadas, habían hecho pasar carbón de cielo abierto por carbón de interior para acceder a unas ayudas cinco veces superiores. El tribunal concluyó que, una vez excluidas esas pruebas, no quedaban elementos suficientes para acreditar el fraude ni para desvirtuar la presunción de inocencia.

Una causa que acumula más de una década

La espera judicial en este caso está siendo especialmente larga. El accidente ocurrió en 2013 y el juicio no comenzó hasta febrero de 2023, después de que algunos de los acusados se acordaran el primer día del juicio, la primera vez que se señaló en 2021, de que tenían seguros de responsabilidad civil que podían responder por ellos en caso de condena. El caso juzgó a 16 acusados y, durante dos meses de sesiones, escuchó a 80 testigos y peritos.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de León tardó en llegar más de dos años y medio después de la finalización del juicio. La resolución fue dictada por la magistrada María Argentina Álvarez Rodríguez, titular de ese juzgado, que había permanecido de baja durante buena parte de la espera y se reincorporó en octubre de 2025 con un refuerzo acordado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León para ayudar a sacar adelante las sentencias pendientes.

Entre los acusados figuraban tres miembros de la familia Del Valle, antigua propietaria de la Hullera Vasco-Leonesa, además de responsables de la compañía, ingenieros, mandos intermedios y vigilantes. Las defensas sostuvieron durante el juicio que el accidente había sido fortuito, imprevisible y no evitable y reclamaron la libre absolución de sus representados.

Seis nombres detrás de una causa que sigue abierta

Mientras la Audiencia decide, las familias continúan esperando casi 13 años después de perder a sus seres queridos. Carlos Pérez, de Las Ventas de Albares, estaba casado y tenía dos hijos. Manuel Moure, de Ciñera de Gordón, tenía 39 años y acababa de ser padre de una niña pocas semanas antes de morir.

Antonio Blanco, de Robles de la Valcueva, tenía 42 años, estaba casado y tenía una hija y esperaba poder prejubilarse. Roberto Álvarez, de Fontanos, era el más joven de los seis, con 35 años, y dejó dos hijos pequeños.

Orlando González, vecino de La Pola de Gordón y natural de Paradilla, llevaba más de una década trabajando en la minería. José Luis Arias, natural de Pola de Lena (Asturias), estaba casado y tenía dos hijos y era el único de los seis fallecidos que no era leonés. El próximo 28 de octubre se cumplirán 13 años del accidente en el que perdieron la vida en el tajo.

Finalmente no se celebrará juicio contra quien fuera el alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación hace 20 años de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por el empresario minero Victorino Alonso. Las partes han llegado a un acuerdo económico que evita la posible pena de prisión para Benéitez, quien ha devuelto íntegramente el dinero atribuído al delito de malversación.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación.

El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.

Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo por Izquierda Unida tras un acuerdo multilateral entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.

Este lunes 21 de septiembre estaba fechada en la Audiencia Provincial de León la primera sesión del juicio contra el exalcalde de Cabrillanes ante un Tribunal del Jurado, las siguientes se celebrarían el martes 22 y jueves 24 de septiembre. Sin embargo, ni siquiera se ha llegado a celebrar esta primera sesión tras un acuerdo con Fiscalía que solicitaba para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta. Finalmente, el acuerdo consta de una inhabilitación y una multa, aunque se desconocen los detalles concretos de la cantidad y duración de las mismas.

Como atenuante, la Fiscalía puede haber tenido en cuenta dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial acumula una duración de dos décadas. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio.

La Justicia absuelve otra vez a los empresarios mineros Del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa y a los directivos de las empresas del Grupo Peal, acusados de un fraude millonario por ayudas al carbón. La Audiencia Provincial de León anula las entradas y registros de la Agencia Tributaria por considerarlas ilícitas y, por ende, todas las demás pruebas que derivaban de esas actuaciones, por lo que concluye que no queda evidencia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. La sentencia, dictada el pasado 2 de julio y a la que ha tenido acceso ahora ILEÓN, absuelve a todos los acusados y a las sociedades implicadas de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El procedimiento juzgaba una presunta trama desarrollada entre 2011 y 2013 para hacer pasar carbón de explotaciones a cielo abierto por carbón de interior, que tenía una subvención pública cinco veces mayor. Fiscalía sostuvo durante el juicio que existía un sistema organizado y pactado entre la Hullera Vasco-Leonesa y Transportes Peal y Restauraciones Mineras para alterar las cifras de producción, sobrefacturar determinados trabajos e infravalorar el carbón con el objetivo de reducir las cuotas de IVA. La acusación pública cifró el supuesto fraude en 2.114.376,26 euros: 734.981,28 euros en 2011, 510.463,37 en 2012 y 868.931,61 en 2013. Para los dos empresarios de la familia Del Valle, Antonio y Arturo, y el que fuera director general de la Hullera, Mario Calvo Herce, la Fiscalía llegó a solicitar 12 años de prisión para cada uno, mientras que para los responsables de Transportes Peal reclamó siete años y medio. La Abogacía del Estado formuló peticiones incluso superiores en algunos de los delitos.

La sentencia, sin embargo, no entra siquiera a determinar si existió o no el fraude descrito por las acusaciones porque considera que la forma en que se obtuvo una parte esencial de la prueba estuvo fuera de la ley. La Audiencia recuerda que el Tribunal Supremo ya había declarado nulo el auto de 30 de mayo de 2016 que autorizó la entrada y registro en distintas instalaciones de la Hullera Vasco-Leonesa. Aquella resolución judicial no había realizado, según el tribunal leonés, un verdadero juicio de necesidad y proporcionalidad, sino que había asumido los argumentos de la Administración. La consecuencia fue la nulidad de las actuaciones por vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la tutela judicial efectiva.

Pero la Audiencia va más allá de aquella primera nulidad. También revisa el registro efectuado en las instalaciones de Transportes Peal y concluye que tampoco en este caso quedó justificado de manera suficiente que la entrada fuese necesaria y proporcionada. A ello añade un problema específico con el Centro de Proceso de Datos de La Robla: las instalaciones no pertenecían a la Hullera Vasco-Leonesa sino a una filial, CITSA, y el representante de la administración concursal que permitió la entrada no tenía capacidad para prestar un consentimiento válido en nombre de la sociedad titular.

La resolución aplica así la doctrina conocida como 'fruto del árbol envenenado'. La exclusión no se limita a los documentos que fueron directamente incautados durante los registros, sino que se extiende también al resto de pruebas que depende de esos registros. Los propios inspectores de Hacienda reconocieron durante el juicio que sus informes sobre la supuesta mecánica defraudatoria y los cálculos de las cuotas tributarias se elaboraron esencialmente a partir de la documentación obtenida en aquellos registros. Uno de los inspectores manifestó que, sin la documentación intervenida en Transportes Peal y en el centro de datos de La Robla, no podía mantener sus conclusiones sobre el fraude.

Con todas esas pruebas fuera del procedimiento, la Audiencia analiza qué queda para sostener la acusación y concluye que no es suficiente. Los técnicos y peritos que declararon en el juicio no acreditaron la existencia de una estructura fraudulenta destinada a falsear la producción o generar facturación ficticia. Además, varios expertos vinculados al ámbito minero señalaron que el método técnicamente fiable para determinar los movimientos de estéril y la producción era la medición topográfica, frente al simple recuento de camiones utilizado como referencia en parte de los cálculos acusatorios. La sentencia también recoge informes periciales que cuestionaron la metodología utilizada por Hacienda para calcular las cuotas supuestamente defraudadas y otro que no apreciaba una sobrefacturación significativa.

El tribunal concluye que, una vez eliminadas las pruebas, no existe una base válida que permita determinar la deuda tributaria ni acreditar que se superase el umbral necesario para que existiera delito fiscal. Tampoco considera probado que la Hullera Vasco-Leonesa y las empresas contratistas mantuvieran una doble contabilidad, que alterasen conscientemente la producción real, que se facturasen servicios inexistentes o que hubiese una infravaloración sistemática del carbón de cielo abierto acompañada de una sobrefacturación del estéril.

La sentencia termina absolviendo a Antonio y Arturo Del Valle, Mario Calvo Herce, José Manuel Alonso y Francisco Javier Luengo, así como a Hullera Vasco-Leonesa, Transportes Peal y Restauraciones Mineras, y declara las costas de oficio. Uno de los acusados, cuya capacidad procesal había quedado afectada, ya había sido apartado del procedimiento por fallecimiento.

La absolución se conoce ahora, varios meses después de un juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de León en mayo con muchas trabas a los periodistas, negando incluso al principio la Fiscal Jefe de León, Isabel Morán González, que llevaba el caso de forma personal, que se pudieran conocer la solicitud de cárcel hasta la finalización del mismo y tras quejas de los profesionales de la información. Este medio solicitó desde hace meses la sentencia a la Fiscalía y TSJ, la última la semana pasada, sin que haya sido remitida como es habitual pese a haber sido notificada en el mes de julio.

Fiscalía y Abogacía del Estado mantuvieron hasta el final que existió una operación concertada para hacer pasar carbón de exterior por carbón de interior y reclamaron penas de prisión de hasta 12 años para los principales responsables. Los acusados, por su parte, negaron la trama y sus defensas sostuvieron desde el inicio que las pruebas habían sido obtenidas ilícitamente.

Y esta resolución adquiere especial relevancia por el otro procedimiento que sigue abierto contra la familia Del Valle, la absolución por el fraude de carbón se produce mientras continúa pendiente el recurso de Fiscalía contra la sentencia que absolvió a los acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en octubre de 2013. Son dos procedimientos distintos, pero ambos coinciden en absolver a los empresarios de su gestión empresarial.

El primer juicio de la temporada en la Audiencia Provincial de León tratará de resolver una historia de hace veinte años y en la que aparece uno de los nombres más conocidos de la minería leonesa: Victorino Alonso, el ‘rey del carbón’. Pero no será el empresario minero quien se siente en el banquillo, sino quien fuera alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por Alonso.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación. El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.

La Fiscalía considera que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y acusa a Benéitez en calidad de autor. En su escrito, presentado en 2017, solicita para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, aunque aprecia como circunstancia atenuante las dilaciones indebidas acumuladas durante la tramitación del procedimiento que suman ya dos décadas.

El juicio está señalado para el lunes 21 y martes 22 y jueves 24 de septiembre, ante un Tribunal del Jurado, después de una investigación judicial que se ha prolongado sobremanera. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio. El exalcalde siempre ha defendido que los 36.000 euros tuvieron un destino municipal y los vinculó a unas obras, pero su versión no ha evitado que finalmente responda por ello en la sala de justicia.

Un pago de la empresa de Victorino Alonso

El dinero que está en el centro del procedimiento salía de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la compañía quebrada que compró y explotó hasta su extinción el empresario minero Victorino Alonso. El pago estaba relacionado con Nueva Julia, una explotación a cielo abierto que acabaría convirtiéndose en uno de los principales episodios judiciales de la trayectoria empresarial del conocido como ‘rey del carbón'.

Alonso fue condenado por la explotación ilegal de Nueva Julia por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El Tribunal Supremo confirmó una pena de cuatro años de prisión para él y una responsabilidad civil superior a 24 millones de euros por los daños ocasionados, una condena que terminó llevando al empresario a prisión en 2023. Posteriormente obtuvo el tercer grado y, este 2026, la libertad condicional por su edad.

La causa por la que ahora se juzga al que fuera alcalde de Cabrillanes es, por tanto, distinta de la condena medioambiental de Alonso, aunque ambas tienen como escenario la misma explotación minera y parten de acontecimientos ocurridos en aquellos años de actividad de Nueva Julia.

Una historia que empezó hace 20 años

El caso llega al juicio casi veinte años después de los hechos investigados. Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo tras un acuerdo entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.

La defensa del exregidor sostuvo durante la instrucción que el dinero se había destinado a unas obras de construcción de muros de escollera y hormigón en el municipio. Sin embargo, las resoluciones judiciales que permitieron continuar con el procedimiento cuestionaron la existencia de documentación municipal que acreditase tanto el encargo como la fiscalización de aquellas obras y señalaron que las cantidades facturadas no permitían justificar el destino del dinero.

Ahora será el Tribunal del Jurado el que tendrá que determinar qué ocurrió con aquellos 36.000 euros. Fiscalía ve malversación y pide para el acusado 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, con el atenuante de dilaciones indebidas de dos décadas.