No sólo echar a Sánchez pretenden, sino, de paso, hacerlo pasar por las horcas caudinas. Un mensaje de 'aliento' pleno de soberbia que partía del expresidente Aznar, el que oculta el dolo propio y resalta con insultante aplomo su versión de lo ajeno, esté o no claro. Sí, el de orgullo y dominancia, “a mí me van decir lo que tengo que beber”. O –recordemos– sobre el monarca dijo: “Irá a Cuba, cuando toque”. ¡Faltó el aquí mando yo! Pero iba implícito.

A modo de inciso. Alcanzar la condición de presidente del gobierno nacional, un leonés, es sin duda un gran logro político, junto a la necesaria 'alineación de astros' (partido, primarias, urnas, votos) ya hubo en León un presidente (PSOE), Rodríguez Zapatero.

Y en ciernes, pero peldaño por debajo, y por lo que veo con insalvable tabica, encontramos en los comicios anunciados a una leonesa que ha encajado en el discurso PP del momento, Feijóo, en los que se ha de esforzar, y mucho, voz y gesto, tratando de ganar una anhelada primera vicepresidencia nacional de un supuesto gobierno Feijóo que algunas encuestas, tiempo atrás, anunciaban.

Acabo de aludir, naturalmente, a Ester Muñoz. Pero eso sí, no nos despistemos, todo lo que hace en política nacional (mi partido, añade) va por “el interés de España”. Muy patriótico el gesto. ¡Dime de lo que presumes…!

A los leoneses nos ha usado para trepar al escaño, y ahora nos amontona, como guijarros metafísicos para alcanzar en el montículo una supuesta 'cruz de fierro' gubernamental, pero ahí está el duelo... ¡Sin entenderlo como fundamento leonés! Reconocimiento para los que la sirven de andamio: “Cero patatero”, que diría su Aznar, dentro de la impertinencia de ex.

No voy a asistir a ningún mitin del PP, primero por imposibilidad física, y luego, y más importante por falta de afinidad. Los leoneses (ellas y ellos) con voto ideológico para tal partido, desde que Aznar alcanzó la presidencia autonómica, se olvidaron de un León vivo y diferenciado, al parecer los derechos en democracia también requerían papeleta para la rifa del café pata todos. La que manejaba el señor Fraga, para tener dubitante al electorado en cuanto a autonomía diferenciada, claro, en tanto estaban en el poder los socialistas autonómicos. ¡Un corto tiempo en verdad!

En las Generales ahora, para las que no cesaban en pedir su anuncio hasta la saciedad, ya desde el comienzo de la legislatura, tienen la piedra de toque; se lo imaginaban fácil, y puede que en algún momento lo fuera. Pero se ha de ratificar en las urnas, Sánchez ataviado de campaña, manejando labia mitinera y empujando desde abajo, desde las bases, no se lo va a poner sencillo.

La lista del PP en León

Voy a añadir algo más sobre Ester Muñoz, teniendo presente su papel en el parlamento nacional como portavoz del Grupo PP. Fue requerida, para que desde le primer momento hablara con voz enérgica, en nombre de los que dicen estar hasta el gorro de Sánchez, al que había que denostar de forma permanente, sin ambages ni rodeos, en toda forma y condición, para que calara el mensaje, llegando incluso a entrar en el ámbito de lo personal. Ni se ha quedado corta, ni parece que haya fallado en los planes de Feijóo; cosa bien distinta es que haya manejado discursos bien estructurados.

En la lista del PP en León, tras la anunciada cabeza, Ester Muñoz, encontramos a Ricardo Gavilanes, recuerde el alma dormida. Nacido en Legio, quien, sin empacho alguno, ha osado decir que “el nacionalismo leonés es una triquiñuela”. Error, tremendo error, el castellanoleonesismo, ese que están intentando implantar por estatutos si que lo es; y además de maligna e ingrata nominación, tal amalgama entra de pleno en la más absoluta aberración.

De modo que, señor Gavilanes, no hable de leonesismo, ni aún para el denuesto, desconoce lo que es como sentimiento, y cómo se vive desde el ser leonés de compromiso serio, no el partidista. Puede que tan sólo perciba lo que representa el movimiento político leonesista… ¡Y lo tema! Sin duda eso y otros poemas estarán presentes en los votantes leoneses.

Ester Muñoz, en su etapa como presidenta del PP de León, dejó dicho: “Quien nos vota, tiene claro el NO a la autonomía leonesa”. Imperdonable error, pero el votante lo asume y olvida. Gran infortunio. El señor Suarez-Quiñones, que le van bien lo antedicho, seguirá manejando la Gestora provincial, esto en cuanto a cargos de partido, pues en el plano ejecutivo autonómico está desarrollando la labor otorgada a dedo como Consejero. Ya se sabe, en política “se sabe” de todo, ahora toca Industria, Universidades… como es natural participara en mítines, mas, la credibilidad se le ha ido con los último humos de los incendios pasados, que no controló desde su anterior Consejería.

Ellos, los políticos, han de pasar el Rubicón de la urnas, y los ciudadanos leoneses papeleta en mano olvidando afrentas, insanamente, les ayudararán otorgándoles el voto aunque vayan en contra nuestra, y de nuestro bienestar autonómico, y por ende el socioeconómico. A ver quién de ellas o ellos, en toda una legislatura 'comete el desliz' de hablar de León, de lo leonés sojuzgado.

El cero lo llevan de impuesto origen.

LExit.

La Universidad de León (ULE) presentó este martes oficialmente su Cátedra Extraordinaria de Memoria Democrática, una herramienta impulsada para avanzar en la investigación histórica y acercar sus resultados al conjunto de la sociedad. La iniciativa, cuyo convenio se firmó en mayo, comenzó a desarrollar sus primeras actividades en junio y se articula en torno a tres ámbitos: investigación, docencia y divulgación hasta ultimar la realización de documentales y pódcast para llegar al alumnado.

La ULE impulsa la Cátedra en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, cuyo titular, Fernando Martínez, asistió en León al acto de presentación. “Nadie mejor que las universidades para establecer el rigor de los conocimientos”, sentenció Martínez.

En la presentación, la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez, ha destacado que la nueva Cátedra permitirá dar proyección social a la trayectoria investigadora que la institución académica ha consolidado en este campo. “Una de las misiones fundamentales de la Cátedra es conseguir que la investigación que desarrolla la institución llegue no solo a sus universitarios, sino también a estudiantes de otros niveles educativos y a la sociedad en general”.

Por su parte, Martínez López ha subrayado la importancia de extender el conocimiento de la memoria democrática a todos los ámbitos universitarios, más allá de las titulaciones vinculadas directamente con la Historia, y de establecer una colaboración continuada con institutos, docentes, asociaciones de memoria y entidades culturales. El secretario de Estado ha incidido especialmente en la necesidad de acercar este periodo histórico a las nuevas generaciones y combatir la desinformación mediante el conocimiento sustentado en la investigación académica. “En este país y en este mundo que hay tantas mentiras y tantos bulos sobre la historia que nadie mejor que la universidad para establecer el rigor y las cátedras fundamentalmente están estableciendo rigor porque detrás de ellas hay muchísima investigación de profesores y de profesoras”, ha señalado.

La Cátedra permitirá reforzar diferentes líneas de trabajo que ya desarrolla la Universidad de León. Entre ellas se encuentra HUMANRedHis, una base de datos abierta al público que documenta a personas represaliadas en la provincia que acaba “de conseguir más de mil fichas descritas de personas que se habían exiliado, en este caso, a Francia en la primera posguerra”, también se impulsará el conocimiento de las fortificaciones de la Guerra Civil, ámbito en el que la Universidad cuenta con una importante trayectoria de investigación, y se dará continuidad a las visitas a lugares de memoria democrática con participación de estudiantes universitarios y de institutos, tal y como ha señalado el director de la Cátedra y decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez. En la presentación, además, ha avanzado el impulso a nuevos recursos audiovisuales, entre ellos documentales y pódcast, concebidos para acercar los resultados de la investigación “y llegar más al alumnado”. El objetivo es combinar las actividades que ya se venían desarrollando con nuevas propuestas que permitan ampliar el alcance de la divulgación histórica y reforzar la colaboración con los centros educativos.

“No fue inevitable”

La jornada ha contado también con la conferencia del reconocido historiador Ángel Viñas, titulada ‘La conspiración monárquica, militar y fascista, 1934-1936’. El investigador ha defendido la importancia de construir el conocimiento histórico a partir de fuentes primarias y documentación de archivos y ha destacado que “la Guerra Civil española no fue inevitable”, una afirmación que ha contextualizado en el análisis de los distintos acontecimientos y alternativas que precedieron a julio de 1936. Concretamente, ha argumentado que “hay varios tornantes o giros potenciales antes de julio de 1936 que, de haber ocurrido de otra manera, podrían haber llevado a otros resultados” porque “la historia no se puede describir como el funcionamiento de una máquina que sólo procede de manera unidireccional”.

La programación se ha completado con la representación teatral El Enterrador, dirigida por Pepe Zapata, dentro de las actividades culturales vinculadas a la presentación.

Con esta Cátedra, la Universidad de León refuerza su compromiso con la investigación histórica y la transferencia del conocimiento, y consolida la colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para acercar el estudio del pasado reciente a la universidad, los centros educativos y el conjunto de la sociedad.

Cendón, el socialista de León. Sí, el que ha estado flotando un tiempo, cuando le fallaron algunos asideros en la ejecutiva nacional, pero con apoyo in pectore de Zapatero, más su perseverante intento de jugar a tentetieso, y como juventud y ganas no le faltan, se ganó al presidente nacional en lo previo, pasando a sustituir a Montse Mínguez, como secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Mas, atentos al dato, no va a ser portavoz parlamentario, como si lo era la cesante. Luego, bien en lo administrativo, y alejado, supongo que por falta de garra, en la portavocía.

Donde consolida maneras, es en la provincia leonesa, su feudo básico, propiciando el divide en Ponferrada. Allí se ha lucido, para su refuerzo anímico, promocionando en precampaña al PSOE, acompañando (no precisamente trayendo) al presidente Sánchez. En tal coyuntura, todos, imbuidos en el prometer hasta meter, pues no cuesta ofrecer lo que, por experiencia a los avisados, nos va a sonar a hueco. No hay compromiso dicente, es simple alegoría sembrando en abstracto el camino político posterior a recorrer.

El alcalde legionense, que sabe vestir de riberiego, como decía un buen amigo mío, para, imbuido de pleno en lo tradicional festivo del alfoz, impresionar en lo que es cultura leonesa, tal parece que quisiera dejar descansar al secretario provincial socialista, de los aparentes conatos de pelea. Esos que, mucho me temo, no van a ser capaces, tampoco lo intentarán, ni tan siquiera de suavizar asperezas en lo político partidista que concierne a los leoneses. De modo muy señalado en lo autonómico. Dispar a más no poder. Irreconciliables.

Allí, en Ponferrada estaba también el soriano socialista, el secretario autonómico al que se le solía atragantar la (y) que nos diferencia nominalmente a los leones en la comunidad, aunque en la práctica no nos respeten. El presidente, al iniciar la alocución, lo mejoró. ¿Lección aprendida? Puede, pero, a futuro veremos. empezó saludando: ¡Buenos días Ponferrada! ¡Buenos días Bierzo!... y... ¡Buenos días León!

Y seguiría el mitin con agradecimiento a Cendón, en lo provincial; a Carlos Martínez, en lo autonómico… y ya en plan general: “Aquí siempre que vengo… a León, en su conjunto, pienso en una tierra que ha venido reivindicando su identidad, una identidad no excluyente, sí inclusiva…”. Halagador, pero sin reconocimiento posterior, más allá de las charletas Si al menos esto fuera reconocido por buena parte de la militancia, y Cendón vacilara y hasta tratara de comprender la postura de José Antonio Díez, podíamos entrar en un tiempo de abrazos comprensivos, teóricos, que nadie se asuste, y hablar, hablar… para comprendernos. No le veo a Cendón en esa línea… no hay congojas interiores.

Pero aquí nos ha dejado el presidente, aún efectivo, unas palabras, que adulan a una ciudadanía, la leonesa, a la que no se la reconoce, ni en el parlamento nacional, ni en el autonómico, el más elemental de los derechos constitucionales de autogobierno, cosa que, por supuesto, a Cendón le tiene sin cuidado. ¡Dato importante a tener en cuenta!

Ya se ha colocado, el señor Sánchez, estilosa vestimenta mitinera para la declamación comicial, y echado mano de poses y gestos oportunos que se compran fácil por el público, de momento compuesto por enfervorizados socialistas, de aplauso fácil, muchos de ellos sujetos a compromiso, y no digamos los situados tras de él, en pantalla, jóvenes y aquiescentes personas que a cabezadas tratan de reforzar el mensaje, pose siempre estudiada, que por supuesto no son imágenes privativas de los suyos.

Sabido es que Felipe González no le tolera. Vamos, que no le gusta desde que se empeñó –echando mano de la militancia, la sana, la que piensa–, para ganar en primarias a la candidata andaluza que el señor González y su entorno preferían. Es más, ha dicho en los medios el ex, que va a votar en blanco, y tratado de explicar, no la razón, que en público no está recogida al detalle, sino que tal voto derrocha democracia. Una daga literaria en boca de quien parece escorarse 'a la derecha', ya hace un tiempo, quien fue 'Uno', rompiendo con el marxismo para ejercer de sociodemócrata al inicio de la Transición.

“Socialista antes que marxista”, dijo antaño. Y para no equivocar mi postura personal, ni defiendo, ni aplaudí en su momento.

Pero sí tengo claro lo que me motiva como votante in pectore de izquierdas: primero León, y el leonesismo mi motor. Lexit

En las últimas fechas he descubierto un León, financiero y económico desconocido por mí y creo que para muchos leoneses y que puede valer, entiendo, para la mayoría de los ciudadanos.

He descubierto gracias a unas conferencias de la ULE sobre la 'Financiación de la defensa en el nuevo contexto geopolítico europeo', un mundo… como decirlo... inédito para un servidor. Justo, en el que se muestra que la ULE tiene muy buena relación con el mundo de la defensa a través de los departamentos tecnológicos e ingeniería. 

A la par que me enteraba de esa importancia, comprendía cómo se podían ampliar las posibilidades de las Tierras Leonesas, en esta industria, que en estos momentos tiene algo más de mil empleados en diez centros específicos.

Por otro lado, he tenido la oportunidad, a la par que una gran satisfacción, de asistir a la entrega de los quintos premios de Aletic (Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), asociación que agrupa a 21 empresas asentadas en nuestra provincia con una plantilla de nueve mil empleados y con la intención de llegar a los diez mil a finales de año. Plantillas evidentemente de alta formación tecnológica universitaria, que han colocado al sector y a estas empresas en alto prestigio nacional e internacional, dado su preparación y perfeccionamiento.

También he tenido oportunidad de asistir a la 20.ª edición de Enise (Encuentro Internacional de Seguridad de la Información) que agrupaba a 190 entidades entre empresas de ciberseguridad e instituciones de 21 países, todo organizado y dirigido por el Incibe, el Instituto Nacional de Ciberseguridad con sede en León.

Me ha resultado fácil comprender que hemos llegado a esta situación debido a que algunos leoneses, que ocupan puestos de responsabilidad en determinadas empresas en el ámbito de defensa, y de otros que apostaron como empresarios con visión de futuro, por invertir y desarrollar sus ideas en su tierra. Estamos pues ante una situación debida, en gran parte, al empuje leonés y de leoneses. 

En este mundo financiero y tecnológico, se mueven, como he mencionado anteriormente, con gran habilidad y desenvoltura fuera de nuestras límites provinciales y nacionales, teniendo marcada necesidad de utilizar medios aéreos de transportes que... ¡No hay en nuestra casa! Al igual que ocurre para otros sectores productivos como el de Farmacia, en el que León es el tercer centro de producción nacional.

¿Y nuestros políticos qué hacen?

Y mientras tanto nuestros políticos, ni se inmutan ante el hecho de que no se instalen los modernos medios de aterrizaje en nuestro aeropuerto leonés, y, por ejemplo, en el de Granada sí. Ni ante los 12 nuevos destinos que se podían ofertar según determinadas empresas de vuelos. 

Tal proposición supone la posibilidad de desarrollo y por lo tanto de beneficio. El responsable en la Diputación del Consorcio, Octavio González contaba que se denegaron por falta de demanda. Me pregunto a qué valores atiende o sirve

Siguiendo en ese interés político por León, creo que hoy en la comparecencia del ministro Óscar Puente, antes de su dimisión, que había cuarenta proyectos de soterramientos de las líneas férreas –¡o las que fueran!–, una vez más (y no sé de qué nos sorprendemos), León y San Andrés no estaban incluidos.

Se habló también de las comunicaciones de cercanías, la Feve ¿No se puede considerar un cercanías? Y la comunicación La Bañeza-Astorga- León ¿No puede ser otra cercanía? Por el contrario, se destruyen las traviesas existentes, para que el restablecimiento de la vía férrea la Ruta de La Plata sea más costosa y así poder justificar mañana, la imposibilidad de su recuperación.

Estas son las algunas de las ultimas simpatías del PSOE hacia las tierras leonesas.

Pero, por el lado contrario, el PP y Vox que gobiernan este engendro autonómico, tampoco dan muestra de simpatía alguna por nosotros.

Recordemos las necesidades sanitarias de las Tierras Leonesas, tenemos una media menor de médicos y de enfermeras por habitante, y no tan sólo ante las determinadas por las autoridades sanitarias europeas, puesto que nuestros números son peores que otras provincias castellanas. Lo que nos lleva a una alta lista de espera para las operaciones quirúrgicas Así como la escasez de ambulancias fijas en algunos centros urbanos.

Promesas vanas para las tierras leonesas

En el ámbito escolar, se nos prometen institutos como el de Villaquilambre, y se sigue esperando, o el conservatorio se planifica pequeño, que aún sigue en obras. Siendo un problema la escasez de centros de educación o el mal estado de muchos de ellos a lo largo de las Tierras leonesas y no digamos escasez de profesorado.

Mientras se autoriza todo tipo de explotaciones mineras de fosfatos, oro; embalses nuevos reversibles, subir la cota de los pantanos existentes; la instalación de macro vertederos o de macro granjas (la ultima, una macroplanta de 100.000 toneladas de purines, residuos de origen orgánico, como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, concentraciones de animales muertos, pesca, comida, excrementos sólidos o líquidos, o mezcla de ellos, fermentados o con capacidad de fermentar que tienen impacto medioambiental para biometano en Algadefe). Sin tener en cuenta la denominación de los organismos internacionales a las Tierras Leonesa como el Sipam (Sistema Agrosilvopastoril Montañas de León) o las Reservas de la Biosfera.

En definitiva, lo técnico como las escuelas de Adif en San Andrés para Valladolid y la mierda para León. 

Me pregunto qué dicen los ayuntamientos leoneses, ante estas propuestas. ¿Se van a enfrentar a sus superiores negándose ante tales desmanes y negando autorización? ¿O sucumbirán para no desaparecer en las próximas elecciones municipales de las candidaturas?  

O la autorización de un Centro de datos en Monfarracinos (Zamora) dadas sus necesidades de agua, teniendo en cuenta su proximidad a los pantanos del Duero. ¿Por qué no lo colocan en Castilla? Al lado de su canal de agua, que utilizan como atractivo turístico, y de riego, todo gracias al agua que llevan de León

Conclusión a mí como leonés me dan tanto miedo los unos como los otros, dado que ninguno protege o desarrolla las Tierras Leonesas, luego mi alternativa son los candidatos de los partidos autonomista leoneses que se presenta en estas elecciones de carácter nacional.

Por enésima vez, un desgraciado accidente con gran número de víctimas ha sacado a relucir la endeblez argumental de la clase política española y lo hiperbólico de su discurso al enumerar, con incontinencia, sus aportaciones a la vida pública, tarea esta que se ve magnificada por los altavoces de heraldos afines y acólitos de los medios de comunicación. Los tantos que no marcan los partidos políticos el fin de semana, los marcan los lunes sus correas de transmisión periodística en los diarios de más tirada en España.

La labor de los partidos que con humildad monástica se autodefinen como 'de Gobierno', junto con otros partidos sistémicos que luchan por meter la cuchara en la olla ferroviaria nacional o el cuchillo en la tarta de la economía, es mezquina hasta la saciedad. Basta un breve recordatorio para poner de manifiesto este aserto. Aún estaban agonizando varios heridos del accidente de Urda cuando empezaron a circular audios de las conversaciones mantenidas entre operarios del centro de control y los maquinistas de los trenes implicados. 

Ni que decir tiene que estos madrugadores audios representan una acusación velada de la incompetencia o el error de un controlador y una preventiva elusión de responsabilidades por parte de sus superiores, pero pusieron al ministro del ramo, el exalcalde de Valladolid de infausto palmarés, en la picota. Y si acaso no le parecía permitido dimitir, no es porque no haya sobrados motivos para ello, sino porque piensan que estamos en vísperas de elecciones generales y una dimisión de este jaez abriría una profunda herida en el PSOE que disiparía hasta la más mínima opción de reeditar gobierno. Resultaría una sangría de votos y la caída de todo el andamiaje socialista, ya de por sí muy maltrecho en autonomías y ayuntamientos. 

El Partido Popular, que ya late la sangre ante la cercanía de la pieza herida, eleva su tono institucional y ahora, como si ya tuviera seguro el billete para ocupar la Moncloa, se pone comedido y aparenta no querer hacer leña del árbol caído. Hace bien, porque si es inasumible sufrir dos accidentes en menos de un año con más de 110 fallecidos, como afirma Pedro Sánchez, que además habla de “confianza quebrada”, el PP también atesora sus miserias en el mundo ferroviario. El accidente de Angroís de 2013, con 80 fallecidos, siendo Rajoy presidente de gobierno, o el accidente de Metrovalencia en 2006, siendo presidente autonómico Francisco Camps, con 43 fallecidos, no permiten sacar pecho sin que puedan afearle su pasado. 

A mayor abundamiento, si en el accidente de Angrois, con habilidad se las ingeniaron para encontrar un chivo expiatorio, que fue en aquel caso el maquinista del convoy, exonerando de paso al exministro Pepiño Blanco y a Ana Pastor, ministra del ramo que tampoco dimitió, ahora todo apunta que será un controlador – joven a juzgar por la voz de los audios – la víctima propiciatoria para pagar todos los platos rotos y hacer recaer sobre el mismo todo el peso de la ley y el oprobio público. Las carencias del sistema ASFA entonces y el sistema LZB ahora, no encuentran responsables entre la clase política española que todo lo hace bien, tan sólo los muertos desparramados por los campos de España parecen desmentirlo.

Como todo soldado sabe, hay posiciones insostenibles, enclaves que no se pueden defender, y la posición de Oscar Puente, muy a su pesar, pero sobre todo muy a pesar de su mentor, no se puede mantener y así se lo han hecho saber sus jurados y acérrimos adversarios, que no le perdonan que los vapuleara dialécticamente en sede parlamentaria, ya en su primera intervención como ministro, pero también formaciones de izquierda que mantenían hasta hace poco alianzas con el Partido Socialista y apuntalaban su gobierno.

Todo el mundo parecía coincidir en que la única salida honrosa de este pucelano era la dimisión o, en su defecto, el cese (que finalmente y, por sorpresa, se produjo). Si acaso pluguiese a los hados volver a poner a Pedro Sánchez al frente del Gobierno, no veremos a este ínclito personaje en el gabinete ministerial; aunque, en el peor de los casos, lo hubiéramos visto cambiando de cartera. El asunto es que en su hoja de servicios figuran, además de accidentes mortales que ya serían motivo de dimisión o cese fulminante, un rosario de incidentes ferroviarios por toda la geografía hispana y una situación de la red viaria por carretera, infame.

Óscar Puente, un azote para León

Este caballero protagonizó severas reprimendas al alcalde de León, las más de las veces con razón y otras sin ella, pero como correligionarios del partido con más de cien años de honradez. ¡Pues, hale, pelillos a la mar! Fuera del trato dispensado a su colega, ha sido un verdadero azote para León, lo que no nos arrebata la Junta de Castilla y León, nos lo arrebata este ex alcalde... ¿Progresista? El ya posible traslado del centro formativo de ADIF, argumentando deficiencias en sus instalaciones es un buen ejemplo, entre otros muchos, del latrocinio que desde Valladolid se viene perpetrando contra León desde hace cuatro décadas.

Hay que reconocerle a este señor, eso sí, una pasión por su tierra que para sí la quisiera el más acendrado político leonés. Con él se fraguó que el nudo de Olmedo sea un hito importante en el Corredor Atlántico, infraestructura que discurrirá por la no menos atlántica provincia de Valladolid. Prueba de la insignificancia leonesa para el PSOE es que León sólo representa un modesto caladero de votos. Y eso sin desdeñar que no hay uno, sino dos ministros pucelanos que obran calladamente en favor de su terruño mientras León languidece.

Lo triste de todo ello son 69 fallecidos, y quien sabe cuántos mutilados que ocuparan portadas de los medios de comunicación durante un tiempo, hasta que el interés decaiga u otra catástrofe oculte la anterior ¿Cuántos recuerdan como fue el accidente de Adamuz sin recurrir a las hemerotecas? ¿Qué se prometió entonces? ¿Qué se ha vuelto a saber de las víctimas, de esos otros mutilados o de sus familiares cercanos?

Tras el infortunio, nuestra clase política seguirá a lo suyo –Vox es el paradigma– y los españolitos muertos por su incompetencia o su dejadez, a la tumba fría.

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

La provincia de León recibirá con cargo al fondo del llamado 2% Cultural del Gobierno central sendas inversiones para los respectivos proyectos de reforma de la Catedral de Astorga y los restos del Castillo de Villapadierna, en el municipio leonés de Cubillas de Rueda. Las cuantías, que serán respectivamente de 468.528 y 98.010 euros, son las menos cuantiosas de las siete aprobadas hoy para Castilla y León. En el caso del castillo, precisamente abandonó el pasado año jueves la Lista Roja de Patrimonio en riesgo que elabora Hispania Nostra después de diecisiete años en el punto de mira, entre otras cosas gracias al nuevo plan de restauración.

Los fondos del 2% Cultural provienen de la reinversión patrimonial procedente de los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Transportes y Movilidad Sostenible y Ministerio de Cultura. En el reparto aprobado hoy por la Comisión Mixta para el Programa 2% Cultural se destaca la inversión conjunta de 80 millones de euros toda España para recuperación y puesta en valor de 78 monumentos del Patrimonio Histórico español, repartidos en 73 municipios.

En detalle, para Castilla y León se ha aprobado un total de siete actuaciones repartidas en las provincias de Valladolid, Burgos, Soria, Palencia y León con un total de 11,3 millones de euros en subvenciones, por lo que los fondos para la provincia leonesa son de un total de 566.538 euros repartidos entre los dos proyectos seleccionados. Eso arroja apenas un 5% del total autonómico.

Para el proyecto de rehabilitación del monasterio de Santa Catalina de Siena, de Valladolid, como centro de la cultura del vino, se ha aprobado una subvención de 4,22 millones. También en la provincia de Valladolid, se ha aprobado una ayuda de 2,96 millones para la restauración del hospital general de Simón Ruiz. El porcentaje de ayuda concedida para esta provincia asciende al 63% del dinero total aprobado.

En Burgos, se ha incluido en el listado la restauración del antiguo monasterio de San Salvador para usos culturales y turísticos, con 1,6 millones, la restauración de la muralla de Soria se alza con una ayuda de 948.280 euros y la catedral de Palencia con algo menos de un millón, 912.201 euros.

Por otro lado, el Consejo de Ministros celebrado este martes, a propuesta de la Comisión Mixta integrada por representantes de los tres ministerios, ha autorizado una nueva convocatoria del Programa 2% Cultural por valor de 45 millones de euros, que previsiblemente será publicada antes del fin de este año 2026.

¿Cómo ha podido pasar el accidente de Urda con casi setenta muertos diez meses después del de Adamuz? ¿No se aprendió nada de lo de Angrois? ¿Es seguro viajar en Alta Velocidad en España? Estas preguntas asaltan a todos los españoles (y al mundo entero) tras ver cómo en este siglo unas doscientas personas han muerto por viajar en uno de los mejores y más avanzados sistemas ferroviarios del planeta. ¿Cómo ha sido posible que se haya degradado tanto un servicio ferroviario ejemplar hace 15 años para que dé miedo subirse a un tren en España?

Lo peor es que estos más que lícitos interrogantes no están planteados sobre un misterio. Todos los españoles eran conscientes antes de 2026 que algo estaba pasando en los ferrocarriles españoles, ya que los retrasos se habían vuelto lo común en un país que hacía diez años ponía a gala que ya tenía trenes más puntuales que los británicos. Y esas demoras estaban mostrando que faltaba inversión y mantenimiento. Pero de ahí a casi ciento veinte muertos en menos de un año en la misma línea que inició la red de Alta Velocidad hace casi 35 años, la Madrid-Sevilla, hay un trecho muy largo. Y horroroso.

No pasaban horas de empezar a conocer la magnitud en víctimas del accidente de Urda (las primeras imágenes con vagones desintegrados en la cuneta ya hacían intuir que iba a ser terrorífica), que en los mentideros del sector del ferrocarril se comenzaban a quejar de tres cosas principales: que debería ser imposible en el siglo XXI que choquen dos trenes en la misma vía, y más por alcance; que no podía ser un fallo humano con todos los sistemas de seguridad redundantes, sino técnico; y que todo esto estaba causado por las malas decisiones a la hora de mantener la infraestructura ferroviaria 'debido a la sustitución de los buenos perfiles técnicos por los políticos' en la alta dirección de Adif. Uno de los anteriores directores de comunicación de esta empresa pública, Miguel Ángel Uriondo, lo expuso claramente y sin ambages en esta intervención televisiva que es crucial ver para entender lo que ha ocurrido con la política interna llevada por Óscar Puente.

“No es un fallo humano, sino técnico”

Las dos primeras cuestiones son cosa para que resuelvan los técnicos, y obviamente hay que esperar a los informes para determinar qué pudo fallar en un sistema de seguridad que tiene una cantidad de capas tecnológicas redundantes que deberían haber frenado al AVE que chocó contra el Iryo, incluso ante las decisiones del maquinista y el Centro de Regulación y Control CTC de Atocha.

Pero lo que sí parece claro es que dejar la explicación en que hubo una serie de errores humanos que llevaron al desastre, es algo demasiado sencillo (y burdo según los ingenieros del ramo) que puede venir bien a los políticos para no asumir responsabilidades (y echárselas a los operadores, a los curritos que estaban en Atocha), pero que no hace ningún bien a los pasajeros. Sobre todo porque el sistema de seguridad ferroviario es eminentemente técnico, hasta en lo humano, y más en los protocolos de actuación de los reguladores de tráfico en circunstancias de alta incertidumbre de información y la comunicación entre el centro de Control de Tráfico Centralizado y los maquinistas.

Es decir, que no se puede resolver directamente sin más que el error se dio en la última capa del sistema (los seres humanos, los trabajadores) cuando todo lo demás, lo que jamás debe de fallar porque está diseñado de forma redundante para evitar un choque de trenes en la misma vía, no funcionó. Y más cuando se tiene en cuenta que los protocolos de actuación están diseñados mediante procesos técnicos, porque son en esencia reproducir lo que la tecnología hace, pero con seres humanos. Y aquí está la cuestión, que si los manuales de actuación tienen un vicio oculto (un fallo que no es visible en situaciones muy anómalas), el problema es técnico al final. Social, por fallos en la comunicación ante lo que hay que hacer en estos casos que provocan una alta presión y nerviosismo en los reguladores de tráfico y los conductores de trenes, pero eminentemente técnico; sin ser preferentemente tecnológico.

El comportamiento humano en situaciones estresantes es impredecible, salvo cuando se dan las instrucciones correctas para que esté más controlado. La comunicación entre los operarios durante un momento de crisis es fundamental. La mayoría de los accidentes aéreos se dan, precisamente, por malentendidos entre los pilotos y las torres de control, o por protocolos mal diseñados que ocultan inconsistencias graves en los manuales técnicos. Y eso en un sector, el aéreo, que pondera las trayectorias de sus aparatos en tres dimensiones espaciales. En el ferroviario los trenes van, dijéramos, sólo en dos dimensiones –adelante y atrás una; y la vía en la que están los convoyes, otra– con lo que debería ser más fácil saber dónde y cómo está (si en marcha o parada, y en qué carril) cada unidad.

Y sin embargo, las cosas fallan.

Prácticamente la gran mayoría de españoles han oído ya los audios del centro de control de Atocha hablando con los maquinistas (incluso el de otro conductor de tren indicando que algo se estaba haciendo mal con la orden de marcha, que debería haber sido a velocidad vista), y han notado la confusión que hay entre el factor (el operario regulador de tráfico) y un compañero (que bien pudiera ser uno de los supervisores del Control de Tráfico Centralizado), para al final dar una instrucción errónea al maquinista del AVE, no comunicarle que la del Iryo aseguraba que seguía parada... y lo que parece peor, que otro aseguraba que las normas decían que no podía arrancar a marcha normal, sino más lenta; lo que se llama 'marcha a la vista': ir a 40 kilómetros por hora, para ver trenes delante (o cualquier otro obstáculo en la plataforma de vía) con suficiente tiempo para frenar.

Algunos expertos se extrañaron de que en ese momento no se estuviera usando el sistema de comunicación a tres vías, que se usa en otros sectores como el aéreo o el nuclear (y en otros muchos más de alta seguridad operativa como las factorías químicas) para certificar que se está haciendo lo correcto por parte de quien da la orden y el que la ejecuta.

En este momento parece claro que –aunque el manual sí indicaba, aparentemente con claridad, que los conductores que advirtieron de que no se podía ir a 'marcha normal' en esas circunstancias tenían razón–, de alguna manera, se produjo un fallo en la comunicación y en la confirmación de todos los actores de la situación que llevó al desastre. Y bien puede ser lo que Raquel Ogando indica en su tuix de abajo: que tras haberse acostumbrado a hacer las cosas al arrebullón por las prisas de los cargos políticos de exigir a los reguladores de tráfico que muevan los trenes lo más rápido posible, y comprobar durante una larga temporada que no ha pasado nada malo... aumenta una desidia que eleva de tal forma el nivel de confianza en que no va a pasar nada, que se relaja la atención... creyendo que mágicamente se solventan las cosas, hasta que no ocurre lo de todos los días y se provoca una desgracia. Es lo que se llama la 'normalización de la desviación'; que lo que no debería hacerse nunca, se termina haciendo en todo momento al bajar la guardia inconscientemente sin darse cuenta de que es una verdadera temeridad. Merece la pena ver el pequeño vídeo a continuación para entender que la relajación en los protocolos y abandonar la cultura de la seguridad termina llevando –indefectiblemente y para desgracia de todos–, al desastre.

También es muy recomendable leer este artículo de Roger Senserrich, un gran conocedor de las operativas de control aéreas y ferroviarias, en el que muestra una conclusión de un informe de la extinta hace poco CIAF (la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) de Adif. Este organismo monitorizó el lenguaje usado en las comunicaciones de los CTC con los conductores de trenes... y su conclusión es que “el resultado fue espantoso”. De hecho la conclusión de la comisión es contundente: “Tanto la recurrencia de sucesos en los que las comunicaciones juegan un papel decisivo en la génesis del riesgo, como los resultados del sondeo realizado, ponen de manifiesto que las carencias en las comunicaciones operativas no constituyen hechos aislados, sino que configuran un factor de carácter sistémico dentro del sistema ferroviario”.

El mismo Senserrich da en la clave: “Dudo mucho que esta sea la primera vez que la CIAF, un responsable de seguridad de ADIF, un representante sindical o alguien con más autoridad que un tipo con un boletín sobre trenes hayan mencionado esto, y me gustaría saber por qué demonios la red española de ferrocarriles sigue operando así. Porque esta es la clase de prácticas de seguridad que si se siguen, evitan accidentes”.

O sea, que si el manual del protocolo de actuación no contempla ciertas técnicas de comunicación ya validadas por otros sectores que necesitan operativas de alta seguridad, está obsoleto y falla el diseño técnico de la respuesta... porque no se ha incorporado la técnica social adecuada para responder de la forma más segura al problema anómalo que se plantea en ese momento, mal. Y si encima se ha relajado tanto la cultura de seguridad que importa muy poco seguir los protocolos, o hacerles caso, peor; porque nadie se dará cuenta antes de que hay que revisar ese protocolo para que no ocurran desgracias.

Y este es el gran problema. Que se agrava al poner como responsable de seguridad en las operaciones de Adif a un periodista (sí, han leído bien), que sin ser ingeniero y mucho menos experto en un campo tan complejo y crucial no cabe esperar que resuelva la relajación en los protocolos de la última capa de control, la humana. Y al final, de tanto ir el cántaro a la fuente, ocurre lo que ocurre.

“Lo de tener protocolos de comunicación estrictos y claros [...] obliga a todos los actores a confirmar qué están haciendo explícitamente. Que en Urda estos protocolos no se siguieran es señal de una cultura de seguridad con unas lagunas tremendas, y es algo que, casi seguro, contribuyó a que se produjera el accidente”, concluye Roger Senserrich en su artículo sobre el tema.

Dejar al humano que en una situación compleja, estresante y en el que se le presiona, que resuelva... sin saber muy bien qué hacer o cómo se debe de comunicar para tener en claro que se pueda corregir la decisión tomada porque otros se lo corrijan y esa información le llegue a él y a los involucrados en la operación de regulación del tráfico en momentos de presión cuando todo lo automático ha fallado sin saber por qué ni qué está pasando en las vías... es un fallo clamoroso del sistema.

Por tanto, técnico.

Políticos por encima de los técnicos

La tercera queja planteada por los profesionales del sector –la que sobrevuela en la plantilla de Adif sobre la sustitución de perfiles técnicos por personas designadas por política que no tienen el perfil más adecuado para gestionar la infraestructura ferroviaria–, es algo que, paradójicamente, tienen que resolver... los políticos. ¿Qué ha ocurrido en Adif para que se hayan ido yendo los mejores técnicos, los que tenían lo que se define con el barbarismo expertising (vamos, la experiencia de años) para planificar mejor el mantenimiento de la infraestructura y, sobre todo, saber lo que NO se tenía que hacer pese a las presiones políticas?

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es una entidad pública empresarial española, dependiente del Ministerio de Transportes, creada tras la entrada en tiempos del Gobierno del PSOE con Zapatero en 2005, con la división de la antigua Renfe –que paradójicamente se creó en 1941 para aglutinar todas las quebradas compañías ferroviarias de España, hasta entonces privadas, para unificar el servicio y la gestión de las vías férreas– que pasó a Renfe Operadora; la que hoy se encarga de gestionar los billetes de los viajeros y las unidades de la flota estatal: las máquinas y vagones de los convoyes que llamamos coloquialmente trenes. Posteriormente, en 2013, Adif también heredó la infraestructura de la extinta Feve. Su misión principal es la construcción de líneas de ferrocarril, la administración de la infraestructura, la gestión del tráfico ferroviario, el cobro de cánones y la realización de las obras encomendadas por el Gobierno.

Esto significó una división que no gustó ya nada entonces –en el primer año de Zapatero, pero que venía diseñada por el de Aznar– en el sector ferroviario. Y a lo largo de estos 21 años las tensiones entre los cargos políticos que se iban introduciendo y los puestos técnicos de toda la vida fueron incrementándose, hasta tal punto que cuando llegaron las restricciones presupuestarias aumentó más aún por la necesidad imperiosa de decidir qué se hacía o no por la falta de dinero. Esto fue provocando que a lo largo del tiempo el Gobierno fuera perdiendo la paciencia con los técnicos de la casa, que ponían toda clase de restricciones a sus decisiones políticas sobre qué debía tener prioridad (sobre todo preocupados por los posibles efectos del desgaste de la infraestructura en la seguridad), y a lo largo del tiempo fueron apartándolos en favor de gente que no les ponía problemas: directivos no especializados designados por los representantes públicos.

Tras lo de Angrois en 2013, un accidente provocado por no estar operativo el sistema ETCS-ERTMS que debía haberlo estado (un punto de coincidencia con el accidente de Urda), se pensó que la situación se solventaría. Pero hasta 2018 los presidentes de Adif fueron Juan Bravo Rivera y Gonzalo Ferrer Moltó, dos técnicos de alto perfil... en Hacienda y Administración General del Estado, mostrando que aún importaba más el dinero, y qué hacer con el poco que tenían, que el mantenimiento tecnológico de las infraestructuras ferroviarias. En 2018 entró Isabel Pardo de Vera (una antigua ingeniera de Adif que había salido de la empresa por discrepancias con la política adoptada), que fue sustituida por otra de la casa (cuando fue nombrada Secretaria de Estado de Infraestructuras en 2021), María Luisa Domínguez, que hasta entonces era nada menos que la directora General de Planificación Estratégica y Proyectos en ADIF.

Esta última, una técnico de la casa muy valorada dentro de Adif, fue destituida por sorpresa en 2023 justo en la primera semana que llegó Óscar Puente al ministerio de Fomento con una decisión muy llamativa: porque el nuevo ministro lo hizo el día antes de que se abriera la obra más importante de la Historia del ferrocarril español, la Variante de Pajares, con lo que no pudo ni asistir a la inauguración. Una enorme ofensa en toda regla que indignó a la mayoría de trabajadores de la empresa pública, conscientes de lo que significaba.

Las dos primeras mujeres en presidir Adif, de una indudable altísima competencia técnica, sufrieron resistencias monumentales de los puestos politizados cuando primaban llevar a cabo las decisiones técnicas necesarias para intentar mejorar el estado de las vías, que habían sufrido mucho desgaste desde 2008 debido a las restricciones presupuestarias que causaron la falta de mantenimiento. Hasta tal punto fue la cosa, y el acoso, que hoy la segunda ya no trabaja en Adif; y ni siquiera en España, sino para la operadora ferroviaria de Canadá.

Si ya las tensiones internas entre los técnicos de la casa y los cargos políticos eran grandes, en los últimos años el poco halagüeño panorama ha escalado de tal manera que muchos de ellos, hartos del ninguneo de los avisos de que ciertas decisiones podían comprometer la seguridad de la circulación y temerosos de que, encima, les cayera a ellos la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir sin que los de perfil político asumieran ninguna –como se vio en el caso de Angrois, que el único culpable terminó siendo el maquinista–, comenzaron a abandonar el tren. Ya fuera para irse a otros destinos, empresas o países (como el caso de María Luisa Domínguez), o adelantando su retirada para cobrar la pensión y olvidarse de tanta incompetencia en la cúpula a la hora de efectuar trámites burocráticos que antes se hacían en una semana y ahora se tardan meses, e incluso hasta años. Y esto también es clave: la tasa de jubilación es alta y la de reposición es baja en la empresa estatal, con lo cual se está perdiendo el expertising, la experiencia y conocimientos claves para enseñar a los nuevos operarios; que, obviamente, no saben lidiar igual de bien con la complejidad de la red ferroviaria española que los veteranos.

El 'Síndrome de las Cajas de Ahorros'

El caso es que esto puede ir explicando el sentimiento pesimista generalizado que sobrevuela a la plantilla de Adif. Ser conscientes de que, con ciertas decisiones políticas por encima de las técnicas, no se está trabajando de forma adecuada para garantizar el mantenimiento de lo que hasta hace 20 años eran unos ferrocarriles españoles que habían alcanzado la excelencia. Y lo que es peor, de forma inadecuada para la seguridad de los viajeros para que encima les echen la culpa.

No es, obviamente, que los ingenieros y trabajadores de Adif no lo hagan lo suficientemente bien en los trabajos que les encargan para garantizar que no haya accidentes –siguen siendo excelentes profesionales pese a las limitaciones que sufren y que ven aumentar cada año de cara a hacer bien su trabajo–, sino que las decisiones de los directivos más afines a los políticos que han ido colonizando Adif, hacían que se gastara el dinero allí donde todos veían que era secundario. En acciones que le importaban al Gobierno por algún favor que quería hacer a otros políticos o para conseguir más votos. La comidilla más negativa era que se veía venir una catástrofe. Y en 2026 han ocurrido dos gravísimas que no sólo les han dejado devastados, porque quien trabaja en el ferrocarril ama el sector como muy pocos otros, sino que son conscientes de que esto es una de las puntillas más nocivas al prestigio de una tecnología Marca España, la de la Alta Velocidad, que hasta 2025 se podía vender como puntera en el mundo entero.

En 2013 prácticamente desapareció otro gran concepto de lo que hoy consideraríamos Marca España de la de verdad, de la que construyó el país. Se extinguieron 43 de las 45 cajas de ahorro –entidades finacieras provenientes de los pósitos y montes de piedad para ayudar a los más pobres creadas a primeros del siglo XIX– tras la crisis inmobiliaria de 2008. Fulminadas por la exposición masiva al sector inmobiliario y una deficiente gestión de riesgos provocada por un cáncer interno que todos tenían claro desde hacía años: la politización de sus órganos de gobierno, ya que sus consejos de administración estaban ocupados por representantes políticos, empresariales y sindicales sin experiencia bancaria profesional.

Las circunstancias de Adif comienzan a parecerse sospechosamente a ese problema, a aquel 'Síndrome de las Cajas de Ahorro' que acabó con ellas, debido a los nefastos efectos que causó la progresiva politización de sus altos directivos. Perfiles sin conocimiento del sector que terminan desviando con pequeñas decisiones sumadas una detrás de otra el foco de las inversiones de verdad necesarias en primer lugar con decisiones exclusivamente técnicas.

Esto no quiere decir que estos perfiles nombrados a dedo por encima de criterios técnicos de ingeniería ferroviaria tomen las decisiones a sabiendas de que están perjudicando la seguridad de los viajeros. Sería absurdo acusarles de ello, como también sería decir que los cargos políticos de las cajas pretendían su desaparición, pese a las nefastas consecuencias de su mala gestión (sobre todo porque dejaron de cobrar y tener esos puestos). Pero en un sector que mueve tantos miles de millones (el Ministerio de Transportes concentra el mayor volumen de inversión real directa del Estado debido a su competencia sobre las grandes obras de infraestructuras del país con la red ferroviaria, las carreteras, puertos y aeropuertos) es muy, muy goloso poder ser nombrado en un cargo en el que se puede repartir juego con muchas empresas y, por ende, como parte de la carrera política, hacer muchos favores.

Favores que igual no hacen ninguno a las infraestructuras de ferrocarril, que necesitan de una atención precisa y rigurosa como un paciente con problemas emergentes de salud necesita a un médico de verdad y no a un curandero. O pequeños favores que terminan desviando la atención de lo importante en todo momento, que es garantizar la seguridad de los viajeros e impedir accidentes. Más cuando una pequeña inversión, o fijarse en tener a punto lo necesario en la fecha prevista (como haber tenido a tiempo el sistema ERTMS que lleva cinco años esperando la línea Madrid-Sevilla que se active) podrían haber evitado accidentes tan graves como el de Adamuz (46 muertos), por mucho que fuera altamente extraño que ocurriera con la mínima probabilidad de que pase un tren, cuando ha descarrilado otro segundos antes. O este último, tan horrorizante como indignante, por lo increíble de que pueda ocurrir en un ferrocarril del siglo XXI una aparentemente imposible cadena de errores tecnológicos y humanos que provocó el impensable para un ferroviario choque de trenes en la misma vía en Urda. El segundo en la misma línea de Alta Velocidad en 2026 en el que ha habido 69 fallecidos.

Y a estos hay que añadir los 80 de Angrois en 2013. Casi doscientos muertos en el ferrocarril español en pleno siglo XXI. Y con el diagnóstico de todos los expertos de que es absolutamente necesario afrontar, y con la mayor rapidez posible, que la política de infraestructuras ferroviaria de este país necesita un reinicio total –incluso planteándose cerrar temporalmente líneas enteras mientras se revisan–, con criterios técnicos bien pensados y que no estén al albur de las decisiones políticas del momento. Más cuando se produce una riada de muertos en accidentes de tráfico absolutamente irracionales para cualquiera que conozca mínimamente el sector ferroviario.

Hasta que pasa. Y no una, si no dos veces en un año. Y hasta tres veces en menos de 15 años.

Si los que más conocen la red ferroviaria española detectan que los síntomas del 'Síndrome de las Cajas de Ahorros' se están cronificando en su empresa más importante, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, hay que hacer algo.

Lo difícil del asunto es que quien tiene que acordar cómo hacerlo son los políticos. Pero parece clarísimo que es hora de actuar contra ese tipo de mal, no vaya a ser que el resultado sea mucho peor que aquel rescate financiero.

Si es que con el luctuoso incremento de desgracias mortales en siniestros impensables en cualquier red ferroviaria de un país avanzado... no lo ha sido ya.

Mucho antes de que el hombre soñara con la imprenta, las máquinas de vapor o los aviones, fruto de una tradición de siglos que superar con creces incluso la misma concepción de España tal y como se la conoce, el ganado, los perros y los pastores ya habían inventado lo que con el tiempo serían las carreteras, las autovías y las líneas ferroviarias.

Miles de cabezas recorría distancias entonces casi interminables siguiendo una red de caminos que conectaba los pastos del norte con las dehesas del sur de la Península, al estilo de como lo hicieran para el resto de actividades humanas las calzadas romanas. La diferencia es que por esas rutas ganaderas viajaban cada año, siguiendo el palpitar de las estaciones, rebaños enteros, con un itinerario repleto de sabiduría natural y transmitido de generación en generación.

La trashumancia hizo economía pero también transmitió cultural y ayudó a coser territorios separados por cientos de kilómetros. En esta épica historia, el León que fue Reino y hoy provincia, ocupa un lugar privilegiado. Y ese lugar acaba de recibir, al menos sobre el papel, la protección máxima que se merece.

Tiene un nombre farragoso y gris: Se llama Real Decreto 925/2026. Lo ha impulsado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Pero esconde muchas novedades. Lo primero es que establece, por primera vez de manera formal, una Red Nacional de Vías Pecuarias, y por fin concreta qué itinerarios forman parte de ella.

La suma en toda España es mareante, de 11.390 kilómetros, suma de cañadas reales, ramales y rutas que atraviesan distintas comunidades autónomas e incluso conectan territorios de Portugal o Francia. El Gobierno pone así en un mapa oficial esta histórica logística ganadera, una referencia cartográfica oficial. Lo que es casi más importante: pone las herramientas jurídicas para defender estos caminos como patrimonio público.

Ya gozaba la trashumancia en sí misma del más alto grado de protección desde que en 2023 la Unesco la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, afectando no sólo a España sino a otras latitudes como Albania, Andorra, Austria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo o Rumanía. Pero ahora España toma conciencia formal de la trascendencia de esta red histórica, de las autovías que siguen haciendo posible la trashumancia.

Por eso, la trascendencia va más allá de la ganadería. Se valora su papel vital como auténticos caminos de biodiversidad, corredores naturales que permiten conectar hábitats, facilitar el desplazamiento de especies y el intercambio genético entre animales, vegetales y poblaciones. Incluso el paso del ganado lanar o de otro tipo contribuye a controlar la vegetación y así prevenir los incendios forestales. Son joyas de miles de kilómetros que ahora alcanzan, por fin, la máxima protección.

Tres de las grandes cañadas nacen en León

La importancia histórica de la provincia queda reflejada en tres de los principales itinerarios incluidos en la red. La Cañada Real Leonesa Occidental parte de Soto y Amío y se prolonga hasta Encinasola (Huelva). La Cañada Real Leonesa Oriental tiene su origen la Montaña Oriental, en los pastos cantábricos de Maraña, y alcanza Montemolín (Badajoz). Y la Cañada Real de la Plata, también conocida como Zamorana, comienza en Riello y termina en Herreruela (Cáceres).

Sus dimensiones dan una idea del peso de León en este patrimonio. Según las longitudes recogidas en el nuevo inventario nacional, las tres cañadas rozan los 1.000 kilómetros de recorrido cada una: la Real Leonesa Occidental exactamente 1.079,88 kilómetros, ramales incluidos; la Cañada Real de la Plata o Zamorana suma 1.043,90 kilómetros; y la Leonesa Oriental, 919,57 kilómetros. En conjunto, las tres vías superan los 3.000 kilómetros de recorrido en España.

Los municipios de la trashumancia

Sus trazados dibujan, además, un mapa que también conecta buena parte de la provincia. La Cañada Real Leonesa Occidental atraviesa municipios como Soto y Amío, Carrocera, Cuadros, Sariegos, San Andrés del Rabanedo, la capital de la provincia, León, Valdefresno, Villaturiel, Mansilla de las Mulas y Santas Martas, antes de continuar hacia el sur por Villamoratiel de las Matas, Santa Cristina de Valmadrigal, Matadeón de los Oteros, Valverde-Enrique y penetrar en Valladolid en Izagre.

La Cañada Leonesa Oriental discurre por el entorno montañoso de Maraña, Acebedo, Burón, Riaño, Boca de Huérgano y Prioro, además de Valderrueda y Cea, continuando desde ahí por la provincia de Palencia. Por su parte, la Cañada Real de la Plata conecta Riello con localidades como Valdesamario, Quintana del Castillo, Llamas de la Ribera, Villamejil, Villaobispo de Otero, Astorga, San Justo de la Vega, Valderrey, Riego de la Vega, Santa María de la Isla, Palacios de la Valduerna, La Bañeza, Santa Elena de Jamuz, Cebrones del Río, Quintana del Marco y Alija del Infantado, en su ramal principal. Pero hay alternativas que atañen a otros municipios como Carrizo, Cimanes del Tejar, Villadangos del Páramo, Bustillo, Urdiales del Páramo, Santa María del Páramo o Laguna Dalga, Valdelafuentes del Páramo, Villazala, Regueras de Arriba, Soto de la Vega y de vuelta a La Bañeza.

Como ocurre en Madrid con gran alarde mediático, es habitual, varias veces al año, la llamativa estampa de ver atravesar miles y miles de ovejas la ciudad de León. Y es que figura en el inventario de la Cañada Real Leonesa Occidental, con un tramo de 1.698 metros que están pendiente de clasificación. Una trascendencia que hace que también aparezcan denominaciones tradicionales como “Cordel de León” y “Cañada Real Leonesa” en muchos de los municipios.

Protección más efectiva para unos caminos históricos

Desde esta semana, con el real Decreto, mucho está llamado a cambiar. Hasta ahora, la vieja Ley de Vías Pecuarias de 1995 sí contemplaba la existencia de una Red Nacional. Pero no había catálogo de los itinerarios concretos. El nuevo real proporciona una referencia común para identificar las grandes rutas, coordinar su gestión y así mejorar su protección.

Uno de los aspectos más importantes es su blindaje contra las ocupaciones y su pérdida progresiva como terreno público. La norma obliga a coordinar la cartografía de Catastro y de Registro de la Propiedad, con representaciones gráficas georreferenciadas que permitan identificar los límites de las vías pecuarias y las parcelas colindantes afectadas por los deslindes. También promueve su inscripción registral como dominio público, una herramienta que puede resultar determinante cuando surjan conflictos sobre la titularidad o los límites de los caminos.

Otro detalle es que garantiza que jamás se cortará un paso: Si una obra o una infraestructura, por ejemplo una autovía o un canal de riego, obliga a modificar el trazado de una vía pecuaria, será obligatorio habilitar una alternativa que mantenga la continuidad de la ruta.

El Estado toma las riendas

Para todo ello, el Estado toma más riendas ahora. Refuerza su papel en la coordinación de las decisiones que afectan a esta red. Porque aunque la gestión ordinaria corresponde a las comunidades autónomas, a partir de ahora el Ministerio deberá emitir un informe obligatorio y preceptivo cuando llegue cualquier ante propuestas de desafectación, cambio de trazado o de terrenos.

Incluso se crea un Comité de Vías Pecuarias, destinado a mejorar la cooperación entre las administraciones estatales y autonómicas, así como de un Fondo Documental que facilite la conservación y consulta de la información histórica y cartográfica. El ordenado caos que ha llegado a ir de boca en boca tiene los días contados.

El Ministerio defiende que la publicación de los mapas y datos en el Banco de Datos de la Naturaleza permitirá, además, que administraciones locales, investigadores, ganaderos y ciudadanos tengan acceso a información común sobre los itinerarios. Una herramienta especialmente útil en territorios donde la recuperación de caminos tradicionales, el mantenimiento de los pastos y la conservación de la actividad ganadera dependen de conocer con precisión por dónde discurren estas rutas.

Una herencia muy viva en la Montaña leonesa

La protección de las vías pecuarias no es sólo una mirada nostálgica sobre el pasado. En León, la trashumancia sigue latiendo, especialmente en comarcas de Montaña y territorios vinculados a los movimientos estacionales del ganado. No importa cuánto haya avanzado la tecnología: el deambular de los ganados ha sobrevivido a todo tipo de transformaciones económicas y sociales y protegido así ancestrales valores ambientales. Las cañadas, veredas, cordeles, abrevaderos y descansaderos son las piezas físicas que han permitido mantener la ganadería extensiva y todo lo que viaja con ella a lo largo del tiempo.

Desde ahora, las herramientas, el mapa y las normas más protectoras ya están por fin. Queda que la administración demuestre su eficacia real para que estos caminos, como arterias vitales, no se pierdan entre infraestructuras, ocupaciones ni abandono. En gran medida, además, todo el mundo rural del país que ha sobrevivido hasta aquí dependerá de ello.

La presa de Barrios de Luna se prepara para una de las principales actuaciones de renovación de sus sistemas de seguridad en las últimas décadas. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha sacado a licitación dos contratos, el principal por un máximo de 8.288.313,32 euros, IVA incluido, para realizar las obras para sustituir las dos grandes compuertas del aliviadero y renovar los sistemas de válvulas de los desagües de fondo e intermedio, además de ejecutar distintas actuaciones en la infraestructura del pantano.

El plazo previsto para ejecutar las obras es de 24 meses y el proyecto justifica la intervención porque buena parte de estos elementos ha superado e incluso “más que doblado, su vida útil y deben ser sustituidos para garantizar la seguridad de la infraestructura”, señala el pliego.

El proyecto de obras contempla la sustitución completa de las dos compuertas Taintor del aliviadero de la presa de Barrios de Luna, de 15 metros de anchura y 6,70 metros de altura, incluyendo sus sistemas de accionamiento, alimentación eléctrica, mando y control. Según el documento de contratación las actuales compuertas presentan problemas de rigidez frente a determinados esfuerzos y los estudios técnicos concluyen que no cumplen la normativa, por lo que serán sustituidas por otras de mayor rigidez y con un nuevo sistema de accionamiento hidráulico. También se instalarán ataguías, que permitirán aislar los vanos del aliviadero durante los trabajos y facilitarán futuras operaciones de mantenimiento.

Otro de los aspectos de la obra es la renovación de los dos desagües de fondo, que actualmente disponen de compuertas tipo Bureau de seguridad y regulación. La intervención comenzará con una inspección subacuática y continuará con el desmontaje de las válvulas existentes, trabajos bajo el agua, instalación de escudos para aislar los conductos, colocación de las nuevas válvulas, trabajos de hormigonado y rehabilitación de la cámara de maniobra. También se renovarán los sistemas auxiliares, de accionamiento y control y se realizarán las correspondientes pruebas antes de su puesta en servicio.

El tercer elemento dee las obras son arreglos en el llamado desagüe intermedio, sustituyendo las válvulas de seguridad y se rehabilitarán las válvulas de regulación existentes. Estas últimas serán trasladadas a un taller para su revisión y reparación, incorporando además un sistema para concentrar el chorro y reducir su dispersión. La actuación incluye igualmente trabajos subacuáticos, desmontajes, hormigonado, rehabilitación de la cámara de maniobra, nuevos sistemas de mando y control y pruebas de funcionamiento.

El proyecto también incluye la rehabilitación de las casetas de mando de la presa c, donde se instalarán los nuevos equipos de control y grupos oleohidráulicos, así como actuaciones de acondicionamiento, sustitución de elementos eléctricos y renovación de barandillas.

El embalse de Barrios de Luna fue puesto en servicio en el año 1956 y regula las aguas del río Luna, que a partir de su confluencia con el río Omaña pasa a denominarse Órbigo. La presa cuenta con una altura máxima de 96,05 metros sobre sus cimientos, mientras que el embalse alcanza los 310,5 hectómetros cúbicos a su nivel máximo normal, con los que se riegan alrededor de 50.000 hectáreas de cultivos en la provincia leonesa.

Segundo contrato

La intervención en Barrios de Luna cuenta además con un segundo contrato específico para vigilar y controlar la ejecución de las obras, con un presupuesto base de licitación de 557.454,36 euros, IVA incluido y un plazo de 26 meses, dos más que el contrato principal. Este servicio se encargará de proporcionar el apoyo técnico y administrativo necesario para garantizar que la obra se ejecuta conforme al proyecto y a la normativa, incluyendo la supervisión de los trabajos, el seguimiento ambiental, el control de la prevención de riesgos y la asistencia a la dirección facultativa.

El proceso de mejoras de seguridad en la presa de Barrios de Luna comenzó en el 2021 cuando se licitó la redacción del proyecto de reforma. En enero del 2025 se actualizó con precios ajustados a los costes actuales y cuenta con financiación de fondos FEDER europeos.

Cinco años después de que hubiera tenido que expirar la concesión de la autopista León-Asturias AP-66, y cinco también desde el duro pronunciamiento europeo sobre la irregularidad de ampliarla hasta el año 2050 por parte del último Gobierno de José María Aznar, ahora la Junta de Castilla y León da el primer paso para abrir vía judicial en aras a “la eliminación del peaje”.

Así lo ha acordado hoy el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, conformado ahora por el pacto PP -Vox, después de que el Principado de Asturias pusiera en marcha esta ofensiva judicial contra el cobro en la AP-66 hace ya nueve meses.

El acuerdo ha sido explicado por el portavoz del Ejecutivo de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y consiste en dar permiso a la Consejería del ramo, la de Movilidad, para que arranque las “acciones administrativas y judiciales” contra el Real Decreto 392/2000 que “modificó la concesión de la autopista León-Campomanes y prolongó el peaje hasta 2050”. Aquel fue un polémico acuerdo adoptado in extremis por Aznar -que antes había sido presidente de la Junta- en las últimas semanas de su primer Gobierno y por la vía directa, siendo ministro de Fomento Rafael Arias Salgado, al que semanas después relevó el asturiano Francisco Álvarez Cascos. La decisión provocó un estiramiento de 29 años más de concesión a la compañía Autopista Concesionaria Astur-Leonesa SA (Aucalsa).

Pero no es hasta ahora que la Junta, relató Carriedo, “considera que esta modificación introdujo cambios sustanciales en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato”. Una situación que dio lugar “en la práctica a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario”. Es decir, los mismos argumentos por los que Europa abrió expediente contra España ya en el año 2021, por este caso y por la autopista gallega AP-9.

Que se ponga en marcha hoy esa vía judicial tampoco será sinónimo de una actuación rápida ni de inminente repercusión. El propio acuerdo resalta que en primer lugar se instará “la revisión de oficio del citado Real Decreto, como paso previo a la vía judicial”. Después, abundó el portavoz del Gobierno autonómico, se produciría un eventual requerimiento al Gobierno para que reconsidere o justifique la medida de la prórroga. Asturias, gobernada por una coalición progresista que encabeza el PSOE, ya hace meses que dio ese paso, comprobando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a poner fin a la concesión y el cobro del peaje de la también llamada Autopista del Huerna. Y finalmente, se elevaría un recurso ya ante el Tribunal Supremo, otro paso que Carriedo admitió que también lleva delantera en el Principado.

En su argumento formal, Castilla y León reconoce ahora que es necesario acabar con “el peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad”. Pero ante las preguntas de por qué tardar cinco años en abrir el cauce judicial, cuando además las Cortes de Castilla y León aprobaron esta vía hace dos, a instancias de Unión del Pueblo Leonés (UPL), el portavoz del Ejecutivo que preside Alfonso Fernánde z Mañueco se limitó a responder que “estamos en plazo”.

Hay avances en la sorprendete noticia, por inesperada, conocida a finales de este verano de que el Gobierno 'descongela' tras 22 años de inacción total nuevos trabajos arqueológicos y de prospección en los restos de la villa romana de Navatejera, en el municipio de Villaquilambre. La novedad consiste ahora en el parabién que otorga Patrimonio de la Junta de Castilla y León al proyecto planteado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura.

En concreto, la Comisión Territorial de Patrimonio autoriza en su sesión de este mes de octubre la realización de tareas de prospección geofísica del terreno en el que se asientan los restos romanos de casi 2.000 años de historia y hallados a finales del siglo XIX. Detalla el acuerdo que los trabajos que acometerá el instituto ministerial consistirá en labores de documentación, limpieza y desbroce, prospección geofísica y excavaciones arqueológicas “en los sectores que se determinen a partir de los resultados de la prospección” que se va a acometer.

El pasado mes de septiembre, el Ministerio avanzó que estas labores previas, que conllevarán una inversión de 55.297 euros y un plazo de ejecución de siete meses, busca actualizar el conocimiento sobre el conjunto y establecer las bases para futuras intervenciones. Unas inversiones totales que ya hace muchos años se cuantificaron en unos 600.000 euros para su verdadera puesta en valor, pero habrá que esperar ahora a una nueva cuantificación.

La misma sesión de la Comisión, reunida hoy en el Palacio de los Pernía de Otero de Escarpizo, también autorizó el desmontaje, tratamiento de conservación y restauración y traslado de un retablo de la iglesia parroquial de San Bartolomé, en Astorga, sólo condicionada a la contratación de un seguro de transporte ‘clavo a clavo’ y a informar sobre la nueva ubicación de la mesa de altar situada delante del emplazamiento actual del retablo.

Accesibilidad para el Museo de San Isidoro

En León ciudad, también autorización previa para instalar un pasamanos en el lado izquierdo de la escalera prioral del Museo de la Real Colegiata de San Isidoro, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El Museo busca con ello mejorar la seguridad de este espacio, integrado en el recorrido del museo, que actualmente solo cuenta con el pasamanos de piedra original en uno de sus laterales. El nuevo elemento estará formado por cinco tramos y contará con un acabado de aspecto natural o envejecido para favorecer su integración en el conjunto y evitar colores brillantes o vivos.

También en León, se autoriza el proyecto para consolidar los muros y elementos arquitectónicos que rodean y sostienen las vidrieras del Ventanal N.VI y del Triforio N.VI, situados en el crucero norte de la Catedral de León.

Sobre un inmueble situado en la calle Teatro, 13, de León, la Comisión ha conocido el inicio del expediente de declaración de ruina e informado favorablemente el proyecto de derribo, mientras siguen vigentes las medidas urgentes para garantizar la seguridad y evitar posibles desprendimientos del inmueble mientras se tramita este expediente.

Villaturiel

En cuanto a otras localidades de la provincia, Patrimonio también ha autorizado las obras de mejora de la pavimentación y de las instalaciones urbanas en Santa Olaja de la Ribera, Castrillo de la Ribera, Marialba de la Ribera y Alija de la Ribera, en el término municipal de Villaturiel. De las actuaciones previstas, únicamente la correspondiente a la calle El Caño de Marialba de la Ribera se encuentra en una zona arqueológica. No obstante, la intervención ha sido autorizada debido a su escasa incidencia sobre el patrimonio, al desarrollarse en un espacio ya alterado por obras anteriores.

Además, se ha concedido la autorización previa para instalar un aislante intermedio que mejore la impermeabilización y conservación de una palloza situada en Cantejeira, en el municipio de Balboa. La actuación deberá mantener la imagen tradicional de la cubierta, con una capa exterior de paja de al menos 20 centímetros que impida que el material aislante sea visible desde el exterior.

Un proyecto en Lugueros pendiente de excavaciones

En materia de arqueología y solicitudes de permiso, la Comisión Territorial ha autorizado la instalación de un mirador estelar en Lugueros, en el municipio de Valdelugueros, dadas las condiciones del emplazamiento para la observación del firmamento. La actuación se desarrollará en las proximidades del yacimiento de Teso de la Ermita/La Escosura, correspondiente a los restos de una antigua ermita, por lo que queda condicionada a la realización de sondeos arqueológicos en las zonas donde se ejecuten las cimentaciones y al control arqueológico de todos los movimientos de tierra.

Por último, se han autorizado los trabajos de control arqueológico previos al proyecto de señalización de la Ruta de los Eremitorios Medievales en el Valle Medio del Esla. El objetivo es crear una ruta que facilite la identificación, visita y conocimiento de las Cuevas Menudas, las Cuevas de Santa Marina y La Cueva de los Moros, situadas en las localidades de Villasabariego, Villacontilde y Valle de Mansilla, en el término municipal de Villasabariego. En caso de producirse algún hallazgo arqueológico durante los trabajos, deberá ser trasladado al Museo de León.

La ciudad de León ha vuelto a la casilla de salida, más de dos años después, al reaprobarse sobre la campana este miércoles la ordenanza de la nueva tasa de basuras, que unifica la recogida, transporte y reciclaje a que la Ley obliga hace ya tres años. Una aprobación que ha provocado rechazo de la oposición de PP y Vox pero que ha sido posible, una vez más, por la decisión de UPL de abstenerse para desbloquear la situación, adujo su portavoz, Eduardo López Sendino. De este modo se produjo un empate reiterado que rompió el propio alcalde, José Antonio Diez, con su voto de calidad, permitiendo que la nueva tasa saliera adelante.

Tras un intenso debate previo de todos los grupos, en el que la oposición censuró la mala gestión de los residuos en la capital y las “chapuzas” que desencadenaron la sentencia del TSJ que tumbó la tasa en 2025, con numerosos recibos ya cobrados a los vecinos, el propio Diez prometió públicamente que no se girará un solo recibo nuevo de basuras “a nadie que no se le haya devuelto lo que se le adeuda” por aquel cobro.

Previamente, el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, defendió que se trata de una “tasa justa y transparente” que urge sacar adelante por imposición legal, el mismo motivo por el que se aplica ahora el criterio de que la recaudación que se consiga con ella “cubra exactamente la totalidad del coste del servicio”. Añadió también que el formato permite que “pague más quién más genera” basura, ya que estimó que el 65% del recibo dependerá la cantidad de residuos de cada ciudadano o empresa.

Una visión positiva que estuvo en las antípodas de la visión del portavoz del PP, David Fernández, quien insistió en que los últimos años el equipo de Gobierno que lidera Diez ha hecho “la peor gestión de España” en esta materia, culminando ahora, dijo, con una nueva subida fiscal a los leoneses, que cifró en el 4,5% respecto al intento de hace dos años que fue condenado judicialmente. Fernández aseguró que el voto en contra de sus ediles se basaba, sobre todo, en oponerse a que “se cobre más por los mismos servicios”, que además siguen siendo escasos, por ejemplo acumulando varios años de retraso con el nuevo contenedor marrón para residuos orgánicos.

Por UPL, Sendino anunció una abstención “por responsabilidad”, porque de no aprobarse la tasa “se perderían 11 millones de euros” que se prevé recaudar y en lo que se cuantifica el coste del servicio, y eso a pesar de manifestar que “no nos parece una ordenanza justa”. Y desde Vox, Blanca Herreros, insistió en manifestar “serias dudas acerca de la legalidad” de la tasa, instando a que se devolviera cuanto antes el dinero recaudado el pasado año tras conocerse la sentencia.

El regidor quiso cerrar el debate asegurando, tajante, que “no se sube el tributo sino que hay una redistribución”, recordando que se trata de una aprobación inicial que todavía se puede enmendar y mejorar ahora en período de alegaciones, añadiendo que sacarlo adelante con urgencia es al mismo tiempo un ejercicio de “responsabilidad” y “una obligación legal”.

Otros asuntos

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de León a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, en reconocimiento a casi siglo y medio de labor educativa, social y asistencial en la capital leonesa desde su llegada en 1877.

También salieron adelante sendas mociones por unanimidad de todos los grupos políticos, el primero de ellos exigiendo el mantenimiento en León del centro de formación de Adif, tras anunciarse su cierre y traslado a Valladolid, cediendo si fuera necesario espacios municipales, con objeto de asegurar el contenido del futuro centro licitado en el entorno de la estación histórica.

En segundo lugar, acuerdo también total para urgir la mejora de las conexiones del polígono industrial de Villadangos del Páramo y del eeropuerto de León, así como la supresión de los peajes de la autopista León-Astorga AP-71 y la León-Asturias AP-66.

La Plataforma en Defensa de Feve anuncia que exigirá compromisos concretos a las candidaturas leonesas al Congreso y al Senado en las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre respecto al futuro de la histórica línea ferroviaria y su reapertura completa y regreso a la céntrica estación de Matallana.

El colectivo ha anunciado en un comunicado un cambio de estrategia en sus movilizaciones y trasladará las concentraciones, que venía celebrando cada sábado cortando el tráfico en la avenida Padre Isla, a la sede de la Subdelegación del Gobierno en León. El objetivo es incrementar la presión institucional en torno a una demanda que acumula más de una década de reivindicaciones.

La Plataforma considera que la campaña electoral representa una oportunidad para situar de nuevo el futuro de Feve en el debate público y conocer la posición de los distintos partidos respecto a una infraestructura que presta servicio a numerosos municipios de la Montaña Oriental leonesa, explican en un comunicado.

Según ha explicado, solicitará reuniones con las candidaturas leonesas para recabar compromisos sobre la recuperación del acceso ferroviario al centro de la capital leonesa y el cumplimiento de los acuerdos que contemplaban la llegada de los trenes a la céntrica estación de Matallana.

La reivindicación se remonta a las obras de integración ferroviaria ejecutadas en León hace quince años y a la supresión del trazado original hacia el centro urbano. Desde entonces, diferentes colectivos ciudadanos han reclamado la restitución del servicio hasta Matallana al considerar que la situación actual supone una pérdida de competitividad y comodidad para los usuarios.

La Plataforma sostiene que el retorno de los trenes al centro de la ciudad ya estaba contemplado en el Convenio Marco firmado en 2010 por las distintas administraciones implicadas y denuncia que los sucesivos retrasos han impedido materializar una solución definitiva.

Junto a esta reivindicación histórica, el colectivo ha mostrado también su malestar por la demora en la elaboración del informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de León para estudiar posibles acciones relacionadas con la situación de Feve, un documento cuya tramitación fue respaldada por el Pleno municipal pero del que no saben nada aún.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha abierto el proceso de audiencia e información pública para modificar el Real Decreto 975/2009, que regula la gestión de los residuos de las industrias extractivas y la restauración de los terrenos afectados por la minería. La reforma pretende adaptar la normativa a los nuevos criterios ambientales y mejorar la seguridad de las instalaciones mineras, además de impulsar la recuperación de espacios abandonados.

La propuesta cobra especial relevancia en territorios como la provincia de León, que cuenta con numerosas antiguas explotaciones de carbón y espacios vinculados a esta actividad. Entre las medidas previstas figura la elaboración de un inventario nacional de pozos o cielos abiertos mineros abandonados para identificar emplazamientos que puedan recuperarse y destinarse a nuevos usos.

El proyecto forma parte del Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 y responde también a las nuevas exigencias europeas en materia de restauración de la naturaleza y gestión de residuos. El plazo para presentar alegaciones estará abierto desde el 27 de octubre hasta el 4 de diciembre de 2026.

De recuperar terrenos a restaurar ecosistemas

Uno de los principales cambios consiste en superar el enfoque tradicional de la restauración minera, centrado en devolver los terrenos a usos agrícolas o forestales. La nueva normativa incorpora objetivos específicos de recuperación de la biodiversidad, protección de la geodiversidad, conectividad ecológica y adaptación al cambio climático.

Las empresas deberán aplicar medidas basadas en las mejores técnicas disponibles para recuperar hábitats naturales, favorecer a las especies polinizadoras y reducir la fragmentación del paisaje. También se reconoce el valor de los servicios ecosistémicos generados por estas actuaciones y se contemplan posibles usos recreativos, deportivos, culturales, industriales, ambientales o energéticos para los terrenos restaurados.

Más garantías económicas y controles de seguridad

La reforma pretende reforzar las garantías financieras que deben aportar las empresas mineras para asegurar que disponen de recursos suficientes para completar las actuaciones de restauración. Para ello, establece una metodología común de cálculo para todo el territorio nacional, basada en el modelo técnico elaborado por el propio ministerio en 2021.

Las garantías deberán revisarse periódicamente, en función de las distintas fases de los proyectos y, como máximo, cada cinco años. El objetivo es ajustar las cantidades exigidas al coste real de los trabajos pendientes y evitar que la protección ambiental dependa de estimaciones desactualizadas.

El texto también endurece los requisitos técnicos de las instalaciones de residuos mineros. Entre otras medidas, contempla mayores exigencias de estabilidad geotécnica y análisis avanzados de los riesgos sísmicos, las inundaciones y los movimientos del terreno. Estas condiciones deberán tenerse en cuenta durante la vida útil de balsas, presas y escombreras, así como después de su cierre.

Además, se busca mejorar la coordinación entre las administraciones mineras y ambientales, especialmente en los procedimientos relacionados con el cese de la actividad, la caducidad de los derechos mineros y la liberación de las garantías económicas.

Un inventario de las minas abandonadas

La propuesta incluye la elaboración de un inventario nacional de huecos mineros abandonados para identificar espacios susceptibles de recuperación y estudiar posibles usos ambientales, energéticos, industriales o recreativos. Esta iniciativa puede resultar especialmente relevante para las antiguas cuencas carboníferas de León, donde el cierre de explotaciones ha dejado un importante legado de terrenos alterados y escombreras.

El proyecto también plantea un marco específico para los pasivos ambientales de la minería histórica, con el objetivo de aclarar las responsabilidades relacionadas con la seguridad y la restauración. A ello se sumará un manual estatal de restauración ecológica que establecerá criterios comunes para orientar las intervenciones.

La modificación del decreto se encuentra todavía en fase de consulta pública. Por tanto, la propuesta no concreta qué explotaciones de León se incorporarían al futuro inventario ni qué actuaciones podrían desarrollarse en cada emplazamiento. Las personas y entidades interesadas podrán presentar sus observaciones hasta el 4 de diciembre a través de la página de participación pública del Miteco, pinchando aquí, o del correo electrónico bzn-sgminas@miteco.es, indicando en el asunto «AeIP mod RD 975».

La empresa pública Adif pretende retirar y destruir 35.000 traviesas ferroviarias en buen estado procedentes de la renovación de la línea convencional entre León y La Granja, en la comarca de El Bierzo, un material que podría reutilizarse para recuperar el ramal de mercancías entre Astorga y La Bañeza. Así lo denuncia la asociación Corredor Oeste, que reclama paralizar cualquier actuación que impida conservar estos elementos y trasladarlos a terrenos ferroviarios de Astorga-San Andrés para su posterior aprovechamiento.

La organización advierte de que la decisión supondría perder una oportunidad para impulsar la actividad industrial y logística en el centro de la provincia, especialmente tras el cierre de la azucarera de La Bañeza. Según sostiene, el proyecto de reapertura del ramal es la principal alternativa planteada para facilitar la implantación de nuevas empresas en la zona.

Corredor Oeste asegura que ha inspeccionado y fotografiado las traviesas retiradas de la línea entre León y Astorga y que una parte de ellas ni siquiera ha cumplido diez años de vida útil, al haber sido fabricadas en 2018 y 2023. En un comunicado de prensa, la asociación considera que desechar estos materiales públicos, en lugar de reutilizarlos, supondría un derroche económico, especialmente cuando existe una propuesta concreta para destinarlos a una infraestructura ferroviaria.

La entidad afirma que, según las respuestas parlamentarias que ha consultado, Adif prevé sustituir la totalidad de los materiales, pero no ha aprobado su traslado ni su almacenamiento para el proyecto de Astorga-La Bañeza. Para evitar su destrucción, propone acopiarlos en Astorga-San Andrés, donde asegura que la empresa ferroviaria dispone de 50.000 metros cuadrados de terreno.

Un proyecto de 25 millones de euros que podría ejecutarse en un año

La asociación defiende que la recuperación del ramal de tren entre sendas ciudades de León presenta ventajas administrativas y económicas porque aprovecharía el trazado ferroviario existente. Según sus estimaciones, la actuación no necesitaría expropiaciones ni un estudio informativo o una evaluación de impacto ambiental, y podría entrar en servicio en aproximadamente un año desde el comienzo de las obras, con una inversión estimada de 25 millones de euros.

Corredor Oeste recuerda además el precedente del ramal ferroviario de Villadangos, en el que Adif reutilizó materiales procedentes de otras líneas. Por ello, considera que la misma solución podría aplicarse en el tramo Astorga-La Bañeza, siempre que se conserven los elementos aprovechables y se tramite el proyecto. La organización sostiene que las propias oficinas de Adif en León podrían desarrollar la actuación, pero denuncia que no han recibido instrucciones desde Madrid para impulsar la iniciativa ni para garantizar la conservación de los materiales.

Siete ayuntamientos y la Diputación respaldan la reapertura

La recuperación del ramal cuenta con el respaldo institucional de los ayuntamientos de La Bañeza, Astorga, Riego de la Vega, Valderrey, Palacios de la Valduerna, Santa María de la Isla y San Justo de la Vega. Los siete municipios han aprobado mociones a favor de la reapertura, al igual que la Diputación de León, que dio luz verde a la propuesta por unanimidad, incluidos los representantes socialistas.

Las instituciones reclamaron al Ministerio de Transportes y a ADIF que recuperasen el tramo para el transporte de mercancías y que reutilizasen los materiales sobrantes de la renovación ferroviaria. Corredor Oeste denuncia que ese consenso está siendo ignorado por el Gobierno central, pese a que el proyecto pretende contribuir a la reindustrialización de una zona especialmente afectada por el cierre de la azucarera.

La asociación advierte de que la falta de conexión ferroviaria puede dificultar la implantación de empresas industriales y logísticas en el entorno de Astorga, incluidas compañías de los sectores civil y militar que, según afirma, han mostrado interés por la zona. También señala que el retraso de la reapertura integral de la línea Astorga-Plasencia, que sitúa en el horizonte de 2050, hace necesario estudiar alternativas que permitan actuar antes para generar actividad económica y empleo.

Ante esta situación, Corredor Oeste exige a Adif y al Ministerio de Transportes que paralicen de inmediato cualquier destrucción de las traviesas y del resto de los materiales aprovechables, así como que los trasladen a Astorga-San Andrés para garantizar su conservación.

El alcalde de Camponaraya y expresidente de la Diputación de León, el socialista Eduardo Morán, ha reconocido sentirse decepcionado “con algunas personas” pero no con su partido, del que respeta las decisiones de la dirección provincial, tras quedar fuera de las candidaturas del PSOE de León al Senado, en cuyo debate fue muy protagonista.

El PSOE de Ponferrada había propuesto a Morán para la Cámara Alta y a Lorena Valle como apuesta berciana para el Congreso pero finalmente la dirección provincial excluyó al alcalde de Camponaraya de la candidatura al Senado.

“Respeto a todos, porque creo que todos son válidos y pueden ser candidatos”, ha señalado Morán, que ha agradecido el respaldo recibido de algunas agrupaciones socialistas y ha animado a trabajar para conseguir los mejores resultados electorales.

El regidor ha expresado su deseo de que el PSOE mejore los resultados anteriores y ha defendido la continuidad del trabajo político iniciado. “Un cambio radical sería negativo para todos los españoles”, ha afirmado. Sobre las elecciones municipales de 2027, Morán no ha aclarado si volverá a encabezar la candidatura socialista en Camponaraya.

Tal vez el título y la entradilla de este artículo puedan parecer tremendistas pero tal vez no lo sean. Juzgue el amable lector por sí mismo. Empecemos por el principio y terminemos por el final. Hace escasísimas fechas ILEÓN se ha convertido en el embajador áulico de los avatares y de las menudencias de la política local –que en eso han convertido León nuestros políticos– para reportarnos que UPL no se presenta a los comicios. ¿Qué tal si analizamos el contexto?

Personalmente le concedo a UPL escasísimos aciertos, lo que me lleva a sospechar, supongo que, contrariando a la opinión de muchos de mis paisanos leoneses, después de tantos años en la brega política, tal cosa no sucede por casualidad. En León no somos más listos que nadie, pero tampoco más torpes que nadie, por lo tanto, las decisiones que se adoptan, tienen su razón de ser. Con tal motivo creo que tan escasísimos aciertos obedecen a una línea programática que inevitablemente ha de obedecer a alguna lógica.

Aun pecando de atrevimiento, considero que en esta ocasión han acertado plenamente en su renuncia a un nivel superior de representatividad. Es la aceptación de que UPL tiende asintóticamente a la nada, pero no de forma precipitada, de ahí que, con buen criterio afirmen que se reserven para la próxima contienda en las elecciones municipales, ultimo ecosistema donde esta formación puede tener alguna garantía de éxito. Muy probablemente UPL ha implosionado ya, pero sus dirigentes no lo saben o quizá no lo quieren admitir. Sea como fuere su decisión es la más adecuada de cuantas podrían haber adoptado.

UPL es un partido conservador sin aspiraciones de grandeza. Se ha conformado con una exigua cuota de poder y ahí se queda todo, el resto es dejar rodar el tiempo y seguir manteniendo un enfermo con respiración asistida que puede sobrevivir indefinidamente. Presentarse a unas elecciones generales como las que se avecinan, sería hacer el ridículo de forma estentórea por dos motivos fundamentales: el primero es el coste económico que tal vez escape a sus posibilidades financieras. Y el segundo, teniendo en cuenta el anterior, disuade a cualquier mente medianamente amueblada porque, si en las recientes elecciones autonómicas has quedado frenado donde estabas y en las pasadas generales has tenido un resultado testimonial, en éstas, francamente polarizadas, las perspectivas son nulas.

Llegados a este punto no se puede por menos que evocar esas agrupaciones ‘patrióticas’ de postín que preconizaban la unión de todas las fuerzas leonesistas. Me consta que sus buenas intenciones son tan grandes como escasa su perspicacia política. Pedir un sacrificio semejante es pedir que la mosca sobreviva al impacto del parabrisas. Seamos serios, todos los partidos que se arrogan la representación leonesa, UPL, Alantre, Coalición por el Bierzo y PREPAL, suman la fabulosa cifra de unos 65.000 votos entre las tres provincias leonesas. Exigua tarjeta de presentación para obtener representación en las altas instancias.

La renuncia de UPL a presentarse a los comicios de noviembre, despeja, y en que medida el panorama electoral en la provincia de León, que queda al arbitrio de lo que dispongan los partidos con sede en Madrid. La pretendida ‘coalición leonesa’ era un tigre de papel que se desvaneció como por ensalmo así que el partido leonesista más votado arrojó la toalla. Todo el resto de formaciones, que suspiraba por una quimérica representación leonesa, se disolvió cual azucarillo en el agua. Tal vez con ello se ha abreviado una inútil agonía para los irreductibles leoneses que todavía creen que unas elecciones se ganan sin ejecutoria previa y una sólida estructura detrás, cosa que el leonesismo, para nuestro mal, está a años luz de conseguir.

Los milagros sólo existen en los textos bíblicos

Es entendible el enojo de aquellos fieles que confían en los milagros, pero eso sólo sucede en los textos bíblicos, en la política no existen los milagros. Es dable observar con ternura el berrinche del que aspira a lo que cada día percibe más lejano. No comprender esto supone desconocer los más elementales rudimentos del juego político, de táctica, estrategia, logística, intendencia y otras vainas de la terminología militar. Unas elecciones no se abordan con garantías de éxito tan sólo con buenas intenciones y sin una buena dosis de respaldo social, tema inédito en tierras legionenses.

Para participar con unas mínimas garantías de éxito en cualquier contienda electoral, pero sobre todo en ésta, con la crispación subyacente, con brunetes mediáticas que ignoran deliberadamente a cualquier provincia sin peso específico en el panorama político español –León es uno de los mayores exponentes de la nada – y una movilización a derecha y a izquierda como pocas veces se ha visto, condenan a cualquier formación o posible coalición timorata, carente además de apoyo popular. El semoviente envarado no camina, se estanca. Es duro admitirlo, pero no tenemos valedor. El resto es palabrería hueca y hacerse trampas al solitario.

Como en la lotería de Navidad, siempre le queda el consuelo al jugador desahuciado por la suerte confiar en la del Niño. En esta ocasión UPL vuelve a procrastinar y vuelve a vender rifas o billetes para el próximo sorteo: las elecciones municipales de 2027 en las que promete dejarse la piel. Esto supone esperar otro año más, sin que haya garantía alguna de que tal cosa llegue a traducirse en algo provechoso, salvo que, como Pablo de Tarso, esta formación caiga del caballo, vea la luz cegadora y emprenda un camino en la dirección opuesta a la que ha seguido hasta ahora, esa que va centrifugado simpatizantes y apeando incondicionales. 

La sequía de representatividad en León, tan denostada por los irreductibles leonesistas como evidente para quien no quiera cerrar los ojos ante la realidad, quedará pues, en manos de personajes como Javier Cendón, José Antonio Diez, Ester Muñoz, Pablo Fernández, Carlos Pollán y un largo rosario de personajes mediocres que maniobrarán en la sombra para cumplir con los objetivos de su respectivos partidos y una consigna clara que está en su ADN: medrar y labrarse un porvenir político impulsándose sobre el trampolín que representa salir elegido por su circunscripción electoral, circunscripción que ven sin pasión ninguna, como quien ve un tarugo de leña, similar a los de Cuenca o Soria, por poner sólo un par de ejemplos.

Lo siento paisanos, León, como el coronel de García Márquez... ¡No tiene quien le escriba!

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

El Partido Popular (PP) de la provincia de León ha movido definitivamente ficha y también puestos en su propuesta de candidaturas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una vez que ya había decidido semanas atrás que repetiría como número 1 al Congreso su actual portavoz de grupo parlamentario, la leonesa Ester Muñoz.

En una reunión esta mañana del Comité Electoral Provincial del PP leonés se ha decidido además que la lista del Senado por la provincia leonesa sea esta vez encabezada por la hasta ahora diputada berciana Silvia Franco, en lugar del exalcalde de León capital y exconsejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván, que de este modo pasa ahora ir de número dos a la Cámara Alta.

Junto a Ester Muñoz, la candidatura al Congreso por León incluye al actual coordinador provincial del PP de León y anterior portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares, en el número dos, tal y como se barajaba desde hacía tiempo. Tras Gavilanes se ha situado la actual portavoz del Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Pilar Coca, y el cuarto puesto es para Manuel Herrero Guerra.

Para el Senado, la propuesta popular la encabeza Silvia Franco, que en esta legislatura ha sido diputada por León junto a Muñoz, al haber sido la segunda en la lista al Congreso del PP de León en los comicios de 2023. Y para este cambio, Antonio Silván cede el primer puesto que ocupó en los anteriores comicios a la Cámara Alta por la circunscripción leonesa. De número tres al Senado figura además Asunción Mayo Fernández, que también ha sido senadora por León.

Hay que recordar que en los comicios del 2023, PP y PSOE lograron dos escaños cada uno al Congreso en esa provincia, mientras que en el Senado el PP se llevó tres de los cuatro senadores el liza por esa circunscripción gracias al resultado cosechado entonces.

La propuesta emanada hoy del Comité provincial deberá ser validada por el Comité Electoral Nacional antes de que las candidaturas queden definitivamente proclamadas y se registren a principios de la semana que viene.

León, desde hace veinte años, es uno de los nodos más importantes de ciberseguridad a nivel global, sede del Incibe (en sus comienzos Inteco) y de la prestigiosa feria Enise, uno de los encuentros internacionales de expertos en seguridad informática y de Internet y redes sociales más veteranos del planeta.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, inauguró esta mañana la vigésima edición del Enise, que transcurrirá en el Palacio de Exposiciones de León hasta el viernes 23 realizando un balance de la evolución de la ciberseguridad en las últimas dos décadas y valorado que la tecnología “haya pasado de preservar únicamente sistemas e infraestructuras a proteger a una sociedad conectada”.

“Estas dos décadas han supuesto un giro copernical en el concepto de ciberseguridad. La transformación digital implica muchísimos beneficios, pero también notables amenazas y hemos pasado de proteger elementos concretos a proteger a una sociedad que es completamente dependiente de la tecnología y en la que ya no hay diferencias entre el mundo físico y el mundo virtual”, ha valorado.

El ministro ha destacado que los próximos años todo girará en torno a la ciberseguridad y la inteligencia artificial y ha afirmado que España tiene el reto de convertirse en un país “contraseguro” y adaptarse “a la velocidad de la luz” para ser “más rápido que los ciberdelincuentes”.

Ha defendido la ciberseguridad como uno de los pilares esenciales de la soberanía de un país y ha considerado fundamental que esta abarque sectores como el industrial para garantizar el dinamismo del mercado.

López ha valorado que el 20Enise (como así se indica en la cartelería) ha consolidado a León como capital española de la ciberseguridad y ha enumerado las 168 empresas, las 21 instituciones y los 118 invitados internacionales que participan en esta cita “con despliegue de inversores”.

Por último, el ministro ha destacado el plan antiestafas telefónicas del Gobierno que, desde su puesta en funcionamiento, ha bloqueado más de 400 millones de llamadas fraudulentas y cerca de 32 millones de sms.

Por su parte el alcalde de León, José Antonio Diez, ha instado a darle la oportunidad a ciudades como León, “no tan grandes en tamaño, pero que tienen valores esenciales que las hacen muy atractivas como seguridad, posibilidad de sinergias, calidad de vida y mucho talento”.

Tras la apertura institucional, el auditorio principal ha acogido la mesa 'Dos décadas después: qué ha cambiado', un espacio de análisis sobre la evolución de la ciberseguridad durante los últimos veinte años. En ella, han participado representantes de organismos clave en este ámbito: Leandro Gobierno López, jefe de área de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC); Javier Candau, subdirector general del Centro Criptológico Nacional (CCN); Federico Juste de Santa Ana, general de brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio; Andrés Ruiz, subdirector general de Seguridad Digital de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID); y Diego Jesús González Vargas, subdirector general del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Una zona expositiva con 190 empresas de ciberseguridad

La zona expositiva de #20ENISE cuenta con 177 espacios promocionales: 156 corresponden a empresas y start-ups y 21 a instituciones. A esta participación se suman otras 13 empresas de ciberseguridad que, sin disponer de stand propio, presentan sus propuestas y soluciones a las personas asistentes, a través del speaker corner. En total, el encuentro reúne a 169 empresas de ciberseguridad y 21 instituciones.

Este espacio permite conocer soluciones tecnológicas, intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración y negocio.

Cinco pabellones internacionales y 136 invitados de 21 países

La internacionalización constituye uno de los ejes destacados de esta edición. La zona internacional reúne a 136 invitados de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Estonia, Francia, Guatemala, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, República Checa, República Dominicana, Suiza, Caribe y Reino Unido.

La principal novedad es la presencia de cinco pabellones internacionales, correspondientes a México, Irlanda, República Checa, Estonia y Francia, que suman 39 invitados y cuentan con la representación de 7 instituciones y 21 empresas de los respectivos países.

La participación internacional se completa con 14 inversores; 23 representantes de diez delegaciones internacionales y 60 compradores internacionales de once países.

La captación de compradores internacionales se ha gestionado en colaboración con ICEX, mientras que INCIBE ha coordinado el resto de la participación internacional.

Esta presencia favorece el contacto entre empresas de ciberseguridad, inversores, compradores y delegaciones internacionales, y propicia nuevas oportunidades de colaboración y negocio en mercados internacionales.

Emprendimiento e innovación en ciberseguridad

La zona de emprendimiento cuenta con la participación de 22 proyectos emprendedores del programa Incibe Emprende, finalistas de las distintas ediciones desarrolladas desde 19ENISE hasta junio de 2026.

Los participantes presentarán sus proyectos en dos certámenes: uno de aceleración, con 12 start-ups, y otro de incubación, con 10. Las propuestas serán evaluadas por un jurado integrado por actores relevantes del ecosistema de la ciberseguridad.

La entrega de premios tendrá lugar mañana, 22 de octubre, por la tarde, en el auditorio principal, a cargo de Félix Barrio, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Más de un centenar de expertos de los ámbitos de la psicología, el trabajo social, la educación, el derecho, la sanidad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han defendido este martes la importancia de la formación especializada y de la ciberseguridad para los profesionales que intervienen en la prevención, detección y atención a las víctimas de la trata y las violencias sexuales digitales.

Ante un escenario en el que internet y las redes sociales han abierto nuevos espacios para la captación, la publicidad y el control de las víctimas, los participantes en este encuentro que se ha celebrado este martes en León han analizado la necesidad de dotar a los equipos de primera línea de conocimientos en seguridad digital para hacer frente a la impunidad y a la dificultad de identificar a los responsables en el entorno cibernético.

Ha sido el contenido de una jornada organizada por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, el programa Desactiva la Trata de Diaconía y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con la colaboración de la Facultad de Educación de la Universidad de León, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado.

Confluencia de vulnerabilidades y riesgos virtuales

La responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Castilla y León, Jessica Martínez, ha subrayado la necesidad de prestar especial atención a las situaciones en las que confluyen distintas formas de vulnerabilidad, como la precariedad económica, la migración, las barreras administrativas, el racismo o la discapacidad.

Martínez ha advertido de que “la violencia contra las mujeres no desaparece cuando entramos en internet”, sino que “encuentra allí nuevas formas de manifestarse, nuevos mecanismos de captación y control, y espacios en los que puede reproducirse y normalizarse”.

Su intervención ha puesto el foco en la trata y la explotación sexual como graves vulneraciones de los derechos humanos que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas puesto que, según el Informe Global sobre la Trata de Personas 2024, de la Oficina de las Naciones Unidas, la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata, y las mujeres y las niñas representan la mayoría de las víctimas detectadas.

La jornada, enmarcada en las iniciativas del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, persigue facilitar el intercambio de conocimientos y fortalecer la colaboración entre instituciones para avanzar hacia una respuesta más eficaz frente a la trata y la explotación sexual.