La Plataforma en Defensa de Feve ha decidido trasladar a los tribunales la reivindicación que durante casi dos años ha llevado a las calles, a las instituciones y a los medios de comunicación para reclamar la integración ferroviaria de la antigua línea de vía estrecha en la ciudad de León, prometida hace 16 años.

El colectivo ha anunciado este viernes el inicio de tres acciones judiciales con las que pretende exigir el cumplimiento del Convenio Marco de 2010, el acuerdo que debía culminar la llegada de Feve al centro de la ciudad y cuya ejecución considera paralizada desde hace más de una década.

Su portavoz, César Prieto, ha afirmado durante una rueda de prensa celebrada en el Instituto Leonés de Cultura (ILC) que la integración de Feve “no es un proyecto a futuro” que dependa de la voluntad política, sino un compromiso jurídico adquirido hace 16 años cuyo cumplimiento, a su juicio, debe exigirse ante los tribunales.

La primera de las acciones es una querella presentada en Madrid por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y falsedad documental contra una persona con cargo de director general en el Ministerio de Transportes.

Según la plataforma, el procedimiento está relacionado con las dificultades encontradas para acceder a documentación y expedientes administrativos vinculados al proyecto.

La segunda actuación consiste en un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por la supuesta inactividad en el cumplimiento del Convenio Marco firmado en 2010.

El colectivo ha argumentado que actúa en sustitución procesal del Ayuntamiento de León, al que considera directamente perjudicado por el incumplimiento del acuerdo.

Los responsables de la plataforma han indicado que el consistorio no ha reclamado durante estos años la ejecución efectiva del convenio ni ha mostrado, según su interpretación, oposición a los incumplimientos acumulados.

También critican que el Ayuntamiento no se haya personado en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional pese a que, aseguran, se tramita en beneficio de la propia institución municipal.

La tercera acción judicial se dirige precisamente contra el Ayuntamiento de León y consiste en un recurso contencioso-administrativo presentado ante los juzgados leoneses por la supuesta falta de colaboración municipal en el proceso anterior.

Una deuda pendiente

Durante su comparecencia, Prieto ha repartido responsabilidades entre las distintas administraciones, aunque ha reservado buena parte de sus críticas al Ayuntamiento de León por no haber reclamado, en su opinión, una deuda pendiente del Estado con la ciudad.

Según ha defendido, la única salida pasa por exigir el cumplimiento de un convenio que considera plenamente vigente, aunque reconoció que posteriormente debería ser actualizado para adaptarse a las circunstancias actuales.

La plataforma ha recordado que el proyecto acumula más de 40 millones de euros invertidos y sostiene que la llegada del ferrocarril al centro urbano resulta fundamental para la viabilidad futura de la línea.

También lamenta que se hayan cumplido ya quince años sin servicio ferroviario de Feve en el casco urbano leonés.

Junto al anuncio de las acciones legales, el colectivo ha iniciado una campaña de captación de fondos para sufragar los costes de los procedimientos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico 'Alto Cabrera', promovido por Enel Green Power España y proyectado entre las provincias de León y Ourense, una instalación de 144 megavatios (MW) que figuraba entre los grandes desarrollos renovables previstos en el suroeste leonés.

La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone el archivo definitivo del expediente tras un procedimiento iniciado hace casi seis años y marcado por los obstáculos ambientales y la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.

El proyecto recogía la construcción del parque eólico en los términos municipales leoneses de Encinedo y Benuza, en la comarca de la Cabrera, así como parte de sus infraestructuras de evacuación en la provincia de Ourense, con una potencia de 144 MW y una línea de evacuación hasta la subestación de San Quereño, propiedad de Red Eléctrica.

La iniciativa fue presentada en noviembre de 2020, en plena carrera por desarrollar proyectos renovables tras el impulso regulatorio dado por el Estado a la transición energética, con la tramitación ambiental como principal escollo.

En abril de 2022, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental inadmitió a trámite la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto (cuya extensión también afectaba a los municipios leoneses de Puente de Domingo Flórez y Castrocontrigo) al apreciar varias causas previstas en la legislación ambiental.

El promotor recurrió inicialmente esa decisión, pero en mayo de este año desistió del recurso al considerar inviable desarrollar la instalación dentro de los plazos legales exigidos.

A ello se sumó la pérdida de los permisos de acceso y conexión. Red Eléctrica comunicó al Ministerio que dichos permisos habían caducado el 25 de enero de 2023 por incumplir uno de los hitos temporales establecidos por el Real Decreto-ley 23/2020, concretamente la obtención de una declaración de impacto ambiental favorable.

La resolución recuerda que la normativa estatal obliga a que los proyectos de generación eléctrica cuenten tanto con una evaluación ambiental favorable como con permisos vigentes de acceso y conexión para poder obtener la autorización administrativa previa. La ausencia de ambos requisitos impedía continuar la tramitación.

El caso de 'Alto Cabrera' refleja además las dificultades que han encontrado numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España durante los últimos años. El Real Decreto-ley 23/2020 estableció una serie de hitos obligatorios para evitar la especulación con los puntos de conexión a la red y depurar los proyectos que no avanzasen adecuadamente en su desarrollo.

Como consecuencia, cientos de iniciativas han decaído al no superar los trámites ambientales o incumplir los plazos fijados.

La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, firmada el pasado 27 de agosto y publicada este viernes, deja abierta la posibilidad de presentar recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, aunque el propio promotor ya había mostrado su conformidad con el archivo del expediente tras retirar el recurso ambiental que mantenía abierto.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado este jueves en León la temporada 2026-2027 de los viajes del Imserso. Al acto también han asistido la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Mayte Sancho, y el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez.

Las personas acreditadas podrán comenzar a reservar sus viajes el 14 de septiembre, mientras que las primeras salidas están previstas para el 1 de octubre, con Oropesa como destino. En toda España hay 4.602.255 usuarios acreditados para participar en el programa.

Cada provincia, incluida León, dispondrá de un cupo de viajes calculado de forma proporcional a su población mayor de 65 años. Entre el 14 y el 18 de septiembre, los solicitantes solo podrán reservar las plazas asignadas a su provincia; desde el día 19 tendrán acceso a aquellas que hayan quedado disponibles en cualquier territorio. El Ministerio no detalla cuántas plazas corresponden específicamente a León.

La nueva temporada ofrecerá un total de 879.213 plazas. De ellas, 440.284, el 50,1%, estarán destinadas a la costa peninsular; 228.142, el 25,9%, a la costa insular; y 210.787, el 23,9%, al turismo de escapada, que engloba circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta, Melilla y destinos de procedencia europea.

La presentación celebrada en León también ha servido para hacer balance de la tarifa plana de 50 euros destinada a pensionistas con menos recursos. Un total de 5.221 personas utilizaron esta modalidad durante la temporada 2025-2026, diez veces más que las 523 plazas cubiertas en la campaña anterior mediante un descuento del 50% sobre el precio del viaje.

El Imserso reservará esta temporada 7.447 plazas para mantener la tarifa de 50 euros, con independencia del destino elegido. También continuará permitiendo viajar con animales de compañía en los programas de costa peninsular e insular, una opción utilizada por 1.066 personas durante la última campaña.

La Junta de Castilla y León ha autorizado la construcción de las infraestructuras eléctricas necesarias para abastecer a una futura planta de biometano en San Millán de los Caballeros, una instalación que generará energía equivalente al suministro de 21.000 hogares.

Se trata de un proyecto promovido por Biorig Energy San Millán-León, S.L.U. que incluye la adaptación de la línea eléctrica 'San Millán', dependiente de la subestación de Villamañán, y la instalación de un nuevo centro de seccionamiento telemandado.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), concede a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., distribuidora del grupo Iberdrola que asumirá posteriormente la titularidad de las instalaciones, la autorización administrativa previa y de construcción de las infraestructuras de conexión a la red para dar servicio a la planta proyectada en el polígono del municipio leonés.

El proyecto, que persigue estar operativo en 2027, contempla la ejecución de dos tramos de línea subterránea de alta tensión de 20 kilovoltios, cada uno de 23 metros de longitud, conectados a la línea aérea procedente de la subestación transformadora y de reparto de Villamañán. Asimismo, se construirá un centro de seccionamiento automatizado para gestionar el nuevo suministro eléctrico.

La autorización llega acompañada de una limitación relevante, ya que la Junta ha dejado sin efecto la declaración de utilidad pública que solicitó inicialmente el promotor después de que surgieran dudas sobre la titularidad y gestión de una parcela afectada por las obras, asociada a una infraestructura hidráulica.

La resolución establece que las obras autorizadas deberán ejecutarse en un plazo máximo de doce meses, aunque prohíbe expresamente actuar sobre la parcela en disputa o ejecutar los accesos vinculados a ella hasta que exista autorización del Ministerio para la Transición Ecológica o del organismo público que acredite la gestión de esos terrenos.

De este modo, la Junta da luz verde a la infraestructura eléctrica necesaria para la futura planta de biometano, una instalación vinculada a la producción de gas renovable a partir de residuos orgánicos, aunque parte del desarrollo del proyecto queda condicionado a la resolución de los permisos sobre los terrenos afectados.

Esta instalación, que cuenta con una inversión cercana a los 35 millones de euros, contribuirá al desarrollo económico del municipio con la creación de 100 empleos durante su fase de construcción y 35 directos e indirectos durante su operación, según Biorig Energy.

La empresa ha asegurado que la planta estará impermeabilizada en las zonas de tratamiento de residuos para evitar vertidos o filtraciones, contará con sistemas de reutilización de aguas para evitar el consumo de agua externa y tendrá sistemas de detección y prevención de olores.

Después de que en 2004 alguien clausurara la puerta que da acceso a una de las grandes joyas patrimoniales de Villaquilambre, 22 años después un candado simboliza aún el abandono de la villa romana de Navatejera. Se trata de un yacimiento que conserva mosaicos, muros, estructuras, canalizaciones y objetos con casi 2.000 años de historia, de tal valor que fue el primero musealizado en toda España, a pesar de lo cual continúa sin poder ser visitado por el público.

Ahora el Ministerio de Cultura, para sorpresa de casi todos, vuelve a poner el foco sobre este enclave anunciando una nueva campaña arqueológica a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). La actuación, con una inversión de 55.297 euros y un plazo de ejecución de siete meses, pretende actualizar el conocimiento sobre el conjunto y establecer las bases para futuras intervenciones. Unas inversiones totales que ya hace muchos años se cuantificaron en unos 600.000 euros para su verdadera puesta en valor.

Los trabajos que ahora se anuncian contemplan la limpieza de la parcela, prospecciones geofísicas para documentar la totalidad de la planta constructiva, excavaciones en sectores menos estudiados, análisis de morteros y un estudio específico del estado de conservación de los restos arqueológicos, especialmente de los suelos y mosaicos originales.

Un pequeño primer paso

El Ministerio señala en un comunicado de prensa que esto es una especie de primera fase que permitirá conocer mejor la extensión y configuración de la villa y determinar el estado de conservación de sus estructuras. El problema es que, de momento, se trata de una nueva fase de investigación y no de la esperada reapertura. El propio Ministerio reconoce que los trabajos servirán para determinar las actuaciones que deberán acometerse en los próximos años y que, a partir de los datos obtenidos, podrá elaborarse un plan director que establezca y priorice las medidas de conservación y puesta en valor con vistas a una futura musealización.

La villa romana de Navatejera es, por tanto, uno de los ejemplos más evidentes de patrimonio histórico de León pendiente de explotar turísticamente. Los ejemplos son muchísimos en la ciudad y su entorno. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Nacional en 1931, su relevancia se ve reforzada por su proximidad a la capital leonesa y por el extraordinario potencial que tendría como recurso para Villaquilambre, cuarto municipio de la provincia por población.

Desde el siglo XIX

El yacimiento corresponde a una villa romana de época bajoimperial, ocupada desde mediados del siglo II hasta al menos el siglo V. Las excavaciones se desarrollaron fundamentalmente entre las dos últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del XX. Fue precisamente entonces cuando se levantó el edificio destinado a proteger los mosaicos de la zona residencial, convirtiéndose en el primer ejemplo de villa romana musealizada en España.

La construcción que protege los mosaicos fue proyectada por el arquitecto Isidoro Sánchez Puelles y supervisada por Demetrio de los Ríos. Sus muros de fábrica de ladrillo y su cubierta de teja sobre una estructura vista de madera se adaptan a la configuración de los mosaicos que alberga.

Durante todos estos años, sin embargo, la villa ha permanecido cerrada a los visitantes... y todo el mundo. El cierre dejó fuera de uso un espacio que debería permitir explicar cómo era la vida de las élites romanas que habitaron el territorio de la actual provincia de León entre los siglos II y V. Bajo tierra permanecen además zonas exteriores del conjunto cuyos restos, protegidos mediante geotextil y tierra, esperan una nueva excavación y recuperación.

Ya se había cuantificado en torno a 600.000 euros la inversión necesaria para culminar la recuperación de la vivienda patricia. Ese esfuerzo permitiría avanzar en la reexcavación de las áreas exteriores, restaurar otros bienes arqueológicos y afrontar la fase final de musealización, con la creación de recorridos, señalización e información sobre los mosaicos, estructuras y demás elementos del conjunto, tal y como se consideraba hace escasos años tras un interés inicial de la Junta de Castilla y León que nunca fraguó.

El anuncio del Ministerio vuelve así a colocar sobre la mesa una pregunta que lleva más de dos décadas sin respuesta: cuándo podrá volver a abrirse al público una villa que fue pionera en España en la conservación y musealización de su patrimonio romano.

IU reclama que la investigación no se quede en otro primer paso

Izquierda Unida (IU) de León ha resccionado rápido, valorado positivamente la actuación anunciada por el Ministerio, pero reclama que la campaña arqueológica tenga continuidad en un proyecto concreto de restauración, puesta en valor, musealización y reapertura. Rubén Estévez, responsable de Política Institucional de IU León, considera positivo que se destinen recursos a conocer el estado del yacimiento, pero advierte de que “no podemos presentar una campaña arqueológica como la solución a un problema que lleva más de dos décadas sin resolverse”.

La formación recuerda que lleva años reclamando la recuperación del enclave, con propuestas de financiación para su puesta en valor en 2012, 2015 y 2017, además de una denuncia pública en 2021 sobre la situación del yacimiento. Para Estévez, ahora hace falta “un proyecto amplio y concreto, con una financiación más ambiciosa y detallada y un calendario de actuación” que permita fijar una fecha de reapertura.

“Nos parece positivo que se haga un diagnóstico actualizado y que se siga investigando el yacimiento”, señala IU, pero reclama conocer “cuáles son esas futuras actuaciones y cuándo se van a ejecutar”. La formación considera que la nueva campaña debe ser el punto de partida de la recuperación efectiva de la villa y no otra actuación aislada en una historia de más de veinte años de cierre.

El municipio leonés de Villamanín dispondrá próximamente de tres nuevas viviendas destinadas al alquiler social gracias a la rehabilitación de dos edificios de titularidad municipal financiada con 361.700 euros por el Instituto para la Transición Justa (ITJ).

Las obras permitirán transformar los inmuebles en tres viviendas de uno, dos y tres dormitorios con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y favorecer el asentamiento de nuevos vecinos en una comarca afectada por el cierre de las explotaciones mineras y de las instalaciones energéticas ligadas al carbón.

La actuación se integra en la Zona de Transición Justa de la Montaña Central Leonesa-La Robla, formada por once municipios y diseñada para paliar los efectos económicos y sociales derivados del fin de la actividad minera y de las centrales térmicas. “Hablar del futuro del medio rural también es hablar de las personas y de las familias que quieran vivir en nuestros pueblos y que puedan encontrar una vivienda”, ha afirmado el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, durante la visita a las obras.

Asimismo, ha incidido en que la intervención no se limita a la recuperación de dos inmuebles municipales, sino que pretende ofrecer nuevas oportunidades de residencia en una zona que afronta problemas demográficos similares a los de otros territorios rurales de la provincia. “Recuperamos dos edificios municipales que estaban sin este uso y los convertimos en hogares para quienes decidan desarrollar aquí su proyecto de vida”, ha manifestado.

El representante del Gobierno ha defendido demás que las ayudas vinculadas a la transición justa deben traducirse en iniciativas capaces de generar actividad y mejorar la calidad de vida en las cuencas afectadas por el cambio de modelo energético.

La unidad y la colaboración han marcado este martes los discursos institucionales con motivo del Día del Bierzo, coincidentes en la necesidad de trabajar conjuntamente para afrontar los retos de la comarca, aunque también han evidenciado diferencias sobre las inversiones, la transición energética, los incendios y los servicios públicos.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha afirmado que Ponferrada y el Bierzo deben tener un papel relevante en el futuro del país y no limitarse a adaptarse a los cambios: “Para ello las instituciones tenemos que trabajar juntas”, ha observado.

En la misma línea, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, ha ofrecido colaboración al Ayuntamiento de Ponferrada para abordar las competencias sobre determinadas vías del municipio “y lo haremos sin discusiones ni debates”, ha garantizado.

Al igual que el subdelegado, ha recordado los efectos de la riada de Manzanedo y de los incendios en la Tebaida berciana, y defendido la necesidad de reforzar la prevención.

“Hay que prevenir y hay que hacerlo con rapidez. El Bierzo no está solo, la Diputación está aquí”, ha añadido antes de comprometer el apoyo de la institución provincial a la comarca.

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha situado igualmente la unidad como eje de su discurso.

“El Bierzo no necesita enfrentamientos estériles, sino respuestas firmes dejando atrás polémicas vacías entre administraciones”, ha añadido.

Entre otras reivindicaciones, ha planteado la necesidad de avances en la A-76, incluido el primer tramo berciano, así como en el lazo del Manzanal, y pidió una respuesta coordinada ante el problema de los incendios.

El presidente comarcal ha reclamado asimismo una financiación adecuada para el Consejo y, aprovechando que la ofrenda a la Virgen de la Encina ha correspondido este año al Ayuntamiento de Borrenes, ha defendido la creación de un Plan de Gestión único para Las Médulas, para que este espacio patrimonial sea gestionado “con una sola voz”.

Desde el ámbito socialista, el diputado Javier Cendón ha puesto el acento en los avances de la reindustrialización del Bierzo, aunque ha reconocido que no se producen “al ritmo que desearíamos”.

Cendón ha defendido la necesidad de mantener una perspectiva optimista, pero ha pedido continuar trabajando por los servicios públicos, especialmente los sanitarios, y apostado por la unidad de acción de las instituciones para afrontar el futuro de la comarca.

Y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, reclamó una mayor colaboración entre las distintas administraciones y una visión a largo plazo para impulsar los proyectos pendientes de la ciudad, durante el acto institucional de la festividad de la Virgen de la Encina y del LXVIII aniversario del Día del Bierzo, que será el último acto institucional de La Encina del presente mandato.

Morala defendió que los asuntos de ciudad deben situarse por encima de los ciclos electorales y reclamó «una visión de largo plazo de los asuntos verdaderamente importantes», entre ellos las infraestructuras, la actividad económica y la fijación de población.

En este sentido, apostó por un diálogo interinstitucional más fluido, una cooperación administrativa más fructífera y una mayor lealtad política, al tiempo que reclamó la implicación financiera de las administraciones con capacidad para distribuir recursos.

El alcalde puso el foco especialmente en los compromisos vinculados a la transición justa y consideró que las expectativas generadas para el Bierzo todavía no se han materializado completamente. «Se nos habló de transición justa, pero no nos parece que la justicia se haya concretado en la llegada de las empresas prometidas en titulares efímeros de prensa y sus puestos de trabajo», afirmó.

No obstante, Morala planteó su intervención como una invitación a recuperar esos compromisos y defendió que «cuando se quiere, se puede», poniendo como ejemplo algunos avances logrados mediante la colaboración institucional en materia de infraestructuras.

También reclamó a la Diputación de León que mantenga abierta la vía del diálogo para resolver cuestiones relacionadas con sus competencias sobre determinadas vías y localidades del municipio, especialmente por el importante componente rural de Ponferrada.

De cara al tramo final del mandato, el regidor defendió la necesidad de «rematar algunos de esos proyectos» y evitar que la proximidad de un nuevo ciclo electoral condicione iniciativas relevantes para la ciudad.

Cuando se ha cumplido ya algo más de un año de los tres que se prevé que duren las obras para el soterramiento de Ronda Este de León LE-20 en el cruce de La Granja, los trabajos preparatorios han llegado estos días ya muchos metros más lejos, en concreto a las inmediaciones del parque de La Candamia y algunas de sus sendas.

Las máquinas pesadas de la empresa adjudicataria, Copcisa, llevan varias jornadas trabajando a ambos lados del vial de la carretera de circunvalación de la capital, poniendo fin a los últimos restos de vegetación existentes para poder acometer la siguiente fase de los trabajos preliminares. Por eso, ya se aprecian dos grandes espacios sólo de tierra que desembocan a ambos en las sendas, peatonal y ciclista, que están cerca del accesoprincipall de La Candamia.

De este modo, la zona ya no cuenta con ninguno de los muchos arbustos y no pocos árboles que había en este entorno. Una situación que deja un aspecto mucho menos verde y frondoso de lo habitual y que se ve incrementado, además, por el fuerte impacto paisajístico que dejó el incendio forestal ocurrido hace justo un mes, en agosto, entre La Candamia y sobre todo las inmediaciones del Parque de La Granja. Fruto de ese siniestro la vegetación quedó muy dañada y se aprecian numerosos grandes ejemplares de árboles que han sido talados en la zona. Por ambos motivos, deambular por el entorno ya no resulta el placer sombreado que siempre hubo.

Los trabajos del proyecto de soterramiento siguen en la fase preparatoria de los contornos y de momento en la superficie apenas se pueden apreciar algunos cambios en la gran rotonda del cruce de La Granja, por la que cuando las obras concluyan quedará el tráfico de distribución mientras todo el tránsito de la LE-20 pasará por una carretera nueva subterránea que está por ejecutarse.

Todo eso tiene aún un escenario temporal muy amplio, ya que cuando el Ministerio de Transportes firmó el contrato de adjudicación del proyecto, en marzo de 2025, por un importe final de 23,8 millones de euros, se estableció en 36 meses el período de ejecución. Es decir, que no será hasta el año 2028 cuando finalmente el soterramiento sea una realidad, casi 25 años después de haberse puesto en marcha la redacción de un proyecto que resultó maldito y el Gobierno del PP de Mariano Rajoy metió en un cajón por la crisis económica la pasada década.

El verano de 2026 se ha saldado con un notable incremento de la mortalidad en las carreteras de la provincia de León. Entre el 1 de julio y el 31 de agosto, diez personas perdieron la vida en diez accidentes mortales registrados en vías interurbanas, frente a las cinco víctimas y cuatro siniestros mortales contabilizados durante el mismo periodo del pasado año.

El balance supone, por tanto, duplicar el número de fallecidos en las carreteras leonesas durante los dos meses centrales del verano y elevar en un 150% los accidentes mortales, al pasar de cuatro en 2025 a diez este año. A las diez víctimas mortales se suman además seis personas heridas que precisaron hospitalización y otras cinco que resultaron heridas sin necesidad de ingreso hospitalario.

La siniestralidad mortal se concentró especialmente en agosto, mes en el que se produjeron seis de los diez accidentes mortales, mientras que en julio se registraron otros cuatro. Uno de los datos más preocupantes del balance es el elevado peso de los usuarios vulnerables entre las víctimas. La mitad de las personas fallecidas durante este verano circulaba en vehículos o medios de transporte especialmente expuestos: cuatro de ellas viajaban en motocicleta y otra se desplazaba en bicicleta.

Los accidentes mortales se registraron en diferentes puntos de la red viaria de la provincia y obedecieron a diversas tipologías, entre ellas colisiones frontales y frontolaterales, salidas de vía, un alcance y un atropello. Los siniestros tuvieron lugar en carreteras estatales o de alta capacidad, en los casos de la Nacional 6, Autovía León-Burgos A-231 y la Ronda Sur de penetración a León, LE-30, mientras en el resto se repartieron en viales autonómicos y provinciales como las carreteras LE-125, , LE-493, LE-941, LE-232, CL-626, LE-5601 y CL-622.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha lamentado el fuerte incremento de la siniestralidad mortal y ha insistido en la necesidad de extremar la prudencia en los desplazamientos. “Este verano hemos registrado diez víctimas mortales en las carreteras de nuestra provincia. Es una cifra que nos obliga a reforzar el mensaje de prudencia y responsabilidad. Ningún desplazamiento, ninguna prisa y ninguna distracción justifican poner en riesgo una vida”, ha señalado.

Alaiz ha realizado además un llamamiento especial a los colectivos más vulnerables y ha recordado la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar las distracciones, no consumir alcohol ni drogas antes de conducir y utilizar siempre los sistemas de protección.

El aumento registrado en León resulta especialmente llamativo al compararlo con el conjunto de España. Mientras que en las carreteras españolas el número de fallecidos durante la Operación Verano aumentó en diez personas, hasta alcanzar las 240 víctimas mortales, en la provincia leonesa las muertes en carretera se duplicaron respecto al verano anterior, en un periodo en el que además se alcanzó un nuevo máximo histórico de movilidad en el país, con 102 millones de desplazamientos de largo recorrido.

La reciente incorporación de los monumentos a los Caídos de Prioro y Castrocontrigo al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática ha reabierto el debate sobre la presencia de vestigios franquistas en la provincia de León. Izquierda Unida (IU) ha valorado positivamente la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pero reclama que la catalogación vaya acompañada ahora de “actuaciones concretas” para cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación vigente.

El Ministerio acordó la pasada semana la retirada de siete nuevos vestigios franquistas en España, dos de ellos situados en los municipios leoneses de Prioro, en la Montaña Oriental, y Castrocontrigo, en el suroeste de la provincia. Los dos monumentos forman parte de una nueva relación de elementos que el Gobierno considera expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre los otros casos incluidos figuran elementos situados en Labajos, en Segovia, así como en Murcia, Gijón y Santoña, en Cantabria.

La inclusión del monumento de Castrocontrigo en este catálogo se produce además después de que Vox intentara proteger este tipo de símbolos mediante su declaración como Bien de Interés Cultural. La iniciativa se planteó cuando el partido formaba parte del Gobierno autonómico junto al PP y dirigía la Consejería de Cultura, defendiendo la posibilidad de catalogar determinados monumentos vinculados al franquismo como patrimonio de interés cultural.

Ante esta situación, Izquierda Unida de León considera que la incorporación de los monumentos de Prioro y Castrocontrigo al catálogo supone “un avance” para identificar los elementos que mantienen una vinculación con la exaltación de la dictadura, aunque advierte de que este paso no puede quedarse únicamente en la elaboración de registros.

“Catalogar estos monumentos es importante, pero ahora hay que actuar. No se trata de borrar la historia, sino de evitar que el espacio público siga funcionando como lugar de homenaje a una dictadura y garantizar el reconocimiento de sus víctimas”, ha señalado Sergio Carro, coordinador provincial de Izquierda Unida de León.

La formación recuerda que hace diez meses presentó una batería de preguntas para conocer el grado de cumplimiento de la normativa de Memoria Democrática en la provincia de León y las actuaciones previstas sobre distintos elementos vinculados al franquismo. Sin embargo, asegura que todavía no ha recibido respuesta por parte de las instituciones competentes.

“Diez meses después seguimos sin recibir respuesta. Estamos hablando de información que las instituciones deben facilitar y de una cuestión que afecta directamente al cumplimiento de la legislación vigente”, ha denunciado Carro.

IU León reclama así que la incorporación de los dos monumentos al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática sea el inicio de actuaciones efectivas y no el final del proceso. La organización defiende una política de memoria democrática que vaya más allá de la retirada de simbología y permita también identificar y divulgar los lugares relacionados con la represión franquista, reconocer a las víctimas y contextualizar aquellos elementos que puedan tener un valor histórico.

“Esperamos que la inclusión de estos dos monumentos en el catálogo sirva para pasar de la identificación a los hechos. La Memoria Democrática no puede depender de la voluntad de cada administración ni quedarse en los papeles”, concluye el coordinador provincial de Izquierda Unida de León.

Un incendio forestal declarado poco antes de las 15.00 horas de este domingo en el monte La Calabaza, en las inmediaciones de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, avanza con fuerza hasta el municipio de Quemada. Según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se trata de un siniestro con riesgo para la población y bienes materiales, por lo que ha sido declarado de nivel 2 en el Índice Potencial de Gravedad (IPG).

Se trata de una zona boscosa, de pinos y encina, situada cerca de Aranda de Duero, en las proximidades de la carretera BU-925 que comunica la villa arandina con la localidad de Peñaranda de Duero, y del río Arandilla, han informado fuentes de la administración autonómica.

Poco antes de las seis y media de la tarde se ha decidido el corte total de tráfico en la mencionada carretera y decidido el desalojo de tres personas de las viviendas que se encuentran más cerca del foco de las llamas.

En el control del fuego participa a esta hora una treintena de medios desplazados por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España (Ministerio para la Transición Ecológica), entre ellos cinco helicópteros e hidroaviones. Participan también de este dispositivo varias cuadrillas terrestres, helitransportadas, camiones autobomba y un vehículo bulldozer.

Los diputados del Partido Popular (PP) por León Ester Muñoz y Silvia Franco y por Ourense Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, han registrado una nueva pregunta en el Congreso para conocer qué fecha prevé el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar las obras del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo de la autovía A-76 Ponferrada-Ourense.

La iniciativa se produce después de que haya concluido agosto sin que se haya publicado la licitación y tras el anuncio del Ministerio esta primavera asegurando que aprobaba el primer tramo, de seis kilómetros. Los parlamentarios populares plantean al Gobierno qué fecha concreta del último cuatrimestre de 2026 contempla para sacar a concurso las obras, cuyo presupuesto asciende a 126 millones de euros.

El proyecto de construcción de este primer tramo quedó aprobado definitivamente en abril de 2026. El BOE publicó el 16 de abril el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia relativo a la resolución del Ministerio por la que se aprobaba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción. El 23 de abril se publicó una corrección de errores del anuncio.

Tras completar este trámite, la licitación de las obras quedó pendiente de su convocatoria. En una respuesta registrada el 11 de junio, el Gobierno señaló que la actuación se encontraba entre las prioridades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “de acuerdo con la planificación vigente y las disponibilidades presupuestarias”, sin establecer una fecha concreta.

La pregunta registrada ahora recuerda además los distintos calendarios anunciados anteriormente para esta actuación. En febrero de 2023, el entonces secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, señaló que el Ministerio trabajaba para licitar ese mismo año las obras del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo, con un presupuesto de 126 millones de euros, IVA incluido.

A finales de diciembre de 2023, el ministro de Transportes, Óscar Puente, situó la licitación a finales de 2024. Posteriormente, en octubre de 2025, tras una reunión con el presidente de la Diputación de León, el Ministerio volvió a señalar que el tramo, con un presupuesto de 126 millones de euros, se licitaría antes de finalizar aquel año.

Finalmente, la licitación tampoco se produjo en esos plazos y, ya en 2026, el Gobierno ha señalado que la actuación continúa entre las prioridades del Ministerio. Con agosto ya concluido y el último cuatrimestre del año en marcha, la nueva iniciativa parlamentaria reclama ahora una fecha concreta para la licitación.

El tramo Villamartín de la Abadía-Requejo forma parte de la futura autovía A-76, proyectada para conectar Ponferrada y Ourense y mejorar las comunicaciones por carretera entre el Bierzo, Valdeorras y Ourense. Su licitación supondría el paso del proyecto aprobado a la fase de contratación de las obras.

Un preocupante incendio forestal declarado a última hora de este pasado viernes en Pendilla de Arbas, en el municipio leonés de Villamanín, poco antes de la medianoche, ha obligado a movilizar rápidamente un importante número de medios de extinción a lo largo de la mañana de este sábado. El siniestro se sitúa en una zona alejada de la población de Pendilla. Se originó en la frontera con el Principado y ya desde esta tarde ha desplazado su frente más activo a la Comunidad vecina, donde continúan centrados los principales esfuerzos de extinción, según ha informado este sábado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Pasadas las tres de la tarde de este sábado, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León declaró este siniestro como Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, por la causa de considerar que se tardarán más de 12 horas en estabilizar sus llamas.

Según datos oficiales que actualiza la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el fuego comenzó a las 23.40 horas y permanece activo, permaneciendo en investigación las causas que lo pudieron originar.

La magnitud del operativo desplegado desde las primeras horas da cuenta de la atención que está recibiendo el incendio. Desde su inicio se han asignado 23 medios, entre ellos dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer y cuatro equipos helitransportados, de la propia Junta y también del Gobierno, es decir, Elif y Brif (estos de la base de Tabuyo del Monte, en León, así como la de Tineo en Asturias), además de otros efectivos. Por cierto, que las Brif de Tabuyo han lamentado tener que desplazarse de dos viajes porque no disponen de uno de sus helicópteros, que está “inoperativo”.

En estos momentos trabajan en la zona cinco agentes medioambientales o celadores y hasta ocho aeronaves, un notable dispositivo aéreo para tratar de controlar cuanto antes las llamas en este enclave de la Montaña Central leonesa.

Pese al amplio despliegue, el incendio se mantiene por ahora en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, el nivel más bajo de la escala, y no consta que haya sido necesario elevarlo desde que comenzó el fuego.

Continúa en la provincia además el incendio de Sosas de Laciana, activo con mucha fuerza desde su origen el pasado jueves, que de momento consta como activo después de haber estado en un primer momento en nivel de IGR 2, amenazando la localidad de Sosas, que tuvo que ser temporalmente confinada.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado la retirada de siete nuevos vestigios franquistas, dos de ellos situados en los municipios leoneses de Prioro, en la Montaña Oriental leonesa, y Castrocontrigo, en el suroeste de la provincia. Serán dos de l anueva partida de siete, entre los que también se encuentran en Labajos (Segovia), así como resto en Murcia, Gijón y Santoña (Cantabria).

Considera que todos ellos son casos que constituyen expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, a pesar de que en algunos casos, como el de Castrocontrigo, el partido político Vox quiso protegerlos a través del subterfugio de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) catalogado, aprovechando que cogobernaba con el PP en Castilla y León y ocupaba la Consejería de Cultura.

El Ministerio en un comunicado explica que ahora serán incorporados al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática. Y eso significa que ofrece un plazo de seis meses a sus titulares para que lo retiren por su cuenta, antes de que se tenga de actuar por parte del propio Ministerio

Las resoluciones afectan al escudo franquista situado en la antigua Biblioteca Infantil de Abarán (Murcia); al Monumento a los Caídos, en Prioro, idéntico símbolo que todavía perdura también en Castrocontrigo; al escudo e inscripción de procedencia franquista, en el Monumento de la Inmaculada Concepción (Murcia); al Monumento a los Héroes del Simancas (Gijón); al Monumento a Carrero Blanco, en Santoña (Cantabria); y del Monumento a Onésimo Redondo, en Labajos (Segovia).

Castrocontrigo

Monumento a los Caídos en Castrocontrigo se considera que “exalta el golpe de Estado de 1936 y, por extensión, a la dictadura franquista”. Presenta una narrativa que honra exclusivamente a los combatientes y simpatizantes del bando sublevado, sin reflejar el contexto real de violencia y represión sistemática que se desarrolló en la retaguardia franquista.

En uno de los lados de la pilastra presenta tres símbolos colocados uno debajo del otro, decorando toda la superficie, que son el relieve de un ánfora embutida en un marco, seguida del escudo anticonstitucional y la inscripción: “Es glorioso morir por la patria”. En el otro lado, destaca una gran cruz latina, facetada en punta de diamante y, debajo, la inscripción “Castrocontrigo a sus caídos por Dios y por España 1936-1939”. En el tercer lado de la pilastra, otra vez se repite el relieve del ánfora, un escudo con un águila que sujeta una cartela, en cuyo campo aparece una cruz latina situada sobre un monte (Monte de los Olivos), finalizando con el yugo y las flechas en la parte más baja. El cuarto lado, otra vez está decorado con una austera y gran cruz facetada en relieve y, debajo, la inscripción con el nombre de “José Antonio Primo de Rivera” y el de cuatro vecinos muertos del bando nacional. Debajo, la inscripción con el lema “Presentes”.

Prioro

En el caso de Prioro, también es una plataforma cuadrangular escalonada con cuatro escaleras, flanqueada en sus esquinas por pilastras rematadas con bolas decorativas. Sobre ella se alza una pirámide truncada rematada por una cruz. En el travesaño de esta, figura una inscripción con la cronología “1936-1939” y el lema franquista “¡Presentes!”. Bajo ella aparecen dos flechas cruzadas y, en la base que sostiene la cruz, las inscripciones con los nombres de los caídos del bando sublevado.

“Fue concebido expresamente para homenajear a los fallecidos del bando sublevado tras la victoria militar de 1939. Conserva elementos simbólicos y monumentales asociados a la exaltación del régimen y de la victoria franquista”, resume el Ministerio, que ve que “no concurren razones artísticas ni arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento y, por tanto, el Ayuntamiento de Prioro tendrá seis meses para su retirada”.

Estas resoluciones ya han sido notificadas, por lo que los titulares tienen un plazo de seis meses para su retirada voluntaria, sin la posibilidad de volver a exponerlos de forma pública, y en caso de incumplimiento, podrá iniciarse el procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática.

Con estas actuaciones, ya son 13 los vestigios incorporados al Catálogo, detallan las misas fuentes, que añaden que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática continúa desarrollando las previsiones de la Ley de Memoria Democrática para garantizar que el espacio público sea coherente con los valores constitucionales y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Los alcaldes de distintos territorios españoles afectados por el cierre de actividades mineras y energéticas han reclamado este viernes, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Red de Municipios en Transición Justa de la FEMP celebrada en Igüeña, la creación de un fondo presupuestario estatal estable para afrontar su futuro.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Ibias (Asturias) y presidenta de la Red, Gemma Álvarez, quien ha defendido la necesidad de mantener el compromiso de las administraciones con unos territorios que, según recordó, durante décadas sostuvieron el desarrollo energético del país.

“Estos municipios no tienen la capacidad tractora de otros”, ha señalado Álvarez, quien ha advertido de que necesitan el respaldo económico de las administraciones para compensar la posible disminución de los fondos procedentes de Europa.

En este sentido, ha recordado que “hay municipios con cero euros de inversión y es una deuda que tiene el Estado y las comunidades autónomas con ellos”, porque fueron “el sostén del país durante muchos años”.

Durante el encuentro los representantes individuales han aprobado una declaración institucional en la que la Red reclama que la transición energética se traduzca en reindustrialización, empleo y nuevas oportunidades para las comarcas afectadas por el cierre de explotaciones mineras, centrales térmicas e instalaciones energéticas.

Álvarez ha explicado que la situación de estos territorios ya ha sido trasladada a las instituciones europeas y ha avanzado que volverán a plantearla a finales de este mes en Alemania, con el objetivo de reclamar “una transición real en todos los municipios”.

El documento también pide que las empresas promotoras de proyectos industriales y energéticos cumplan sus compromisos de empleo, inversión, desarrollo industrial y retorno social, así como incentivos específicos para favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Entre las medidas propuestas figura también que el Instituto para la Transición Justa elabore un informe anual de evaluación sobre el grado de ejecución de las inversiones, el empleo generado y el impacto económico de las intervenciones en cada territorio.

La Red defiende que sus municipios no reclaman un trato de favor, sino “el reconocimiento al esfuerzo realizado durante décadas y el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos”.

La declaración resume su reivindicación en una idea: “La descarbonización debe ir acompañada de reindustrialización”.

La Unión del Pueblo Leonés ha dado “plena libertad” a sus alcaldes y cargos públicos para secundar las concentraciones por la crisis migratoria en Ceuta convocadas este miércoles por colectivos de la sociedad civil y por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). La UPL gobierna con el PSOE en el Ayuntamiento de Villaquilambre, que no se ha unido a la convocatoria de la FEMP, marcada por la polémica política al desmarcarse los socialistas por entender que la movilización va dirigida contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Sí la respalda el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, liderado por la formación leonesista, que demanda “altura de miras” a los partidos nacionales para buscar una salida al problema.

A apenas unas horas de las concentraciones, la UPL se ha pronunciado públicamente al respecto de la crisis desatada por la entrada en Ceuta de decenas de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio, así como de la polémica surgida por el respaldo a las convocatorias con casos como el del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que ha anunciado su presencia pese a que el PSOE las ha desacreditado. La plaza de San Marcelo será en la capital leonesa el escenario de la movilización, convocada para las 20.00 horas.

La UPL comienza mostrando su apoyo al pueblo ceutí ante un “hartazgo” que la formación considera “más que lógico y comprensible” ante la situación de “inoperancia y olvido” que achaca al Gobierno de la nación. “La inacción está poniendo en peligro la economía y servicios públicos”, señalan los leonesistas, que alertan de que la actual situación amenaza las prestaciones del Estado del bienestar “al colapsarse los servicios sanitarios, los de seguridad o los educativos, lo que impedirá que pueda iniciarse el curso escolar con plena normalidad y garantías de seguridad para los menores ceutíes”.

No obstante, la Unión del Pueblo Leonés sostiene que “no debe hacerse un uso partidista”, por lo que reclama a los partidos nacionales una respuesta “inmediata, consensuada y efectiva” a la crisis, para lo que les recomienda “altura de miras y alejarse del ruido electoral”.

El arreglo con parcheo del asfalto, cunetas y señalización nueva de una de las carreteras nacionales en peor estado de la provincia de León, la N-630 en el tramo León-Benavente, entre León capital y el sur de la geografía leonesa, ya tiene precio definitivo puesto y empresa seleccionada. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado a conocer hoy la adjudicación definitiva de los trabajos y la contratación por un importe final de inversión de 6,74 millones de euros.

El Boletín Oficial del estado (BOE) anuncia este miércoles la formalización del contrato a favor de la empresa que presentó la mejor oferta, una UTE formada por Padecasa Obras y Servicios, compañía con sede en Ávila, y la zamorana Aglomex S.A. El precio final que será invertido y al que se ha adjudicado supone una rebaja de algo más del 14% por debajo del precio inicial de licitación, que ascendía a 7,86 millones de euros, tal y como anunciaba hace nueve meses personalmente el ministro Óscar Puente.

El máximo responsable de Transportes aseguraba entonces que el Gobierno atendía con este proyecto de “rehabilitación estructural” la “demanda de la ciudadanía para mejorar la circulación y la seguridad en este tramo”. Lo cierto es que el proyecto databa de hace algo más de un año, aprobado en julio de 2025, pero no fue hasta noviembre que el Ministerio puso en marcha la licitación inicial, justo unos pocos días antes de que a mediados de que el 21 de noviembre se convocara una marcha de protesta en coche por la maltrecha y peligrosa N-630 desde Valencia de Don Juan hasta la Subdelegación del Gobierno en pleno centro de la capital leonesa.

Ahora, debería ser inminente ya el inicio de los trabajos, que llevan más de una década reclamándose a los distintos gobiernos por parte de los municipios y los conductores del sur de la provincia leonesa.

El arreglo a ejecutarse se contempla en algo más de 51 kilómetros, exactamente los que separan los puntos kilométricos 153 y 204 o, lo que es lo mismo, entre la localidad de Onzonilla, muy cerca de León capital, al límite provincial con Zamora, por lo que transcurre íntegramente en la provincia de León.

El proyecto adjudicado prevé la rehabilitación superficial del firme de la calzada en aquellas zonas en las que las inspecciones previas llevadas a cabo han observado un deterioro evidente de la vía, por lo que no será una capa asfáltica nueva en la totalidad del recorrido.

Parcheos en zonas determinadas

En esos puntos detectados, se procederá al fresado y reposición de las capas del firme en un espesor de entre 10 y 13 centímetros, lo que afectará a las capas superficiales de rodadura e intermedia, se remarca. Este tratamiento se aplicará a ambos carriles de la calzada, de ancho 3,5 metros, mientras que en los arcenes se ha previsto un sellado de las grietas existentes.

Según ya se especificaba el año pasado en una nota de prensa oficial del Ministerio de Transportes, para “favorecer una economía circular” se aprovechará parte del material procedente del fresado del firme actual en las nuevas mezclas bituminosas que se dispongan, de modo que, se empleará en proporciones máximas del 20% en la capa superficial y del 25% en la capa intermedia.

Además, en algunos tramos de pequeña longitud, entre tramos ya rehabilitados, es posible que se tome la misma solución que las zonas adyacentes para conseguir una homogeneidad longitudinal adecuada en la solución de rehabilitación, aunque como tal no necesiten esa rehabilitación.

La crisis migratoria de Ceuta tendrá su eco en la provincia de León este miércoles, 2 de septiembre, fecha en la que están convocados actos en apoyo de la ciudad autónoma tras la llegada el pasado 31 de julio de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos. La participación en las concentraciones, lanzadas bajo el paraguas de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) no sin polémica y de diversos colectivos, deja lecturas políticas como el hecho de que el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, haya anunciado su presencia en una cita desacreditada por su partido. No habrá movilización frente al Ayuntamiento de Villaquilambre, donde el PSOE gobierna junto a la Unión del Pueblo Leonés, que en San Andrés del Rabanedo sí arropa esta convocatoria, que tendrá lugar en la explanada frente al Consistorio.

No ha pasado desapercibido el apoyo de José Antonio Diez, que dice responder a la convocatoria realizada “desde la propia sociedad civil” (en la capital leonesa la Asociación Cultural Héroes de Cavite organiza una concentración en la plaza de San Marcelo, junto a Botines, a las 20.00 horas, mismo horario elegido por la FEMP para sus convocatorias frente a los ayuntamientos). Enfrentado sonoramente a la dirección provincial del PSOE y con escasa sintonía con estructuras superiores del partido, Diez dio este lunes tres argumentos para participar en un acto contestado desde Ferraz.

“Creo que no hago nada extraño con estar presente y apoyar evidentemente al pueblo ceutí”, expuso en primer lugar el alcalde de la capital leonesa. “Creo que también es importante (el acto) porque es una defensa de nuestra soberanía nacional, de la importancia que tienen nuestras fronteras”, añadió para citar una tercera razón al referirse a “todo lo que tiene que ver con el tema humanitario tan duro y tan difícil que se está viviendo ahora mismo en Ceuta”.

Diez aludió a Naciones Unidas para avalar los derechos que amparan a los migrantes llegados a Ceuta. “Hay que alejarse”, contrapuso, “del partidismo que refrendan o que hacen algunos partidos políticos, y lo que hay que demostrar es una altura de Estado. Estas son cuestiones de Estado y, por lo tanto, los partidos políticos tienen que llegar a acuerdos de Estado en esta materia y no buscar ventajismo político”. El PP en el Ayutamiento de León ha animado a participar en la concentración convocada por la FEMP, que tendrá lugar en la plaza de San Marcelo.

Villaquilambre, cuarto ayuntamiento en población de la provincia de León, se desmarca de la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera y senadora del PP, María José García-Pelayo Jurado, mientras que el PSOE ha tachado las movilizaciones de “concentraciones contra (Pedro) Sánchez”. Fuentes municipales de Villaquilambre confirman que no habrá acto frente a la Casa Consistorial. PSOE y UPL pactaron en 2023 repartirse el mandato: hasta mitad de 2025 fue alcalde el socialista Jorge Pérez y hasta 2027 lo será el leonesista Vicente Álvarez.

Precisamente una leonesista, Ana María Caurel, es la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, que sí se suma a las concentraciones convocadas por la FEMP, según ratifican fuentes del tercer municipio de la provincia. El segundo, Ponferrada, gobernado por el Partido Popular y Coalición por El Bierzo, mostrará su apoyo a Ceuta. Astorga y La Bañeza, también con alcaldes del PP, respaldan la convocatoria.

La contestación política a estas concentraciones va más allá del PSOE. Y es que Podemos Castilla y León ve “racismo subyacente” en la convocatoria, al tiempo que pide que “la solidaridad con el pueblo de Ceuta se aborde desde la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas migrantes”. Izquierda Unida en El Bierzo también se ha mostrado en contra por tachar las movilizaciones de “una instrumentalización insolidaria” del PP. Para la coalición, las soluciones a la crisis actual deben estar “basadas en la fraternidad internacionalista y los derechos humanos”.

La convocatoria coincide con la celebración, el 2 de septiembre, del Día de Ceuta, además de llegar en vísperas de la comparecencia extraordinaria para hablar sobre este asunto en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya ha dicho no tener “ninguna información” que responsabilice a Marruecos de la crisis fronteriza.

La futura fábrica de armamento y explosivos proyectada en el sur de León, en el municipio de Valderas, suma un nuevo paso administrativo y técnico. La empresa Tecnesis 3000 ha diseñado un proyecto para perforar y explotar un sondeo de aguas subterráneas que permitirá abastecer las instalaciones industriales previstas en una parcela cedida por el Ayuntamiento en el paraje de Dehesa de Trasconejos. Se trata de una finca situada entre localidades como la propia Valderas pero también Villafer, Campazas o Gordoncillo.

La captación que se plantea, y que inicia su tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tendrá una profundidad inicial de 220 metros, aunque se plantea que la perforación pueda ampliarse hasta los 370 metros si fuera necesario para encontrar niveles acuíferos con capacidad suficiente para el aprovechamiento previsto. El pozo se situará dentro de la parcela 1 del polígono 32 de Valderas, a unos siete metros del futuro edificio de abastecimiento y tratamiento de agua de la fábrica.

El proyecto supone, por tanto, una nueva concreción de la iniciativa industrial anunciada inicialmente a finales de 2024 y que contempla la instalación en Valderas de una planta vinculada a la fabricación y montaje de material militar. La previsión inicial del proyecto empresarial apuntaba a la posible creación de alrededor de 200 puestos de trabajo, una cifra de especial trascendencia para un municipio y una comarca como Tierra de Campos, afectados desde hace décadas por la pérdida de población.

Hasta siete millones de litros de agua al año

La futura fábrica solicita un volumen máximo de aprovechamiento de 7.000 metros cúbicos anuales, equivalentes a siete millones de litros de agua. El límite mensual se fija en 875 metros cúbicos y el caudal máximo instantáneo solicitado será de 2,5 litros por segundo.

Según la memoria del proyecto, que ahora ya se puede consultar aquí en período de alegaciones, tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el agua se destinará principalmente al funcionamiento de los aseos y vestuarios del personal, los sistemas de agua sobrecalentada y la red de protección contra incendios de la futura instalación industrial. El consumo estimado se sitúa en torno a los 18 metros cúbicos diarios y la planta contará además con un depósito de reserva de 97,5 metros cúbicos.

La autorización municipal para iniciar esta nueva tramitación se produjo a principios de este verano, el 2 de julio de 2026. El actual alcalde de Valderas, Agustín Lobato Ruano, autorizó formalmente a la empresa a solicitar la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas ante el organismo de cuenca.

La relación entre el Ayuntamiento y Tecnesis 3000 se remonta, no obstante, al menos al inicio de 2025. El contrato de arrendamiento de los terrenos fue firmado el 29 de enero de ese año entre el entonces alcalde de la localidad, Pedro Guerra Rodríguez, y el representante legal de la compañía, Rubén Rubio de la Oliva.

68.000 euros sólo para el agua y un mes de ejecución

La inversión prevista específicamente para ejecutar la captación asciende a 68.388,20 euros. El presupuesto incorpora igualmente la propuesta de una empresa especializada para la ejecución material del sondeo y de los sistemas necesarios para su explotación. El plazo previsto para completar la perforación y el montaje del conjunto de la instalación es de un mes, concretamente 30 días. La captación estará sometida además a sistemas de control y trazabilidad del agua extraída. El proyecto contempla la instalación obligatoria de un sistema de telemedida, con un contador tipo Woltman y un registro electrónico de los volúmenes captados, conforme a la normativa estatal vigente.

Las obras siguen condicionadas por Defensa

Pese a este avance en el diseño de las infraestructuras necesarias para la futura fábrica, cabe destacar que el proyecto industrial todavía no tiene vía libre definitiva para comenzar su construcción.

El propio proyecto de captación establece expresamente que las obras del pozo no podrán iniciarse hasta que Tecnesis 3000 obtenga una resolución favorable sobre las capacidades de fabricación por parte de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. El proyecto de la futura planta fue remitido a este departamento el 19 de mayo de 2025.

La instalación industrial se encuentra además en procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada por parte de la Junta de Castilla y León y dispone de justificante de inicio de la solicitud de la correspondiente Licencia Ambiental del Ayuntamiento desde hace escasos meses, el 20 de abril de 2026.

La documentación para la captación de agua incluye también los estudios sobre las características geológicas del terreno, las especificaciones eléctricas y constructivas de la instalación, los protocolos de seguridad laboral y gestión de residuos y las obligaciones de cumplimiento normativo ante la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Castilla y León.

De una fábrica de obuses a una nueva fase de concreción

ILEÓN adelantó en diciembre de 2024 el interés de una empresa del sector armamentístico por instalar una nueva fábrica en Valderas. En aquel momento, el proyecto se encontraba todavía en una fase inicial y el Ayuntamiento trabajaba en la puesta a disposición de una amplia superficie de titularidad municipal, situada a entre cuatro y cinco kilómetros del casco urbano.

La iniciativa se presentó inicialmente como un proyecto vinculado a la fabricación de material para artillería, específicamente obuses, aunque las primeras informaciones apuntaban a que la actividad no consistiría exclusivamente en la fabricación completa de proyectiles, sino que tendría un importante componente de diseño, ensamblaje y montaje.

La complejidad de las autorizaciones necesarias, especialmente por tratarse de una instalación vinculada a la defensa nacional y al manejo de armamento y explosivos, obligó desde el primer momento a abrir contactos tanto con la Junta de Castilla y León como con el Ministerio de Defensa.

Casi dos años después de que el proyecto comenzara a trascender públicamente, la futura planta suma ahora una infraestructura concreta más sobre el papel: un sondeo de hasta 370 metros de profundidad para garantizar el suministro de agua de una instalación industrial cuya construcción efectiva continúa, sin embargo, pendiente de las principales autorizaciones administrativas, militares y ambientales.

Un técnico en Emergencias Sanitarias ha criticado la ausencia de un servicio privado de asistencia sanitaria preventiva durante el concierto de la Orquesta Panorama del pasado miércoles 26 de agosto en Astorga, después de que un hombre de mediana edad sufriera “un mareo con una breve pérdida de conocimiento” durante el espectáculo.

La queja parte de Adrián Sánchez Fraile, que se presenta como delegado territorial de la Asociación Nacional de Formadores de Emergencias (Asforem) y miembro del Equipo Multidisciplinar de Emergencias, Riesgos y Gestión de Crisis (Emerge). Según su relato, se encontraba cerca del afectado y le prestó las primeras atenciones mientras solicitaba una ambulancia al Servicio de Emergencias 1-1-2 al no disponer el evento, asegura, de medios sanitarios preventivos.

Sánchez Fraile sostiene que, tras un primer aviso y posteriores comunicaciones realizadas por agentes de la Policía Local, la ambulancia de soporte vital básico de Sacyl tardó “poco más de 30 minutos” en llegar. El propio denunciante precisa que la indisposición “no fue de gravedad extrema” y que el hombre pudo ser estabilizado mientras esperaba la asistencia sanitaria.

El técnico considera que, debido a la afluencia de público prevista, el concierto debería haber contado con un dispositivo sanitario preventivo contratado por la organización. Sánchez Fraile atribuye responsabilidades al Ayuntamiento de Astorga y a la promotora del espectáculo, así como a la Subdelegación del Gobierno en León, y sostiene que la ausencia de este servicio podría contravenir la normativa sobre espectáculos públicos y autoprotección.