Más de 1.500 personas han desafiado este sábado la lluvia para salir a las calles de León y reclamar medidas que garanticen el acceso a una vivienda. La manifestación, convocada por la Asamblea Vivienda León, ha partido de la plaza de Guzmán y ha recorrido el centro de la ciudad hasta San Marcelo bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio', en una jornada marcada por el rechazo, apenas 24 horas antes, de los dos decretos de vivienda en el Congreso. La lluvia ha comenzado a caer de forma notable justo cuando ha comenzado la protesta.

La movilización ha trasladado a León el clima de protesta que se ha extendido por distintas ciudades españolas en las últimas semanas. El detonante más reciente ha sido la caída en el Congreso de los dos reales decretos-ley que incluían medidas de protección para personas vulnerables ante determinados desahucios, prórrogas de contratos de alquiler y otras medidas relacionadas con el acceso a la vivienda. PP, Vox y Junts votaron en contra de las normas, que finalmente no fueron convalidadas.

Durante el recorrido se han escuchado gritos contra el sector inmobiliario, así como contra el Gobierno y su gestión: “Gobierno responsable, rentistas culpables”, “Contra la especulación, expropiación” o “No toleramos ni un desahucio más”.

“La vivienda no es una mercancía”

Al finalizar el recorrido se ha leído un manifiesto en el que la Asamblea Vivienda León ha puesto el foco en el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en la misma casa y cuyo caso se ha convertido en uno de los símbolos de las recientes movilizaciones por la vivienda. El colectivo considera que su situación, junto con la de otras personas afectadas por desahucios, evidencia la dimensión social del problema.

El texto sostiene que la vivienda funciona actualmente “como una mercancía”: las casas se compran, venden y alquilan con el objetivo de obtener rentabilidad mientras las personas que necesitan una vivienda encuentran cada vez más dificultades para pagarla. Además vincula esta situación con el encarecimiento de los alquileres, los desahucios, el endeudamiento y el retraso en la emancipación de los jóvenes.

La Asamblea ha puesto un ejemplo concreto sobre la situación en León: según sus datos, dos de cada tres jóvenes destinan más de un 40% de su salario al alquiler, una situación que, a su juicio, se produce en un contexto de subida de los precios de la vivienda y de salarios que no han evolucionado al mismo ritmo.

Críticas a las administraciones y llamamiento a organizarse

El manifiesto leído durante la marcha también dirige críticas a la Junta de Castilla y León, a la que acusa de no desarrollar las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda y de no declarar zonas tensionadas, “Queremos denunciar públicamente la inacción, la dejadez y el boicot ideológico de la Junta negándose a declarar zonas tensionadas, a perseguir la especulación y el descontrol de los pisos turísticos y a ampliar el parque público de vivienda social ”.

La organización ha defendido además la necesidad de ampliar el parque público de vivienda social, limitar la especulación y abordar el impacto de los pisos turísticos. Su planteamiento pasa por considerar la vivienda como un derecho fundamental y no como un activo destinado prioritariamente a generar rentabilidad.

“El problema no puede reducirse simplemente a que 'faltan viviendas' ”, señalan en el manifiesto para criticar que la propuesta de “Construir más casas no garantiza el acceso a ellas”. Por ello señalan que “la cuestión es quién tiene la propiedad, quién especula y obtiene ingresos de ella”.

La movilización de este sábado ha cerrado con un llamamiento a mantener la organización y continuar las protestas. En el manifiesto, la Asamblea Vivienda León plantea incluso la necesidad de avanzar hacia una huelga general como una de las herramientas de presión social frente a lo que considera una situación de emergencia habitacional. Los sindicatos CCOO y UGT, presentes en la protesta, han dejado abierta la puerta a la convocatoria, una facultad exclusiva de ellos según la Ley.

Para finalizar han reivindicado que “Urge continuar escalando la lucha hacia la completa y real desmercantilización de la vivienda para su reconocimiento como un derecho fundamental”.

Hoy todos los ojos estaban puestos en el Congreso de los Diputados de España. Y no sólo porque se debatían dos importantes reales decretos sobre vivienda, que buscaban a propuesta del Gobierno de coalición la ampliación de la protección para quienes viven de alquiler o están inmersos en procesos de desahucio, como el de la madrileña Maricarmen.

También porque el hecho de que finalmente hayan sido tumbados por una mayoría parlamentaria de derechas provoca una tensa y casi definitiva ruptura de ese Gobierno por alguno de sus hasta ahora socios, como el PNV o Junts per Catalunya, al votar con Partido Popular (PP) y Vox. Y todo indica que eso precipitará, incluso para este mismo año, el adelanto de nuevas elecciones generales.

Así las cosas, desahucios como el de Maricarmen pueden volver a ocurrir desde este viernes. La mayoría del Congreso de los Diputados, con los votos de Junts, PP y Vox, ha tumbado los decretos de vivienda que aprobó el Gobierno el martes en el Consejo de Ministros. Los independentistas catalanes, con los que el Ejecutivo negoció el texto para incluir la inmensa mayor parte de sus demandas a cambio de que permitieran la convalidación, se mantuvieron en la decisión adoptada a última hora del jueves y votaron 'no' a ambos decretos. Y dejan ahora la legislatura más cerca que nunca de un adelanto electoral en el que ya trabaja la Moncloa.

Con este doble escenario, por un lado social, sobre el drama de la vivienda, y por otro político, la provincia de León miraba al Parlamento también con ojos de mirada local. Y lo hacía para escudriñar el sentido del voto que finalmente mantenían frente a los dos decretos los cuatro leoneses y leonesas con representación en el Congreso.

Por un lado, la actualmente portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, y su compañera de candidatura en los últimos comicios de julio de 2023, Silvia Franco. Sin margen para la sorpresa, y en alta voz, como se decidió que fuera esta vez la votación de los reales decretos, ambas manifestaron su 'no' a las iniciativas. Un rechazo que finalmente se materializó en la Cámara Baja de manera mayoritaria.

También tuvieron que incorporarse de su escaño y votar de viva voz, en este caso con un esperado 'sí' a los reales decretos, los dos parlamentarios del Grupo Socialista electos por la provincia leonesa: el actual secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y la que fuera entonces su número dos, Andrea Fernández.

No tuvieron ninguno de ellos el protagonismo de tomar la palabra en el hemicilo pero con sus votaciones esas fueron las cuatro voces leonesas, y sus posiciones, en un debate repleto de tensión, de cruce de reproches entre el Gobierno y sus socios, por un lado, y aquellos grupos que finalmente consiguieron reunir una mayoría parlamentaria para no sancionar los decretos.

El escritor leonés Julio Llamazares se ha alzado con el Premio Nacional de Narrativa 2026 que concede el Ministerio de Cultura, dotado con 30.000 euros, por su obra ‘El viaje de mi padre’, de la editorial Alfaguara.

Llamazares relata en esta nueva obra el viaje realizado por su padre, Nemesio Alonso, durante la Guerra Civil, contienda en la que estuvo presente en citas como la batalla de Teruel.

El jurado, reunido este viernes, ha destacado el “profundo calado memorialístico y humano” de un relato “donde los recuerdos, las heridas y tantas preguntas sin respuesta nos muestran cómo las huellas de la Guerra perviven en un territorio”.

Nacido en Vegamián (León), Julio Llamazares cuenta con una extensa y reconocida trayectoria literaria que abarca prácticamente todos los géneros, desde la poesía y la novela hasta la crónica, la literatura de viajes, el relato corto y el guion cinematográfico, convirtiéndose en una de las voces más destacadas de la literatura española contemporánea.

Su obra abarca muchos registros literarios, que van desde la poesía con obras como ‘La lentitud de los bueyes’ (1979) y ‘Memoria de la nieve’ (1982), recopilaciones de artículos como ‘En Babia’ (1991), ‘Nadie escucha’ (1995) y ‘Entre perro y lobo’ (2008), hasta la literatura de viajes como ‘El río del olvido’ (1990 y 2006), ‘Trás-os-Montes’ (1998), ‘Cuaderno del Duero’ (1999), ‘Las rosas de piedra’ (2008), ‘Atlas de la España imaginaria’ (2015), ‘El viaje de don Quijote’ (2016) y ‘Las rosas del sur’ (2018).

También ha escrito crónica como ‘El entierro de Genarín’ (1981 y 2015), relatos cortos como ‘En mitad de ninguna parte’ (1995 y 2014) y ‘Tanta pasión para nada’ (2011), y el dietario ‘Primavera extremeña’ (2020). Además, entre sus novelas están ‘Luna de lobos’ (1985), de la que también escribió el guion cinematográfico, ‘La lluvia amarilla’ (1988), ‘Escenas de cine mudo’ (1994 y 2006), ‘El cielo de Madrid’ (2005), ‘Las lágrimas de San Lorenzo’ (2013), ‘Distintas formas de mirar el agua’ (2015) y ‘Vagalume’ (2023).

Investigadores de la Universidad de León (ULE) acaba de hacer una llamativa aportación a la ciencia con el descubrimiento de una nueva especie bacteriana a partir de muestras de carne adquiridas en supermercados de esta provincia, motivo por el que la han bautizado como 'Acinetobacter legionensis', por el nombre romano Legio que dio origen al de la ciudad de León.

El hallazgo de esta bacteria, desconocida hasta ahora, ha sido recién publicado en la revista científica 'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology' y se puede consultar aquí.

El estudio subraya que no se trata en absoluto de una alerta alimentaria ni de un problema detectado para los consumidores, ya que es totalmente inocua. Es, por el contrario, un descubrimiento relacionado con la biodiversidad microbiana asociada a los alimentos. El nombre de 'Acinetobacter legionensis' proviene de haber sido en León donde fueron recogidas las muestras que permitieron su identificación. Junto a ella, los científicos también han descrito una segunda especie inédita, denominada 'Acinetobacter psychrotolerans'.

El trabajo consultado por EFE está liderado por la investigadora Alba Puente Baños, del departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria, y miembro del grupo de investigación Newtec, Nuevas Tecnologías de Conservación de los Alimentos y Seguridad Alimentaria. Cuenta además con la participación de especialistas de la ULE, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL), del Instituto de Investigación Biosanitaria de León (IBIOLEÓN) y de la Universidad de Oporto.

En pollo, cerdo y vacuno

Los investigadores analizaron doce aislamientos bacterianos procedentes de distintas muestras de carne fresca y preparados cárnicos adquiridos en supermercados leoneses entre febrero y mayo de 2022. Once de ellos pertenecían a la nueva especie 'A. legionensis y uno a A. psychrotolerans'. Las bacterias fueron localizadas en productos de pollo, cerdo y vacuno.

Entre los alimentos en los que aparecieron se encuentran hamburguesas de pollo, costillas, lomo y panceta de cerdo, carne picada, carrilleras de vacuno y filetes de ternera, tanto envasados como vendidos sin envasar.

El objetivo de la investigación era conocer mejor las bacterias presentes en los productos cárnicos, un ámbito donde todavía existen numerosas especies sin catalogar.

Técnicas avanzadas de secuenciación genética

Para demostrar que se encontraban ante microorganismos nunca descritos, los científicos recurrieron a técnicas avanzadas de secuenciación genética y compararon sus resultados con las más de 90 especies reconocidas actualmente dentro del género 'Acinetobacter'. Fue así que los análisis mostraron que las cepas encontradas en León formaban ramas independientes y claramente diferenciadas respecto a todas las especies conocidas hasta ahora.

Uno de los datos más llamativos del trabajo es que 'A. legionensis' parece ser relativamente frecuente. Los autores recuerdan que una investigación previa ya había detectado esta bacteria en al menos once de las cien muestras de carne analizadas, lo que apunta a que podría estar ampliamente distribuida en este tipo de productos.

Además, el descubrimiento ha permitido revisar clasificaciones científicas anteriores. Los investigadores concluyen que una cepa identificada hace años como perteneciente a otra especie, 'Acinetobacter guillouiae', debe ser reclasificada dentro de la nueva especie leonesa. Otros dos aislamientos históricos podrían seguir el mismo camino, aunque todavía requieren confirmación.

La puerta a nuevos descubrimientos

El trabajo aporta también información sobre las características biológicas de las nuevas bacterias. En el caso de 'A. psychrotolerans', los investigadores comprobaron que no puede crecer a temperaturas superiores a 30 grados, una particularidad poco habitual dentro de este grupo de microorganismos.

Los autores consideran que el hallazgo amplía el conocimiento sobre la diversidad microbiana presente en los alimentos y facilitará la identificación de especies que hasta ahora podían pasar inadvertidas o confundirse con otras ya conocidas.

La investigación ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y con apoyo de la Junta de Castilla y León, consolidando a los grupos de microbiología alimentaria de la Universidad de León entre los referentes nacionales en el estudio de microorganismos presentes en la cadena alimentaria.

Un accidente laboral de un trabajador contratado por la Junta de Castilla y León para la apertura de una pista forestal en la comarca leonesa de Omaña ha acabado ayer martes con su fallecimiento, al caer por una ladera la máquina que se empleaba para estas labores. El empleado tenía 48 años de edad, confirman fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de ayer, en torno a las 14.30 horas, según se dio aviso, también al servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta. Las primeras informaciones especificaban que la alerta surgió cuando alguien vio una máquina retroexcavadora caída en las inmediaciones de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes.

La Guardia Civil, que fue alertada de manera inmediata y se personó en la zona, confirmó posteriormente que el cuerpo del conductor de la máquina se encontraba fuera del vehículo, del que habría salido despedido al caer la misma por una ladera, por causas que aún están bajo investigación, al tratarse oficialmente de un accidente laboral, confirman también desde la Delegación Territorial de la Junta en León. Estas mismas fuentes matizan además que la víctima estaba contratada a través de una empresa privada contratada por la Junta, y realizando labores en el monte, en concreto la apertura de una pista forestal.

La Guardia Civil fue la encargada de poner en marcha el complejo operativo para el rescate del cuerpo, que se pudo comprobar que ya estaba sin vida, del conductor de la excavadora. Participaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, en la provincia leonesa, con el apoyo del helicóptero de la Comandancia de León, los cuales posteriormente trasladaron el cuerpo a León para la realización de la autopsia. Las mismas fuentes confirman que se han iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias concretas del suceso mortal, sin ofrecer más detalles sobre el resultado de las primeras investigaciones.

La Junta de Castilla y León ha iniciado el procedimiento para declarar Proyecto Regional a 'Compostilla Green', el complejo industrial que Perseus Power SL plantea construir en el polígono de El Bayo Cubillos del Sil para producir hidrógeno renovable y combustible sostenible para aviones. La declaración, que todavía no está aprobada, supone abrir una vía de tramitación específica para un proyecto considerado de especial relevancia por sus dimensiones y su impacto territorial y permitirá coordinar y agilizar los distintos trámites necesarios para su desarrollo, entre ellos los urbanísticos y ambientales.

El anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) abre al mismo tiempo el periodo de información pública y la consulta a las administraciones y personas interesadas. El proyecto deberá someterse además a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, integrada en el procedimiento de aprobación del Proyecto Regional. Es decir, la planta todavía no está aprobada, sino que comienza ahora el procedimiento administrativo que puede desembocar en su declaración como Proyecto Regional.

'Compostilla Green' se plantea íntegramente en la ampliación del polígono industrial de El Bayo y contempla una inversión aproximada de 632,5 millones de euros. El proyecto recibió 78,9 millones de euros de ayudas públicas del Gobierno de España dentro del programa destinado a impulsar grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable.

El corazón del complejo será una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis alcalina con 250 megavatios de potencia. El proyecto incorpora además instalaciones para el tratamiento de agua, refrigeración, compresión, almacenamiento y suministro eléctrico, así como una planta destinada a transformar el hidrógeno y CO2 de origen biogénico en combustible sintético sostenible para la aviación (eSAF).

A ello se sumarán diferentes infraestructuras de conexión y abastecimiento, entre ellas líneas eléctricas soterradas, un hidroducto para transportar hidrógeno, conducciones de CO2 y tuberías para la captación y el vertido de agua. La documentación publicada por la Junta no concreta por ahora la superficie total que ocupará el complejo.

Una vía para agilizar la tramitación

La elección de la figura de Proyecto Regional no es un trámite menor. La Junta considera que, por las dimensiones de 'Compostilla Green' y por sus efectos más allá del término municipal, el proyecto necesita una ordenación territorial y urbanística específica. Su declaración como Proyecto Regional permitirá encauzar dentro de un mismo procedimiento buena parte de las actuaciones necesarias para su implantación.

Los terrenos donde se plantea la instalación ya fueron objeto de un Plan Regional aprobado en 2024, precisamente para ordenar la ampliación del polígono de El Bayo y facilitar la llegada de proyectos industriales de gran tamaño y elevado contenido tecnológico.

La tramitación autonómica había dado otro paso en febrero de este año, cuando la entonces Consejería de Industria, Comercio y Empleo emitió un informe favorable para iniciar la tramitación del Proyecto Regional debido a la naturaleza industrial de la iniciativa. Ahora, la resolución del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, fechada el 25 de septiembre, pone formalmente en marcha el procedimiento.

45 días para presentar alegaciones

La resolución abre un periodo de 45 días de información pública, audiencia a las administraciones y consulta ambiental. Durante ese tiempo, las personas y entidades interesadas podrán formular observaciones y alegaciones sobre el proyecto.

La documentación podrá consultarse en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Delegación Territorial de la Junta en León, en la avenida de los Peregrinos, y a través de las páginas de información pública y ordenación del territorio de la Administración autonómica.

La provincia leonesa, una de las que más sufre la despoblación en España, ha conseguido 3.329.530,64 euros de financiación de la última convocatoria, la de 2025, de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del Gobierno.

Se trata de un total de 16 proyectos de instituciones públicas leonesas que han pasado el corte y conseguido recibir apoyo económico estatal como proyectos innovadores que buscan por diferentes caminos la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. La cifra difiere de los apenas 10 y poco más de 2 millones de euros que destacaba una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Pero casi tan llamativo como el dinamismo de muchos ayuntamientos leoneses por obtener dinero para sus diferentes planes de freno y recuperación poblacional ha resultado el hecho de que la Diputación de León, que cogobierna el PSOE junto a Unión del Pueblo Leonés (UPL) decidió no concurrir a la convocatoria y por lo tanto no presentó en plazo ninguna iniciativa a esta línea de ayudas. Esa dejadez es el único motivo por el cual la institución provincial leonesa no aparece en el listado dado hoy a conocer por Miteco como los agraciados.

La situación es más sorprendente aún si se comprueba que al menos 18 diputaciones provinciales o forales sí presentaron proyectos que aparecen con propuesta favorable. En la lista están los de Cuenca, Ourense, Sevilla, Albacete, Cáceres, Valencia, Castellón, Ciudad Real, Huesca, Álava, Huelva, Toledo, Pontevedra, Córdoba y cuatro de la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León, como Valladolid, Burgos y las provincias de la Región leonesa Zamora y Salamanca.

Llama aún más la atención la inclusión de Valladollid, con un proyecto que obtiene 241.497 euros llamado genéricamente 'Transformación territorial y demográfica en la provincia de Valladolid'. Solo tres diputaciones peticionarias, y por diferentes motivos, se quedaron sin dinero estatal: Teruel, Segovia y Almería.

Y para rizar aún más el rizo, hasta la Comunidad de Madrid se alzó con dinero estatal, 267.478,19 euros, para la implantación del transporte a la demanda en el entorno rural de la Sierra Oeste. Comparando, se puede destacar también que la Junta de Castilla y León no planteó proyectos pero en realidad tiene una explicación: la convocatoria sólo permitía solicitudes de autonomías uniprovinciales.

El listado completo en León

El definitivo reparto leonés, que detallamos en el documento adjunto al final de esta información, incluye 198.152,58 euros para 'Convive Gordoncillo'; 200.000 para 'La Casa del Lúpulo del Órbigo', en Carrizo; 299.168,30 para el proyecto conjunto de Fabero y Peranzanes 'Bosques de bienestar y calidad de vida'; y 178.616,25 para la Plataforma Comarcal Piloto de Gestión Inteligente de Residuos y Economía Circular en Entornos Rurales de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Esla.

También reciben financiación el municipio berciano de Oencia, con 193.200,01 euros para la recuperación del castañar y la reactivación económica tras los incendios de 2025; Molinaseca, con 200.000 euros para 'Molina-Activa'; Rioseco de Tapia, con 196.000 euros para su centro de formación e interpretación micológica; y Villagatón, en la comarca de la Cepeda, con 180.000 euros para 'Hilando Futuro'.

El listado se completa con los 180.000 euros concedidos a Riaño para su Centro de Día para Personas Mayores; 170.543,50 para la planta de clasificación y valorización de la castaña de Sobrado; 297.000 para el proyecto de microreservas y servicios ecosistémicos de Puebla de Lillo y Reyero; 199.950 para 'Veceira Corullón'; 180.000 para 'El Camino, una salida', de Igüeña; 198.000 para la Base de Investigación y Operaciones de Cabrillanes, en Babia; y 189.000 euros para 'Porta Ancares', el proyecto de camping sostenible y señalización e interpretación territorial del Valle de Ancares.

Incluso una institución supramunicipal, como es el Consejo Comarcal del Bierzo, al contrario que la Diputación, sí presentó proyecto, llamado 'Terra Renata', y consiguió un total de 269.900 euros para financiarlo.

Otros en el tintero

Hay que resaltar que también hubo algunos proyectos leoneses que superaron la valoración pero al final se quedaron sin subvención por falta de presupuesto suficiente del Miteco. Fueron cinco iniciativas que quedan en lista de reserva y suman 609.652,56 euros de ayuda solicitada: Murias de Paredes, con 195.539,13 euros para servicios de proximidad y empleo; la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, con 39.052,80 para 'Biosferia'; Castrillo de Cabrera, con 108.000 para un anillo verde y la rehabilitación de su albergue; Benavides de Órbigo, con 195.060,63 para 'Biblioteca en ruta'; y la Junta Vecinal de Salce, del municipio omañés de Riello, con 72.000 euros para recuperar antiguas veceras, un sistema casi perdido de turnos de ganado.

Por último, hay otra lista final que suma once proyectos leoneses que han resultado desestimados o excluidos por diferentes motivos, que suman otros 2,18 millones de euros de ayudas solicitadas que no llegarán. Así son los casos de los presentados por los municipios de Castrocontrigo, Llamas de la Ribera, Almanza, Laguna de Negrillos, Sahagún, Villaquejida y Matallana de Torío.

Pero sobre todo muchos de la comarca de El Bierzo: Camponaraya, Noceda del Bierzo, Páramo del Sil, Vega de Espinareda, San Facundo (Torre del Bierzo), Villafranca del Bierzo, Balboa y Bembibre, en el que precisamente es concejal el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel. Ninguna de ellas alcanzaron, según el Ministerio, las puntuaciones mínimas exigidas o bien incurrieron en incidencias que impidieron su selección.

40 millones para 189 proyectos en España

En general, la convocatoria del Miteco movilizó 40 millones de euros para 189 proyectos en toda España, después de recibir más de 1.200 solicitudes. Castilla y León, con 37 proyectos seleccionados, ha sido la segunda comunidad con mayor número de iniciativas financiadas. La propia nota oficial señala que las ayudas pretenden generar nuevas oportunidades económicas y sociales, diversificar las economías locales y contribuir a fijar y atraer población, que eran los fines de las iniciativas.

Aquí dejamos los listados oficiales completos de las subvenciones a proyectos innovadores promovidos por entidades locales para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación en la provincia de León, Miteco 2025.

Poco antes de las siete de la tarde, hora en la que estaba convocada la concentración de protesta de la Asamblea por la Vivienda de León, descargó una potente tormenta en el centro de la capital leonesa bajo la que se congregaron un centenar de personas y sus paraguas. Esta imagen ante la Casa Botines del arquitecto Antonio Gaudí marcó la convocatoria de indignación a raíz del desahucio de Maricarmen la pasada semana en Madrid y para exigir un giro radical en las medidas en defensa del derecho a una vivienda digna y contra la especulación inmobiliaria.

La pancarta que presidía el encuentro, 'Contra el rentismo y la complicidad de los gobiernos', fue la principal consigna de una protesta con abundante presencia de jóvenes que la lluvia deslució y acortó. Dio tiempo, eso sí, para informar de que la lucha seguirá y será pronto: el miércoles 30 se ha convocado una Asamblea de Vivienda al aire libre, en el parque de La Granja de la ciudad, para debatir la actual situación y adoptar las siguientes medidas ante el problema que ha espoleado el desahucio de Maricarmen como símbolo.

Precisamente en su apoyo, y en el de todas las personas afectadas por desalojos forzados de sus viviendas, así como de los jóvenes que ven imposibilitado su acceso a una vivienda, se leyó un comunicado que puso punto y final a la concentración.

Un total de nueve personas, tres de ellas menores de edad, fueron detenidas en la madrugada del pasado sábado como intervinientes en una trifulca producida en el Barrio Húmedo de la capital leonesa.

En la intervención policial, en la que también se incautaron un total de seis armas blancas de diferente tipo, participaron conjuntamente antes de la Policía Nacional de la Comisaría de León y de la Policía Local municipal, según resalta una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Según las mismas fuentes, la actuación policial puso fin a una pelea originada en principio en una calle del entorno del Barrio Húmedo y en el transcurso de una persecución que por la zona protagonizaron un grupo de jóvenes, algunos portando las armas blancas mencionadas. Sin embargo, resaltan que no se produjo ningún herido por ninguna de esas armas sino que sólo hubo que intervenir sanitariamente en el caso de otro joven que sufrió una fuerte caída al intentar huir de la zona en un patinete eléctrico para evitar su identificación y detención. Las mismas fuentes indican que en concreto esta persona sufrió una fractura de tobillo y tuvo que ser atendida en el lugar antes de decidirse su traslado e ingreso en el Hospital de León.

El episodio tuvo lugar en torno a las 2.30 horas del sábado, concretan desde la Subdelegación, que resaltan el éxito de “la respuesta inmediata y de la coordinación entre los distintos cuerpos policiales, especialmente en aquellas zonas y franjas horarias en las que se concentra una mayor actividad de ocio nocturno”. Y es que precisamente este lunes se analizó este caso concreto en el seno de una reunión protagonizada por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, con el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Miguel Ángel del Diego Ballesteros, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez.

El desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años obligada el pasado miércoles a abandonar la vivienda de alquiler del distrito madrileño de Retiro en la que había residido durante más de 70 años, tendrá también respuesta en la provincia de León y en concreto en la capital. La Asamblea por la Vivienda de León ha convocado para este lunes 28 de septiembre, a las 19.00 horas, en la plaza de Botines, una concentración bajo el lema ‘Por todas las Maricarmen’.

La organización leonesa asegura que el caso es “especialmente sangrante” y llama a salir a la calle tanto por Maricarmen como por quienes puedan encontrarse en situaciones similares. “Seguiremos organizándonos”, señala la convocatoria difundida en sus redes sociales, que plantea la movilización también como una protesta más amplia ante el problema del acceso a la vivienda.

El caso que ha originado la protesta comenzó años atrás. Maricarmen tenía un contrato de alquiler que había sido subrogado desde sus padres y llevaba más de siete décadas en el mismo piso. Tras años de litigio y varios intentos anteriores de lanzamiento, el desahucio terminó ejecutándose el miércoles 23 de septiembre, generando una oleada de indignación y protestas.

Las imágenes del desalojo convirtieron rápidamente a Maricarmen en símbolo de las protestas por la vivienda. Este sábado, una manifestación recorrió el centro de Madrid bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’. La Delegación del Gobierno cifró la participación en unas 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas, convocante de la movilización, elevó la asistencia a 300.000.

La movilización no terminó con la marcha. Cientos de participantes regresaron a la Puerta del Sol y levantaron una acampada que a lo largo del fin de semana no ha dejado de crecer. Los colectivos movilizados reclaman el denominado ‘decreto Maricarmen’, con medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos y limitar los supuestos en los que los propietarios pueden no renovar los contratos, entre otras reivindicaciones. Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja para llevar al Consejo de Ministros del martes un nuevo decreto ley sobre vivienda.

Con este escenario como telón de fondo, la protesta se traslada ahora también a León, el lunes en pleno centro de la capital leonesa.

La modernización del regadío del Canal de Villadangos, en el centro geográfico de la provincia leonesa, afronta ahora uno de sus trámites más concretos: la expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar la primera fase de las obras. La Junta de Castilla y León ha iniciado el expediente de expropiación forzosa y ha declarado la necesidad de ocupación de 114 fincas y bienes, que en conjunto suman 110.119 metros cuadrados, algo más de 11 hectáreas.

La medida se recoge en la orden publicada este jueves, 24 de septiembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). En ella, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental aplica además el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, con el objetivo de disponer de los terrenos necesarios para ejecutar las actuaciones.

La expropiación se realiza a favor de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, que había solicitado este procedimiento el pasado 27 de agosto. La relación publicada incluye 114 expedientes, correspondientes tanto a expropiaciones como a ocupaciones temporales, y afecta principalmente a terrenos agrícolas de Villadangos del Páramo, aunque también aparecen afecciones puntuales en términos municipales colindantes como por ejemplo Chozas de Abajo.

Entre los terrenos afectados figuran parcelas privadas dedicadas a labor de regadío, pertenecientes tanto a particulares como a sociedades agrarias. El listado incorpora además bienes e infraestructuras de dominio público, como caminos municipales, terrenos de la empresa pública Adif vinculados a la vía férrea, la carretera N-120 y la autopista AP-71, ambas conexiones de León-Astorga, así como propiedades del Ministerio de Agricultura y de la Junta Vecinal del pueblo de Villadangos del Páramo.

Desde 2020

El trámite llega después de un proceso que comenzó varios años atrás y que ha experimentado una aceleración especialmente intensa durante 2026. En octubre de 2020 se declaró de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona del Canal de Villadangos-Canal de Velilla de la Reina. Un año después, en noviembre de 2021, la Junta, a través del Itacyl, la sociedad estatal Seiasa y la Comunidad de Regantes firmaron el convenio de colaboración para impulsar la modernización.

Después se abrió un periodo de tramitación que ha mantenido el proyecto en marcha durante años hasta desembocar en los últimos meses en varios pasos decisivos. En junio de 2026 el proyecto técnico y la relación de bienes afectados fueron sometidos a información pública sin que se presentaran alegaciones. El 18 de agosto el director general del Itacyl aprobó definitivamente el proyecto y apenas un mes después, el 17 de septiembre, el consejero de Agricultura firmó la orden que pone en marcha la expropiación urgente, la que ahora arranca.

La actuación forma parte del proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, cuya primera fase corresponde a la Junta a través del Itacyl. Esta etapa contempla la construcción de la tubería de abastecimiento hasta la estación de bombeo, la propia estación, un tramo de la red principal de riego y las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión asociadas. También incluye la retirada y desmantelamiento de infraestructuras de riego que han quedado obsoletas.

Los municipios

En conjunto, la modernización pretende transformar el sistema actual de riego mediante acequias y riego por superficie en una red de tuberías a presión que permita el riego a la demanda. El proyecto de la zona contemplada en esta primera fase afecta a 2.954 hectáreas repartidas entre Bustillo del Páramo, Chozas de Abajo, San Pedro Bercianos, Valdevimbre y Villadangos del Páramo.

La intervención forma parte de un proyecto promovido conjuntamente por la Junta de Castilla y León, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). Está encuadrada en el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con la consideración de actuación de interés general y de utilidad pública.

El proyecto global recibió además un impulso económico en julio de este año. El Consejo de Ministros autorizó a Seiasa la ejecución de dos fases de modernización del Canal de Villadangos por más de 57,6 millones de euros. La actuación global prevista alcanza 5.938 hectáreas y beneficia a 1.322 regantes.

La Junta de Castilla y León ha ampliado su petición al Gobierno central para que Carracedo de Compludo y Palacios de Compludo sean incluidos entre las localidades afectadas gravemente por la riada con arrastre de los incendios del pasado 15 de agosto en el municipio de Ponferrada. La modificación del acuerdo autonómico inicial incorpora estos dos pueblos a Manzanedo de Valdueza y Bouzas, que ya formaban parte de la solicitud de declaración.

El paso llega después de que el Consejo de Gobierno de la Junta modificara el pasado 17 de septiembre su petición inicial del 20 de agosto. Ahora la solicitud remitida al Ejecutivo central incluye a las cuatro localidades afectadas, aunque la declaración para Carracedo y Palacios todavía depende del Gobierno de España.

La diferencia es relevante porque el Consejo de Ministros ha incluido ya a Manzanedo de Valdueza y Bouzas entre las zonas afectadas por una emergencia de protección civil, lo que abre la puerta a que particulares, empresas y administraciones puedan solicitar ayudas por los daños, siempre que puedan acreditarlos y cumplan los requisitos establecidos. Carracedo y Palacios, sin embargo, no figuran en esa declaración y quedan a la espera de que el Gobierno central resuelva la nueva petición.

La riada del 15 de agosto provocó la muerte de dos vecinas y dejó varias personas heridas, entre ellas dos bebés, además de importantes daños materiales en los cuatro pueblos. En Carracedo de Compludo quedaron afectados varios viales, se produjo el colapso de un puente y el derrumbe de muros, mientras que en Palacios de Compludo se desbordó el cauce. En Manzanedo y Bouzas, el agua, el lodo y las piedras atravesaron parte de las localidades.

La declaración de zona gravemente afectada no supone que las ayudas se concedan automáticamente. Entre las medidas a las que pueden acceder los damnificados se encuentran ayudas por daños personales y materiales en viviendas y enseres, compensaciones por los gastos asumidos por el Ayuntamiento y apoyo para reparar infraestructuras y equipamientos dañados. También pueden contemplarse reducciones o exenciones de determinados impuestos y otras medidas económicas.

En el caso de los Ayuntamientos, las ayudas estatales pueden alcanzar hasta el 50% del coste de determinados proyectos de reparación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos públicos. Para acceder a ellas será necesario acreditar los daños y seguir los procedimientos establecidos para cada línea de ayuda.

Los resultados del último Informe PISA acerca de la calidad educativa de los países resultan demoledores, no solo en la interpretación nacional, también en la mundial. El reciente pronunciamiento de la OCDE, promotora del estudio, es un diagnóstico más allá de la penuria formativa en todo el mundo y, por ende, en esta sociedad. Es toda una declaración de crisis de valores, de una civilización en la uvi, de ese Occidente sofrito en sus mantras analógicos y digitales.

El desglose por naciones vuelve a dejar a España en el furgón de cola. Como casi siempre, por debajo de la media. Algo esperado cuando la educación, formación y preparación de nuestras canteras humanas es materia arrojadiza o garrote goyesco entre los partidos llamados a sucederse en las alternancias de gobierno y oposición. Según ocupen uno u otra, cambio legislativo al canto. Queda diáfano, sin obstáculos para la duda, que, en sus estrechas mentes, la educación es herramienta acre de partido y no instrumento obligado de estímulo nacional sujeto a un gran pacto de Estado. Solo les concierne conservar o asaltar el poder.

Pero no, que los árboles dejen ver el bosque. El revolcón de PISA no es de exclusiva actuación y responsabilidad política. Los políticos deben ser enseñantes de un comportamiento cívico circunscrito a la tolerancia, sin renuncia del rigor y la coherencia ideológica de sus programas ¿Se percibe algo de eso? La obviedad ejerce de mordaza. En el cóctel de causalidades hay un innegable protagonismo de aulas, hogares y calles. 

La escuela es metáfora de las incubadoras del futuro. En la cotidianidad socio-política actual ya se empiezan a concretar las alarmas de la OCDE en sus resoluciones de hace décadas. Las carencias de cada generación se contagian a las siguientes con efectos progresivos aritméticos o geométricos. La corriente de estos tiempos es el fruto de aquellos anticipos.

Así ha ocurrido con un profesorado maniatado por estulticias pedagógicas y por formaciones deficientes que se extienden como las reproducciones de las amebas. Los niveles de exigencia en el progreso de los cursos se han reducido de forma constante con la consiguiente devaluación de profesorado y alumnado. Si da lo mismo ocho que ochenta, la tendencia natural apunta a la ley del mínimo esfuerzo. 

Un vértice insalvable es la familia. Hoy un chaval de quince años, el muestreo básico del informe PISA, es rehén del uso y abuso de las nuevas tecnologías, propiciados por los padres, como recurso de entretenimiento y tener silenciado al niño cargante desde la primera infancia. Han creado, a lo mejor sin pretenderlo, un esclavo de dispositivos que amputan su capacidad de pensar, discernir y, sobre todo, dialogar cara a cara. El niño de hoy no aprende a leer ni a razonar recitando con voz de trapo los rótulos callejeros, con el orgullo visible de sus progenitores. Lo hace con una memorización artificial de signos asentados en una memoria fotográfica que, como todo aprendizaje memorístico, desaparecerá pasados pocos años.

El drama de la lectura

Leer, la materia que peor parada sale en los resultados del informe. La lectura, el elemento motriz de la cultura, neutralizada por los nuevos poderes, ya no fácticos, sino reales, de una economía caníbal, de un sistema que no se sonroja al proclamar proyectos de ocio turístico sobre los escombros que han tapado miles de cadáveres, de un mercado que sube las gráficas de actividad lesionando la casa común. La palabra asumida y entendida es el encendido de la crítica y la mecha de la rebelión. No es gratuito que el orgasmo de las tiranías sea la quema masiva de libros. Qué lección de perspicacia y sabiduría es el Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. 

Hay que leer porque los nuevos dictadores también necesitan hacerse entender. El lenguaje proclamado es escueto, de telegrama, frío como ese hielo tenazmente aplicado sobre la piel, que sugiere quemadura. No más de 148 caracteres: la maldad es parca. Estremece que otro de los grandes bofetones de las conclusiones de PISA sea la incapacidad manifiesta de buen número de chicos y chicas de quince años, para asimilar un texto de cuatrocientas palabras. Apoyemos el número en un grafismo: esas cuatro centenas equivalen a un folio por una sola cara a tipo de letra idéntico al que ilustra este artículo.

Anular la lectura es reclutar los sicarios de los totalitarismos. Esta ha sido una constante de la historia, o sea, el lavado de cerebro. Lo aterrador es que el mundo dispone hoy de sofisticados medios de lobotomía colectiva como no se han conocido. Se ha empezado por la información aderezada en el espectáculo de las mentiras y exageraciones. De eso sabe mucho la televisión que penetra en la intimidad del hogar. Y ya calienta la inteligencia artificial, que se presenta como la participación que dará la puntilla definitiva al funesto acto de pensar. Hasta los apóstoles más conspicuos de esta nueva divinidad avisan de que el asunto empieza a irse de las manos.

El último informe PISA es un soberano bofetón, quizás el último aviso, a una modorra universal que lleva el certificado de defunción, a no muy largo plazo, de nuestro estilo de vida, una civilización. Sin el cuidado y mimo de la cantera, no hay equipo campeón.

La provincia de León contará con tres nudos eléctricos incluidos en el nuevo procedimiento impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para adjudicar capacidad de acceso a la red destinada a proyectos de energías renovables y almacenamiento. Se trata de Compostilla, La Robla y Montearenas, todos ellos vinculados a territorios afectados por el cierre de instalaciones energéticas y encuadrados dentro de las denominadas zonas de transición justa.

En concreto, el procedimiento incluye los nudos de Compostilla 220/400 kV, La Robla 400 kV (para el proyecto La Robla Green) y Montearenas 220/400 kV (para los macroproyectos situados en El Bierzo). El Ministerio ha abierto este miércoles dos consultas públicas previas con las que inicia la tramitación para repartir capacidad eléctrica en distintos puntos del país.

En conjunto, los nudos incluidos en este proceso disponen de hasta 11 gigavatios (GW) de capacidad de acceso, aunque el departamento estatal no detalla en la información facilitada qué cantidad concreta corresponde a cada uno de los tres nudos leoneses.

La iniciativa parte de una manifestación de interés lanzada por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) durante los meses de abril y junio para conocer qué proyectos empresariales de generación renovable y almacenamiento permanecen a la espera de poder conectarse a la red. El sondeo abarcó nudos situados en A Coruña, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, León y Palencia, además de Puertollano.

Tras analizar las propuestas recibidas, el ITJ plantea habilitar un procedimiento ágil de adjudicación por orden de recepción de las solicitudes en determinados nudos de cinco comunidades autónomas. En ese grupo se encuentran los tres emplazamientos de la provincia leonesa, cuya capacidad permanecía hasta ahora reservada dentro de los procesos asociados a la transición energética.

Paralelamente, el Ministerio ha abierto otra consulta específica para los nudos de Guardo 220 kV y Velilla 400 kV, en Palencia, donde se ha detectado un elevado interés por proyectos de bombeo hidroeléctrico reversible y se plantea un concurso competitivo con criterios socioeconómicos y ambientales. Las alegaciones, observaciones y propuestas a las dos consultas podrán presentarse hasta el próximo 8 de octubre.

El Consejo Comarcal del Bierzo pondrá en marcha el proyecto Modelo de Innovación Sostenible de Experiencias Agroturísticas (MISEA) para incorporar a la oferta turística experiencias vinculadas a la actividad agrícola, las tradiciones y el paisaje de la comarca de El Bierzo, en la provincia de León.

El presidente comarcal, Olegario Ramón, y la consejera de Turismo, Cristina Pérez, presentaron este miércoles una iniciativa que contará con el asesoramiento de Segittur, entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo.

El objetivo es acercar el sector primario al turístico, de manera que los visitantes puedan conocer y participar en actividades relacionadas con el campo. Pérez puso como ejemplo la posibilidad de atraer visitantes durante la temporada de recogida de la castaña y destacó la necesidad de desestacionalizar el turismo.

La iniciativa pretende además generar ingresos complementarios para las empresas agrarias y contribuir a fijar actividad en el medio rural. “Somos una zona con ocho productos de calidad, con un paisaje agrario singular, una identidad fuerte y empresas agrarias”, señaló Pérez.

En principio, una decena de empresas han mostrado interés en participar, y no recibirán financiación directa, sino asesoramiento gratuito para diseñar y estructurar sus experiencias. La técnica de Turismo, Sonia Rodríguez, explicó que este acompañamiento será personalizado y concluirá con la selección de las iniciativas.

El Consejo prevé desarrollar durante los próximos meses el diseño de las propuestas para que a partir de abril de 2027 pueda estar definida la nueva oferta agroturística de la comarca. “Somos conscientes de que el turismo está cambiando, se busca autenticidad y El Bierzo lo tiene”, concluyó Pérez.

La UPL se suma a la denuncia de los sindicatos por el cierre y traslado a Valladolid del actual centro de formación de Adif en León por no realizar obras de mantenimiento, asegurando en una nota de prensa que “en una nueva vuelta de tuerca el ministro Puente no escatima esfuerzos para ningunear a León en cuanto la ocasión se le plantea”.

Para la formación política leonesista “el que Adif se plantee la construcción de un nuevo centro de formación para el año 2030 pero el previo cierre en el año 2026 del centro de formación existente, no supone más que un brindis al sol y todos sabemos que las infraestructuras que se prometen a largo plazo, al final se incumplen sin solución de continuidad y ejemplos tenemos como la estación provisional de Renfe, o la segunda fase de San Marcos, y cabe preguntarse qué sucede con la formación en el periodo de 2027 a 2030, porque es evidente que en algún lado tendrá que dar Adif la formación que realizaba en León si se procede al cierre del centro de León, y mucho nos tememos que la idea sea el traslado de estas instalaciones a Valladolid y nunca más vuelvan a León”.

Por todo ello, apoyan a los sindicatos asegurando que “lo que procede es mantener y acondicionar las actuales instalaciones acometiendo las reparaciones necesarias en el actual edificio o buscar una ubicación provisional dentro del término de León e iniciar las obras de un nuevo centro inmediatamente y no esperar al año 2030, y si ese es el horizonte que se plantea Adif, insistimos, la solución es buscar un centro provisional o, la ejecución de obras de mantenimiento de las actuales instalaciones”.

Así, desde el Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León exigen “al ministro Puente que aclare qué es lo que pretende hacer con el centro de formación de Adif de León y no utilice la vía de su mano dictatorial para arrimar el ascua a Valladolid”.

Consultado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) al respecto de la noticia que publicó ayer ILEÓn por esta denuncia, este periódico digital no ha recibido ninguna contestación al respecto.

Un proyecto del parque eólico llamado Ferromolín, promovido por la firma Promoción Eólica Peninsular V SL, perteneciente a un grupo multinacional de origen con n Dinamarca, ha iniciado su periodo de información pública como paso previo a la autorización administrativa y a la evaluación ambiental de una instalación que se extenderá entre las provincias de León y Ourense, en Galicia.

La iniciativa contempla una potencia total de 27 megavatios (Mw), a pesar de lo cual lo tramita el Gobierno central y no la Junta de Castilla y León, que habitualmente es la competente en instalaciones de energía renovable de menos de 50. El diseño se que plantea contempla la instalación de seis enormes aerogeneradores y una inversión de más de 31,1 millones de euros.

La vertiente leonesa del proyecto se concentra en el municipio de Oencia, en la comarca de El Bierzo, donde se prevé instalar uno de los molinos y ubicar otro en una posición limítrofe con el término municipal ourensano de Vilamartín de Valdeorras. Los cuatro aerogeneradores restantes se proyectan en este último municipio, mientras que O Barco de Valdeorras también figura entre los términos municipales afectados por las instalaciones. En concreto, ña distribución prevista sitúa el aerogenerador FRM-01 en Oencia; el FRM-02, en el límite entre este municipio leonés y Vilamartín de Valdeorras; y los identificados del FRM-03 al FRM-06, en territorio gallego.

Cada uno de los seis aerogeneradores tendrá una potencia unitaria de 4,5 Mw. El diseño contempla, además, cinco posiciones adicionales de reserva, así como una torre meteorológica, los viales de acceso y las obras civiles necesarias para la instalación y el mantenimiento del parque.

Una inversión de más de 31 millones

El presupuesto de ejecución material asciende a 31.142.802,36 euros. De esa cantidad, 27.169.486,12 euros corresponden a la construcción del parque eólico, mientras que los 3.973.316,24 euros restantes se destinan a la infraestructura eléctrica de evacuación.

La energía generada por los aerogeneradores se recogerá mediante una red interna de líneas eléctricas subterráneas de 15 kilovoltios (kV), que conectará las máquinas con un centro de seccionamiento, el cual ocupará una edificación de aproximadamente 230 metros cuadrados en Vilamartín de Valdeorras.

Desde allí partirá una línea subterránea de evacuación de 14,33 kilómetros de longitud, también a 15 kV, hasta la subestación SET Sil-Xares 15/220 kV, propiedad de Iberdrola Generación. Esta instalación es colindante con la subestación Santiago 220 kV, perteneciente a la red de transporte de Red Eléctrica de España.

Información pública y evaluación ambiental

La publicación del anuncio, este lunes en el Boletín Oficial del estado (BOE) y la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) abre un plazo de 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan examinar la documentación del expediente y presentar las alegaciones que consideren oportunas. El procedimiento reúne la solicitud de autorización administrativa previa y la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Por tanto, el proyecto deberá superar tanto el trámite energético como el análisis ambiental antes de obtener las correspondientes resoluciones.

La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es el órgano competente para resolver la autorización administrativa previa, mientras que la declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Las alegaciones pueden presentarse ante las subdelegaciones del Gobierno competentes en la tramitación, en León y Pontevedra, esta última en relación con la parte del proyecto situada en Ourense.

El origen del proyecto es bastante reciente, en comparación con otros muchos previos, y algunos ya deshechados por su impacto ambiental en zonas similares y también limítrofes. La promotora presentó la solicitud inicial el 5 de agosto del pasado año, 2025. Y ha sido más reciente aún, el 20 de julio de 2026, una modificación del proyecto. La apertura de la información pública permite ahora conocer las características de la propuesta y formular observaciones antes de que avance su tramitación administrativa.

León cumplirá el próximo 19 de septiembre quince años sin servicio ferroviario en el tramo urbano de la antigua Feve. Apenas tres días después, la mayor feria ferroviaria internacional de Europa, InnoTrans, abrirá sus puertas en Berlín con una muestra de trenes y tecnologías que la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha considera especialmente relevante para el futuro de la línea leonesa.

La cita, que se celebrará entre los días 22 y 25 de septiembre, reunirá a algunos de los principales fabricantes ferroviarios del mundo y permitirá conocer nuevos vehículos destinados precisamente a líneas no electrificadas. Entre ellos habrá trenes con propulsión mediante baterías o hidrógeno, tecnologías por las que apuesta el informe técnico presentado por la Plataforma a comienzos de este año como una de las posibles vías para recuperar el ferrocarril hasta el centro de León.

El contexto es especialmente significativo para una línea cuyo material móvil actual se encuentra al final de su vida útil y para la que, según advirtió aquel informe, resulta necesario comenzar cuanto antes el proceso de diseño y adquisición de nuevos trenes. Los técnicos que asesoran a la Plataforma calcularon que desde la concepción de las nuevas unidades hasta su homologación y entrada en servicio podrían transcurrir alrededor de ocho años.

Según resaltan en un comunicado de prensa, CAF presentará en Berlín uno de sus vehículos propulsados exclusivamente por baterías, después de que una unidad de la compañía haya alcanzado durante unas pruebas una autonomía superior a los 270 kilómetros sin necesidad de recarga. La empresa española informó de un recorrido de 273 kilómetros en modo batería en sus ensayos realizados en el centro de pruebas de Wildenrath.

También Stadler llevará a InnoTrans un vehículo de baterías y nuevas unidades de hidrógeno desarrolladas específicamente para diferentes redes de vía estrecha italianas. Estas últimas presentan, según destaca la Plataforma, unas características geométricas similares a las que serían necesarias para sustituir los actuales trenes que prestan servicio en la línea de ancho métrico entre León y Guardo.

Otros grandes fabricantes como Hitachi, Siemens y Alstom acudirán igualmente a la feria con soluciones de nueva generación para el transporte ferroviario, en un mercado que está desarrollando alternativas a la tracción diésel para las líneas que carecen de electrificación.

Las alternativas

Precisamente esta evolución tecnológica constituye la base de una de las tres alternativas analizadas en el informe presentado por la Plataforma en enero de 2026 para desbloquear la llegada de Feve al centro de la capital. Frente a la electrificación completa de la línea mediante trenes-tranvía, o al diseño de unidades eléctricas específicas con puertas a dos alturas, el documento apostaba por una tercera opción basada en nuevas tecnologías de tracción limpia.

Esta alternativa contemplaba el uso de hidrógeno verde, baterías, sistemas híbridos, combustibles renovables o sintéticos y combinaciones de estas tecnologías. Según los cálculos de los técnicos, requeriría una inversión global ligeramente inferior a los 170 millones de euros, frente a los alrededor de 200 millones estimados para la electrificación completa con catenaria.

La Plataforma consideró entonces que esta tercera solución permitiría reducir de forma importante las intervenciones necesarias en la infraestructura, aunque exigiera desarrollar y adquirir material móvil específicamente adaptado al ancho métrico. También defendió que las nuevas unidades podrían mantenerse en talleres ya existentes dentro de la red ferroviaria española de vía estrecha.

La llegada de estas tecnologías a la gran feria ferroviaria de Berlín es interpretada ahora por el colectivo como una confirmación de que las alternativas planteadas para León no se limitan a una propuesta teórica. La Plataforma sostiene que los trenes y sistemas que se exhibirán en InnoTrans demuestran que existen soluciones para renovar el material móvil y mantener el servicio ferroviario en líneas no electrificadas.

El futuro del tramo urbano de Feve continúa, mientras tanto, pendiente de una decisión institucional. El Ministerio de Transportes ha planteado la sustitución del servicio ferroviario en el tramo urbano por un autobús eléctrico sobre una plataforma que soterraría las vías ya instaladas, una solución rechazada por la Plataforma y la mayor parte de los grupos políticos, que reclaman mantener la infraestructura ferroviaria y recuperar la llegada de los trenes al centro de la ciudad.

Implicación de la Junta y aprobación para la galería

El informe técnico remitido en enero al Ministerio, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León planteaba además un cambio en la gestión del tramo comprendido entre La Asunción y Matallana. Entre sus propuestas figuraba que la Junta asumiera la titularidad de ese recorrido urbano, aunque Adif mantuviera la propiedad de la infraestructura, como una posible vía para desbloquear una integración ferroviaria que permanece sin resolver desde la suspensión del servicio urbano en septiembre de 2011. Esta posibilidad fue aprobada hace escasos días tras una iniciativa de Unión del Pueblo Leonés (UPL), aunque no es de obligado cumplimiento para el actual Gobierno autonómico de PP y Vox.

Quince años después de aquella desaparición, la Plataforma vuelve así a situar el foco en la necesidad de renovar las decisiones sobre el material móvil. Considera que corresponde al Ministerio y a Renfe impulsar las actuaciones necesarias en este ámbito y recuerda que cuenta con el ofrecimiento de colaboración de su grupo de asesoramiento técnico-jurídico y del Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria de la Universitat Politècnica de València.

La asociación mantiene además abierta una campaña de recaudación de fondos para financiar su actividad judicial relacionada con la defensa del ferrocarril de vía estrecha y solicita aportaciones económicas a la ciudadanía leonesa. Existe la posibilidad de realizar una transferencia bancaria a nombre de la Asociación Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, al IBAN ES2220800924233040004613o a través de Bizum al número de teléfono 609901303 y a nombre de Jesús María C.G..

El Consejo de Ministros ha incluido este martes los territorios perjudicados por trece emergencias ocurridas en la provincia de León en la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, la mayor parte de ellas en El Bierzo. Se trata de doce incendios forestales y las inundaciones provocadas por la crecida del Meruelo (en la cuenca del Boeza) en Bouzas y los desprendimientos de ladera en Manzanedo de Valdueza, que se saldaron con dos mujeres muertas y varios heridos, algunos de ellos bebés. Son dos poblaciones pertenecientes al municipio de Ponferrada, como Carracedo de Compludo, cuyos vecinos quedaron atrapados durante días por los destrozos en el vial de acceso y que, sin embargo, no ha sido incluida en este listado.

Las emergencias leonesas recogidas en el acuerdo, ordenadas según la fecha de comunicación que figura en el listado del Centro Nacional de Emergencias (CENEM), incluyen el incendio forestal del 26 de junio en Ribota de Sajambre, el del 24 de julio en Balboa, el de Vegas del Condado y las inundaciones en Manzanedo y Bouzas. La lista completa se encuentra al final del artículo.

El acuerdo aprobado por el Gobierno comprende un total de 112 episodios adversos registrados en catorce comunidades autónomas. El periodo general de referencia se extiende entre el 27 de julio y el 31 de agosto, aunque el listado incorpora algunos incendios anteriores cuyas situaciones operativas fueron objeto de comunicación y seguimiento por el Sistema Nacional de Protección Civil.

La declaración permite solicitar ayudas por daños personales y materiales en viviendas y enseres, así como por los gastos afrontados por las entidades locales y los perjuicios sufridos en establecimientos industriales, comerciales y de servicios. También podrán acogerse las personas físicas o jurídicas que aportasen medios o realizasen prestaciones durante la respuesta a las emergencias.

La inclusión en el acuerdo no implica la concesión automática de las ayudas. Las personas, empresas y administraciones afectadas tendrán que acreditar los daños y cumplir los procedimientos establecidos en cada línea de apoyo. El Gobierno podrá incorporar nuevas medidas cuando disponga de una evaluación más completa de las consecuencias.

Entre las actuaciones previstas también se encuentran posibles exenciones o reducciones en el IBI y el Impuesto sobre Actividades Económicas, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y ayudas estatales de hasta el 50% del coste de los proyectos municipales destinados a reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos dañados.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) no ha tocado ni un céntimo a mayores su previsión de inversión durante los próximos cinco años.

El Consejo de Ministros del Gobierno ha aprobado este martes el llamado plan Dora III, es decir, su plan quinquenal de inversiones y de tasas aeroportuarias de Aena entre los años 2027 y 2031, con inversiones en la red de aeropuertos española de unos 13.000 millones en esos cinco años, 58 de ellos para los cuatro aeropuertos de Castilla y León. La cifra que le corresponde finalmente al aeródromo civil leonés queda fijada en 16,3 millones, que es exactamente la misma que aparecía en el primer borrador en hace justo un año y que se definió en la última fase de consultas, el pasado mes de febrero.

Eso quiere decir que Gobierno, el Ministerio que dirige Óscar Puente y Aena no han tocado la previsión inversora para León, así como tampoco para ninguno de los otros tres aeropuertos de Castilla y León. Y eso a pesar de que en el caso leonés, la Plataforma 'Más vuelos, más futuro para León' reclamó in extremis a Aena, y a las instituciones públicas leonesas como la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, que conforman el Consorcio en vigor, que el Dora III comprometiera al menos 50 millones de euros en el próximo quinquenio.

Era su cálculo de lo que podría suponer aproximadamente la suma de las inversiones que el primer borrador contenía, que Aena dirigía a actuaciones en el campo de vuelo y plataforma como el recrecido de la pista, nuevos vehículos para la seguridad operacional y elementos de campo para los sistemas de información y comunicación. Pero reclamaban a mayores dinero para acometer como mínimo la reclamada terminal de carga para mercancías que un estudio de la Diputación cifró en 43,6 millones, así como entre 3 y 6 millones más sumaría la instalación, también largamente exigida, de un sistema de aproximación avanzado, un ILS 3, para sustituir al de nivel 1 actual que provoca más cancelaciones de vuelos.

Hay que recordar que la propia directora general de Aena, Elena Mayoral, que visitó el aeropuerto leonés de La Virgen del Camino el pasado mes de mayo tras meses de promesas y esperas, ya desvinculó a esta empresa pública y por lo tanto al Ministerio del protagonismo para acometer la terminal de mercancías, que insistió en que requería dos condiciones: la primera, que hubiera empresas de peso que quisieran usarla, y segundo que después la acometieran ellos en virtud a esa demanda. Un jarro de agua fría que la Plataforma, y la oposición en la Diputación, que se mostraron dispuestos a admitir, al contrario que los socios en el Palacio delos Guzmanes, PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Como si nada de eso hubiera pasado, el Ministerio de Transportes ha calcado las cuantías que comprometerá invertir en los cuatro aeropuertos de la Comunidad: 9,8 millones para el de Burgos, 12,7 en Salamanca y 18,5 en el de Valladolid, Villanubla.

El Ministerio ha detallado que los esos casi 13.000 millones totales de inversión hasta 2031 saldrán de los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena. Y el ministro Óscar Puente ha resaltado que el Dora III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año, en aras a una mayor competitividad.