La Autoridad Independiente en materia de corrupción en Castilla y León (AICCyL), que inició su actividad el 20 de junio de 2024 en la sede del Consejo de Cuentas, en Palencia, ha recibido ya alrededor de 60 denuncias.

El dato lo ha ofrecido este jueves el titular de la AICCYL, Luis Gracia, quien acompañado por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha celebrado un encuentro institucional con el presidente de la Diputación de León, Álvaro García Courel, para hacer su presentación oficial de este organismo ante la Institución provincial.

En la reunión de trabajo se han abordado tanto las principales funciones de la Autoridad Independiente, que está adscrita orgánica y presupuestariamente al Consejo de Cuentas, como sobre la programación de auditorías que lleva a cabo el órgano autonómico de control externo que preside Amilivia, especialmente las referidas a la provincia.

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y exalcalde de León, Mario Amilivia, destacó la buena situación económica de la Diputación de León, algo que se refleja en el informe número 300 de este organismo, en el que se analizó la asistencia prestada por la Diputación a los pequeños ayuntamientos de la provincia entre 2019 y 2022.

Así lo expuso Amilivia esta mañana durante su visita a la institución provincial, con el objetivo de dar a conocer al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, al titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción, Luis Gracia, cuyo nombramiento y cese depende del Consejo de Cuentas. 

La visita sirvió para detallar la labor que realiza Gracia, que pasa por manejar el canal externo de denuncias de Castilla y León, donde cualquiera puede interponer denuncias sobre infracciones administrativas graves, muy graves o incluso penales cometidas por las administraciones públicas. Otra de sus funciones es velar por que no haya corrupción. 

En ese sentido Amilivia y Gracia explicaron que actualmente se trabaja para que haya canales públicos de denuncia en todos los Ayuntamientos. “Venimos a darle publicidad a los canales internos y a crear un convenio en materia de integridad de las administraciones públicas, a sabiendas de que en la Diputación hay magníficos profesionales que ya tienen implantadas gran parte de estas medidas”, dijo Gracia. “Hay que estar atento a las denuncias y un canal público debe existir en todas las entidades locales de Castilla y León”, añadió Amilivia. El canal externo ha recibido en los últimos ocho meses unas 60 denuncias, la mayoría de ellas de carácter anónimo. 

Precisamente el presidente de la Diputación de León recordó que en la institución este canal está implantado desde el año 2023. “Como ejemplo de transparencia estamos sujetos a ese control. No somos una administración opaca y van a encontrar nuestra colaboración. Ese canal lleva funcionando aquí desde 2023 y no tenemos nada que esconder”, afirmó. 

En cuanto al informe 300 del Consejo de Cuentas, Amilivia destacó que la Diputación de León liquida todos sus presupuestos con superávit y con remanentes “muy importantes”. “En 2023 alcanzó los 196 millones de euros en la cuenta rendida y tienen fondos líquidos en la última cuenta rendida superiores a los 250 millones de euros, sin endeudamiento. Es una administración muy útil”, remarcó. Añade las “importantísimas funciones de carácter social” que hace, tanto de competencias propias, como es la ayuda a domicilio, como con competencias que no son propias, donde habló del esfuerzo económico que se hace para ayudar a entidades como Cosamai o la Residencia Santa Luisa. “Finalmente quiero destacar que viene rindiendo habitualmente cuentas y en estos momentos en la provincia hay unos datos de rendición de cuentas muy elevados”, dijo. 

Según Amilivia, a día de hoy casi el 84 por ciento de las entidades locales de la provincia ha rendido cuentas, un dato muy importante si se tiene en cuenta que hay 1.228 juntas vecinales. “Hay una gran seriedad y hay que recordad que detrás hay personas que trabajan sin retribución”. En Castilla y León han rendido cuentas el 85 por ciento. 

En este mismo sentido Courel agradeció todo el trabajo de las personas que están al frente de esas juntas vecinales. “Son personas que o no cobran nada, solo la satisfacción de trabajar por sus pueblos”, insistió.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena de siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y exvicepresidente del Senado, el político leonés del Partido Popular Alfredo Prada Presa, por las irregularidades en el fiasco multimillonario del llamado Campus de la Justicia entre 2005 y 2011, bajo el gobierno de Esperanza Aguirre.

En su sentencia, de 117 páginas y ponencia del magistrado Eloy Velasco, la Sala mantiene la condena a Prada Presa impuesta en septiembre por la Sección Primera de lo Penal, así como la práctica totalidad del resto de condenados por el mismo caso. De este modo, el fallo confirma la pena de 3 tres años y medio de cárcel para el director financiero del Campus de la Justicia, el también leonés Alicio de las Heras, mientras que solo absuelve de este último tipo penal al director general técnico Isabelino Baños y al director de Seguridad Andrés Gómez Gordo, exasesor de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En cuanto a los pocos cambios que la apelación sí admite, se centran en lo relativo a la responsabilidad civil, disminuyendo de manera muy cuantiosa la indemnización que la primera sentencia imponía a Alfredo Prada, Isabelino Baños, Alicio de las Heras y Andrés Gómez Gordo, que debían indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de prácticamente 40,5 millones de euros (40.482.735,78 euros). Ahora, el nuevo auto reduce esa cifra hasta sólo 10 millones de euros.

El Tribunal analiza los 25 contratos del proyecto del Campus de la Justicia que la Sección Primera consideró constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Tras el análisis de la prueba, la Sala de Apelación entiende que todos ellos son constitutivos de prevaricación por cuanto se adjudicaron de forma arbitraria sin cumplir con los requisitos legales. Respecto a la malversación, defiende que se cometió este delito en la mitad los contratos, en concreto 13, los que se alejaron del fin social del proyecto y sirvieron para el autobombo, esto es, para publicidad y comunicación, en vez a proyección y edificación pública.

Entre dichos contratos se encuentran las distintas campañas de publicidad que se pusieron en marcha, con un coste de más 5 millones de euros, el alquiler de una lona publicitaria en una fachada del centro de Madrid, la cobertura fotográfica o la creación de una revista digital, todo ello por una suma total de 10.298.034,30 euros. Esta cifra, calcula la Sala, supone en torno a un 25 % de los más de 40 millones totales del proyecto dedicado al Campus de la Justicia.

La Sala de Apelación sostiene que los contratos presentan considera, tal y como estableció la sentencia de la Sala Penal, que los contratos presentan “irregularidades esenciales” porque se ideó y puso en marcha un sistema “elusivo de la transparencia y la concurrencia contractual” en el que el único propósito era “posibilitar la arbitrariedad de la autoridad que los decidía y adjudicaba”, detalla eldiario.es.

Respecto al resto de acusados, el fallo confirma la pena de tres años y medio de cárcel para el director financiero del Campus de la Justicia, Alicio de las Heras, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, mientras que absuelve de este último tipo penal al director general técnico Isabelino Baños y al director de Seguridad Andrés Gómez Gordo. A todos los anteriores les mantiene la condena de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa.

En el caso del acusado Félix José García de Castro, asesor jurídico del proyecto, se le rebaja la condena inicial de tres años y medio de prisión a la de un año y medio por el mismo delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, mientras que para Mariano José Sanz Piñar se confirma su absolución.

Malversación por desviación de fondos públicos

La defensa de Prada, en su recurso, rechazaba la existencia de delito de malversación argumentando, entre otras razones, que ni los acusados ni los adjudicatarios de los contratos se lucraron personalmente. Sin embargo, para la Sala, el recurrente se olvida de que “no siendo suyos los caudales que podía legítimamente administrar, pues eran de los ciudadanos que los aportan a través de sus impuestos- no los podía adjudicar caprichosa y arbitrariamente – prevaricación administrativa– ni los podía administrar deslealmente, apartándolos como si fuesen particulares, de los fines públicos, esto es, de fines que lucrando a personas elegidas caprichosamente – los adjudicatarios- de forma indirecta a la par que no beneficiaban al objeto social público de edificar el Campus de la Justicia madrileño- malversación por administración desleal-” 

EL tribunal añade que lucraban con contratos inservibles a los adjudicatarios que caprichosamente elegían para prestarlos y los dedicaban a “mera autopropaganda”. La Sala recoge la doctrina del Supremo sobre la malversación que no requiere el enriquecimiento del autor sino acreditar el perjuicio que al cumplimiento de los fines públicos que cuestan dinero le supone a la Administración, que es la víctima malversada.

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al político leonés del Partido Popular (PP) que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, así como vicepresidente del Senado y exdiputado nacional por León, Alfredo Prada, por delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación agravada por 24 contratos que sumaron un total de 40 millones de euros en la construcción del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011. Un proyecto megalómano en el que a pesar de invertirse cerca de 355 millones de euros públicos apenas se construyó nada.

En su sentencia, la Sección Primera de la Sala Penal condena por el mismo delito a penas de 3 años y 6 meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto: el también leonés Alicio de las Heras, que ejerció de director financiero; Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; Andrés Gómez Gordo, que fuera director del área de Seguridad; y Félix José García de Castro, letrado contratado como asesor.

Cabe destacar que todos los condenados se benefician del hecho de que la Sala haya aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, por el largo tiempo transcurrido hasta el juicio desde que sucedieron los hechos, cuando Prada Presa estaba en la cúspide del poder político e incluso dentro del PP nacional. A todos los acusados se les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.

El sexto acusado Mariano José Sanz (subdirector general técnico), resulta absuelto porque el tribunal entiende que el máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.

Además, el fallo indica que Alfredo Prada, Isabelino Baños, Alicio de las Heras y Andrés Gómez Gordo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de prácticamente 40,5 millones de euros (40.482.735,78 euros) y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá civilmente por dicha cantidad Félix García de Castro.

En el caso de Prada, al que varios testigos esenciales señalaron como el único órgano de contratación en aquellos años, se le condena como autor del delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada. Mientras que al resto de acusados se les considera a todos ellos cooperadores necesarios.

Se obvió toda previsión económica y se eludieron los controles administrativos

En su sentencia, la Sala explica que Campus de la Justicia y los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable constituida por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio TRLCAP y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea.

Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una Ciudad de la Justicia dejó de ser el objetivo principal de CJM, indica la resolución, para convertirse en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos cuyo objeto se halla más en publicitar el proyecto del Campus, y en especial el proyecto encargado al afamado arquitecto Norman Foster que se 'vendieron' por todo lo alto y de cuya participación y obra una editorial leonesa editó un libro de lujo a precio altísimo. El estudio de Forter llegó a cobrar 10,6 millones de euros sin ejecutarse o aprovecharse apenas nada de su trabajo.

Para los magistrados, de hecho, el gasto excesivo empleado en toda la contratación que dirigía personalmente Prada Presa fue una de las causas del fracaso del proyecto. A lo largo de la sentencia, de 214 páginas, se detalla la adquisición de servicios y productos que no sirvieron al interés público y que desde la perspectiva del concepto personal de patrimonio utilizado por la jurisprudencia generaron un evidente perjuicio.

Una sentencia ejemplar por malversación: de suma gravedad

La Audiencia se basa en doctrina del Tribunal Supremo para aplicar el subtipo agravado al tener en cuenta el valor de las cantidades sustraídas y el daño causado al servicio público. Según la Sala, en estos hechos juzgado concurren ambos criterios.

La cuantía que alcanza la malversación es de “suma gravedad”, puesto que basta considerar que el contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio (Buro Happold, Gleeds Ibérica, The Bank) costó a las arcas públicas más 13 millones de euros, a los que hay que añadir los costes de los otros 23 contratos enjuiciados, cuya suma alcanza, como indica el Letrado de la Comunidad de Madrid, la cantidad de 40.482.735,78 euros. Y todo ello, alejado de una excusa de servicio público.

A criterio de la Sala, “el fracaso del proyecto del CJM se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna para comprobar a posteriori que la sociedad no tenía recursos suficientes para acometer su objetivo. Y entre esos gastos que esquilmaron a CJM se encuentran los contratos objeto de este juicio”.

Por eso, para el Tribunal, la prevaricación se demuestra al imponerse se impone la voluntad de los acusados, en especial de Alfredo Prada, pero también de los demás, que es la elección directa, acorde con sus deseos, de las empresas que van a ser contratadas.

La participación decisiva de Alfredo Prada Presa

Para la Sala, la participación de Alfredo Prada en los 24 contratos objeto de este juicio está sobradamente acreditada, no solo porque es él quien firma los contratos en representación de CJM, sino también porque tiene una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo.

Alfredo Prada interviene en los 24 contratos objeto de juicio, no solo en los de publicidad, bien mediante la convocatoria del concurso, en los casos en los que los hubo, y posterior adjudicación, bien mediante la elección directa del adjudicatario sin concurso abierto o procedimiento negociado previo. Todos los elementos señalados conducen a considerar a este acusado responsable en concepto de autor del concurso delictivo antes definido, de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal.

La sentencia explica que fue Alfredo Prada quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió contratarlo sin justificación alguna, no tanto referida al indudable prestigio mundial del estudio de arquitectura como al coste que esa contratación suponía para las arcas públicas.

Y aunque contó con el apoyo de todo el Consejo de Gobierno en este punto, la contratación de Foster & Partners se llevó a cabo sin tener en cuenta el coste añadido de los consultores con los que trabajaba el estudio de arquitectura, Buro Happold y Gleeds Ibérica, a los que se pagó su trabajo sin ningún tipo de contrato previo y sumó más de tres millones de euros al coste de la contratación de Foster & Partners.

La sentencia relata que tras la contratación del estudio de arquitectura, la actividad de CJM se centró en la promoción del proyecto del Campus y en especial del proyecto de Foster & Partners. “La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y CJM empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos”, concluye el Tribunal.

El empresario berciano José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la empresa Teconsa, ha fallecido en Madrid tras una larga enfermedad. La capilla ardiente se abrirá esta tarde a las siete en el Tanatorio de la Avenida de Milán en Ponferrada y el entierro se oficiará este martes a las 17 horas en la Basílica de la Encina.

Martínez Parra estaba condenado a casi 12 años de prisión en una pieza separada de la trama Gürtel, aunque estaba en libertad desde el pasado mes de mayo debido a su enfermedad. La Audiencia Nacional dictó sentencia contra él hace algo más de un año y le impuso una condena de 11 años y siete meses de cárcel por la adjudicación ilegal de un contrato para el suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI en el año 2006. 

El empresario berciano llegó a reconocer que actuaba en nombre de su padre y confesar los delitos por la corrupción en Boadilla del Monte. “En 2007 mi padre me dio un maletín con 1,3 millones para que lo llevase a la empresa de Correa”, declaró ante el juez reconociendo que la constructora leonesa se llevó todas las licitaciones de vivienda pública de este municipio gracias a la trama Gürtel.

También fue condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años de cárcel como consejero consejero delegado de la empresa Catisa, que explotó durante más de diez años una cantera de piedra caliza en Carucedo (León), provocando la alteración del paisaje del Espacio Natural de Las Médulas, y realizando vertidos a un arroyo y un embalse cercanos.

La resolución del alto tribunal ratifica la condena que la Audiencia de León impuso al empresario, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, el condenado deberá pagar 475.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para actuaciones de restauración en la citada cantera, denominada Peña del Rego, situada en la zona periférica de protección de Las Médulas.

En mayo de este año la Audiencia Nacional acordó la suspensión de esta condena debido a que el empresario se encontraba en estado terminal. Su cuerpo será trasladado al Bierzo para su entierro. 

José Luis Martinez Parra era hijo de José Luis Martínez Núñez, uno de los grandes empresarios de la construcción de comienzos de la democracia en España. Dueño de Tecnosa y de Empresas Martínez Núñez, también lo fue de La Crónica de León, periódico que cerró el 31 de julio de 2013 y era la punta de lanza mediática de un emporio empresarial basado en la construcción y los servicios, que lo convirtieron en una de las mayores empresas de la provincia y en uno de los símbolos de la época del boom de la construcción.

La crisis económica y la debacle del sector de la construcción se llevaron por delante el grupo Martínez Núñez y sus empresas, varias todavía en concurso de acreedores hoy en día. Por el camino quedan las acusaciones de corrupción y las imputaciones en el caso Gürtel, por haber pagado presuntamente una comisión por las obras de la variante de Olleros de Alba, y la implicación en la operación Caballo de Troya, por vender en fraude su empresa Teconsa y otras al polémico empresario Ángel de Cabo.

Martínez Núñez se hizo famoso en toda España con las acusaciones de haber intentado asesinar a José Cuiña, exconsellerio gallego con Manuel Fraga, o haber pagado presuntamente la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del PSOE. Su hijo Martínez Parra, fallecido hoy, por ser condenado por la Gürtel.

Esta cuarta semana de abril comienzan en el Senado y en el Congreso las comisiones de investigación impulsadas por el PP, en el Senado donde tiene mayoría absoluta, y el PSOE, en el Congreso junto a sus socios, surgidas a raíz del llamado caso Koldo, la investigación judicial sobre presunta corrupción de Koldo García, asesor y hombre de confianza del exministro de Fomento socialista José Luis Ábalos. Unas comisiones que se han extendido al caso de fraude fiscal y vivienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, y a la mujer del presidente del Gobierno y sus negocios, Begoña Gómez.

El exministro de Sanidad y candidato a la Generalitat por el PSC, Salvador Illa, abrirá las comparecencias en el Congreso, y el asesor Koldo García hará lo propio en la comisión del Senado. A ellos le seguirán 133 nombres más en el Congreso y otros 54 en el Senado en esta primera fase, donde no estarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni su esposa ni la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Al menos de momento. Quienes sí tendrán que ir son los leoneses, o personas con intereses y relaciones con León, que han aparecido en las investigaciones judiciales y periodísticas de estos casos.

Las comparecencias en las comisiones de investigación del Congreso y Senado son obligatorias, según la Constitución y una Ley específica creada en 1984, que obliga a “todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación nombradas por las Cámaras Legislativas”. Otra cosa es que puedan no contestar apenas amparándose en que sus casos están judicializados, tal y como ya se ha visto en antiguas comisiones, pero no evitar el 'chorreo' de preguntas de los distintos partidos con representación en la comisión. En caso de no acudir los comparecientes requeridos se les puede imputar un delito de desobediencia grave.

Caso Koldo

En el llamado caso Koldo tendrán que participar los principales cabecillas, entre ellos el empresario Juan Carlos Cueto y el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, que fue detenido en la localidad cabreiresa de Corporales, tal y como adelantó ILEÓN. Los dos deberán ir tanto a la comisión del Congreso como la del Senado.

El guardia civil detenido es considerado una de las 'piezas claves' de la trama, tal y como le señala la investigación ya que “resultó fundamental” para la adjudicación de los contratos de mascarillas valorados en 53 millones de euros, de los que los implicados habrían obtenido comisiones. Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción el suboficial mantenía una estrecha relación con Koldo García y mantenía influencia tras su paso por el Gobierno “sobre personal vinculado al Ministerio de Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados”, Puertos del Estado y Adif. Con el dinero obtenido y con el empresario Juan Carlos Cueto estaban montando una pizarrera con explotaciones en Valdeorras y la localidad de Cunas, en el municipio de Truchas.

En una de las conversaciones grabadas por la UCO en el restaurante La Chalana de Madrid , y a la que ha tenido acceso este periódico, entre Koldo García y el subteniente José Luis Rodríguez, hablan de problemas de avales y licencias en la cantera de León. Rodríguez se queja que el empresario Cueto no ponga 200.000 euros necesarios para la explotación pese a que, dicen, ha ganado 20 millones de euros. Rodríguez llega a decir que “Tengo la suerte... de Minas en León, por .... la gente de Minas y me quiere un huevo”, aludiendo a problemas con las licencias y la Guardia Civil. El subteniente de la Guardia Civil se muestra irritado por la falta de aportación de dinero y amenaza con hacer otros negocios de canteras sin Cueto.

Caso Novio de Ayuso

En el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel García Ayuso, las comparecencias tendrán lugar solo en el Congreso, en la comisión creada por el PSOE y sus apoyos parlamentarios. La ramificación leonesa de este caso es la vinculación profesional y personal de González Amador con varias personas a través de un entramado empresarial.

González Amador está investigado por tres presuntos delitos, dos fiscales y uno de falsificación, que ha reconocido y además no ha aclarado por qué disfruta y en qué condición de un ático encima de la vivienda que compró en el Barrio de Chamberí donde vive con la política del Partido Popular, desvelado en una investigación periodística de elDiario.es.

En la investigación de fraude fiscal González Amador usó dos sociedades, una de ellas fundada en León en 2008 y adquirida en el año 2020. La firma se rebautizó como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, de la que no constan empleados, y a ella se le habrían traspasado fondos de forma ficticia, que según el informe de Hacienda era para “Remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. La dueña era la farmacéutica leonesa Gloria Carrasco, que tendrá que ir a declarar en el Congreso por este motivo.

Carrasco está casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, una filial del gigante sanitario y principal jefe de González Amador, cuyo principal cliente era el grupo Quirón. Camino y González Amador han compartido otras sociedades en el pasado, como una empresa en Panamá, disuelta en 2022 al poco de la inspección de Hacienda. Fernando Camino es otro de los nombres llamados a la comisión del Congreso para aclarar sus relaciones con la pareja de la presidenta de Madrid.

El fiscalista leonés Javier Luis Gómez Fidalgo es otro de los nombres que tendrá que aclarar sus relaciones en el Congreso de los Diputados. Es el administrador de la sociedad Babia Capital SL, que compró el ático de lujo encima del piso del novio de Ayuso en julio de 2023, en las mismas fechas en que la pareja se mudó al piso de abajo.

Incluso Mario Amilivia

Su nombre fue también el mediador con Hacienda ante la inspección fiscal que ha derivado en un proceso judicial. No obstante como principal accionista de la sociedad sale otro leonés, el hostelero Jorge Pablos, que la administró hasta mayo de 2022. Pablos y Fidalgo han compartido con un tercer empresario negocios inmobiliarios, según ha podido conocer este periódico. Pablos no figura en la lista inicial de comparecientes, por lo que será inicialmente Fidalgo el que pueda aclarar en razón de qué disfrutan Ayuso y su pareja del ático y si existe vinculación contractual alguna, que hasta ahora no ha sido explicada.

Finalmente el leonés Mario Amilivia, exalcalde de León y actual presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, será otro de los comparecientes en la comisión del Congreso, a la que han llamado además a sus homólogos de Baleares, Galicia, Cataluña o el Tribunal de Cuentas estatal.

Pizarras Santa Bárbara, una sociedad dedicada a la explotación de pizarra, ha saltado a los titulares por su vinculación al llamado caso Koldo, que investiga un supuesto fraude masivo en la contratación de mascarillas vinculado al asesor del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, Koldo García.

Según la investigación judicial parte de los fondos obtenidos por los contratos de 53 millones que por la venta de mascarillas obtuvo la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL habrían ido a parar a un proyecto pizarrero de la comarca leonesa de Cabrera y de Valdeorras. A esta sociedad se vincula el empresario José Luis Cueto y un guardia civil en la reserva, José Luis Rodríguez, detenido en Corporales en el marco de la operación ‘Delorme’.

Rodríguez es el representante oficioso de la empresa en las acciones en la comarca, según confirman distintas fuentes, y en la investigación se destaca que usa un coche a nombre de la sociedad pese a que formalmente no aparece vinculado a ella.

Desde hace meses Pizarras Santa Bárbara intenta montar un proyecto empresarial de extracción y comercialización de pizarra, mediante una nueva explotación en la localidad de Cunas. Para ello también alquilaron unas naves pizarreras ubicadas a las afueras de Truchas donde iniciaron sus trabajos hace meses. El Seprona de la Guardia Civil, ha podido conocer ILEÓN, se interesó por las licencias con que contaba la empresa al detectar actividad en las instalaciones y monte donde en noviembre pidieron licencia para una nueva cantera.

Según ha podido conocer ILEÓN las licencias de actividad para la factoría de tallado y para la cantera fueron presentadas el pasado mes de enero de este año en el Ayuntamiento de Truchas. Esto se produciría después de una autorización previa de la Junta de Castilla y León a la cantera, aunque no se ha publicado oficialmente en el boletín esa licencia positiva por un conflicto con la propiedad del monte, de la junta vecinal de Cunas.

La expectativa de empleo contada por el guardia civil era de una cantera que diera entre 150 y 200 empleos a la comarca, resaltando las fuentes consultadas su absoluta normalidad en el trato y su integración en la zona. Rodríguez, de origen en la vecina comarca de Valdeorras, sí habría presumido en varias conversaciones de sus relaciones de amistad con Koldo García y el exministro Ábalos, aunque sin vincularlos a sus proyectos empresariales en la comarca.

Derechos mineros de concursos de acreedores

La empresa Pizarras Santa Bárbara se hizo con los derechos mineros sobre las pizarras de La Cuesta, Cunas y Pozos que originalmente estaban en manos de la sociedad Pizarras de España y Pizarras Forna , del grupo Lamelas Viloria. Esta sociedad quebró en 2016 por lo que esos activos pasaron a la empresa Pizarras El Bosque, del empresario Juan Antonio Silva Arias, y también quebrada. Según Pizarras Santa Bárbara en mayo de 2023 se hacen con estos derechos mineros tras la adjudicación judicial por la quiebra de la empresa anterior, por lo que se produce la posterior cesión con la autorización por la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León.

La empresa solicitó a la Junta Vecinal de Cunas la explotación de 15 hectáreas de monte para una nueva explotación de pizarra, cuyos sondeos ha venido realizando en los últimos meses para ver su viabilidad. Hace dos semanas comunicó que pararía su actividad durante dos o tres meses para reparar la maquinaria que tenía por su mal estado y continuos problemas y poder afrontar una nueva excavación para ver la viabilidad de la calidad de la pizarra. El monte donde quiere explotar ya fue sondeado en el pasado por los dueños originales, pero sin ser explotado de forma intensiva.

Según la Junta Vecinal todos los permisos para su explotación se han seguido de forma meticulosa y el pasado mes de diciembre se dio el visto bueno a la nueva cantera de pizarra, pero debido a la baja cantidad de compensación fijada por la Junta de Castilla y León la entidad municipal la recurrió, sin resolver en este momento. La concesión fue de 12,5 hectáreas pero el precio resultante es considerado muy bajo por la junta vecinal, aún estando a favor del proyecto de explotación planteado por Pizarras Santa Bárbara. El plazo de explotación es de 30 años. Ahora, tras darse a conocer el caso Koldo todo se mantiene en el aire y a la expectativa de ver qué sucede. El monte ha sido parcialmente desescombrado buscando las vetas de pizarra y ahora su situación queda en el aire por la operación policial por presunta corrupción.

La comarca leonesa de Cabrera, una de las más despobladas de España, ha sido uno de los escenarios de desarrollo del caso Koldo o 'operación Delmore', que la UCO de la Guardia Civil puso en marcha el martes pasado con la detención de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, y una veintena de personas por un presunto caso de comisiones millonarias por la venta de mascarillas en la pandemia.

Una de las detenciones más relevantes tuvo en territorio leonés, según ha podido conocer ILEÓN, en concreto en la pequeña localidad de Corporales, de apenas 105 habitantes censados, en el municipio de Truchas. Allí se registró y detuvo a un subteniente de la Guardia Civil, ahora en la reserva, que estuvo destinado en el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez, y que dirigía los negocios pizarreros vinculados a las empresas de la trama. La detención tuvo lugar a las 8 de la mañana y posteriormente fue trasladado al cuartel de Astorga. Tras su declaración quedó en libertad, si bien figura como investigado en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

El subteniente tenía bajo alquiler una vivienda en Corporales desde hace meses, que compartía con otros miembros de sus negocios pizarreros, según fuentes locales. La comarca de Cabrera tiene como principal fuente de su economía la extracción de pizarra ornamental, con numerosas explotaciones que secan incluso monumentos naturales como el Lago de La Baña ante la pasividad de la autoridades.

El guardia civil detenido es una de las 'piezas claves' de la trama, tal y como le señala la investigación según adelanta elDiario.es, ya que “resultó fundamental” para la adjudicación de los contratos de mascarillas valorados en 53 millones de euros, de los que los implicados habrían obtenido comisiones. Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción el suboficial mantenía una estrecha relación con Koldo García y mantenía influencia tras su paso por el Gobierno “sobre personal vinculado al Ministerio de Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados”, Puertos del Estado y Adif.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO han determinado que parte de las comisiones obtenidas por Koldo García y los empresarios investigados Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto Martín fueron a parar a la puesta en marcha de un negocio de pizarras. A su vez, explica elDiario.es, los investigadores vinculan al subteniente José Luis Rodríguez García con ese negocio de pizarras y con el empresario Juan Carlos Cueto Martín. El suboficial conducía un coche a nombre de una sociedad del empresario y pertenecería a “un grupo” que consultaba todos sus movimientos a Cueto.

Cueto estaría al frente de la trama empresarial que usó la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para obtener adjudicaciones de 53 millones por material sanitario en pandemia. Para él trabajaría de forma secreta el guardia civil, que a su vez mantenía una estrecha relación con Koldo García. “La vinculación observada entre Koldo García Izaguirre y José Luis Rodríguez García conecta directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios”, recoge el fiscal Luis Pastor en su querella ante la Audiencia Nacional. 

Según la investigación el 10 de febrero Koldo y el guardia civil comieron en el restaurante La Chalana de Madrid, siendo grabados por agentes de la UCO camuflados, en la que se evidencia que el subteniente Rodríguez sabía que Cueto había obtenido 20 millones de euros de ganancias por los contratos de material sanitario, informaron los agentes. Cueto ya se encuentra implicado en un presunto caso de corrupción relacionado con la venta de armas en África llamado 'caso Defex'.

Negocios pizarreros en Cabrera

La presencia en los últimos meses del guardia civil en Cabrera era frecuente, según señalan vecinos de la zona consultados por ILEÓN. Para la puesta en marcha del negocio pizarrero había efectuado varias contrataciones así como consultas públicas sobre las acciones a seguir con sus negocios.

Los investigadores relacionan a Juan Carlos Cueto Martín y Víctor Gonzalo de Aldama con varias empresas pizarreras, aunque sin figurar formalmente en ellas. La sociedad que vendió las mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, tiene como administrador único a Daniel Sierra Monedero, que figura también a su vez de las empresas Pizarras Santa Bárbara SL y Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara SL como representante, ambas domiciliadas en Madrid. A estas empresas estaría vinculado como gestor no oficial el guardia civil detenido.

Los negocios pizarreros del subteniente José Luis Rodríguez García se centraban en el municipio de Truchas, donde había alquilado hace meses una vieja nave ubicada a las afueras de la cabecera del municipio para el procesamiento de la piedra. Además, pretendía la extracción de piedra de una cantera en la localidad de Cunas, ya explotada durante años por una sociedad del grupo Lamelas Viloria y cerrada hace varios años tras la quiebra de la concesionaria Pizarras Forna en 2016.

El pasado mes de noviembre Pizarras Santa Bárbara solicitó el uso del monte de Cunas para la explotación de un yacimiento de pizarra ornamental, concretamente la explotación minera denominada 'María del Pilar 1', del que pretendía extraer pizarra durante 30 años, sin que el procedimiento haya sido resuelto todavía por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

La presunta malversación de fondos públicos, además de otros graves delitos, por parte de la antigua dirección de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad de León llevará al juzgado este 17 de octubre como investigados a cuatro profesores. Entre ellos se encuentran el exdirector de la Escuela, Jorge Blanes, y el secretario de la misma, Alberto González, que niegan los hechos y atribuyen la denuncia “a inquina personal y una lucha de poder”, además de otra profesora y un profesor asociado.

La gestión económica y administrativa de estos cursos ha quedado en cuestión tras una auditoría encargada por la Universidad de León la pasada primavera y que se elevó a la Fiscalía ante la comisión de hasta seis presuntos delitos por al menos cuatro personas que se encargaron de estos cursos, tal y como adelantó El Español. En ella se detallan presuntas irregularidades como serían los propios convenios, gastos supuestamente hinchados, falta de material supuestamente comprado además de otros asuntos presuntamente ilegales. Los imputados rechazan el informa y aseguran que todo el proceso “fue limpio y transparente” y aprobado por la Universidad de León.

Los presuntos hechos delictivos se remontan a la actividad desarrollada entre los años 2012 y 2016 en los llamados cursos de adaptación al grado, surgidos tras la extinción de los antiguos títulos españoles y adaptarse a los del Espacio Europeo de Educación Superior, en el conocido como ‘Proceso de Bolonia’. Mediante estos cursos, antiguos diplomados e ingenieros técnicos podían acceder a un título de grado mediante ‘cursos puente’ que en algunos casos aumentaban sus competencias profesionales. En el caso de la Escuela de Ingenieros de Minas de León se realizó la adaptación a los grados nuevos de las antiguas titulaciones de Minas y Topografía por los que pasaron casi 1.800 alumnos, seis veces más que los que convalidó la vecina Universidad de Oviedo, lo que supondría un manejo de fondos de más de 4 millones, cantidad que los acusados rebajan notablemente.

En la Escuela de Minas de León se firmó un convenio con los colegios profesionales de Minas y de Topografía para la realización de los cursos, fijándose que la mitad de los ingresos obtenidos serían para la Universidad de León y el resto se lo quedaba el colegio para pagar gastos de los cursos y material para la Escuela, al no poder tener beneficios como colegio profesional. El convenio con Topografía era ligeramente distinto pero el método, exactamente el mismo. El proceso suponía abrir una cuenta corriente con firma mancomunada del colegio y de los responsables académicos, de cuya salida de fondos se ponen en cuestión varios miles de euros en la auditoria de acusación. Según Jorge Blanes, de las cantidades recaudadas, que cifra en alrededor de 3 millones de euros, el 60% recayó en la Universidad de León y el resto se gastó en la gestión y otro tipo de recursos perfectamente legales. 

En la auditoría encargada por la ULE, fundamento de la acusación, se señala que los presuntos implicados “de forma aparentemente intencionada eligieron indebidamente un instrumento jurídico que les permitió utilizar sin control fondos públicos para aprovechar la 'oportunidad' que representaba la solución legal ofrecida a los ingenieros técnicos de cara a la obtención del Grado, adoptando a tal fin y de forma recurrente decisiones arbitrarias con el fin de favorecer la captación de alumnos, y por lo tanto la captación de fondos públicos con los que se lucraron, tanto ellos personalmente como su Departamento y Grupo de Investigación, así como terceras personas a través de familiares y entidades vinculadas”.

Este informe fue elevado por la Fiscalía al Juzgado, que ha citado para este martes, 17 de octubre, a declarar como investigados, antigua figura de imputado, a cuatro profesores, además de al autor de la auditoría para que ratifique su contenido. Los denunciados sostienen que esta denuncia proviene de una “venganza” y “caza de brujas” de la dirección de la Escuela de Minas, considerando la auditoría como “muy tendenciosa”. En la auditoría, a la que ha tenido acceso este medio, se considera el sistema empleado como fraudulento y se cuestionan métodos de captación de alumnos y varios de los gastos pasados, presuntamente gastados en un material que el informe asegura que no constan en las instalaciones universitarias.

Para la matrícula de los cursos, que el informe explica que costaba el triple que en universidades vecinas como Oviedo, el colegio profesional abrió una cuenta corriente que gestionaba la dirección de la Escuela de Minas, un proceso que el informe apunta a irregular por quedar fuera del control público las tasas cobradas. Según fuentes de la Universidad de León, el proceso de Minas fue muy similar al realizado en otras titulaciones técnicas, pero en alguno de los casos no se ha podido determinar si existen irregularidades al no haber documentación sobre el proceso. 

Investigados rechazan irregularidades

El exdirector de la Escuela de Minas hoy investigado, Jorge Blanes, asegura a este medio que la denuncia “es desafortunadísima” y recalca que el uso de colegios profesionales para los cursos de adaptación al grado fue aprobado en varias titulaciones por el Consejo de Gobierno de la Universidad de León. Rechaza todas las acusaciones sobre la gestión económica, de la que responsabiliza al colegio profesional, y cree que la auditoría es “una manipulación al Rectorado” para llevarle a denunciar ante la Fiscalía.

Sobre las acusaciones de contrataciones a familiares y empresas vinculadas, asegura que “lo desconoce” porque la parte económica la llevaba el Colegio de Minas de León, aunque sí reconoce haber tenido firma en la cuenta que gestionaba los fondos. Blanes señala que no se benefició en particular a su equipo de investigación, como acusa la denuncia, y que los fondos sobrantes se usaron en la mejora de equipos de laboratorios viejos y la dotación de nuevos, además de recuperar patrimonio como un helecho fosilizado gigante restaurado que se encuentra en la nueva Escuela de Minas. Sobre haber cobrado en exceso por la gestión del curso, defiende que el proceso “era brutal” y que el trabajo realizado para la adaptación les supuso jornadas extraordinarias. Según el informe, en gastos de gestión se desembolsaron “344.393 euros”, percibidos mayoritariamente por los cuatro imputados, “siendo la gran mayor parte de ellos no justificables”.

El exsecretario de la Escuela de Minas, Alberto González, asegura a este medio: “No hemos hecho nada”. Añade que tiene ganas de acudir al juzgado para declarar sobre las acusaciones, que cree que se fundamentan “en actuaciones que no eran responsabilidad nuestra”. “Nos sentimos víctimas”, señala, denunciando que la auditoría es “un informe de dudosa legalidad plagado de mentiras y falsedades” que achaca a una “venganza” de la dirección de la Escuela hasta junio de 2023. Reitera que la gestión económica dependía del colegio profesional: “Yo no vi ni una sola factura”.

González es además cargo público, al ser primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo. Su nombre saltó a la esfera pública en el famoso concejo de Villadangos de 2021 donde los vecinos trataron de impedir en una votación el cumplimiento de la ley de memoria histórica con unas exhumaciones de víctimas del franquismo. El concejal aseguró haber recibido asesoramiento del Ministerio de Presidencia, que le desmintió públicamente, mientras instigaba a votar ‘no’ a cumplir la ley, que provocó la intervención de la Junta de Castilla y León para parar esa ilegalidad. De su actual condición de investigado señala que ha informado al alcalde y que espera que este proceso pase pronto al estar “infundado”.

Entre las acusaciones de la auditoría se señala que con el sistema elegido “no solo permitieron eludir la fiscalización de importantes cantidades de dinero público procedente de las matrículas abonadas por el alumnado de la Universidad, sino también sortear las obligaciones legalmente establecidas para celebrar contratos con cargo a dichos fondos, facultado de facto la contratación de servicios y la adquisición de bienes por parte de personas sin competencias para ello, y prescindiendo de las más elementales garantías aparejadas a toda contratación pública”.

La auditoría encargada por la Universidad de León pide que a los investigados se les atribuyan delitos como malversación de fondos públicos agravada, prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, apropiación indebida y organización o grupo criminal, que la justicia dirimirá desde este martes con las primeras declaraciones sobre el caso.

Último día de juicio de la Púnica en León hasta el 10 de enero a las diez de la mañana. En él ha quedado en evidencia la posibilidad de que tanto la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y su vicepresidente (después sucesor), Marcos Martínez Barazón, habrían podido crear una trama para pagar facturas sin conformar ni validad a la empresa Madiva, que se encargaba de mejorar la reputación personal de la presidenta de la Diputación Provincial de León “debido a su animadversión con los medios de comunicación”.

Aunque la primera testigo del día fue la suegra de Alejandro de Pedro –el dueño de Madiva Editorial y Eico, empresa que se encargaba de crear diarios digitales zombis para posicionar las mejores noticias de Isabel Carrasco y dejar en las últimas páginas sus problemas de corrucpión– y usó la táctica infanta (reiterar que no se acordaba de nada, pese a haber sido la directiva más alta de las empresas que contrataba la Diputación de Isabel Cearrasco), el testigo estrella de la jornada fue uno de los jefes de prensa de la presidenta de la Diputación de León, José Luis Arranz.

Éste reconoció que sólo había estado seis meses en el cargo –“Afortunadamente”, repitió en varias ocasiones– y fue meridianamente claro al señalar a Marcos Martínez Barzón como “pieza imprescindilble” del reparto en publicidad institucional que recibía de Isabel Carrasco. “Ella se encargaba de indicarnos dónde teníamos que gastar el dinero en la publicidad, lo que comúnmente se llama Plan de Medios. Nosotros teníamos una excel con todo, e íbamos restando dinero a lo que se había indicado de Presidencia; aunque algunos medios afines a la presidenta sobrepasaban esa cantidad y nadie decía nada al respecto”, expuso Arranz.

El DNI de la presidenta para crear blogs

Una de las cosas más destacadas es que las empresas de Alejandro de Pedro le pidieron a Isabel Carrasco su DNI para crear blogs en Wordpress, Blogger y algunas páginas de fotos como Flickr. Unas webs que todavía a día de hoy siguen activas sin que nadie las haya borrado tras su asesinato en 2014. Esto indicaría claramente que el pago era por mejorar su reputación personal, no sólo como presidenta de la Diputación (“Y del PP provincial”, recordó el jefe de prensa que sólo la aguantó medio año). José Luis Arranz, a preguntas de la Fiscalía, terminó reconociendo que “se acordó que los trabajos de reputación digital se pagaran con facturas de publicidad con periódicos sin medición de audiencia”.

Arranz aseguró que tanto el interventor de la Diputación, Jesús Manuel López, como el vicepresidente Manuel Martínez Barazón, “estaban en las reuniones para mejorar la reputación de la presidenta, que tenía evidentes problemas con todos los medios de Comunicación”.

“Isabel Carrasco contrataba la publicidad. Diseñaba un plan de medios oficioso, con un 'documento no oficial' con un excel como hoja de ruta. Asignaba los pagos Manu Militari”, aseguró el ex jefe de prensa de la Diputación Provincial entre 2012 y 2013, antes de que fuera despedido “por que Carrasco me gritó en una reunión sobre la Vuelta Ciclista a León con todos los diputados provinciales del PP”. “Yo terminé gritándola más, y al día siguiente tenía el cese en la mesa”, explicó.

Facturas de diez mil euros sin conformar

Arranz no recordaba “el diseño de los banners” de Madiva. “No recuerdo que se midiera la audiencia de esos periódicos, pero tampoco era especialista yo en Internet y no estaba capacitado para hacer esa valoración”, explicó ante el juez.

Otro testigo, el interventor de Gersul (el Consorcio Provincial de las Basuras), explicó que las facturas que se pagaban a Alejandro De Pedro (el dueño de Madiva Editorial, acusado en el juicio) “ni siquiera llegaban a entrar en la contabilidad del Consorcio, puesto que las pagaba Ecoembes según un convenio”. La Fiscalía le mostró una factura de diez mil euros sin conformar (respecto a 'Reputación en Telecinco') y reiteró que “se las pasábamos a Ecoembes directamente sin pasar por nuestra contabilidad”. El representante de Ecoembes afirmó que se fiaban “de lo que Gersul decía que se había hecho” y, por ese coladero, Madiva se llevó miles de euros que deberían haber pasado antes por la vigilancia de Contratación. Sin embargo, ayer mismo los funcionarios de la Diputación fueron incapaces ayer de reconocer cómo se habían desviado más de cien mil euros a Madiva Editorial desde la Administración Provincial.

Finalmente, preguntado por la importancia de Marcos Martínez Barazón en toda esta supuesta trama, el ex jefe de prensa de la Diputación de León le espetó a la defensa del mismo: “Toda. Era la mano derecha de Isabel Carrasco y realizaba una labor decisiva”.

“Sin lugar a dudas”, remachó refiriéndose al presidente de la Diputación que sustituyó a Isabel Carrasco tras su asesinato y que seis meses después terminó en la cárcel por esta operación Púnica que se realizó ya hace ocho años.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han firmado este martes un acuerdo para la construcción de 914 viviendas de protección pública para alquiler social en 13 municipios de la Comunidad, 120 entre León capital y Ponferrada. El presupuesto previsto es de 81,6 millones de euros, de los que la Junta financiará el 50,61% y los fondos europeos Next Generation el 49,39%, dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Las viviendas serán construidas con estándares de alta eficiencia energética y se destinarán a jóvenes de menos de 35 años. “Queremos que Castilla y León sea una tierra de oportunidades para los jóvenes”, explicó el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien añadió que para ello hay que “facilitarles el acceso a la vivienda”. Así, los alquileres promovidos a través de este acuerdo, que oscilarán entre los 300 y los 350 euros, serán “entre un 30 y un 40% inferiores a los del mercado”.

Las 914 viviendas se levantarán en 12 parcelas cedidas por los Ayuntamientos y en una de titularidad de la Junta de Castilla y León en Aranda de Duero, que permitirá 38 viviendas. Así, en León serán 100, en Ponferrada, 20; en Ávila serán 40, en Burgos, 200, en Palencia, medio centenar, cien en Segovia, 40 en Soria, 259 en Valladolid, 27 en Medina del Campo y 40 en Zamora.

La superficie útil de cada una de ellas será de entre 60 y 65 metros cuadrados distribuidos en dos dormitorios, dos baños, un salón y una cocina y dispondrán de espacios comunes como una lavandería, máquinas de vending, espacios de ocio y un parking para bicicletas.

Quiñones confió en que este proyecto permita a los jóvenes “desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León” y anunció que la Junta está trabajando en un segundo convenio con el que se alcanzarán las 1.224 viviendas. El objetivo es firmarlo antes del 31 de enero y haberlo ejecutado al completo en 2026.

El director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (EcovaEstudios), Juan Carlos de Margarida, aseguró hoy que la economía de la Comunidad se encuentra en un momento de “calma tensa y dudosa”, que “invita al optimismo, pero afronta un futuro lleno de incertidumbre”. 

Las variables económicas positivas y negativas están compensadas, ya que el PIB disminuye, pero no llega a ser negativo; la industria se mantiene, pero disminuye considerablemente sus márgenes; el empleo es estable, pero va perdiendo fuerza; y la confianza de las familias y de las empresas disminuye muy lentamente, detalló. 

El Servicio de Estudios Económicos (EcovaEstudios) presentó hoy el Observatorio Económico de Castilla y León correspondiente al tercer trimestre de 2022, así como las perspectivas para el año 2023, del cual se extrae que la coyuntura económica de la Comunidad se encuentra en un momento de “optimismo e incertidumbre máxima que exige prudencia y cautela”, tal y como expresó su director. 

La confianza de los consumidores en Castilla y León es superior al resto de España, algo que según el director de EcovaEstudios, es “bueno” debido a la “estabilidad relativa”, sin embargo, las exportaciones de las empresas han disminuido, cuando tuvieron que hacer frente a los costes que supuso la innovación para poder producir para todo el mundo.

Sin embargo, según el economista, la economía se sustenta en una realidad con grandes dudas y altos niveles de incertidumbre, donde cualquier cambio en el ámbito socioeconómico a nivel internacional puede modificar drásticamente todas las previsiones a peor y, en el mejor de los casos, a mantenerlas en un periodo mayor de tiempo de lo inicialmente esperado. 

Durante su intervención, el director de EcovaEstudios afirmó que los indicadores económicos sitúan a Castilla y León ante un doble escenario de decrecimiento contenido y de debilitamiento económico generalizado debido a la conjunción de una serie de variables que crean incertidumbre. 

“Estas son caída de la demanda, de la inversión de las empresas y de las exportaciones, o bien el deterioro de la confianza de familias y empresas, entre otras y que junto el debilitamiento de la economía mundial, la crisis energética, el encarecimiento de los suministros y la guerra en Ucrania, apuntan hacia una ralentización de la economía sin visos claros de poder pararla en el año 2023, y con un estancamiento económico en el 2022”. 

De Margarida insistió que los visos optimistas de la realidad pueden desaparecer en cualquier momento, por el descenso de la facturación empresarial, la reducción del empleo, la elevada presión inflacionista que afecta a las familias vulnerables y a las pequeñas medianas empresas y la subida de los tipos de interés y por la poca eficiencia a la hora de gestionar los fondos europeos. 

“Existe una triple caída en la demanda porque hay empresas con exceso de stock; a la inversión por el encarecimiento de los créditos y a las exportaciones que se han visto perjudicadas por la subida de costes de producción reduciendo su competitividad exterior”, puntualizó, para reseñar que la economía castellano y leonesa sufre una desaceleración en 2022, un estancamiento en 2023 que perdurará en 2024.

Propuestas

Para De Margarida, sería conveniente que la política fiscal tendiera a la bajada de impuestos para que las familias puedan mantener el consumo, “pero de manera temporal que no es estructural porque sino se carga al sistema con un sobregasto”.

Asimismo, abogó porque las ayudas al combustible se mantengan para el sector transporte y el resto de carácter social para las familias y empresas más vulnerables, y agregó que la inflación va a seguir disparada, al menos, hasta el 2024, por lo que puede que la subida del SMI “sea bueno” siempre que llegue a quién verdaderamente lo necesita. 

Además, indicó que sería conveniente no aprobar la política energética europea y su modo de computar el consumo del gas, e invitó a establecer un “impás” para ver cómo se puede ayudar a los estados miembros y ya cuando exista certidumbre volver a las tendencias y las políticas de la UE en materia energética

Para estimular el crecimiento económico de la Comunidad, De Margarida comentó que “existe la necesidad urgente de reducir la inflación con reformas estructurales y una política fiscal coherente, reducir la dependencia de China diversificando las cadenas de suministro, incrementar la eficiencia energética o disminuir el gasto público entre otras acciones”. Además, añadió que “las medidas que se implementen para contener la inflación y el decrecimiento económico han de ser de carácter temporal para no incrementar el déficit estructural”.

A pesar de ello, el Observatorio arrojó unas “señales que aportan optimismo a la actualidad siempre y cuando se actúe con sentido común y rigor en la gestión de los recursos, ya que en la actualidad el decrecimiento de la economía regional se está ralentizando gracias a su fortaleza económica frente a la crisis energética, la elevada inflación y la subida de tipos por el BCE”.

A esto se añaden variables favorables que ayudan como “un IPC más contenido debido a las subidas de salarios por debajo de la inflación, una estabilización de los costes energéticos, una relajación de la política covid-cero en China, un ahorro acumulado en la pandemia, un incremento de ingresos públicos e incluso un buen comportamiento del consumo y del empleo”.  

A modo de conclusión, De Margarida pronosticó que “a pesar de que las variables analizadas muestran una visión de optimismo, señaló que esta calma económica en la Comunidad es muy ”dudosa“, ya que puede anticipar una gran inestabilidad socioeconómica originándose, junto con la desaceleración del 2023, una recesión técnica pasajera, aunque al final del año el PIB sea positivo. ”Ante esta realidad, contamos con una ventaja: tenemos tiempo suficiente para ajustar nuestra economía y encaminarla por la senda del crecimiento“, precisó.

El conductor de un camión falleció este martes y otro conductor resultó herido de gravedad en el accidente de tráfico ocurrido de madrugada en el punto kilométrico 504 de la carretera N-122, a la altura del término municipal de Fonfría, según confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

El suceso se registró pasadas las 3.00 horas de la madrugada cuando, por motivos que no han sido descritos, se produjo una colisión frontal entre un vehículo articulado y un camión de MMa 3500Tm, según precisaron las mismas fuentes.

El conductor del vehículo articulado fue trasladado al Hospital Virgen de la Concha, en la capital zamorana.

Este lunes 19 de diciembre, a las 17.45 horas, se produjo otro siniestro, en el punto kilométrico 247 de la autovía A-6, en sentido Coruña, en el término municipal de Villalobos (Zamora), en el que se vieron implicados un turismo, un autobús de línea regular y un camión, cuyo conductor también falleció.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, mantuvo una reunión este lunes en Ponferrada con sus homólogos de Asturias y Galicia para abordar las líneas de trabajo conjuntas que afectan al Corredor Atlántico Noroeste para consensuar una “hoja de ruta de los próximos trabajos e inversiones” a ejecutar en esta infraestructura para conseguir el objetivo de triplicar el transporte de mercancías por ferrocarril de aquí a 2040.

En ese sentido, la consejera puso en valor el “trabajo coordinado” de los tres territorios y recalcó que la reunión de hoy supone “un paso más” en esta línea. “Necesitamos una apuesta firme por el desarrollo de este ramal y queremos una hoja de ruta con una planificación en cuanto a plazos, inversiones y actuaciones”, señaló González Corral.

Esta “hoja de ruta” debe servir de base al Gobierno para elaborar el plan director infraestructuras del Corredor Atlántico, que los tres territorios reclaman y que ya está elaborado en el caso del Corredor Mediterráneo. La consejera exigió también que se nombre un comisionado, como sucede en el caso del Corredor Mediterráneo. “No es un tema de competencia sino de jugar todos al mismo nivel y en la misma liga”, señaló. Los avances conseguidos en la reunión de hoy se verán refrendados por el encuentro que prevén mantener en enero los presidentes de las tres comunidades.

En esa línea, la consejera de Movilidad de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, confió en que el encuentro sirva para “identificar las deficiencias de la red y definir las infraestructuras necesarias” para superar cuestiones como las rampas excesivas o los tramos de vía única. “Juntas hemos conseguido corregir ese error histórico que dejaba al noroeste peninsular al margen de los corredores europeos”, valoró la representante del Ejecutivo gallego.

Del mismo modo, el consejero del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, señaló que los fondos europeos de recuperación ofrecen una “gran oportunidad” para dar el “paso definitivo” en la materialización de las actuaciones. “Queremos trasladar al Ministerio y a la Unión Europea una propuesta efectiva con un cronograma de actuaciones razonable”, resumió Calvo, que recalcó que “el desarrollo del Corredor Mediterráneo no puede restar fondos al Corredor Atlántico, ni al revés, no pueden ser excluyentes”.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este lunes el acuerdo de la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022, que incluye la 3.217 plazas, de las que el 10 por ciento se reservará para el acceso de personas con discapacidad, y de ellas un dos, para personas que acrediten alguna discapacidad intelectual. Del 8 por ciento restante se destinará, una parte o el total, para las personas con discapacidad que presenten especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo mediante convocatorias específicas.

En concreto, de las plazas de nuevo ingreso, se ofertarán para turno libre 799 plazas para Administración General, de las cuales 381 son de personal funcionario y 418 de personal laboral; 1.085 plazas de cuerpos de funcionarios docentes no universitarios, 466 correspondientes al Cuerpo de Maestros y 619 al resto de cuerpos, y 568 plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias. Habrá 765 plazas para promoción interna. En este caso, de la Administración General serán 760 plazas, de las cuales 139 son para la promoción interna del personal funcionario y 621 plazas para la promoción interna del personal laboral fijo; y cinco plazas para personal estatutario de las instituciones sanitarias.

Respecto a las tasas de reposición de efectivos, será del 120 por ciento en las consejerías de Educación, Sanidad, así como en los departamos con competencias de control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos; en asesoramiento jurídico y en la gestión de los recursos públicos; en prevención y extinción de incendios; en la asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, en las consejerías con competencias en gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo; y consejerías y entes con competencias respecto del personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos. En el resto de los sectores de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, la tasa de reposición será del 110 por ciento.

Convocatoria de los procesos selectivos

Las plazas de las ofertas de empleo público para los años 2020 y 2021 que no se hubieran convocado podrán acumularse en la convocatoria de las plazas incluidas en la presente Oferta para el acceso al mismo cuerpo y escala, competencia funcional y, en su caso, especialidad o categoría profesional.

Discriminación positiva

Se mantiene la medida de discriminación positiva consistente en que en aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres, cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista alguna justificación legítima y proporcionada del diferente trato.

En caso de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, el proceso selectivo quedará aplazado, reanudándose a la terminación de la causa, siempre y cuando tal aplazamiento no menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables. Este extremo deberá ser valorado por el tribunal.

Un operativo, dirigido por la Guardia Civil, localizó al mediodía de este miércoles el cuerpo sin vida de un agente medioambiental de 55 años desaparecido desde la noche de este martes en las inmediaciones del municipio de Villarino de los Aires, en la provincia de Salamanca. 

El cadáver se encontraba aproximadamente a un kilómetro y medio de distancia de donde estaba su vehículo, según confirmaron a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió este martes a las 23.26 horas una llamada de un familiar que alertaba de la desaparición. Desde entonces, un operativo encabezado por la Guardia Civil, incluidos buzos y drones, se activó en su búsqueda.

Además, se había sumado el Grupo de Rescate de Protección Civil, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Salamanca, personal de Medio Ambiente de la Junta, así como voluntarios de Protección Civil de Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, Villares de la Reina, Vitigudino y Santa Marta de Tormes.

Agentes de la Guardia Civil de Palencia detuvieron a 17 personas e investiga a otras dos más como supuestas autoras de los delitos de integración en organización criminal, robo con fuerza en las cosas y receptación dentro de la Operación ‘Sawtruck’. Procedieron al robo de 26 camiones por diferentes provincias del país, León entre ellas, para, posteriormente, vender tanto la carga (especializados en bebidas y productos de una conocida marca) como los propios medios de transporte, cuyo valor total asciende a más de 2,5 millones de euros, según fuentes del instituto armado.

La operación se inició en el mes de marzo tras tener conocimiento del robo de un camión en la localidad palentina de Villamediana, por lo que se llevó a cabo una investigación hasta el punto de haber podido conocer con detalle la estructura y el modus operandi de la organización criminal, donde se han diferenciado dos grupos de trabajo.

Un primer grupo se encargaba del robo de los camiones, principalmente en zonas frecuentadas por esta clase de vehículos como polígonos industriales, áreas de servicio y zonas de descanso. Para ello rajaban la lona del semirremolque y comprobaban la carga. Posteriormente, accedían a la cabeza tractora para inhabilitar el sistema GPS de forma que no pudiera la empresa conocer la posición del vehículo y así poder llegar hasta Madrid sin riesgo de ser localizado. Aun con todo, empleaban un vehículo lanzadera para verificar que no existiera un control policial durante el trayecto. 

Al estar en la Comunidad de Madrid, estacionaban los vehículos en algún polígono industrial cercano a la capital para vender tanto la carga como el camión. Un segundo grupo que en un principio actuaba como el primero, pero que reoriento su actividad delictiva al robo exclusivo de la carga, ya que disponían de un camión caja. De esta forma, podían estacionar su vehículo cerca de sus objetivos sin levantar sospechas. 

Ambos grupos, tras robar los vehículos se ponían en contacto con uno de los detenidos, de nacionalidad paraguaya, quien exportaba vehículos a su país de origen a través de su empresa, mezclando tanto vehículos de origen licito como ilícito. Para ello se desmontaban los vehículos robados en una campa de los extrarradios de Madrid, transportando seguidamente las piezas por contenedor desde el puerto de Valencia hasta Paraguay. 

Por último, otro de los detenidos de nacionalidad china servía de intermediario para distribuir la carga robada entre diferentes negocios, gracias a su fluidez con el idioma castellano. Esta persona contactaba con diferentes compatriotas que poseían almacenes o bazares en Madrid, se acordaba un precio por la diferente mercancía que le traían los dos grupos descritos anteriormente y se procedía a la descarga de la misma.

Las cifras del drama forestal constatan la tragedia sufrida en los montes de Castilla y León. Los incendios de este año han arrasado oficialmente 45.262 hectáreas arboladas en la Comunidad, lo que equivale a la superficie de los últimos diez años juntos, que contaban con un promedio anual de 4.369 hectáreas calcinadas, una media que se ha disparado este año.

Tanto, que toda la masa arbolada que ha ardido en 2022 es la misma, por ejemplo, que un territorio tan extenso como la comarca de Tierra de Campos (4.400 kilómetros cuadrados), en las provincias de León, Palencia, Zamora y Valladolid.

En el caso de la provincia leonesa, fue la primera de la Comunidad en cuanto al número de incendios de este año, con 360, frente a los 270 de Zamora, pero sin embargo fue esta última con enorme diferencia la que sumó mayor superficie. Y además, fue la quinta en bosques arrasados.

El peor años del decenio

Los datos de balance de la Junta de esta dura campaña, a los que tuvo acceso la Agencia Ical, demuestran que este ejercicio ha sido el peor en el último decenio. Únicamente el año 2012, con 15.400 hectáreas, y el 2017, con 10.491, se cerraron por encima de las 10.000 hectáreas.

El daño es bastante superior si se tiene en cuenta el área forestal total, que ha alcanzado en la Comunidad las 81.716 hectáreas, pues a las 45.262 de masa arbolada se suman otras 23.637 de matorral y 12.817 de pasto. La media anual en Castilla y León en estos últimos años era, en total, de casi 16.600 hectáreas, cinco veces menos que la anotada en este año tan dramático, que además de contar con pérdida forestal, se llevó la vida de cuatro personas, todas ellas en el fuego de Losacio (Zamora), que por sí solo calcinó 26.181 hectáreas, casi la mitad de superficie arbolada.

A lo largo del año se produjeron 1.550 incendios, un tres por ciento más que los 1.504 de la media del último decenio. De ellos, 1.053 fueron conatos (menos de una hectárea), una cifra muy similar a la media (990). Esto es que, mientras en 2022 un 68 por ciento de los fuegos forestales se quedaban por debajo de una hectárea calcinada, en los últimos diez años había sido del 66 por ciento.

El dato de los conatos constata, precisamente, que de entre el resto de fuegos -497- fueron los 16 grandes incendios que sufrió la Comunidad, cinco de ellos intencionados y que pasan de 500 hectáreas, los que acabaron con casi toda la superficie; concretamente calcinaron el 90 por ciento de toda la masa forestal que ardió en 2022, pues quemaron 73.810 de las 81.716 hectáreas totales. Esta cifra multiplica por cinco el promedio del decenio, que había sido de 16.577, de las que 4.369 eran arboladas. De estos fuegos, seis fueron causados por rayos, cuatro de forma accidental o negligencia y uno de origen desconocido.

Zamora se llevó la peor parte

A pesar de que fueron muchos los incendios que se declararon nivel 2 por afectar numerosa masa forestal, desalojar poblaciones por motivos de seguridad o por afectar a vías de comunicación, lo cierto es que este año las llamas se han cebado especialmente con la provincia de Zamora. Primero fue el de la Sierra de la Culebra, declarado en Riofrío de Aliste a mediados de junio. Acabó con 24.000 hectáreas, 15.000 de ellas de arbolado. Justo un mes más tarde se decretó el de Losacio, con 26.181, casi la mitad de masa arbolada.

Estos fueron los más graves y los que quedarán en la retina de toda la población y los servicios de extinción, con cuatro víctimas mortales y con decenas de localidades desalojadas. Pero a ellos se sumaron también los de Losacino (690 hectáreas), Almaraz de Duero (590), Roelos (633), Figueruela de Arriba (1.151), y en enero y febrero, los de Lubián (503) y Hermisende (1.421 hectáreas, la mayor parte de estos dos últimos de matorral y monte bajo. Es decir, que Zamora ardió este año por los cuatro costados y en casi todas las comarcas vieron como las llamas se llevaron sus ilusiones. Entre los siete gran incendios en la provincia se calcinaron 55.242 hectáreas, más otras 1.800 de superficie en fuegos menores a 500 hectáreas. Es decir, los zamoranos vieron arder dos de cada tres hectáreas de todas las que se han quemado en 2022 en Castilla y León. Si bien es cierto que solo los de Losacio y Riofrío se llevaron por delante 50.000 de esas hectáreas.

Salamanca fue otra de las provincias afectadas, con un total de 8.900 hectáreas, 5.000 de ellas arboladas. El mayor peso lo tuvo, sin duda, el fuego de Monsagro, declarado también en esa fatídica semana de mediados de julio en el que el negro humeaba por los cielos de la Comunidad, de lado a lado. Este incendio acabó, él solo, con 7.351 hectáreas (casi 5.000 de arbolado). También el de Candelario, con 507 hectáreas, tuvo gran incidencia en las cifras.

Ávila, un año más, se encuentra como una de las más afectadas, con 6.647 hectáreas, de las que 4.952 son de masa arbolada, un porcentaje que indica la importante catástrofe este año, que se sumó al fuego del verano pasado en la Sierra de la Paramera. En esta ocasión, losa culpables fueron el fuego de Cebreros (4.071 hectáreas), declarado el 16 de julio, con 3.000 hectáreas arboladas, y el de Santa Cruz del Valle, unos días más tarde (1.154), aunque casi la totalidad de la superficie quemada fue matorral y monte bajo, con más facilidad para recuperarse.

En León, con 5.254 hectáreas calcinadas, 1.137 de ellas de arbolado, el incendio más grande ocurrió en Montes de Valdueza, en el municipio de Ponferrada, con 1.400 hectáreas de terreno quemado, casi la mitad de árboles. También el de Boca de Huérgano, en las cercanías del embalse de Riaño, acabó con 1.154 hectáreas, más de un 90 por ciento de monte bajo.

Los otros dos grandes incendios ocurrieron en Quintanilla del Coco (Burgos), con 1.819 hectáreas, prácticamente todas de arbolado, y que supuso en solitario el 65 por ciento de la superficie calcinada en la provincia (2.782); y el de Navafría (Segovia), que provocó el desalojo de una población y la quema de 758 hectáreas, la mitad de lo que ardió en la provincia.

Por debajo, se encuentran, gracias a incendios menores, Valladolid, con 269 hectáreas totales, 190 de ellas de arbolado; Soria, con 215 y 25 de árboles; y Palencia, con 126 hectáreas únicamente arrasadas por las llamas, de las que 73 correspondieron a masa arbolada.

Índices de análisis

Por último, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio establece una serie de parámetros que evalúan aspectos diferentes de los incendios. Así, el llamado índice de eficacia, que representa la superficie arbolada media quemada por incendio en un determinado periodo, fue en 2022 de 29,2 de promedio, frente al 2,9 de la media de los últimos diez años, es decir, diez veces más. Este índice indica la “capacidad de reacción rápida de los medios, a igualdad de condiciones meteorológicas y de combustible”.

Igualmente, el índice de gravedad representa el porcentaje de toda la superficie arbolada quemada en un determinado periodo. En Castilla y León fue este año de 1,38, muy por encima del 0,13 de la media del decenio, también diez veces más. Cabe recordar, para entender este parámetro, que la Comunidad cuenta con 3,2 millones de hectáreas de superficie arbolada.

No pudo ser. La Región Leonesa, que sufre el proceso de despoblación más grande de España y Europa, no ha recibido ninguna de las dos agencias españolas a las que optaba. Ni la Agencia Espacial para León, que se ha ido a Sevilla, ni tampoco la de la Inteligencia Artificial para Salamanca, ya que el Gobierno de la Nación ha decidido que vaya a La Coruña.

Unas decisiones que han provocado una buena trifulca política en León, y una dura crítica del alcalde de Salamanca. El popular Carlos García Carbayo, afirmó a la Agencia ICAL –una vez conocido que la Agencia nacional de Inteligencia Artificial se instalará en La Coruña, ciudad gobernada por el PSOE– que la candidatura salmantina “choca contra la política de chinchetas rojas y azules de la Moncloa para descentralizar”, igual que ocurriera, según recordó, cuando la capital salmantina optó a albergar el Centro de Competencia Digital de Renfe.

Así lo afirmó a primera hora de esta tarde a través de sus perfiles en redes sociales mediante un escueto comunicado en el que no discute “los méritos de otras ciudades”, pero deja claro que, desde su punto de vista, “por todos es sabido” que la capital del Tormes reúne “sobradamente” las condiciones necesarias para haber sido designada sede de la futura Agencia de Inteligencia Artificial.

“Combatir la despoblación es algo más serio que beneficiar solo a los tuyos. Nos preguntamos hasta cuándo el Gobierno de España va a seguir olvidando a Salamanca, que esta misma semana cumplirá mil días padeciendo los recortes de Sánchez a las frecuencias de nuestro tren rápido”, zanjó el acalde salmantino.

El pleno de las Cortes volvió a vivir este miércoles momentos de tensión en el debate de la proposición no de ley del Grupo Socialista para pedir la reprobación del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por llamar a este partido “banda criminal”, en un calificativo que reiteró en el hemiciclo en esta misma sesión.

Es la segunda vez que el PSOE pide la reprobación de García-Gallardo, después de hacerlo el pasado mes de junio cuando “insultó” a la procuradora con discapacidad Noelia Frutos. “Por algo que no era verdad”, dijo el vicepresidente, que, por el contrario, volvió a señalar al PSOE como “banda criminal” y advertir de que los jóvenes conocerán “su historia criminal”.

El debate se desarrolló entre el rechazo por la socialista Patricia Gómez a “las barbaridades” vertidas por García-Gallardo y la critica a “la complicidad” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la acusación del vicepresidente a los socialistas por “callar y asentir ante los actos incorrectos de su jefe, Pedro Sánchez”.

En ese cruce de acusaciones y subida del tono, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, llamó al orden y retiró el uso de la palabra poco después a Pablo Fernández (Podemos), tras calificar de “fascista” la ideología de García-Gallardo, pero no hizo lo mismo con las palabras que dejó en el hemiciclo el vicepresidente, por lo que fue acusado de “falta de objetividad” por Francisco Igea (Cs), que tildó de “vergonzoso” su comportamiento.

En la presentación de la iniciativa, la procuradora socialista Patricia Gómez argumentó que llamar “banda criminal” al PSOE supone no respetar la pluralidad ni los valores democráticos y aseguró que el presidente de la Junta es “cómplice” al consentir las descalificaciones de Vox.

Gómez sostuvo que el partido al que Juan García-Gallardo llamó “banda criminal” es autor de todos los avances sociales de España, reparó una deuda con las víctimas del franquismo y afirmó que los socialistas siempre van a estar al lado de quienes defienden la democracia.

“El vicepresidente ha demostrado que no está a la altura que merece esta tierra, la pregunta es si lo está el presidente”, concluyó Gómez. “Cada una de sus intervenciones ha sido una ofensa o un menosprecio a jóvenes, a mujeres, a personas con discapacidad, a sindicatos”, recoge la PNL socialista.

García-Gallardo cargó en su intervención contra la política del PSOE en la lucha terrorista contra ETA, su pacto con Bildu o la propuesta de suprimir el delito de sedición o plantear la reforma del de malversación, mientras los socialistas “callan y asienten con los actos incorrectos de su jefe, Pedro Sánchez”. “Es un silencio cómplice con los actos de su jefe, el jefe de su banda”, anotó.

“Su silencio cómplice favorece las conductas de delincuentes que les mantienen en el Gobierno. No se escandalicen. Sin su silencio cómplice no cometería los actos de traición de vender la patria”, siguió García-Gallardo. “Encubrimiento y colaboración”, añadió, para advertir de que los jóvenes van a conocer “la historia criminal del PSOE”.

Patricia Gómez, que afirmó estar esperado a que se llame al orden a García-Gallardo, rechazó “lecciones en la lucha contra el terrorismo” al partido que terminó con ETA y subrayó que el vicepresidente de la Junta puede presentar su ideología gracias a la lucha de los socialistas.

“En qué han convertido nuestra tierra”, aseveró Gómez, que culpó directamente a Alfonso Fernández Mañueco del “deterioro institucional” por permitir la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León. “Señores del PP bajen la mirada, qué flaco favor hacen a la democracia, a qué bajo precio han vendido a esta tierra”. “Lo terrible y penoso es que hoy ustedes del PP no se diferencian nada de ellos”, zanjó.

En un tono conciliador, el popular Ramiro Ruiz Medrano recordó que antes el respeto era una seña de identidad, afirmó que hoy podría ser un buen día para recuperar ese espíritu de ilusión por la política y se preguntó si no estaban hablando demasiado de ellos y poco de la gente.

Ruiz Medrano argumentó que la PNL omite que de lo que se ha hablado en el hemiciclo “no existe” porque el presidente de las Cortes “tomó la decisión y no existe” en el ámbito parlamentario, en referencia a que retiró las palabras de García-Gallardo.

“Se puede discrepar mucho, pero no debemos salirnos del tiesto para tener razón o conseguir un titular”, aseveró, para abogar por el respeto y por hablar de los problemas de las personas. “Prefiero seguir mi dieta, el respeto y la concordia”.

Un pobre hombre

Francisco Igea confesó que no sabía lo que iba a votar aunque añadió que merece la reprobación porque está “sin educar” y el puesto le queda lejos, pero señaló al PSOE que Fernández Mañueco utiliza a García-Gallardo mientras él está cómodo. “Es usted un pobre hombre”, se refirió al vicepresidente de la Junta. “Ustedes, señores del PP, no son mejores de este triste personaje que ocupa la vicepresidencia”, zanjó.

Por su parte, Pablo Fernández anunció el voto a favor de la PNL y afirmó que el vicepresidente profesa “la ideología fascista”, por lo que fue llamado al orden por tercera vez por el presidente de las Cortes y tuvo que abandonar la tribuna.

La leonesista Alicia Gallego, que afirmó sentirse “despistada” ante los insultos, descalificaciones y faltas de respeto en el hemiciclo, manifestó que las palabras gruesas desvirtúan el fin de la política, indicó que no es un honor ser el político para el que más veces se pide la reprobación y señaló que el PP es “cómplice” por permitir esta situación.

Gallego instó a García-Gallardo a trabajar en la solución de los problemas en vez de “ir a sus cosas” y puso como ejemplo a alcaldes pedáneos que, sin tener un sueldo como el que tiene el vicepresidente, se dedican a trabajar por la gente. “Hay que bajar el tono, para qué la crispación”, aseveró.

El Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León) publica este miércoles la orden del Gobierno autonómico por la que se determinan los diez domingos y festivos autorizados para la apertura del comercio en la Comunidad durante el próximo año 2023. Se trata del número mínimo de fechas de estas características que se pueden habilitar para abrir al público los establecimientos.

Teniendo en cuenta cuestiones como la campaña navideña, el período estival, períodos de gran afluencia turística o encadenamiento de días festivos consecutivos, las fechas determinadas por la orden de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta son las siguientes: 2 y 8 de enero, 6 y 30 de abril, 25 de junio, 2 de julio, 3, 17, 24 y 31 de diciembre.

La Ley de Comercio de Castilla y León establece que “el número mínimo de domingos y días festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de diez días”.

Contra la orden publicada este miércoles en el Bocyl podrá interponerse un recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta en el plazo de un mes.