No una sino dos han sido las mociones por la autonomía leonesa, de León sin Castilla, que se han aprobado en la sesión plenaria de ayer jueves celebrada en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
Dos textos instando a la creación de una nueva Comunidad autónoma, la número 18 de España, pero con resoluciones diferentes, dado que una de las mociones aprobadas insta a crear una autonomía uniprovincial, exclusivamente para la provincia de León, mientras que la otra defiende una autonomía con las tres provincias de la Región Leonesa: León, Zamora y Salamanca.
La primera fue presentada, defendida y apoyada exclusivamente por el PSOE y la segunda también sólo por los dos concejales de Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre ellos el alcalde, que lo es gracias a un pacto con el Partido Popular. En ambos casos, los cinco concejales del PP abogaron por la abstención.
La moción de UPL, del mismo tenor que las casi 70 aprobadas en diferentes ayuntamientos de la provincia de León y muy pocos de Zamora y Salamanca, así como en la Diputación de León, reclama la creación de una Comunidad autónoma de la Región Leonesa basándose en lo recogido por los artículos 2 y 143 de la Constitución. En este sentido, pide cumplir con lo estipulado en el artículo 138.1 de la Constitución, que requiere en la acción de las instituciones impulsar el “establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”, lo que consideran no se está dando actualmente con la Región Leonesa al verse privada de su derecho constitucional a la autonomía y poseer la peor evolución socioeconómica de Europa en periodo autonómico. Porque la norma exige que las provincias que formen una autonomía posean características históricas, culturales y económicas comunes, requisitos que “se cumplirían plenamente” en el caso de la Región Leonesa.
Como en el caso de la moción del Grupo Socialista, también se incide en la mala evolución socioeconómica que están sufriendo la provincia de León, como las de Zamora y Salamanca, desde su inserción en la comunidad de Castilla y León en el año 1983.
En el caso de la moción del PSOE, que defendió Mar Bueres Mosquera como portavoz del Grupo Municipal Socialista, amén de insistir en los nefastos datos demográficos o económicos de la provincia de León, insiste a mayores en que se incumple el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en muchos puntos, “también en el permanente intento de ocultar la identidad leonesa, de invisibilizarla o anularla”, por ejemplo con acciones como “ignorar la presencia del llionés”, que ven “un ataque inconstitucional”.
“La existencia de la identidad leonesa no es algo artificial que se creara a raíz de la creación ficticia de Castilla y León, sino que se remonta a la etapa altomedieval, cuando se gestó el Reino de León en el siglo X”, pero mucho más cerca “la decisión de crear esta fallida Comunidad Autónoma no fue consentida por la sociedad leonesa ni castellana, pues no se celebró ningún tipo de consulta para conocer la voluntad popular”, dando como resultado “una autonomía impuesta, híbrida, desnaturalizada, viciada e injustificable”.
Finalmente, en su resolución, este texto, aunque referido sólo a la provincia leonesa, reclama al Gobierno y la Junta no sólo iniciar el proceso democrático sino también “escuchar las peticiones de las provincias de Zamora y Salamanca” si se pronuncian en el mismo sentido.