Los once ayuntamientos de la Mancomunidad del Órbigo y la Cepeda, afectados por la proximidad del centro de tratamiento de residuos (CTR) provincial de San Román de la Vega, han formalizado el recurso judicial Contencioso y la paralización cautelar inmediata contra el vertido directo, sin tratamiento, incontrolado e irregular en ese vertedero provincial de las 500.000 toneladas de basura provenientes de la finca El Busto de Santa María del Páramo.
Después de que ambas entidades solicitaran diálogo al consorcio provincial de residuos Gersul y Junta de Castilla y León, diálogo que ambos han rehuido, los municipios de Benavides de Órbigo, Turcia, Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Santa Marina del Rey, Villarejo de Órbigo, Magaz de Cepeda, Villaobispo de Otero, Villagatón, Villamejil y Quintana del Castillo han dado el paso judicial para intentar frenar in extremis tanto el traslado de las balas de basura, que el Consorcio está acelerando al máximo, como el vertido directo sin tratamiento previo en el vaso de rechazos del CTR.
Los denunciantes esgrimen múltiples argumentos. El que resume todos ellos es que los acelerados trabajos de traslado y depósito “incumplen la normativa medioambiental”, así como la autorización ambiental otorgada por la Junta (competente en esta materia) en 2007, porque prohíbe el vertido en el CTR sin separación y tratamiento previo.
“Se trata de basura de todo tipo, sin clasificar, conteniendo tanto desechos orgánicos, como inorgánicos, y quién sabe si incluso peligrosos, habida cuenta que se trata de basura recogida hace más de diez años, que entra en fermentación cuando se rompen las balas”, aducen los denunciantes ante el juez.
Vertidos fuera del vaso y absoluta falta de control
Pero además, se denuncia que “la basura se acumula a cota muy superior a la que se recoge en los planos” de la planta; que además “se están vertiendo y colmatando rechazos fuera del vaso”; o que “la introducción de las balas de basura se hace sin control alguno: no se pesan los camiones a la recepción, por lo que nunca se sabrán las toneladas exactas que se han depositado”.
Para más inri, ocurre que la basura, a razón de 6.000 toneladas cada día, como ha reconocido el presidente del consorcio Gersul, “circula en camiones abiertos y arrojando lixiviados por la carretera que une Santa María del Páramo con San Román de la Vega”.
Por todo esto y más razonamientos, todos ellos ampliamente documentados ante el Tribunal, los once ayuntamiento piden “la paralización inmediata del traslado” y también “la prohibición del vertido directo al vertedero”.
Para solicitar esta inmediata actuación que frene el cúmulo de irregularidades, el escrito destaca que “una sentencia favorable sería de imposible ejecución, dada la materialización total del traslado y vertido, y el desorbitado coste económico y la imposibilidad legal de volver a retirar las basuras para su tratamiento”, además de “los altísimos riesgos qde salubridad y medioambiental que conllevaría el mantenimiento de la basura en el CTR”.
Responsabilidad provincial
Cabe recordar que estos municipios también han presentado este mes algaciones ante Gersul contra la ordenanza que esconde una autorización expresa al vertido directo, sin tratamiento previo ni garantías de salubridad, de las balas del Páramo. De hecho, consideran que esa autorización no está en vigor mientras no se les conteste, por lo que todo vertido está fuera de la legalidad.
Por último, los denunciantes insisten en que la llegada de toda la basura al vertedero colmatará por completo el vaso de vertido actual, que se concibió para llegar hasta el año 2024, por lo que responsabiliza directamente al consorcio por su nefasta gestión y a la Junta por su permisividad del riesgo cierto de paralización de la totalidad del sistema provincial de residuos, que dejaría sin destino toda la basura de los 211 ayuntamientos de la provincia.
Por último, las dos mancomunidades advierten de que, en defensa de todos los pueblos y vecinos de esos once ayuntamientos, se reservan cualquier otra vía posible y a su alcance para evitar que continúe y sea irreversible la actuación del consorcio y de la Junta en este grave asunto.