El equipo de Gobierno de la coalición de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación provincial desgranó este viernes el borrador de presupuestos para el año 2025 que se debatirá y con toda seguridad se aprobará en el Pleno de la próxima semana. Contiene una cifra total nuevamente de récord, 228,9 millones tanto de ingresos como de gastos, y que como siempre se queda muy corto cuando se incorporen en primavera los remanentes, el dinero arrastrado del actual ejercicio, que pueden rondar otros 180 millones o más a mayores, como ocurrió este año. Y se aprobará no sólo porque sus votos son mayoría suficiente sino porque el Partido Popular (PP) ha avanzado su apoyo al ver incorporadas tres peticiones presupuestarias suyas.
Una de ellas es la mayor novedad para el presupuesto del próximo año, y el presidente, el socialista Gerardo Álvarez Courel, remarcó que ya había diseñado el equipo de Gobierno cuando los populares lo pidieron. Se trata de una partida nueva para repartir 2,5 millones de euros entre los 208 municipios de menos de 20.000 habitantes, los que son responsabilidad de la institución. Es decir, todos los municipios leoneses menos la capital de León, Ponferrada y San Andrés.
Ese reparto será a cargo de una parte de la recaudación de tributos provinciales, a la imagen y semejanza del dinero que la propia Diputación recibe del Fondo Complementario de Tributos del Estado cada año, y que el año próximo se prevé que sean 9,7 millones más altos. A preguntas de los periodistas, el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, sólo avanzó que el principal criterio de reparto será el número de habitantes pero con “coeficientes correctores” que no se explicaron “para que los municipios más grandes no se lo lleven casi todo”, dijo el propio Courel. Ese dinero será más ágil que cualquier plan provincial porque son fondos incondicionados, es decir, cuyo uso no hay que justificar aunque los ayuntamientos los destinen a gastos corrientes, desde sueldos a la luz o alquiler de un local.
Por áreas
En el resto del borrador de presupuesto, se resaltó un reparto por áreas: El área social, con 70,2 millones, acapara el 30,65% del total y plantea un incremento de 13,2 millones. Del total, 28,4 se destinan a los centros de atención especializada y 41,8 a la prestación de derechos sociales, lo que incluye el gran aumento del coste de la ayuda a domicilio con el nuevo contrato formalizado en agosto y que a ningún vecino que lo pide en lista de espera.
La gestión de residuos cuenta con una partida de 28,2 millones, que incluye la actualización del Centro de Tratamiento de Residuos, con un coste de 4,6 millones, para adaptarlo a la ley. A materia de Cooperación se destinarán 19,3 millones y el apartado de Fomento, que incluye la red provincial de carreteras, contará con 17,8 millones -sube 4,8-. Al capítulo de turismo se asignan 13,4 millones, de los que más de tres millones se dedicarán a inversiones en las estaciones de esquí. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Sepeis, dispondrá de una partida de 8,7, Medio Ambiente y Transición Ecológica recibirá 7,5 millones, 5,1 llegarán al (CIT Conocimiento e Innovación Tecnológica) y el Instituto Leonés de Cultura (ILC) contará con 5,8 millones.
La implantación de un nuevo Plan de Cooperación dotado con 20 millones y el incremento de otros 5 millones en las partidas destinadas al mantenimiento de carreteras garantizan un apoyo que el PP ya otorgó en comisión y anunció públicamente que mantendrá en el Pleno del miércoles, mientras el único diputado de Vox de momento no aclara cuál será su postura.
Sigue el gasto en competencias impropias que son de la Junta
Un año más, el diputado de Hacienda reprochó a la Administración autonómica que no asuma competencias propias que la institución provincial atiende sin que le corresponda o que niegue la financiación necesaria para prestar los servicios que implican las mismas. Courel mencionó como ejemplo el servicio de ayuda a domicilio, para el que la Junta aporta 11,5 millones desde hace años aunque su coste se ha multiplicado. “La Diputación quiere dar servicio y pone casi más en ayuda a domicilio que la Junta. Seguimos exigiendo que la Junta sea más generosa”, dijo.
El capítulo de personal supone un coste de 64,5 millones -el 28,2% del presupuesto, con un 3,35% más que el año anterior-, con una plantilla global de 1.300 trabajadores, y a bienes y servicios se destinan un total de 85,6 millones -37,43% del total- con un incremento provocado principalmente por el servicio de ayuda a domicilio cuyo nuevo contrato supone 10,9 millones más que hasta ahora.
Y la partida más esperada, la neta de inversiones, contempla para 2025 la cifra de 28 millones de euros, remarcándose que aumentan un 110% respecto a las cuentas en vigor, porque crecen en 14,6 millones.
Como resumen, el presidente Álvarez Coruel defendió que son unos presupuestos de 'tres erres' (“rigurosos, realistas y responsables”) y “con la mente puesta en las prioridades porque cada céntimo va destinado a servir al medio rural y a solventar sus problemas, que pasan por la despoblación y la pérdida de servicios”. “Nos permite avanzar en las señas de identidad de la institución, en el carácter prestador de servicios, con base en el municipalismo, teniendo cara nuestra responsabilidad social”, añadió Dorado.