20 años esperando por los parques de bomberos para que no ardan los pueblos de León

Esta semana tres personas de una misma familia en el pueblo de San Cipriano de Rueda tuvieron apenas unos minutos para salir de su casa, envuelta en llamas, salvar a los perros y apenas una maleta con enseres, además de sus propias vidas. Todo lo demás quedó reducido a cenizas. Dos días antes, en Filiel, en la comarca de Maragatería, moría un joven de 14 años, a causa de un incendio en su garaje.

Iván Varela, el hijo de la familia de Rueda que lo perdió todo y libró por los pelos, aún rabia cuando lo recuerda. Cuando relata cómo la boca de riego no daba presión suficiente al agua y las mangueras del pueblo no aparecían. Cuando rememora la hora eterna que tardó en llegar el primer bombero, el primer camión profesional, casi ya entonces para observar las cenizas. Y es que provenía de León capital, que sigue siendo el único parque de bomberos de la provincia, junto con el de Ponferrada para todo el Bierzo.

Iván desahogó su rabia, que es la de cientos de víctimas de incendios urbanos en pueblos de León, a través de las redes sociales. Recordó que hace años que hay un parque comarcal de extinción proyectado por la Diputación en la localidad de Vidanes (Cistierna), a poco más de 10 minutos de su casa que ya no existe. Precisamente, porque ese parque tampoco es una realidad: ni se ha empezado a construir.

Un polvorín de provincia

Y fue el propio afectado el que hizo la cuenta de la vieja: “Siendo la séptima provincia más grande de España, con 15.580 km², León sólo cuenta con dos parques de bomberos; (la provincia) tiene un bombero por cada 5.000 personas, cuando lo óptimo es uno por cada 1.000, eso sí, alcaldes tenemos uno por cada 2.000”. Y eso sin contar la enorme dispersión de muchos núcleos, las cientos de localidades habitadas diferentes, sus pésimas comunicaciones y un largo etcétera de inconvenientes que convierten los pueblos en un polvorín.

Lo peor es que la solución a este problema no es de hoy, tiene 20 años. La friolera de dos décadas hace que los parques comarcales de extinción de incendios urbanos son obligatorios, desde que en 2001 la Diputación aprobó, y ya con mucho retraso, su Plan Provincial de Protección Civil que auto-obligaba a esta administración a ofrecer soluciones a los incendios rurales. Se contemplaba ya, en concreto, el parque del área de Astorga... del que no hay aún ni rastro.

14 años incumpliendo una Ley... propia

Poco después, en 2007, hace 14 años, veía la luz la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León (publicada aquí) en la que la Junta terminaba de implantar la obligatoriedad de esos parques comarcales que garantizaran que ni un sólo pueblo, por pequeño que fuera, estuviera a más de media hora de un grupo de bomberos con medios suficientes.

Son 14 años en los que también la Junta se ha dedicado a incumplir su propia Ley, al menos en León, ya que el resto de provincias sí cuenta con infraestructura y no pocas veces pagada con ayuda de fondos autonómicos, como ocurrió por ejemplo en Benavente. El PP ha dirigido todo este tiempo el Gobierno autonómico y hace año y medio que lo ha dejado también en la Diputación en manos del PSOE, al que le queda ahora la 'patata ardiente'.

El panorama desolador

El panorama es desolador. De los 80 parques de extinción de la Comunidad sólo dos están en la provincia de León: el de la capital y el de Ponferrada. Para comparar, la de Soria cuenta con 10 parques y 150 bomberos profesionales para sus 88.600 habitantes. Valladolid suma cinco. Palencia once parques para 300.000 habitantes menos que León. Salamanca tiene 14 parques y 40 bomberos.

Son cifras que ya hacían clamar hace décadas a socialistas en la oposición como el diputado provincial Joaquín Llamas o el procurador Miguel Ángel Fernández Cardo, sin que nadie hiciera otra cosa que marear la perdiz, como cuando los entonces presidentes Isabel Carrasco y Marcos Martínez Baratón admitían primero la primera planificación irracional que la Junta propuso o quiso pleitear con los ayuntamientos para negarse a ejercer su competencia provincial.

Por fin en 2017 la Diputación, comandada ya por Juan Martínez Majo, prometió un impulso definitivo y creó el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis, disponible aquí), que fió a final de su mandato en 2019.

Contemplaba 75 bomberos, a razón de 10 en cada uno de los tres parques de referencia o principales (Celada de la Vega, Laciana y Vidanes -Cistrierna-) y cinco profesionales en los de nivel 1 (Pola de Gordón, Valencia de Don Juan y Bembibre), además de parques de intervención municipal o de nivel 2. Pero con la eterna polémica de que el servicio se privatizaría desde el origen, que los bomberos no serían funcionarios sino contratados por empresas externas, lo que provocó airadas protestas profesionales y políticas.

Dos sentencias contra bomberos 'voluntarios' y una Enredadera

A la postre, y tras un mandato de muy poco avance real, llegó el varapalo judicial con dos duras sentencias, precisamente por ese intento de privatización. Por si faltaba algo en este 'culebrón', incluso el estallido de la presunta corrupción de la Trama Enredadera salpicó a los imprescindibles parques, demostrando un interés de empresas y empresarios investigados en ella que finalmente no se materializó.

A día de hoy, la realidad es paupérrima. Y continúa lastrada por la Junta. El consejero de Fomento leonés, Juan Carlos-Suárez Quiñones, a finales de 2019 explicó al nuevo presidente de la Diputación, Eduardo Morán, que se publicaría un nuevo plan autonómico que vendría a coordinar, homogeneizar y equilibrar todos los servicios de extinción urbana en la Comunidad, y que Sepeis tendría que amoldarse a ese plan.

Fue entonces, y tras dos sentencias del TSJ negando los bomberos no profesionales, cuando todo se paró en seco, recuerda Marcelo Alonso, diputado provincial socialista cuya máxima responsabilidad son ahora los parques de bomberos. “Nos han obligado a esperar al Plan de la Junta, sin él no podemos dar un paso y que ese plan nos vuelva a obligar a ir marcha atrás”, confirma. Quiñones prometió esa planificación autonómica en septiembre de 2020. Y ahora la previsión más optimista es que se anuncie en este primer trimestre de 2021.

“Todo en la línea de salida”

Está por ver si la letra pequeña de ese plan autonómico obligará a cambios en el Sepeis. Pero Alonso asegura que la Diputación en este período no ha perdido el tiempo sino que “lo hemos ido poniendo todo en la línea de salida” para cuando el plan de la Junta termine de moldear el provincial.

Por un lado, el presupuesto de 2021 y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ya consignan el gasto de 56 bomberos y seis cabos, finalmente profesionales, por “una oposición que queremos solapar con la construcción de los parques”. Porque sólo uno de esos parques comarcales, en concreto el de Villablino, y no sin sobrecostes graves, está a disposición.

El resto fueron víctimas de “unos precios muy bajos” de licitación que dejó todos los concursos desiertos: a ninguna empresa le interesó construirlos.

Se trata de los de Vidanes (Cistierna), Celada de la Vega (Astorga-La Bañeza), Pola de Gordón, Valencia de Don Juan y Bembibre... si es que todos ellos cumplen los nuevos criterios que imponga ahora la Junta, que está por ver si respeta su categoría o ubicación prevista.

Para construirlos, ahora sí, “sacaremos una nueva licitación y pondremos un plazo de ejecución de seis meses”, compromete Alonso.

En cuanto a la plantilla de bomberos, sólo falta que el Ministerio e Administraciones Públicas admita lo que lleva años negando: crear todas esas plazas como nuevos funcionarios de la Diputación, una autorización que “le han admitido hace poco en sitios como Álava, Huesca o Madrid. Y si no lo hiciera, ”iremos a la tasa de reposición y lo cubriríamos amortizando otros puestos de funcionarios jubilados“.

21 vehículos de 3,4 millones parados en una nave

Otro símbolo de la desidia y descoordinación en la gestión del Sepeis es todo el material, en especial los flamantes 21 vehículos que a la postre fueron el único avance tangible del pasado mandato, un coste inicial de 3,4 millones de euros para adquirir cinco autobombas rurales pesadas, dos unidades de autobomba rural ligera, seis unidades de autobomba forestal ligera pick-up, seis vehículos pick-up UMC, una unidad de pick-up UMJ y un vehículo sub UMJ. No sólo no se usa uno sólo de ellos sino que siguen costando dinero: el de la nave que la institución ha tenido que alquilar para resguardarlos.

Para terminar de construir lo necesario, costear todo el servicio, mantener la plantilla, culminar la equipación y hacer realidad los bomberos para los pueblos leoneses, el coste inicial estimado de 8 millones y el anual de otros cerca de seis (a razón de un millón por parque de media) sigue esperando a conocer si la Junta de Castilla y León prevé cofinanciar algo. Porque hasta ahora y durante años tan sólo ha habido un compromiso de colaboración en la formación de los profesionales.

La Xunta de Galicia paga el 50%

Mientras, recuerda Alonso, “en Galicia la Xunta participa con todos los gastos al 50%”. Y es que “esta es una competencia a mayores -para la Diputación- que tiene un gasto enorme” y podría comprometer los planes de obras ordinarios y anuales para los pueblos.

Porque, además, también pasará a costar “mucho más que hasta ahora” los convenios que la institución tendrá que renovar y firmar con los dos parques principales de León y Ponferrada, a los que se les paga por debajo de 80.000 euros al año, “muy poco” y calculado no por servicios rurales realizados sino por bombero disponible, admite Alonso. Y con ambos alcaldes negocia “personalmente” el presidente para cerrar un acuerdo que cuadraría un circulo que ha sido imposible trazar en 20 años.