Sin noticias de los bomberos para apagar los fuegos de la provincia leonesa. El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, y su vicepresidente responsable de Fomento, Ángel Calvo, prometieron un plan novedoso y definitivo para el pasado mes de febrero de 2016, y posteriormente lo retrasaron a octubre, pero los pueblos leoneses siguen esperando diez meses después, a punto de acabarse el año.
En el Pleno ordinario de noviembre de 2015, Majo 'chantajeó' en un Pleno con que la total profesionalización de los futuros bomberos supodría el fin de los planes de inversión y obras en la provincia. Fue en la réplica a una presunta del diputado de IU-En Común, Miguel Flecha, cuando aseguró que “crear una red de parques profesionales en la provincia de León conllevaría automáticamente (...) eliminar los planes provinciales”.
Planteamiento original de 2014, presentado entonces por Marcos Matínez y Antonio Silván como consejero de Fomento, con 24 parques de tres niveles diferentes
Más reciente, en octubre Juan Carlos Fernández, de Ciudadanos, se volvió a interesar por este esperado asunto, y el presidente se limitó a certificar que se dilata el encaje legal. Se está a la espera, admitió, de “dos informes jurídicos determinantes”, porque “no vamos a crear parques de bomberos para no tener bomberos”. El mapa de posibles parques comarcales parece claro, aunque no se haya dado a conocer, pero la posible existencia de bomberos privados es el escollo.
Este tiempo de retraso en la presentación del esperadísimo plan, además, ha producido cambios en la postura inicial de otros grupos de la oposición, como le ocurre al PSOE, que anunció por boca de su secretario general Tino Rodríguez una campaña institucional por todo lo alto contra la falta de profesionalización de los profesionales de la extinción que se harán cargo de la red provincial, campaña de la que de momento no ha habido iniciativas muy destacables.
Pero no ha sido la polémica de bomberos profesionales sí o no, o bomberos voluntarios sí o no, la única que se ha producido y que ha dilatado todo el proceso, cuya última fecha fija se había centrado en el pasado mes de octubre. Desde entonces, ante la insistencia de las preguntas, Juan Martínez Majo y el propio Calvo han insistido en que estará culminado en breve.
El motivo último del retraso sistemático de la ansiada es el acomodo legal que habrá de buscar el equipo de Gobierno del PP para justificar que una parte aún no concretada de la gestión, y del personal, caiga en manos privadas. La privatización de los bomberos es el principal temor de algunos sindicatos, como UGT, y agrupaciones profesionales de Bomberos, que ya advirtieron de esta intención del equipo de Majo, tentación que se repite en otras latitudes de Castilla y León, como en el caso de Salamanca, o Galicia.
La Plataforma Bomberos Profesionales de Castilla y León lleva casi un año denunciando el afán de privatización del servicio en varios puntos de la Comunidad, así como el uso de voluntarios para desarrollar su labor en muchas localidades, con la falta de preparación de este personal y el riesgo que conlleva en caso de intervenir en un siniestro, mantienen. Su protesta del pasado mes de junio fue sonada.
Sin embargo, pese a las sonoras protestas protagonizadas en la capital leonesa, la Diputación parece dar pasos adelante en este sentido. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana ha celebrado un primer curso básico de formación para bomberos voluntarios que organiza la Diputación de León con la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, con la idea de formar a trabajadores municipales para lo que será uno de los parques comarcales por los que se apostará en breve.
Curiosamente, los pasos adelante a los bomberos voluntarios y hacia el hecho de que parte de los profesionales sean contratados a una empresa, y no personal público de la institución, ha contado con algunas llamativas voces en contra. Como ocurrió con el concejal de Seguridad de Ponferrada, Ricardo Miranda, del PP, que consideró con dureza que la tarea de los bomberos la deben de realizar profesionales y nunca se debe dejar en manos de “una gestión indirecta”.
De momento, quedan en el tintero todos los intentos previos de un plan. Como el que en 2014 impulsó el entonces presidente Marcos Martínjez Barazón -antes de su detención en la Operación Púnica contra la corrupción- con el entonces consejero de Fomento, Antonio Silván, que diseñaba 24 parques de bomberos en la provincia, sólo dos de ellos profesionales, y cuyo coste ya advertía que de ser profesionales recaerían en los ciudadanos, que tendrán que pagar 12,5 euros por vecino de la provincia. por eso, Silván abogaba por esa falta casi total de profesionalización de los bomberos.
Pase lo que pase ahora, la Diputación sigue contando con 6 millones de euros, presupuestados de manera pionera por primera vez en la institución. Y eso que la obligación de desarrollar una solución de extinción para los pueblos cumple más de 15 años de la propia normativa de la Diputación y diez desde la Ley de Seguridad Ciudadana de la Junta. Ley que en León la propia Junta incumple desde 2008, dejando que con enorme diferencia sea la provincia leonesa la más maltratada en este sentido, según estos datos objetivos.