¿Qué tiene que pasar para que Castilla y León pida nivel 3 de emergencias? Lo que la Junta no sabe o no quiere contestar

A punto de terminar el mes de julio, la provincia de León ya suma dos gravísimas oleadas de incendios forestales que han llevado al operativo de extinción al límite, ha obligado el desalojo de cientos de personas y arrasado ya miles de hectáreas. El primer episodio de simultaneidad lo provocó una tormenta eléctrica en la tarde noche de San Juan. Desde este pasado miércoles se vive el segundo, con una decena de incendios activos, hasta tres de máxima gravedad y dos graves, pero en este caso la Junta de Castilla y León 'no sabe' o no explica cómo se ha podido originar.

La mayoría de los incendios que empezaron a arder el miércoles 29 de julio en distintos puntos de la geografía leonesa, pero especialmente en El Bierzo, se iniciaron por causas que “se están investigando”. El portavoz del Gobierno autonómico PP-Vox, Carlos Fernández Carriedo, apunta, no obstante, a “la mano del hombre”: bien por “negligencias” o por considerarlos intencionados, “empezaron en el momento que mayor perjuicio podían ocasionar, en los momentos del día de más calor, de más viento, y con múltiples focos”, ha dicho en rueda de prensa.

El Gobierno de Castilla y León, que inició la temporada alta de incendios con un consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos-Suárez Quiñones, valora el mal arranque de la campaña, una de las peores de la historia en la provincia de León y en la Comunidad, con el peor incendio de la historia de España aún por extinguir, el de Burgohondo, en Ávila, que llegó a Madrid y obligó al Gobierno central a tomar el control.

“No estamos contentos por los incendios, pero nuestro primer objetivo es la seguridad de las personas y, por ahora, no se han detectado daños humanos”, subrayó Carriedo. Sin datos concretos de afecciones y daños económicos ni medioambientales, la Junta insiste en que la administración autonómica que preside Alfonso Fernández Mañueco “no pidió al Gobierno la emergencia de interés nacional”, que “se aplicó de oficio” porque la solicitó la Comunidad de Madrid.

El año pasado, solo en la provincia de León fallecieron cuatro personas a causa de los incendios forestales, ardieron más de 130.000 hectáreas buena parte en zonas protegidas, pueblos enteros, el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas y se desalojaron decenas de pueblos y miles de vecinos. Este año, en lo que llevamos de campaña de incendios, la provincia de León ya ha registrado el peor primer mes de temporada alta con las peores cifras de los últimos años. “¿Qué tiene que pasar para que se dé una situación de nivel 3 en Castilla y León?” ha sido la pregunta que se quedó sobre la mesa, con la única contestación de que tomar esa decisión corresponde a “una decisión técnica” que no especifican.

La previsión para agosto no es alentadora. “A medida que va avanzando el verano aumenta la sequedad. No está lloviendo. Si ya había suficiente combustible en el monte en esta cuarta ola de calor, con nuevas olas de calor aumentan los riesgos. Es muy difícil prever lo que va a pasar, pero estaremos muy atentos”.

Ante esta situación, y después de una inversión de 2 millones de euros, la Junta de Castilla y León “desconoce” o no explica por qué no está operativa la nueva base contra incendios de Oterico, en Riello, que llega cuatro años tarde. “Lo más importante es la colaboración entre administraciones y la Junta está en plena colaboración y coordinación con el Gobierno”, zanjó el portavoz autonómico.

La competencia en materia de prevención y extinción de incendios es autonómica.