Corría el año 1949. Hacía diez que la Guerra Civil había terminado, diez del poder absoluto del régimen encabezado por Franco, diez desde que el miedo y la represión ayudaran a las autoridades franquistas a gobernar con mano de hierro. Ya se había depurado a buena parte de los integrantes de los órganos de Gobierno y profesorado de la Fundación Sierra Pambley, esa institución enraizada con la Institución Libre de Enseñanza y comprometida con la educación librepensadora.
Ya se había llegado a fusilar a Nicostrato Vela (padre de Vela Zanetti), director de la Guanja-Escuela, o el bibiotecario, Pío Álvarez. Ya se habían culminado incluso dolorosos expurgos quemando libros prohibidos por la nueva moralidad. Pero faltaba aprovecharse de su variado y valioso patrimonio, parte del cual provenía de la adquisición de tierras del Obispado tras la desamortización de Mendizábal.
Ese fue el caso que nos ocupa: el del llamado Monte San Isidro, hoy en litigio porque la Fundación Sierra Pambley pretende hacer valer el contrato de compra por parte de la Diputación formalizado en 1949, que contiene la obligación de la institución provincial de pagar una jugosa indemnización si se deja de atender el uso social muy concreto al que se condicionó la venta.
Pero para ser sincero, hablar de 'venta' es demasiado decir en este caso. En realidad, si la Diputación es hoy propietaria de las 133 hectáreas fue por una especie de usurpación 'de facto'. Y esta afirmación no proviene de la propia Fundación Sierra Pambley, que podría estar interesada en esta lectura. Un documento de la Junta de Castilla y León, y accesible desde la propia web de la Diputación, no deja lugar a dudas.
Este documento 'oficial' reconoce textualmente que esta “operación de compra se hizo posible gracias a una autorización política que hoy resultaría francamente cuestionable”. “Se hizo mediar un precio casi simbólico (1,25 pesetas/ metro cuadrado) en un momento en que el legítimo Patronato de la Fundación estaba neutralizado por la fuerza de la dictadura”.
Ese mismo documento, que es el que sirvió a la Junta para promover y aprobar la declaración de parte de esa antigua propiedad de la Fundación como Zona Natural de Esparcimiento el pasado año 2013, también reconoce implícitamente el principal argumento de Sierra Pambley para reclamar ahora a la Diputación una indemnización que podría resultar millonaria, o la recuperación de esa propiedad. Literalmente, el contrato aclara que “la Fundación Sierra Pambley podrá optar a su voluntad por ejecutar el derecho de retroventa o, alternativamente, exigir de la Diputación una indemnización en metálico cuya cuantía será la diferencia entre el precio de esa venta y el valor real de la finca, excluidas las edificaciones que en ella existan en el momento de ejercitarse la reclamación”.
El texto de la Junta certifica por escrito el incumplimiento social, admitiendo que aunque tarde se construyó allí el Hospicio provincial, “aunque más tarde, además de la imprenta provincial y pabellones para talleres de mantenimiento, se instaló el Parque Móvil de la Diputación”. O sea, ciertamente, escaso o nulo uso social.
Ileon.com en su investigación exclusiva de este caso ha sabido que estos argumentos, y otros de diversa índole, han sido esgrimidos por la Fundación en sus alegaciones al cambio urbanístico y cambio de uso aprobado por el Pleno de la Diputación el pasado mes de febrero. Alegaciones que la institución rechazó pero que la propia Isabel Carrasco asume que acabará presumiblemente en nuevos intentos de Sierra Pambley por hacer vales sus derechos. Algo que la Fundación no ha querido aclarar, del mismo modo que tampoco valorar a este medio la compleja situación que vive la Diputación respecto a lo que hoy es en gran medida el Parque Monte San Isidro en la carretera de Carbajal, recientemente declarado por la Junta Zona Natural de Esparcimiento.