El Proyecto de Ley de Estimulo de Creación de Empresas establece medidas para incrementar la creación y la continuidad de las empresas destinadas, principalmente, a los emprendedores, los autónomos y las empresas de economía social. La elaboración del anteproyecto de ley incluyó en su periodo de tramitación inicial que, por primera vez, los ciudadanos remitieran sus ideas y sugerencias al Gobierno autonómico a través del espacio de participación de Gobierno Abierto.
La futura ley, tras su trámite parlamentario, respeta los órganos y oficinas existentes sin crear estructuras nuevas, pero basándose en una actuación coordinada de todos ellos. Esta iniciativa encaja perfectamente con los Centros de Gestión Unificada previstos en la modificación de la Ley de Gobierno del año 2009 y no genera costes adicionales ni necesidades de financiación, no crea nuevos órganos y se basa en los principios de racionalización y simplificación.
Apoyo al emprendedor
En primer lugar, el proyecto de ley se basa en el desarrollo de la figura del empresario, el espíritu emprendedor y la innovación a través del sistema educativo de la región. El objetivo es trabajar, desde los niveles educativos iniciales, la vocación emprendedora de los alumnos hasta llegar a la universidad con un enfoque empresarial. El texto valora especialmente la figura del empresario como creador de riqueza y empleo así como los valores éticos, de responsabilidad y trabajo basado en la excelencia.
Marco favorable para el emprendedor
El proyecto de ley se basa, en segundo lugar, en un área que define un marco jurídico favorable para los emprendedores fundamentado en la reducción de cargas administrativas y en la coordinación de los servicios de apoyo a los emprendedores. De esta forma se reducen a la mitad los plazos de tramitación y resolución de los procedimientos relacionados con la creación e instalación de empresas, mediante la aplicación del trámite de urgencia. Los procedimientos para la creación empresarial contarán con una tramitación preferente y se generalizará el uso de declaraciones responsables para la inscripción de registros de la administración.
Por otra parte, el objetivo que se plantea es que la duración de todos los procedimientos necesarios para la creación e instalación de empresas no excedan de tres meses, lo que no excluye que la ley prevea la figura de la autorización provisional, que permita que se pueda comenzar la instalación de la empresa en un plazo de diez días.
Además, se refuerza el uso de sistemas de teletramitación y automatización de los procedimientos administrativos regionales con otras administraciones, así como la desaparición de las compulsas sustituidas por declaraciones responsables de la autenticidad documental.
Por último, en este segundo pilar de la ley, se prevé la aprobación de un 'Plan de Apoyo a la Creación de Empresas' y una coordinación de las infraestructuras públicas existentes: viveros de empresas, incubadoras tecnológicas, parques empresariales y parques tecnológicos.
'Sistema integral de apoyo al emprendedor'
La tercera base de la ley se basa en la creación de un mecanismo de coordinación de todos los servicios que presten asesoramiento, información y apoyo en la tramitación para la creación e instalación de empresas, denominado 'sistema integral de apoyo al emprendedor'.
Este sistema integral estará abierto a la adhesión de otras administraciones y entidades privadas, siempre con la finalidad de coordinación y de facilitar el trabajo de la creación de empresas y que se basará además en documentos únicos.
Se pondrá en marcha medidas de apoyo estratégico a un nuevo proyecto empresarial que va desde el desarrollo inicial de la idea de negocio hasta la financiación de los nuevos proyectos, pasando por el apoyo a la innovación, a la producción y a su posterior comercialización. Entre ellos tendrán una especial valoración aquellos que surjan en entornos rurales, aprovechando los recursos propios de la región teniendo en cuenta los objetivos de la Agenda de Población.
El Proyecto de Ley de Estímulo de Creación de Empresas prevé medidas innovadoras como la puesta a disposición del emprendedor de un agente de acompañamiento empresarial, un tutor del proyecto en el área de tramitación administrativa y en la implantación del proyecto. De la misma forma, se iniciarán apoyos para la internacionalización de las nuevas empresas, el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación y la búsqueda de soluciones financieras como los microcréditos, el capital semilla o la inversión privada.
Coordinación del Gobierno
El texto del anteproyecto se ha desarrollado de forma coordinada entre la Consejería de Economía y Empleo y las consejerías de Hacienda y de Educación. Además, se constituyó un grupo de trabajo formado por representantes de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización de la Consejería de Hacienda, de representantes de la Consejería de Economía y Empleo y de representantes de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León. Finalmente, se ha incorporado como parte activa del proyecto la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que es competente en materia de juventud.
El texto ha sido informado por ocho órganos colegiados que figuran a continuación en orden cronológico: la Mesa del Autónomo de Castilla y León, el Consejo Superior Regional para el Fomento del Cooperativismo, por el Consejo Castellano y Leonés de Comercio, por el Consejo Regional de Economía Social y la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial. Por su parte cuenta con informe positivo del Consejo Escolar de Castilla y León, del Consejo Rector del Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud de Castilla y León.
Por último, el consejero de Economía y Empleo ha presentado el anteproyecto ante la Comisión de Economía y Empleo de la Federación Regional de Municipios y Provincias, a petición de su presidente, y ante los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. El texto cuenta con una acogida positiva por parte del Consejo Económico y Social y ha sido dictaminado por el Consejo Consultivo de Castilla y León.