La Junta niega que haya infrafinanciación de la ULE y se desmarca del conflicto laboral por el plan de ajuste
La Junta de Castilla y León ha negado este jueves que exista una infrafinanciación de la Universidad de León y ha defendido que las aportaciones económicas a la ULE han aumentado en los últimos años, en pleno conflicto por el 'Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030' aprobado por el Rectorado y que ha provocado el rechazo de los sindicatos por las medidas de ajuste que suponen.
El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido a las preguntas de ILEÓN durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre la situación económica que atraviesa la institución leonesa y las protestas anunciadas por UGT, CCOO y CSIF contra algunas de las medidas incluidas en el plan. Carriedo ha defendido que “de ningún modo ha habido reducción” de la financiación autonómica a la ULE y ha asegurado que los fondos destinados a la universidad han aumentado un 28,6% desde 2019, año de llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta.
La respuesta llega después de que la Universidad de León haya situado precisamente la reclamación de una mayor financiación autonómica como “eje central” de su plan de ajuste. La institución académica aprobó en julio una hoja de ruta hasta 2030 para corregir su desequilibrio económico, después de cerrar 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y advertir de que sus gastos ordinarios superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos.
El Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional contempla medidas de contención del gasto, especialmente en personal, además de la revisión de la oferta académica para estudiar la viabilidad de titulaciones con baja demanda. El documento abrió un conflicto con los sindicatos, que han anunciado movilizaciones desde el inicio del curso al considerar que el ajuste descarga sobre la plantilla parte del problema económico de la Universidad.
Ante esa situación, Carriedo ha insistido en que la Junta respeta “la negociación colectiva y la autonomía universitaria” y ha señalado que corresponde a la propia Universidad gestionar las relaciones laborales con sus trabajadores. “Nosotros nos encargamos de la financiación”, ha resumido el portavoz autonómico, que ha defendido que el Ejecutivo autonómico trabaja para “incrementar los fondos disponibles” para las universidades.
El conflicto se produce además en un contexto marcado por la ausencia de presupuestos autonómicos para este ejercicio. Castilla y León funciona este 2026 con las cuentas prorrogadas, una circunstancia que condiciona la planificación de nuevas partidas y que coincide con la petición de la ULE de disponer de mayores recursos para garantizar su equilibrio financiero.
Carriedo ha asegurado que el Ejecutivo autonómico es consciente de “las necesidades” del sistema universitario y ha apuntado que la Comunidad afronta un escenario de crecimiento de alumnado, con una mayor capacidad de atracción de estudiantes procedentes de fuera de Castilla y León y con medidas como la gratuidad de las tasas universitarias para los alumnos de primer curso.
En ese sentido, la “idea” de la Junta es continuar incrementando los fondos para el sistema público universitario. “Vamos en la dirección de más recursos y más fondos”, pero, añadió, “no siempre se puede disponer de los fondos que a cada Consejería le gustaría porque hay que distribuir recursos escasos entre necesidades que siempre son mucho mayores”.