La Junta de Castilla y León confía en que se atiendan la totalidad de sus propuestas de mejora de la reforma local durante el paso de la ley, aprobada ayer por la Comisión de Hacienda del Congreso, por el Senado y trabajará “hasta el último momento” en el área de los servicios sociales, donde no se ha aceptado la totalidad de su enmienda.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que en los últimos siete meses, y no sólo en esta parte final de la tramitación del proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, han conseguido modificaciones y mejoras a un texto que “no gustaba nada”.
“Vamos a esperar”, afirmó en relación del debate que se abre ahora en el Senado, pero añadió que es optimista por naturaleza y confía que puedan producirse nuevas mejoras, si bien recordó que se deben conciliar los intereses de todas las comunidades autónomas. “Vamos a trabajar hasta el último día por mejorar el proyecto de ley”, aseveró.
De Santiago-Juárez centró ese trabajo final en el área de servicios sociales, donde se ha pasado de un año a dos para la asunción de funciones que gestionan ahora los municipios y la Junta pidió que fueran cinco años, aunque en líneas generales se mostró satisfecho de como sale la normativa del congreso porque entiende que se ha conseguido el 70 por ciento de los pedido en las enmiendas que, por primera vez, remitieron a los grupos de la Cámara Baja.
“Se van atendiendo a las peticiones de la Junta y poco a poco se van corrigiendo”, valoró, para recordar que en los últimos meses, tras el informe criticó que se remitió al conocer el anteproyecto, se ha cambiado el coste estándar por coste efectivo, se reconoce la existencia de las mancomunidades y las competencias educativas que gestionan los municipios no se asumirán por las autonomías hasta que se apruebe la financiación a las corporaciones locales.
Aunque reconoció que quedan cosas por corregir, que enmarcó en el ámbito de los servicios sociales, pero subrayó que las enmiendas han atendido el plazo de un año para que las entidades locales menores presenten sus cuentas o que los consultorios locales, cuyo mantenimiento pedían que siguiera en los ayuntamientos, pase a las diputaciones provinciales. “Vamos a esperar”, concluyó sobre el debate que se abre en el Senado.