Juan Vicente Herrera (Burgos, 1956) cumple hoy quince años como presidente de la Junta de Castilla y León, en un mandato, por primera vez, sin mayoría absoluta después de vencer desde 2003 con holgura y haber tenido los mejores resultados en 2011. Fue Ciudadanos quien facilitó su investidura en julio y posibilitó que los presupuestos de 2016 salieran adelante, tras un amago del Presidente de abandonar la política. La consolidación de la economía y la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis son los objetivos de la nueva legislatura, en la que la composición de las Cortes, con C's y Podemos, le obliga a responder a más preguntas de la oposición.
El procurador por Burgos y portavoz del Grupo Popular en las Cortes autonómicas, que se convirtió en presidente de la Junta, marcó entonces, en 2001, unas líneas hasta 2011, pero hoy es ya el titular del Gobierno de la Comunidad más longevo. Diálogo social, apoyo a la familia, servicios sociales, integración del sistema financiero y políticas de población fueron sus primeros objetivos, de los que se mantienen la mayoría, pero en la última etapa ha añadido el modelo de ordenación territorial, que espera su culminación en esta etapa.
Una nueva reforma del Estatuto de Autonomía renovado en 2007, un plan de reindustrialización, un nuevo modelo de financiación autonómica y el despliegue del modelo de ordenación territorial son los acuerdos firmado con los grupos de la oposición para esta etapa, en la que se ha iniciado la recuperación de los derechos de los empleados públicos y se ha eliminado el polémico 'céntimo sanitario', tras una sentencia que lo anulaba.
Defensor apasionado del Estado de las Autonomías, entiende que el autonomismo útil es una seña y la esencia de la propia configuración de las comunidades, como Castilla y León, y un modelo de éxito en la trayectoria de la España democrática, que repite en cada intervención pública. Poco amante de los focos y de la política mediática, concibe la política como un servicio público (en él casi como una concepción religiosa), desde la cercanía y el paisanaje, uno de los calificativos más frecuentes de su diccionario.
Diálogo Social
Con ley de las Cortes, el Diálogo Social tiene un reconocimiento institucional en el Estatuto. Han sido más de sesenta los acuerdos sellados por el presidente y los líderes de los sindicatos (CCOO y UGT) y la patronal, entre ellos el refuerzo de las políticas activas de empleo con las ayudas a parados sin prestación o subsidio o las inversiones comprometidas en la creación de plazas residenciales. También la renta garantizada de ciudadanía, uno derecho estatutario para las personas sin ningún recurso. Competitividad, apoyo a sectores estratégicos, como el automóvil, o plan de infraestructuras están en la firma del Diálogo Social.
Políticas sociales
Las medidas dirigidas a la familia, la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad y la lucha contra la violencia de género conforman las líneas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, donde se engloba también la dependencia. La primera consejera de ese área y exalcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, es hoy vicepresidenta de la Junta.
Los pilares de este departamento se han asentado con leyes como las de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, contra la Violencia de Género y de Impacto de Género, que obligará a recoger esta perspectiva en todos los planes, leyes e iniciativas de las Cortes. La propuesta contra la violencia de género se convirtió en dictamen del Comité de las Regiones de Europa, defendida por Herrera en Bruselas. Desde la Junta y el PP destacan que se haya mantenido la calidad de los servicios sociales pese a tener que aplicar políticas de ajuste por la crisis.
Población
Es uno de los caballos de batalla entre la Junta y los grupos de la oposición. En 2005 se pactó una Estrategia de la Población, después de escuchar aportaciones de expertos, colectivos e instituciones. En su investidura de 2007, Herrera invitó a los grupos a revisar las medidas trazadas, después de reconocer la existencia de “claroscuros” porque, con un crecimiento de la población en los ocho primeros años de este siglo, están por debajo de la media nacional e incluso un descenso en los dos últimos.
De esa manera se fraguó la Agenda de la Población, con la mirada en las familias, jóvenes, inmigrantes y emigrantes y la discriminación positiva hacia los pueblos. El Grupo Socialista consideró que nació “muerta” y nunca se sumó. La crisis también incidió en la pérdida de población a partir de 2008 y la Junta se unió con seis comunidades en el grupo de desafíos demográficos que trata de que Gobierno central y Unión Europea se impliquen en un problema que consideran que sale de las fronteras nacionales.
Crisis económica
El Gobierno autonómico presumió en 2008 de ser uno de los primeros en reconocer la crisis y tomar medidas, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no la reconocía. En mayo de 2008, la Junta presentó 27 medidas para la reactivación de la economía. Sin embargo, la recesión no dio tregua y todos los indicadores empeoraron entre 2011-2012, en especial el paro.
Herrera tuvo que retroceder en su compromiso de blindaje de los servicios públicos y de no crear nuevos impuestos en la Comunidad. La merma de ingresos tributarios supuso la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones y la aplicación del céntimo sanitario, sin efecto ya desde el 1 de enero de este año.
La Junta apoyó las medidas de ajuste de Rajoy, aunque el presidente de la Junta lanzó un duro alegato contra las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea y abanderadas por la canciller Angela Merkel, que no dudó en tachar de “austericidio” si no van unidas a estímulo y crecimiento económico. En 2016, el objetivo es consolidar la recuperación ante el tres por ciento de crecimiento del PIB en 2015 y un descenso del paro, aunque aún “inasumible” para el presidente al superar los 200.000 parados.
Estatuto
Asumida la competencia de sanidad, en 2002, con un plan de modernización de las infraestructuras sanitarias y un presupuesto anual que destina uno de cada tres euros de las arcas de la Junta a este departamento, el Estatuto de Autonomía se renovó en 2007. Se definió de primera generación, con un catálogo de derechos sociales y la inclusión de la gestión de la Cuenca del Duero, que tumbó el Tribunal Constitucional.
El desarrollo de la máxima norma y una nueva reforma están en el horizonte. La Junta presentó un borrador a los grupos, centrado en la regeneración democrática, los avances sociales y el modelo territorial. Los partidos han dado los primeros pasos de un trabajo en las Cortes, aunque dudan de que se pueda llegar a un acuerdo y, en todo caso, la negociación se extendería en el tiempo.
Acción exterior
La relación con las instituciones de la Unión Europea y con Portugal se ha impulsado en los últimos años. Con el país luso se ha dado el paso de “vecinos a socios” y, en esa línea se firmó un memorandum con el Gobierno portugués. Además, Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal han creado la primera macrorregión, bautizada como Regiones del Suroeste Europeo. La conocida como relación horizontal se ha fraguado en acuerdos con todas las autonomía limítrofes, excepto Cantabria, y con el grupo de seis que han reformado sus estatutos.
Relaciones con el Gobierno
La crisis de la minería, la reforma local o ley Montoro y el reparto a la carta del objetivo de déficit han protagonizado diferencias entre Junta y Gobierno, entre Herrera y Rajoy, en la última legislatura. Pero no han sido los únicos asuntos de litigio. Bajo el Gobierno del leonés José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), el Ejecutivo de la Comunidad hizo bandera contra el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y la salida de lejados del Archivo de Salamanca. Además, cifró en 930 millones las “deslealtades” del Gobierno y recurrió 723 de ellos ante el Tribunal Constitucional.
La Junta de Castilla y León asumió el nuevo modelo de financiación autonómica, aunque desde entonces siempre se ha decantado por su revisión al entender que no cubre el presupuesto de las consejerías sociales, como Sanidad, Educación y Familia y hay un déficit de más de 500 millones. Es una cuestión pendiente para la nueva legislatura estatal.
Villalar
En 2001, al poco de ser elegido, Herrera acudió a la villa comunera unas semanas antes del 23 de abril. De forma tímida aun, acudió a la campa el Día de Castilla y León en 2002. La cita se mantiene ya todos los años y la relación del PP con la fiesta se ha normalizado desde que en 2006 se adhirió al entonces manifiesto que sólo firmaban los partidos de izquierda, sindicatos, algunas opas y asociaciones de vecinos. Herrera salvó así los años de los presidentes 'populares' Aznar, Posada y Lucas, que mantuvieron la división de la fiesta.