El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como imputados para el próximo martes, a partir de las 10 horas, al exsecretario general del PP Angel Acebes; al extesorero del partido Alvaro Lapuerta y al empresario Antonio Vilela. Y como testigos al expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte y a los accionistas Alberto Dorrego y Borja Garcia Nieto, en relación un presunto delito de apropiación indebida en la compra de acciones de la citada empresa con cargo a la 'caja B´ del PP.
El juez acuerda estas comparecencias dentro de la investigación de la pieza separada conocida como 'papeles de Bárcenas´ una vez que se han practicado diligencias y se ha incorporado un informe de la UDEF sobre las presuntas operaciones realizadas a través de la llamada 'caja B' del PP a partir de octubre de 2004 para la suscripción de acciones de Libertad Digital.
La policía ha investigado esos hechos a partir de nueve apuntes manuscritos que aparecían en la contabilidad paralela aportada por el extesorero del PP Luis Barcenas entre 2004 y 2005 y que, según el juez, estos hechos podrían constituir un delito de apropiación indebida. Según la declaración que prestó Barcenas, la génesis de estas operaciones de compraventa de acciones de Libertad Digital fue solicitada por Alberto Recarte, entonces presidente de la compañíal, al PP en la época en la que era secretario general del partido Angel Acebes.
A Acebes se le cita como imputado por su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación, pudiendo haber colaborado a que “tales fondos terminaran siendo detraidos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos”.
El juez se basa en doctrina del Tribunal Supremo, que contempla la apropiación indebida “por comisión o por omisión” en la responsabilidad por la conducta de terceros subordinados al omitente, sobre los que el mismo tuviera posibilidad de ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le permitiera evitar el resultado, cuando la actividad de aquellos fuera considerada como una fuente de peligros para intereses ajenos.
El magistrado ha tenido en cuenta las funciones que según los Estatutos corresponderían al secretario general del PP. A Barcenas y Rosalia Iglesias no se les cita porque ya están imputados por estos hechos en la pieza separada llamada 'Época 1'.
En su auto el juez reitera la dinámica de fraccionar las donaciones anónimas que realizaban Barcenas y Lapuerta para no superar el límite legal establecido entonces de 60.000 euros. A través de ese mecanismo, la Policia ha acreditado otra contabilidad paralela para financiar la sede regional del PP en Vizcaya y las obras que se llevaron a cabo en aquel edificio.