La mayoría del Grupo Popular aprobó hoy la ley de Pesca de Castilla y León con la que se pretende situar a la Comunidad como el primer destino turístico de esta práctica en España al contar con 180.000 licencias. La oposición en bloque -PSOE, IU y UPL- rechazó una normativa que calificó de “chapuza, discriminatoria e insuficiente”, que está “llena de prohibiciones” y que sólo tiene un afán recaudatorio.
En la presentación de la ley, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, subrayó que se quiere impulsar la pesca como recurso turístico de Castilla y León como primera comunidad en número de licencias, el 20 por ciento de España, pero desde una gestión sostenible, en contra de la sobreexplotación y ligada al turismo rural con la regulación de unos permisos turísticos.
Silván calificó de esencial las medidas que se impulsan para que Castilla y León se alce y consolide como el principal destino turístico de España de pesca y destacó, entre las novedades, la creación de la figura de especies de interés preferente, donde figura la trucha común. Para los procuradores del PP, Julián Ramos y Fidentino Reyero, la ley es buena en defensa de los intereses de los pescadores, del medio ambiente y de la pesca como recurso turístico.
La oposición coincidió en criticar que no se regulen los ecosistemas acústicos, que se trasladan a la futura ley de Patrimonio Natural, y en la reserva de un número de permisos de pesca para instalaciones hoteleras rurales. “No es una buena ley, es una chapuza”, sentenció Ana Muñoz de la Peña (PSOE), que evidenció que habrá dos leyes de pesca en vigor al no derogarse la de 1992. Para Alejandro Valderas (UPL), la norma contiene “demasiadas prohibiciones”, es “mala y coja y sale como entró”. Para José María González (IU) se privatizan recursos.
Al pleno llegaron 99 enmiendas del Grupo Socialista, 18 de UPL y 18 de IU, que ninguna tuvo encaje para los procuradores del PP, que volvieron a rechazarlas en base a argumentos escuchados en la ponencia y la comisión. De manera que la ley se aprobó sin cambiar nada del dictamen de la Comisión. “Será un revulsivo para el turismo rural”, resumió Reyero.
Sin criterio y con órdenes
La socialista Ana Muñoz de la Peña realizó una enmienda a la totalidad de la ley en la presentación de sus propuestas parciales y recalcó que es “incompleta y que no contenta a nadie”. La parlamentaria lamentó que los ponentes del PP no hayan tenido “criterio, ni margen de maniobra y haya pesado las órdenes de la Dirección General” y sentenció que la rigidez de ese departamento ha estado por encima de la petición de consenso por parte del consejero.
Así, evidenció que se excluye la conservación y el fomento de las especies acuáticas, que no se avanza en los derechos de los pescadores, que se presenta la pesca como negocio, que se crean “órganos inútiles” y que se incluye un régimen de sanción que incumple la norma estatal. También, expuso que se carece de un catálogo de especies invasoras, que se fija la pesca sin muerte pero no dice por qué y que no recoge nada en los permisos para personas inhabilitadas por sentencia o que no han cumplido.
Igualmente, rechazó la reserva de un porcentaje de permisos para empresas turísticas rurales, una de las novedades de la ley, que calificó de “discriminatoria y clasista”, y se sumó a la recomendación del CES de que esa reserva se realice por concurso para que no afecte a la libre concurrencia, como existe en otras comunidades.
Por su parte, el popular Julián Ramos afirmó que su grupo ha buscado el consenso y ha intentado “razonar” cada propuesta que se rechazaba, por lo que se quedó con las 35 enmiendas socialistas asumidas y con la satisfacción por la aprobación de una ley, que calificó de “muy participativa”.
Ramos manifestó que desde el primer momento el Grupo Socialista no se movió de unas 'líneas rojas', como la exclusión de los ecosistemas acuáticos, la calificación de las faltas, los permisos turísticos y la regulación de las aguas privativas. El popular argumentó que están en vigor el apartado sobre los ecosistemas acústicos hasta que se apruebe la ley de Patrimonio Natural y defendió que la concreción en leves, menos graves y muy graves porque modula mejor las sanciones. “No hay ni una medida para aguas contaminadas, ni cambio climático, ni furtivismo”, censuró la socialista.
“Ha creado inseguridad entre los colectivos, no será una ley tan buena”, definió el procurador de UPL, Alejandro Valderas, que lamentó que no se hayan recogido propuestas relativas a atender cauces y especies y que no regule poblaciones ni especies invasivas. “Demasiadas prohibiciones y nada para recuperar los ríos”, sentenció. En nombre del PP, Fidentino Reyero explicó que no se podían asumir enmiendas que cuestionan la regulación de la trucha común, “especie estrella” de los ríos de la Comunidad, ni tampoco que se califique de coercitiva la señalización de las masas de agua.
El procurador José María González se refirió a la ley como privatizadora de recursos y con afán recaudatorio que “no se va a notar” en los ríos, en los cauces y en el medio ambiente sino para “tapar agujeros de la banca, que es un pozo sin fondo en este país”. González criticó que los mejores cotos se van a dejar en manos de empresas privadas y el resto de pescadores “no van a oler la pesca”.
Novedades
La nueva normativa de Pesca de Castilla y León, cuyo proyecto de ley aprobó el pasado mes de abril el Consejo de Gobierno y salvó una enmienda a la totalidad de los grupos de la oposición, prioriza la Comunidad como destino turístico nacional e internacional de los aficionados a esta práctica y abre la posibilidad de que hoteles y casas rurales tengan asignados permisos turísticos de pesca para ofrecer a sus clientes, pero no contará con el apoyo de la oposición.
Otra de las novedades es la creación de la figura de Especies de Interés Preferente en el que se encuadran las especies autóctonas con valor ecológico o deportivo especial, estableciendo con carácter general la práctica de la pesca sin muerte, salvo que se asegure su adecuado estado de conservación.
También, se establece un régimen de infracciones que va desde sanciones de 100 a 60.000 euros y la retirada de la licencia en función de si son leves, graves o muy graves. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, reconoció que se han adecuado al momento actual y recordó que antes no existía una multa tan elevada ni la retirada del permiso.