Los ferrocarriles españoles: Adif y el 'Síndrome de las Cajas de Ahorro'
¿Cómo ha podido pasar el accidente de Urda con casi setenta muertos diez meses después del de Adamuz? ¿No se aprendió nada de lo de Angrois? ¿Es seguro viajar en Alta Velocidad en España? Estas preguntas asaltan a todos los españoles (y al mundo entero) tras ver cómo en este siglo unas doscientas personas han muerto por viajar en uno de los mejores y más avanzados sistemas ferroviarios del planeta. ¿Cómo ha sido posible que se haya degradado tanto un servicio ferroviario ejemplar hace 15 años para que dé miedo subirse a un tren en España?
Lo peor es que estos más que lícitos interrogantes no están planteados sobre un misterio. Todos los españoles eran conscientes antes de 2026 que algo estaba pasando en los ferrocarriles españoles, ya que los retrasos se habían vuelto lo común en un país que hacía diez años ponía a gala que ya tenía trenes más puntuales que los británicos. Y esas demoras estaban mostrando que faltaba inversión y mantenimiento. Pero de ahí a casi ciento veinte muertos en menos de un año en la misma línea que inició la red de Alta Velocidad hace casi 35 años, la Madrid-Sevilla, hay un trecho muy largo. Y horroroso.
No pasaban horas de empezar a conocer la magnitud en víctimas del accidente de Urda (las primeras imágenes con vagones desintegrados en la cuneta ya hacían intuir que iba a ser terrorífica), que en los mentideros del sector del ferrocarril se comenzaban a quejar de tres cosas principales: que debería ser imposible en el siglo XXI que choquen dos trenes en la misma vía, y más por alcance; que no podía ser un fallo humano con todos los sistemas de seguridad redundantes, sino técnico; y que todo esto estaba causado por las malas decisiones a la hora de mantener la infraestructura ferroviaria 'debido a la sustitución de los buenos perfiles técnicos por los políticos' en la alta dirección de Adif. Uno de los anteriores directores de comunicación de esta empresa pública, Miguel Ángel Uriondo, lo expuso claramente y sin ambages en esta intervención televisiva que es crucial ver para entender lo que ha ocurrido con la política interna llevada por Óscar Puente.
“No es un fallo humano, sino técnico”
Las dos primeras cuestiones son cosa para que resuelvan los técnicos, y obviamente hay que esperar a los informes para determinar qué pudo fallar en un sistema de seguridad que tiene una cantidad de capas tecnológicas redundantes que deberían haber frenado al AVE que chocó contra el Iryo, incluso ante las decisiones del maquinista y el Centro de Regulación y Control CTC de Atocha.
Pero lo que sí parece claro es que dejar la explicación en que hubo una serie de errores humanos que llevaron al desastre, es algo demasiado sencillo (y burdo según los ingenieros del ramo) que puede venir bien a los políticos para no asumir responsabilidades (y echárselas a los operadores, a los curritos que estaban en Atocha), pero que no hace ningún bien a los pasajeros. Sobre todo porque el sistema de seguridad ferroviario es eminentemente técnico, hasta en lo humano, y más en los protocolos de actuación de los reguladores de tráfico en circunstancias de alta incertidumbre de información y la comunicación entre el centro de Control de Tráfico Centralizado y los maquinistas.
Es decir, que no se puede resolver directamente sin más que el error se dio en la última capa del sistema (los seres humanos, los trabajadores) cuando todo lo demás, lo que jamás debe de fallar porque está diseñado de forma redundante para evitar un choque de trenes en la misma vía, no funcionó. Y más cuando se tiene en cuenta que los protocolos de actuación están diseñados mediante procesos técnicos, porque son en esencia reproducir lo que la tecnología hace, pero con seres humanos. Y aquí está la cuestión, que si los manuales de actuación tienen un vicio oculto (un fallo que no es visible en situaciones muy anómalas), el problema es técnico al final. Social, por fallos en la comunicación ante lo que hay que hacer en estos casos que provocan una alta presión y nerviosismo en los reguladores de tráfico y los conductores de trenes, pero eminentemente técnico; sin ser preferentemente tecnológico.
El comportamiento humano en situaciones estresantes es impredecible, salvo cuando se dan las instrucciones correctas para que esté más controlado. La comunicación entre los operarios durante un momento de crisis es fundamental. La mayoría de los accidentes aéreos se dan, precisamente, por malentendidos entre los pilotos y las torres de control, o por protocolos mal diseñados que ocultan inconsistencias graves en los manuales técnicos. Y eso en un sector, el aéreo, que pondera las trayectorias de sus aparatos en tres dimensiones espaciales. En el ferroviario los trenes van, dijéramos, sólo en dos dimensiones –adelante y atrás una; y la vía en la que están los convoyes, otra– con lo que debería ser más fácil saber dónde y cómo está (si en marcha o parada, y en qué carril) cada unidad.
Y sin embargo, las cosas fallan.
Prácticamente la gran mayoría de españoles han oído ya los audios del centro de control de Atocha hablando con los maquinistas (incluso el de otro conductor de tren indicando que algo se estaba haciendo mal con la orden de marcha, que debería haber sido a velocidad vista), y han notado la confusión que hay entre el factor (el operario regulador de tráfico) y un compañero (que bien pudiera ser uno de los supervisores del Control de Tráfico Centralizado), para al final dar una instrucción errónea al maquinista del AVE, no comunicarle que la del Iryo aseguraba que seguía parada... y lo que parece peor, que otro aseguraba que las normas decían que no podía arrancar a marcha normal, sino más lenta; lo que se llama 'marcha a la vista': ir a 40 kilómetros por hora, para ver trenes delante (o cualquier otro obstáculo en la plataforma de vía) con suficiente tiempo para frenar.
Algunos expertos se extrañaron de que en ese momento no se estuviera usando el sistema de comunicación a tres vías, que se usa en otros sectores como el aéreo o el nuclear (y en otros muchos más de alta seguridad operativa como las factorías químicas) para certificar que se está haciendo lo correcto por parte de quien da la orden y el que la ejecuta.
En este momento parece claro que –aunque el manual sí indicaba, aparentemente con claridad, que los conductores que advirtieron de que no se podía ir a 'marcha normal' en esas circunstancias tenían razón–, de alguna manera, se produjo un fallo en la comunicación y en la confirmación de todos los actores de la situación que llevó al desastre. Y bien puede ser lo que Raquel Ogando indica en su tuix de abajo: que tras haberse acostumbrado a hacer las cosas al arrebullón por las prisas de los cargos políticos de exigir a los reguladores de tráfico que muevan los trenes lo más rápido posible, y comprobar durante una larga temporada que no ha pasado nada malo... aumenta una desidia que eleva de tal forma el nivel de confianza en que no va a pasar nada, que se relaja la atención... creyendo que mágicamente se solventan las cosas, hasta que no ocurre lo de todos los días y se provoca una desgracia. Es lo que se llama la 'normalización de la desviación'; que lo que no debería hacerse nunca, se termina haciendo en todo momento al bajar la guardia inconscientemente sin darse cuenta de que es una verdadera temeridad. Merece la pena ver el pequeño vídeo a continuación para entender que la relajación en los protocolos y abandonar la cultura de la seguridad termina llevando –indefectiblemente y para desgracia de todos–, al desastre.
También es muy recomendable leer este artículo de Roger Senserrich, un gran conocedor de las operativas de control aéreas y ferroviarias, en el que muestra una conclusión de un informe de la extinta hace poco CIAF (la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) de Adif. Este organismo monitorizó el lenguaje usado en las comunicaciones de los CTC con los conductores de trenes... y su conclusión es que “el resultado fue espantoso”. De hecho la conclusión de la comisión es contundente: “Tanto la recurrencia de sucesos en los que las comunicaciones juegan un papel decisivo en la génesis del riesgo, como los resultados del sondeo realizado, ponen de manifiesto que las carencias en las comunicaciones operativas no constituyen hechos aislados, sino que configuran un factor de carácter sistémico dentro del sistema ferroviario”.
El mismo Senserrich da en la clave: “Dudo mucho que esta sea la primera vez que la CIAF, un responsable de seguridad de ADIF, un representante sindical o alguien con más autoridad que un tipo con un boletín sobre trenes hayan mencionado esto, y me gustaría saber por qué demonios la red española de ferrocarriles sigue operando así. Porque esta es la clase de prácticas de seguridad que si se siguen, evitan accidentes”.
O sea, que si el manual del protocolo de actuación no contempla ciertas técnicas de comunicación ya validadas por otros sectores que necesitan operativas de alta seguridad, está obsoleto y falla el diseño técnico de la respuesta... porque no se ha incorporado la técnica social adecuada para responder de la forma más segura al problema anómalo que se plantea en ese momento, mal. Y si encima se ha relajado tanto la cultura de seguridad que importa muy poco seguir los protocolos, o hacerles caso, peor; porque nadie se dará cuenta antes de que hay que revisar ese protocolo para que no ocurran desgracias.
Y este es el gran problema. Que se agrava al poner como responsable de seguridad en las operaciones de Adif a un periodista (sí, han leído bien), que sin ser ingeniero y mucho menos experto en un campo tan complejo y crucial no cabe esperar que resuelva la relajación en los protocolos de la última capa de control, la humana. Y al final, de tanto ir el cántaro a la fuente, ocurre lo que ocurre.
“Lo de tener protocolos de comunicación estrictos y claros [...] obliga a todos los actores a confirmar qué están haciendo explícitamente. Que en Urda estos protocolos no se siguieran es señal de una cultura de seguridad con unas lagunas tremendas, y es algo que, casi seguro, contribuyó a que se produjera el accidente”, concluye Roger Senserrich en su artículo sobre el tema.
Dejar al humano que en una situación compleja, estresante y en el que se le presiona, que resuelva... sin saber muy bien qué hacer o cómo se debe de comunicar para tener en claro que se pueda corregir la decisión tomada porque otros se lo corrijan y esa información le llegue a él y a los involucrados en la operación de regulación del tráfico en momentos de presión cuando todo lo automático ha fallado sin saber por qué ni qué está pasando en las vías... es un fallo clamoroso del sistema.
Por tanto, técnico.
Políticos por encima de los técnicos
La tercera queja planteada por los profesionales del sector –la que sobrevuela en la plantilla de Adif sobre la sustitución de perfiles técnicos por personas designadas por política que no tienen el perfil más adecuado para gestionar la infraestructura ferroviaria–, es algo que, paradójicamente, tienen que resolver... los políticos. ¿Qué ha ocurrido en Adif para que se hayan ido yendo los mejores técnicos, los que tenían lo que se define con el barbarismo expertising (vamos, la experiencia de años) para planificar mejor el mantenimiento de la infraestructura y, sobre todo, saber lo que NO se tenía que hacer pese a las presiones políticas?
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es una entidad pública empresarial española, dependiente del Ministerio de Transportes, creada tras la entrada en tiempos del Gobierno del PSOE con Zapatero en 2005, con la división de la antigua Renfe –que paradójicamente se creó en 1941 para aglutinar todas las quebradas compañías ferroviarias de España, hasta entonces privadas, para unificar el servicio y la gestión de las vías férreas– que pasó a Renfe Operadora; la que hoy se encarga de gestionar los billetes de los viajeros y las unidades de la flota estatal: las máquinas y vagones de los convoyes que llamamos coloquialmente trenes. Posteriormente, en 2013, Adif también heredó la infraestructura de la extinta Feve. Su misión principal es la construcción de líneas de ferrocarril, la administración de la infraestructura, la gestión del tráfico ferroviario, el cobro de cánones y la realización de las obras encomendadas por el Gobierno.
Esto significó una división que no gustó ya nada entonces –en el primer año de Zapatero, pero que venía diseñada por el de Aznar– en el sector ferroviario. Y a lo largo de estos 21 años las tensiones entre los cargos políticos que se iban introduciendo y los puestos técnicos de toda la vida fueron incrementándose, hasta tal punto que cuando llegaron las restricciones presupuestarias aumentó más aún por la necesidad imperiosa de decidir qué se hacía o no por la falta de dinero. Esto fue provocando que a lo largo del tiempo el Gobierno fuera perdiendo la paciencia con los técnicos de la casa, que ponían toda clase de restricciones a sus decisiones políticas sobre qué debía tener prioridad (sobre todo preocupados por los posibles efectos del desgaste de la infraestructura en la seguridad), y a lo largo del tiempo fueron apartándolos en favor de gente que no les ponía problemas: directivos no especializados designados por los representantes públicos.
Tras lo de Angrois en 2013, un accidente provocado por no estar operativo el sistema ETCS-ERTMS que debía haberlo estado (un punto de coincidencia con el accidente de Urda), se pensó que la situación se solventaría. Pero hasta 2018 los presidentes de Adif fueron Juan Bravo Rivera y Gonzalo Ferrer Moltó, dos técnicos de alto perfil... en Hacienda y Administración General del Estado, mostrando que aún importaba más el dinero, y qué hacer con el poco que tenían, que el mantenimiento tecnológico de las infraestructuras ferroviarias. En 2018 entró Isabel Pardo de Vera (una antigua ingeniera de Adif que había salido de la empresa por discrepancias con la política adoptada), que fue sustituida por otra de la casa (cuando fue nombrada Secretaria de Estado de Infraestructuras en 2021), María Luisa Domínguez, que hasta entonces era nada menos que la directora General de Planificación Estratégica y Proyectos en ADIF.
Esta última, una técnico de la casa muy valorada dentro de Adif, fue destituida por sorpresa en 2023 justo en la primera semana que llegó Óscar Puente al ministerio de Fomento con una decisión muy llamativa: porque el nuevo ministro lo hizo el día antes de que se abriera la obra más importante de la Historia del ferrocarril español, la Variante de Pajares, con lo que no pudo ni asistir a la inauguración. Una enorme ofensa en toda regla que indignó a la mayoría de trabajadores de la empresa pública, conscientes de lo que significaba.
Las dos primeras mujeres en presidir Adif, de una indudable altísima competencia técnica, sufrieron resistencias monumentales de los puestos politizados cuando primaban llevar a cabo las decisiones técnicas necesarias para intentar mejorar el estado de las vías, que habían sufrido mucho desgaste desde 2008 debido a las restricciones presupuestarias que causaron la falta de mantenimiento. Hasta tal punto fue la cosa, y el acoso, que hoy la segunda ya no trabaja en Adif; y ni siquiera en España, sino para la operadora ferroviaria de Canadá.
Si ya las tensiones internas entre los técnicos de la casa y los cargos políticos eran grandes, en los últimos años el poco halagüeño panorama ha escalado de tal manera que muchos de ellos, hartos del ninguneo de los avisos de que ciertas decisiones podían comprometer la seguridad de la circulación y temerosos de que, encima, les cayera a ellos la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir sin que los de perfil político asumieran ninguna –como se vio en el caso de Angrois, que el único culpable terminó siendo el maquinista–, comenzaron a abandonar el tren. Ya fuera para irse a otros destinos, empresas o países (como el caso de María Luisa Domínguez), o adelantando su retirada para cobrar la pensión y olvidarse de tanta incompetencia en la cúpula a la hora de efectuar trámites burocráticos que antes se hacían en una semana y ahora se tardan meses, e incluso hasta años. Y esto también es clave: la tasa de jubilación es alta y la de reposición es baja en la empresa estatal, con lo cual se está perdiendo el expertising, la experiencia y conocimientos claves para enseñar a los nuevos operarios; que, obviamente, no saben lidiar igual de bien con la complejidad de la red ferroviaria española que los veteranos.
El 'Síndrome de las Cajas de Ahorros'
El caso es que esto puede ir explicando el sentimiento pesimista generalizado que sobrevuela a la plantilla de Adif. Ser conscientes de que, con ciertas decisiones políticas por encima de las técnicas, no se está trabajando de forma adecuada para garantizar el mantenimiento de lo que hasta hace 20 años eran unos ferrocarriles españoles que habían alcanzado la excelencia. Y lo que es peor, de forma inadecuada para la seguridad de los viajeros para que encima les echen la culpa.
No es, obviamente, que los ingenieros y trabajadores de Adif no lo hagan lo suficientemente bien en los trabajos que les encargan para garantizar que no haya accidentes –siguen siendo excelentes profesionales pese a las limitaciones que sufren y que ven aumentar cada año de cara a hacer bien su trabajo–, sino que las decisiones de los directivos más afines a los políticos que han ido colonizando Adif, hacían que se gastara el dinero allí donde todos veían que era secundario. En acciones que le importaban al Gobierno por algún favor que quería hacer a otros políticos o para conseguir más votos. La comidilla más negativa era que se veía venir una catástrofe. Y en 2026 han ocurrido dos gravísimas que no sólo les han dejado devastados, porque quien trabaja en el ferrocarril ama el sector como muy pocos otros, sino que son conscientes de que esto es una de las puntillas más nocivas al prestigio de una tecnología Marca España, la de la Alta Velocidad, que hasta 2025 se podía vender como puntera en el mundo entero.
En 2013 prácticamente desapareció otro gran concepto de lo que hoy consideraríamos Marca España de la de verdad, de la que construyó el país. Se extinguieron 43 de las 45 cajas de ahorro –entidades finacieras provenientes de los pósitos y montes de piedad para ayudar a los más pobres creadas a primeros del siglo XIX– tras la crisis inmobiliaria de 2008. Fulminadas por la exposición masiva al sector inmobiliario y una deficiente gestión de riesgos provocada por un cáncer interno que todos tenían claro desde hacía años: la politización de sus órganos de gobierno, ya que sus consejos de administración estaban ocupados por representantes políticos, empresariales y sindicales sin experiencia bancaria profesional.
Las circunstancias de Adif comienzan a parecerse sospechosamente a ese problema, a aquel 'Síndrome de las Cajas de Ahorro' que acabó con ellas, debido a los nefastos efectos que causó la progresiva politización de sus altos directivos. Perfiles sin conocimiento del sector que terminan desviando con pequeñas decisiones sumadas una detrás de otra el foco de las inversiones de verdad necesarias en primer lugar con decisiones exclusivamente técnicas.
Esto no quiere decir que estos perfiles nombrados a dedo por encima de criterios técnicos de ingeniería ferroviaria tomen las decisiones a sabiendas de que están perjudicando la seguridad de los viajeros. Sería absurdo acusarles de ello, como también sería decir que los cargos políticos de las cajas pretendían su desaparición, pese a las nefastas consecuencias de su mala gestión (sobre todo porque dejaron de cobrar y tener esos puestos). Pero en un sector que mueve tantos miles de millones (el Ministerio de Transportes concentra el mayor volumen de inversión real directa del Estado debido a su competencia sobre las grandes obras de infraestructuras del país con la red ferroviaria, las carreteras, puertos y aeropuertos) es muy, muy goloso poder ser nombrado en un cargo en el que se puede repartir juego con muchas empresas y, por ende, como parte de la carrera política, hacer muchos favores.
Favores que igual no hacen ninguno a las infraestructuras de ferrocarril, que necesitan de una atención precisa y rigurosa como un paciente con problemas emergentes de salud necesita a un médico de verdad y no a un curandero. O pequeños favores que terminan desviando la atención de lo importante en todo momento, que es garantizar la seguridad de los viajeros e impedir accidentes. Más cuando una pequeña inversión, o fijarse en tener a punto lo necesario en la fecha prevista (como haber tenido a tiempo el sistema ERTMS que lleva cinco años esperando la línea Madrid-Sevilla que se active) podrían haber evitado accidentes tan graves como el de Adamuz (46 muertos), por mucho que fuera altamente extraño que ocurriera con la mínima probabilidad de que pase un tren, cuando ha descarrilado otro segundos antes. O este último, tan horrorizante como indignante, por lo increíble de que pueda ocurrir en un ferrocarril del siglo XXI una aparentemente imposible cadena de errores tecnológicos y humanos que provocó el impensable para un ferroviario choque de trenes en la misma vía en Urda. El segundo en la misma línea de Alta Velocidad en 2026 en el que ha habido 69 fallecidos.
Y a estos hay que añadir los 80 de Angrois en 2013. Casi doscientos muertos en el ferrocarril español en pleno siglo XXI. Y con el diagnóstico de todos los expertos de que es absolutamente necesario afrontar, y con la mayor rapidez posible, que la política de infraestructuras ferroviaria de este país necesita un reinicio total –incluso planteándose cerrar temporalmente líneas enteras mientras se revisan–, con criterios técnicos bien pensados y que no estén al albur de las decisiones políticas del momento. Más cuando se produce una riada de muertos en accidentes de tráfico absolutamente irracionales para cualquiera que conozca mínimamente el sector ferroviario.
Hasta que pasa. Y no una, si no dos veces en un año. Y hasta tres veces en menos de 15 años.
Si los que más conocen la red ferroviaria española detectan que los síntomas del 'Síndrome de las Cajas de Ahorros' se están cronificando en su empresa más importante, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, hay que hacer algo.
Lo difícil del asunto es que quien tiene que acordar cómo hacerlo son los políticos. Pero parece clarísimo que es hora de actuar contra ese tipo de mal, no vaya a ser que el resultado sea mucho peor que aquel rescate financiero.
Si es que con el luctuoso incremento de desgracias mortales en siniestros impensables en cualquier red ferroviaria de un país avanzado... no lo ha sido ya.