El Pleno del Ayuntamiento de Villablino abordó en la parte final de su última sesión los múltiples problemas que, en la actividad diaria de la comarca, generan las ruinas mineras dejadas por las empresas liquidadas judicialmente, sin un cierre ordenado y ajustado a la legalidad vigente.
Las ruinas mineras desperdigadas por toda la comarca de Laciana, como resultado de más de un siglo de minería del carbón, es un problema cotidiano que ninguna administración con responsabilidades legales para su eliminación quiere abordar de forma efectiva y darle una solución.
Así quedó de manifiesto en las intervenciones de todos los portavoces de los grupos políticos que, uno tras otro, incidieron en este tipo de problemas, además también del propio alcalde hasta reconocer que no se le ha dado una solución de conjunto.
Así lo puso de manifiesto la portavoz de Ciudadanos, María Teresa Martínez, cuando pidió por enésima vez que se declare la ruina de las instalaciones del grupo Bolsada, en la entrada este de la localidad de Caboalles de Abajo, para que de esta forma sean derruidas las edificaciones y con ello se elimine “la bochornosa imagen que se da en la entrada al pueblo”.
También pidió que se inste a las administraciones con competencias para el cierre completo y acometer medidas de protección en las múltiples bocaminas y agujeros de viejas chimeneas, que proliferan por los montes de toda la comarca, por el peligro que suponen para personas y animales.
Incluso se planteó la necesidad de que en una propiedad vendida en Caboalles de Abajo en el periodo de liquidación de Coto Minero Cantábrico se inste a sus nuevos propietarios a podar la amplia arboleda de su zona ajardinada para evitar que irrumpan con sus ramas en el dominio público y en las aceras.
El portavoz de IU, Ángel Nava, recordó que en la localidad donde el reside, Orallo, sigue sin abordarse la restauración, cierre y eliminación del viejo complejo de la mina de interior del denominado sector de El Feixolín, que se extiende por una gran parte de la ladera izquierda del valle de río de Orallo.
También el portavoz del PP, Roberto González, recordó que sigue pendiente la limpieza completa de la zona del lavadero de carbón en Villablino, lo que está haciendo según sus propias palabras que el “problema de basuras se siga agravando”.
A todos trató de responder el alcalde Mario Rivas, refiriéndose a casos concretos y puntuales. Sobre el grupo Bolsada, que ya se le había comunicado a los nuevos propietarios la necesidad de mejorar y limpiar la zona. Sobre El Feixolín, solo pudo confirmar que era cierto lo que planteó el portavoz de IU y que es competencia de la Junta de Castilla y León. Y sobre el lavadero, aseguró que la propietaria ya había presentado en el Ayuntamiento su proyecto de limpieza y adecuación para su aprobación y autorización ambiental y de obras, que aún está pendiente de su aprobación.
Lo más sorprendente de lo escuchado en el salón de plenos fue la confirmación por parte del alcalde y de la portavoz de Ciudadanos de que ambos tenían conocimiento de que hay personas que entran en las viejas bocaminas en busca de carbón o de otros materiales.
Reducción de deuda
Los datos económicos que arroja el balance general del presupuesto del año 2022, del que se dio cuenta al pleno, son satisfactorios. Con una reducción de la deuda viva municipal en 1,1 millones de euros con lo que han conseguido reducirla ya por debajo de los límites marcados en el plan de estabilidad presupuestaria, del 110 %.
La reducción permitirá a partir de ahora a la institución municipal disponer de la posibilidad de realizar nuevas operaciones de crédito, que hasta ahora habían estado bloqueadas durante más de ocho años, precisamente por el exceso de deuda.
También se abordó una modificación puntual “de las funciones del operador de informática incluidas en el catálogo de plazas” dentro del proceso de estabilización del personal del Ayuntamiento de Villablino. Expediente aprobado en el pleno de hace poco más de un mes, el 9 de marzo, y motivada esta modificación por la queja y denuncia de un trabajador municipal, que demandó que las condiciones se ajustasen a una sentencia judicial sobre el asunto.