El Tribunal de Cuentas y sus reproches a las instituciones leonesas: baja ejecución, cuentas sin rendir y finanzas negativas
El Tribunal de Cuentas pone deberes a las administraciones leonesas. Su último informe de fiscalización del sector público local, referido al año 2024, señala varios incumplimientos de las instituciones leonesas como incumplimientos en el Ayuntamiento de León, subida del endeudamiento y una baja ejecución presupuestaria en la Diputación y problemas de liquidez en una decena de municipios de la provincia. Todo ello en un territorio que presenta una singularidad administrativa difícil de encontrar en el resto de España: León tiene 1.227 entidades locales menores, prácticamente una de cada tres de las existentes en todo el país.
Uno de los datos más llamativos corresponde a la Diputación de León. La institución provincial incrementó su endeudamiento financiero en 15 millones de euros durante 2024, según los datos del Tribunal de Cuentas. Lo hizo, además, a contracorriente de la tendencia general y pese a tener una situación financiera muy consolidada ya que la deuda de las diputaciones provinciales españolas se redujo de media un 22% respecto a 2023.
El aumento del endeudamiento coincide con otro dato poco favorable que reprocha el Tribunal de Cuentas. La Diputación leonesa aparece entre las instituciones provinciales que ejecutaron menos del 60% de su presupuesto definitivo de gastos durante ese mismo ejercicio. Comparte este grupo con las diputaciones de A Coruña, Lleida, Pontevedra, Salamanca, Soria, Tarragona y Toledo.
El Ayuntamiento de León, sin cuentas consolidadas desde 2022
Los reproches del órgano fiscalizador alcanzan también al Ayuntamiento de León. El Consistorio de la capital figura entre los municipios españoles de más de 50.000 habitantes que han incumplido de manera continuada desde 2022 la obligación de formular y rendir sus cuentas consolidadas, una situación que se mantiene en los ejercicios analizados hasta 2024.
Estas cuentas son las que permiten ofrecer una imagen conjunta de la situación económica del Ayuntamiento y de las entidades que dependen de él. Su ausencia dificulta, según el Tribunal de Cuentas, conocer de manera agregada la situación financiera, presupuestaria y de endeudamiento de todo el sector público municipal.
A ello se suma otro incumplimiento. A fecha de 31 de mayo de 2026, el Ayuntamiento de León tampoco había remitido la relación anual de convenios correspondiente a 2024, tal y como obliga la Ley.
El Tribunal de Cuentas advierte con carácter general la falta de repercusión en caso de incumplimiento de las obligaciones en el sector público local y de la consiguiente falta de incentivos para corregir esas situaciones. Aunque la legislación permite retener determinadas entregas procedentes de la participación en los tributos del Estado a las entidades que no rindan sus cuentas, el propio informe señala que Hacienda no ha aplicado hasta ahora esta posibilidad.
El organismo fiscalizador reclama por ello endurecer el sistema. Entre sus recomendaciones plantea que estar al corriente de las obligaciones de rendición sea condición necesaria para acceder a subvenciones públicas y que la retención de fondos estatales deje de ser potestativa para convertirse en obligatoria.
Diez ayuntamientos leoneses, con finanzas en negativo
Diez ayuntamientos de la provincia de León terminaron 2024 con un remanente de tesorería para gastos generales negativo, un indicador que refleja la existencia de desequilibrios entre los recursos disponibles y las obligaciones pendientes. Este es un indicador de la solvencia de la institución, que se traduce en que no es capaz de afrontar sus deudas al finalizar el ejercicio porque ha habido muchos más gastos que ingresos.
La situación más destacada es la de Fabero, con un saldo negativo de 738.500 euros. A bastante distancia aparecen Palacios del Sil, con -244.928 euros; Bustillo del Páramo, con -220.385; y Quintana y Congosto, con -130.156 euros. La lista continúa con La Pola de Gordón (-87.262 euros), Truchas (-45.831), Prioro (-35.049), Vega de Valcarce (-21.343), Sobrado (-18.300) y Castrillo de Cabrera (-14.095 euros).
A estos diez ayuntamientos se añaden tres entidades locales menores que también cerraron el ejercicio 2024 en negativo: Polvoredo (-23.645 euros), Santa Olaja de la Varga (-4.348) y una entidad local menor de Vega de Valcarce (-733 euros).
León concentra un tercio de las juntas vecinales de España
Precisamente las entidades locales menores constituyen una de las principales particularidades que refleja el informe al analizar León. La provincia cuenta con 1.227 Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), el nombre formal de las juntas vecinales. Las leonesas representan más de la mitad de las 2.209 existentes en Castilla y León y alrededor de un tercio de las 3.682 contabilizadas en toda España.
Estas entidades cuentan además con un sistema financiero mucho más limitado que los ayuntamientos. No disponen de impuestos propios ni participan directamente en los tributos del Estado, por lo que dependen fundamentalmente de sus recursos propios permitidos, de su relación financiera con los municipios a los que pertenecen y de las aportaciones de otras administraciones.
A 31 de diciembre de 2025, el 72% de las EATIM de Castilla y León había rendido ya sus cuentas correspondientes al ejercicio 2024, mientras que el 28% continuaba pendiente de hacerlo dos meses y medio después de haber vencido el plazo legal. Pese al volumen de entidades incumplidoras, el dato supone una mejora respecto a ejercicios anteriores: al finalizar 2022 únicamente había presentado sus cuentas el 53% y, un año después, el porcentaje se elevó al 63%.
