El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a la multinacional A.B. Azucarera de manera formal que no cierre la fábrica de La Bañeza, al última que quedaba en la provincia de León, forzando así al despido de sus 126 trabajadores, a los que se suma la pérdida de empleo de muchos más temporales e indirectos.
El mandatario autonómico le ha traslado sus reacciones y peticiones al consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero, con quien se ha reunido de urgencia en Madrid y al que ha transmitido la oposición de la Comunidad a la reestructuración planteada por la empresa, que causan en el Ejecutivo de Castilla y León un “firme rechazo”.
Respecto a la planta de La Bañeza, en León, Fernández Mañueco ha insistido en que se trata de una factoría “viable”, motivo por el que desde el punto de vista laboral reclama a Azucarera que cambie de ERE, los despidos anunciados, por un ERTE para su plantilla. Se trata de una posibilidad que la Junta de Castilla y León trasladará a los responsables sindicales y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, ya que es al Gobierno de España el competente en esta materia.
Según resalta la Junta en un comunicado oficial, ya que no hubo convocatoria para medios de la reunión, la postura defendida por el presidente ha sido de total compromiso con el mantenimiento del empleo de la empresa y la defensa del sector remolachero en la Comunidad.
Respecto al futuro de la fábrica de La Bañeza, el titular del Ejecutivo autonómico ha pedido a la compañía que estudie una alternativa o actividad industrial en paralelo a la propia azucarera. También destaca que ha arrancado a la compañía el “compromiso” de Azucarera para que garantice la actividad agrícola y de las empresas logísticas y de servicios vinculadas a esta actividad económica. Eso incluye, destacan, que la compañía asuma el sobrecoste del transporte de remolacha desde su lugar de origen hasta la única planta de molturación y fabricación de azúcar que dejará en el noroeste, la de Toro, en la provincia de Zamora.
En la reunión mantenida hoy en Madrid, también han participado Salomé Santos, directora Agrícola de Azucarera e Isabel Vasserot, responsable de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la compañía, y la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María González Corral.
Datos globales
El expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de contratos que presentó ayer Azucarera a los sindicatos prevé 251 despidos de los 944 empleados que conforman la plantilla, repartidos entre los centros de la compañía en Castilla y León, Madrid, Guadalete (Cádiz) y Barcelona. El ERE que conllevaría despido en La Bañeza afectarían a la totalidad de sus 126 empleados, además de otros 50 en su fábrica de Miranda de Ebro (Burgos), ya que estas últimas instalaciones dejarán de recibir remolacha azucarera y solo se dedicará al refino de azúcar de caña.
En las oficinas centrales de Madrid los despidos previstos afectan a 27 trabajadores; en la planta de Toro (Zamora), se situarán en 26; en la de Guadalete (Cádiz), el número es de 11; en sus oficinas de Barcelona serían diez y en la planta envasadora de Benavente (Zamora), uno.
Un 'no' unánime de la Diputación de León
Los grupos políticos representados en la Diputación de León, PSOE, PP, UPL y Vox, aprobaron hoy por unanimidad una declaración institucional de defensa del sector remolachero y de la continuidad de la fábrica de Azucarera de La Bañeza. En el texto se recoge que la planta constituye un motor económico esencial para la comarca y la provincia y que más 1.300 familias dependen de manera directa o indirecta de ella.
También se alude a las nuevas infraestructuras de regadío puestas en marcha en la zona para favorecer el cultivo y se deja patente un “firme compromiso” con los trabajadores y el sector, al tiempo que se reclama una implicación “inmediata y decidida” de otras para conseguir su permanencia y se expresa el compromiso de sumarse a esa lucha común, publica Ical.
“Hoy más que nunca debemos expresar el apoyo que todas las fuerzas políticas damos. Estamos al lado de las familias y de lo que representa la fábrica para los trabajadores y para los agricultores. Debemos reflejar ese sentimiento de unidad por encima de echar la culpa a quien la pueda tener y pedir que se reconsidere esa acción seriamente. No queremos que nuestro sector productivo desaparezca. Vamos a luchar al lado de las familias para poder conseguir que no se cierre”, manifestó el presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel.