La Junta repartió 252.344 euros a ocho asociaciones de la Memoria Histórica, ninguna de León

ICAL

La Junta de Castilla y León ha destinado un presupuesto de 252.344 euros a asociaciones de la Memoria Histórica en el periodo de cinco años entre 2014 y 2019, si bien aclara que la gestión se ha realizado por las entidades beneficiarias de las subvenciones sin que se haya producido la acción directa a través de medios propios de la Administración. Ninguna de las asociaciones beneficiarias han sido de la provincia leonesa.

En concreto, las entidades beneficiarias han sido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y también la de Palencia, la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Nemoria Histórica de Burgos, la Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad, la Asociación Memoria del Norte, la Asociación de Memoria Histórica de Miranda de Ebro y la Asociación de Familias de Represaliados en Valdenoceda.

Según la respuesta que facilita la Junta a la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, consultada por Ical, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid ha contado con 77.214 euros en el mismo periodo, seguida por la Asociación para la recuperación de la memoria histórica de Palencia con 75.052 euros.

La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia ha recibido 24.973 euros, la Asociación soriana para el recuerdo y la dignidad 40.415 euros, la Coordinadora provincial por la recuperación de la memoria histórica de Burgos 17.740 euros, la Asociación memoria del norte 5.481 euros, la asociación de memoria histórica de Miranda de Ebro 9.467 euros y asociación de familias de represaliados en Valdenoceda 2.000 euros.

En cuanto al desglose del presupuesto, en realidad el reparto de estas ayudas que dirigía el entonces consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, se comenzó el reparto en 2017 con 21.000 euros, se aumentó en 2018 a 102.000 euros y llegó a 129.344 en el año 2019, pese a contar con cuentas prorrogadas.

La Junta de Castilla y León reguló a través del denominado decreto de la Memoria Histórica y Democrática, aprobado por el Consejo de Gobierno en enero de 2018, elementos para avanzar en la localización de restos, exhumación de fosas e identificación para evitar que se mantengan aun víctimas de la dictadura franquista en las cunetas de la Comunidad, como explicó el entonces vicepresidente, José Antonio De Santiago-Juárez.

En febrero de ese año, la Junta convocó una línea de subvenciones de 100.000 euros destinada a las asociaciones que trabajan en la Memoria Histórica.

En uno de los plenos en las Cortes del pasado mes de noviembre, todos los grupos cerraron filas con la Memoria Histórica ante la pretensión de Vox de derogar el decreto del anterior Gobierno del PP.