El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó hoy la creación de la Comisión de Simplificación, Eliminación y Reducción de Cargas y Trabajas Administrativas con la que buscan “reducir la hipertrofia legislativa” a través de la fundición de más de 1.800 procedimientos estandarizados que existen en la sede de la administración electrónica del Gobierno autonómico.
El encargado de presentar hoy la iniciativa, tras la reunión del Consejo de Gobierno, fue el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que será quien presida la Comisión por ser la simplificación administrativa “una de las competencias” que le atribuyó el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante la institución del nuevo Ejecutivo.
En declaraciones recogidas por la Agencia ICAL, García-Gallardo reconoció su “enorme satisfacción” por la constitución de la Comisión, que estará compuesta por los consejeros de Presidencia, Economía y Hacienda, e Industria, Comercio y Empleo, además de por cuatro directores generales relacionados con el ámbito administrativo y por los secretarios generales de las consejerías de Presidencia y Economía y Hacienda.
No obstante, el vicepresidente de la Junta aseguró que la Comisión está también abierta a “expertos en materias que puedan tener una aportación relevante” porque la intención de la Junta es que la Comisión esté “abierta a toda la sociedad”.
Facilitar la actividad económica
En cualquier caso, García-Gallardo aseguró que el objetivo principal de la Comisión es “facilitar la competitividad y la actividad económica” en Castilla y León a través de una “administración ágil, eficaz y con menos trabas”, una petición que aseguró realizaron inversores y empresarios que “no solo valoran el estado de las infraestructuras o la seguridad jurídica” para realizar sus inversiones en un territorio.
De hecho, el vicepresidente de la Junta señaló que la “hipertrofia legislativa” que, asegura, sufren Castilla y León y el conjunto de España, “es el tercer factor más perjudicial para el crecimiento de las empresas”. De ahí la constitución de la Comisión para trabajar en la reducción de procedimientos y la mejora de los procesos para “hacer más sencilla la relación con la administración”.
Para ello, la Comisión se pondrá a trabajar “de inmediato” tras meses de “trabajo informal previo con empresas, instituciones y colectivos”, a los que García-Gallardo se comprometió a mandar “cartas” para avanzar en esta “cuestión fundamental para abordar muchas otras, como la despoblación o el movimiento de empresas a otras comunidades”, dado que “si hacemos más sencilla la relación con la administración, vamos a facilitar que muchas más inversiones vengan a nuestra tierra y más personas se queden aquí”.
Simplificación de las declaraciones de impacto ambiental
Uno de los primeros objetivos palpables que García-Gallardo espera conseguir con esta Comisión es reducir los procedimientos estandarizados existentes en la sede de la administración electrónica de la Junta, que cifró en más de 1.800, y que desde la Comisión tratarán de estudiar para “refundir y que sean muchos menos”.
También se tratará de “avanzar en promover y facilitar el silencio administrativo positivo y las declaraciones responsables”, dentro de ese fin de agilización de la administración, y que incluye la simplificación de las declaraciones de impacto ambiental dado que “la Consejería de Medio Ambiente es la que tiene un embudo mayor” de trámites administrativos que resolver.
Por último, se tratará de reducir los plazos de resolución, llegando incluso a la supresión de autorizaciones de funcionamiento siempre que ya existan, porque actualmente “los plazos son muy amplios” y pueden llegar a ser “obstáculo para las inversiones en esta tierra”, por lo que concluyó que los trabajos de la Comisión irán encaminados a “facilitar las oportunidades de inversión” en Castilla y León.
Otras funciones
Asimismo, la Comisión de Simplificación, Eliminación y Reducción de Cargas y Trabas administrativas asumirá las recomendaciones de la Unión Europea para que la creación de una empresa en Castilla y León no supere los tres días laborables o que su coste sea inferior a cien euros. Actualmente, en España el tiempo medio para la creación de una empresa es de 12,5 días, con un coste de 2.580 euros, según informó la Junta.
El nuevo órgano también posibilitará que los trámites se puedan hacer a través de un único organismo administrativo o que pueda hacerse el registro online de una empresa desde otro país de la Unión Europea.