El Ayuntamiento de Valderrueda pide al Gobierno de España y a la Diputación Provincial de León “los fondos y medios necesarios” para gestionar las colonias felinas no controladas, tal y como establece el Manual de Gestión de Colonias Felinas para Entidades Locales aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El alcalde de Valderrueda y diputado provincial, Esteban González, ha realizado la petición a través del Procurador del Común, mediante un escrito registrado esta semana, en el que solicita que “revise la normativa y emita a los organismos que consideren las recomendaciones necesarias para buscar una solución a un problema que afecta a los municipios más pequeños”.
En el escrito se explica que la propuesta surge a raíz del caso de una persona del municipio que tenía una gran cantidad de gatos a los que alimentaba habitualmente, pero tras su fallecimiento los felinos terminaron siendo gatos callejeros y convirtiéndose “más que en una colonia en un gran problema”.
Desde el Consistorio plantean que la Ley 7/2003 de protección de los derechos y el bienestar de los animales “está diseñada para los Ayuntamientos grandes que disponen de recursos” mientras que los municipios más pequeños cuentan con muchos menos recursos y las obligaciones de gestión y control de la población son igual para todos“. Así, la normativa exige ”la captura y esterilización quirúrgica de los gatos“, así como su ”identificación, control sanitario y atención a individuos enfermos, la alimentación, la gestión de zonas, desinfección y limpieza del entorno o la gestión de un programa de adopciones“.
El Ayuntamiento de Valderrueda, tal y como recoge el escrito, considera “absolutamente inasumible” este hecho para un pequeño municipio “con importantes carencias en muchos aspectos y elevadas necesidades de los vecinos”. Por ello, reclama al Gobierno de España “adaptar” la normativa a los pequeños pueblos del mundo rural “o aportar medios” para garantizar su cumplimiento.
Otra posible solución que plantea Esteban González en su petición al Procurador del Común es que la Diputación promueva “programas y convenios” como el que ya tiene para perros abandonados con el objetivo de ayudar a los Ayuntamientos “en la gestión y resolución” del problema.